La revelación de una reunión no oficial, fuera de agenda y realizada bajo condiciones de evidente secretismo ha vuelto a colocar en el centro del debate público el comportamiento de un funcionario de primer nivel del Estado. José Jerí Oré, en ejercicio del más alto cargo de manera interina, sostuvo un encuentro privado que no fue informado por canales institucionales y que solo salió a la luz gracias a una investigación periodística, no por un acto de transparencia gubernamental.

El encuentro se produjo de noche, fuera de Palacio de Gobierno, con un empresario chino, y sin registro en la agenda oficial. Las imágenes difundidas muestran a Jerí ingresando encapuchado, sin comitiva visible y utilizando un vehículo oficial, pese a que posteriormente se calificó la cita como “no oficial”. La forma en que se desarrolló la reunión -lugar privado, ausencia de registros y medidas para evitar ser reconocido- refuerza la percepción de un proceder deliberadamente opaco.

Tras la difusión del caso, la versión oficial señaló que la reunión estuvo vinculada a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China. Sin embargo, la explicación deja más preguntas que respuestas. Si se trataba de una actividad institucional, ¿por qué no se canalizó a través de la Cancillería?, ¿por qué no se realizó en un espacio oficial?, ¿por qué no quedó constancia documental?, ¿y por qué el interlocutor fue un empresario y no un representante diplomático formal?

El problema central no es solo con quién se reunió el funcionario, sino cómo ejerció el poder. En democracia, la transparencia no es opcional ni depende del carácter interino del cargo. La ausencia de registros y la informalidad en el manejo de una reunión de este nivel configuran un patrón de secretismo incompatible con la función pública, más aún cuando se emplean recursos del Estado.

Este episodio también expone una evidente asimetría política. Prácticas similares durante el gobierno de Pedro Castillo desencadenaron pedidos de vacancia, investigaciones y una condena política casi inmediata. Hoy, hechos comparables parecen relativizarse. La institucionalidad, sin embargo, no admite excepciones: el poder debe explicarse siempre, y cuando no lo hace, es legítimo que el periodismo y la ciudadanía exijan respuestas.

Lima, 11 de enero de 2026 – En medio de la creciente presión mediática y política, el candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López Chau, confirmó públicamente que en juventud militó en el Partido Aprista Peruano (APRA) y que fue privado de libertad durante el gobierno nacionalista de Juan Velasco Alvarado (1968-1975) por oponerse al régimen revolucionario.

El destape se produjo tras las declaraciones del excongresista Edgar Villanueva, quien fue apartado de la lista senatorial del partido y reveló en RPP que López Chau cumplió prisión por varios meses en penales como Lurigancho. Villanueva cuestionó la omisión de este antecedente en la hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), lo que desató un intenso debate sobre transparencia en la campaña rumbo a las Elecciones Generales 2026.

A través de un comunicado oficial del equipo de prensa de Ahora Nación y en declaraciones a medios como El Comercio, Gestión y La República, López Chau precisó que su detención -ocurrida cuando tenía alrededor de 20 años- fue de naturaleza política. Como militante de la JAP del APRA y seguidor de Víctor Raúl Haya de la Torre, se opuso al gobierno velasquista, que incluía la reforma agraria, enfrentamiento con partidos políticos feudalistas y control estatal sobre la sociedad y la economía. El candidato fue beneficiado con la amnistía general otorgada por el propio régimen mediante el decreto ley 18692 de diciembre de 1970, aplicada a varios presos.

El Poder Judicial confirmó en documentos emitidos en 2025 que no registra sentencias condenatorias ni antecedentes penales contra López Chau, por lo que expertos electorales -como José Tello y Enzo Elguera- coincidieron en que no existía obligación legal de consignar el episodio en su postulación. No obstante, analistas y columnistas han señalado que, por criterios de transparencia ética, el aspirante debió incluir voluntariamente esta información en su ficha pública, especialmente al aspirar a la Presidencia de la República.

El caso ha reabierto la discusión sobre el pasado político de los candidatos y las tensiones históricas entre el APRA y el velasquismo. Mientras algunos destacan la detención como un acto de resistencia democrática contra una dictadura, otros critican el supuesto silencio inicial. López Chau, exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería y exdirector del Banco Central de Reserva durante el gobierno aprista del extinto Alan García Pérez, mantiene su candidatura vigente por Ahora Nación entre los 32 postulantes habilitados hasta la fecha.

Puno, 11 de enero de 2026 .- Tres años después de la masacre de Juliaca, el documental Uyariy (que significa «escuchar» en quechua), dirigido por el cineasta peruano Javier Corcuera, se consolida en las salas del sur andino con funciones que llenan teatros y generan aplausos sostenidos al finalizar cada proyección. Estrenada comercialmente el 8 de enero de 2026 -un día antes del aniversario de los trágicos sucesos-, la obra recorre el altiplano puneño mediante testimonios conmovedores de familiares de víctimas, material de archivo y la música andina como eje central, con dirección musical de la soprano local Edith Ramos. El filme denuncia la impunidad y vincula la represión del 9 de enero de 2023 con un patrón histórico de violencia en el sur peruano a lo largo de 200 años.

El 9 de enero de 2023 se registró el día más letal del estallido social contra el gobierno de Dina Boluarte: en Juliaca, 18 civiles -incluyendo