La Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones confirmó la anulación del juicio oral en el emblemático caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y a otros 32 integrantes y simpatizantes de Fuerza…
Nacional
Perú: Expresidentes presos, Nadine Heredia asilada en Brasil y Keiko Fujimori libre

Lima – El Perú enfrenta una crisis política y judicial sin precedentes, marcada por un trato asimétrico de la justicia hacia sus líderes. Mientras los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo cumplen condena o prisión preventiva en el penal de Barbadillo por delitos como lavado de activos, y Nadine Heredia, esposa de Humala, ha obtenido asilo político en Brasil tras ser condenada, Keiko Fujimori, hija del fallecido Alberto Fujimori, permanece libre y habilitada para postular a la presidencia en 2026, pese a enfrentar acusaciones similares. El suicidio de Alan García en 2019, para evitar su detención por sobornos, completa un panorama que ha desatado críticas por la aparente impunidad de algunos y el rigor hacia otros.
Barbadillo: La cárcel de los expresidentes

El penal de Barbadillo, en Ate, se ha convertido en un símbolo de la crisis política peruana. Alejandro Toledo, extraditado desde Estados Unidos en 2023, cumple 20 años de prisión por recibir US$35 millones de Odebrecht para la Carretera Interoceánica, condenado por colusión y lavado de activos. Ollanta Humala, sentenciado el 15 de abril de 2025 a 15 años por lavado de activos, enfrenta cargos por aceptar US$3 millones de Odebrecht y fondos ilícitos venezolanos para su campaña de 2011. Pedro Castillo, detenido tras intentar disolver el Congreso en diciembre de 2022, está en prisión preventiva por rebelión y liderar una presunta red de corrupción en contratos públicos.
Nadine Heredia, ex primera dama y esposa de Humala, fue condenada a 15 años en el mismo caso. Tras 18 meses de prisión preventiva entre 2017 y 2018, Heredia solicitó asilo en Brasil, argumentando persecución política y problemas de salud. El 16 de abril, el gobierno de Lula da Silva le otorgó el estatus de asilada, y Heredia llegó a Brasilia en un vuelo militar. La decisión generó una tormenta de críticas en Perú. La congresista María del Carmen Alva (Acción Popular) calificó el asilo como “un insulto a la justicia”, mientras Sigrid Bazán (Cambio Democrático) cuestionó al gobierno de Dina Boluarte por otorgar salvoconductos. En X, usuarios denunciaron un “pacto de impunidad” entre gobiernos de izquierda.

Keiko Fujimori: Libre y candidata
En un contraste que indigna a muchos, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, enfrenta un juicio oral iniciado en 2022 por lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la justicia, con un pedido fiscal de 30 años de prisión. La Fiscalía la acusa de recibir US$1.2 millones de Odebrecht y otros fondos ilícitos para sus campañas de 2011 y 2016, respaldada por testimonios de Marcelo Odebrecht y evidencia de una contabilidad ficticia. Sin embargo, Fujimori solo estuvo en prisión preventiva entre 2018 y 2020. Hoy, libre y con derechos políticos intactos, anunció su candidatura presidencial para 2026 durante un evento en Chorrillos el 10 de abril, proyectándose como una figura central en la política peruana.
El caso de Alan García añade otra dimensión al drama. Investigado por sobornos de Odebrecht para el Metro de Lima, García se suicidó el 17 de abril de 2019, cuando la Policía llegó a detenerlo. Su muerte polarizó al país, con seguidores que alegan persecución y detractores que ven en su acto una evasión de la justicia.
Críticas al sistema judicial

El trato dispar ha puesto al sistema judicial bajo escrutinio. “La justicia peruana opera con criterios políticos, no técnicos, perpetuando la impunidad de algunos”, afirmó el economista Juan Pari, exmiembro de la comisión Lava Jato, en entrevista con Público. Pari señaló que el caso Odebrecht, que involucra a todos los expresidentes mencionados, ha sido manejado de forma “compartimentada”, permitiendo que Fujimori evada medidas más severas. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, calificó el asilo de Heredia como “un precedente preocupante”, pero su silencio sobre Fujimori intensificó las críticas de parcialidad.
Una encuesta de Ipsos de marzo de 2025 revela que el 78% de peruanos cree que el Poder Judicial “favorece a los poderosos”, y el 65% percibe un trato preferencial hacia Fujimori. La politóloga María Alejandra Campos explicó: “El fujimorismo ha tejido redes de protección en el sistema judicial y mediático, lo que permite a Keiko mantenerse libre y candidata, mientras otros enfrentan todo el peso de la ley”. En X, mensajes como “Keiko libre por los mismos delitos que tienen a otros presos, ¿quién controla la justicia?” reflejan la frustración popular.

Contexto regional
El caso peruano resuena en América Latina. En Brasil, el asilo de Heredia generó tensiones diplomáticas, con medios peruanos acusando al gobierno de Lula de proteger a corruptos por afinidad ideológica. En México, el caso de Emilio Lozoya, ligado a Odebrecht, muestra procesos judiciales lentos que alimentan percepciones de impunidad. En Guatemala, líderes políticos han evadido la justicia mediante maniobras legales, similar al caso de Fujimori. Estos ejemplos destacan los desafíos regionales para combatir la corrupción de alto nivel.
Impacto político y económico
La crisis judicial agrava la polarización en Perú. Barbadillo simboliza el castigo a algunos líderes, pero la libertad de Fujimori refuerza la narrativa de un sistema que beneficia a ciertos sectores. El asilo de Heredia, visto como una “fuga avalada” por Boluarte, debilita la credibilidad institucional. Manifestaciones en Lima, Cusco y Arequipa han exigido “justicia igual para todos”, con pancartas comparando los casos.
Actualidad
FRENO HISTÓRICO A LA INHABILITACIÓN DE PEDRO CASTILLO Y BETSSY CHÁVEZ EN EL CONGRESO

En una decisiva sesión parlamentaria, un bloque de congresistas de izquierda socialista y del movimiento popular logró detener el nuevo intento de la derecha por inhabilitar políticamente al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez. La propuesta conservadora obtuvo solo 44 votos a favor en el caso de Castillo y 53 en el de Chávez, cifras muy por debajo de los 68 votos requeridos. La jornada dejó en evidencia la creciente resistencia frente al lawfare y al uso político de las instituciones que se profundizó tras la ruptura constitucional del 7 de diciembre de 2022.
La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, encabezó la firme oposición a estas inhabilitaciones, respaldada por legisladores de diversas bancadas de izquierda y del movimiento popular como Germán Tacuri, Roberto Sánchez, Wilson Quispe, Jaime Quito, Pasión Dávila y José María Balcázar. Para Palacios y sus colegas, las acusaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de una estrategia destinada a impedir que líderes con amplio respaldo popular continúen participando en la vida política del país.
Palacios, candidata al Senado con el número 8 y respaldada por Pedro Castillo, se ha consolidado como una de las voces más coherentes en la defensa de los perseguidos políticos. Recientemente presentó un proyecto de ley de amnistía total para Castillo, con el fin de extinguir las condenas y procesos penales derivados de los sucesos de diciembre de 2022. Según la parlamentaria, esta iniciativa busca corregir el uso instrumental del sistema judicial para validar decisiones políticas impulsadas desde el Congreso.

La congresista sostiene que las sentencias contra Castillo y Chávez responden a un Poder Judicial subordinado a la actual mayoría parlamentaria. En reiteradas intervenciones ha denunciado la criminalización de la protesta social y el intento de excluir de la esfera electoral a quienes representan proyectos de transformación económica y social. Su voz se ha convertido en un referente del campo popular, articulando la defensa de los derechos democráticos con la exigencia de justicia para las víctimas del régimen.
La reciente votación demuestra que, pese al control ejercido por la derecha y sectores aliados —incluyendo a parte de Perú Libre— existe una resistencia firme dentro y fuera del Parlamento. Para los congresistas que votaron en contra, este resultado es una victoria parcial pero significativa en la defensa de la voluntad popular y en la lucha contra la persecución política. Mientras continúan las demandas por la libertad de Pedro Castillo y justicia para las víctimas de la represión, Margot Palacios reafirma su compromiso con una democracia al servicio del pueblo y no de los intereses económicos que buscan perpetuar su dominio.
Actualidad
Podemos Perú enfrentaría grave crisis de credibilidad si se confirma el juicio oral contra José Luna Gálvez

Lima, 3 de diciembre de 2025 – El partido Podemos Perú, que actualmente postula a Raúl Noblecilla como candidato a la segunda vicepresidencia con discurso de “defensa del pueblo” y promesa de indulto a Pedro Castillo, quedaría en una posición extremadamente incómoda si el Poder Judicial admite a trámite la acusación fiscal que solicita 22 años y 8 meses de prisión para su líder efectivo, José Luna Gálvez, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso conocido como “Los Gánsters de la Política”.
La contradicción sería aún más evidente si se recuerda que los congresistas de la bancada de Podemos Perú votaron unánimemente a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y, durante casi tres años, rechazaron sistemáticamente todas las mociones de vacancia contra Dina Boluarte, blindándola en más de 40 ocasiones junto a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre, solo para voltearle la espalda en octubre de 2025 cuando su impopularidad superó el 90 %.
Analistas consultados por este medio advertirían que, de concretarse el juicio oral contra Luna Gálvez y mantenerse el discurso de “izquierda” en la campaña 2026, Podemos Perú podría perder la poca credibilidad que tiene ante el electorado en un país ya saturado de promesas vacías y traiciones parlamentarias, porque además ya es forzado a extremo el discurso de sus dos candidatos a vicepresidencia, porque en escencia es un partido de la derecha pragmática que siempre estuvo aliniado a los gobiernos neoliberales de turno.
Minería
Paro nacional indefinido de mineros artesanales bloquea seis vías y exige ampliación del REINFO

Lima, 3 de diciembre de 2025.– La Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) inició ayer un paro nacional indefinido que mantiene bloqueados al menos seis puntos críticos de la red vial nacional, según el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) emitido a las 06:00 horas de hoy.
Los tramos interrumpidos incluyen el km 782 de la Panamericana Sur (puente Ocoña, Camaná-Arequipa), el km 444 (Nazca-Ica), el cruce Choccoyo en el Corredor Minero del Sur (Chumbivilcas-Cusco) y la carretera Trujillo-Agallpampa Quiruvilca en La Libertad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estima pérdidas superiores a los S/ 120 millones en las primeras 48 horas por paralización de carga y transporte interprovincial. Los manifestantes exigen la aprobación inmediata de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo plazo de inscripción vence el 31 de diciembre de 2025 conforme al Decreto Supremo N° 012-2025-EM publicado el 30 de junio.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al 30 de noviembre existían 78,456 inscritos activos en el REINFO, de los cuales aproximadamente 42,000 no cuentan aún con autorización de inicio o reinicio de actividades y quedarían automáticamente fuera del proceso de formalización.

CONFEMIN sostiene que la prórroga debe extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027 y eliminarse los requisitos de denuncia minera propia, propuesta contenida en el predictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que fue observado por el Ejecutivo en agosto pasado. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú reporta el despliegue de 450 efectivos en los puntos de mayor conflictividad, con un saldo de un fallecido y 20 heridos desde el reinicio de las protestas en noviembre.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reiteró esta mañana que el Gobierno no respaldará una séptima prórroga del REINFO y llamó a los dirigentes a retomar el diálogo técnico en la Comisión Multisectorial creada por Resolución Ministerial N° 278-2024-MINEM. Mientras tanto, la Junta de Portavoces del Congreso no ha incluido aún el debate del predictamen en la agenda de la presente legislatura.
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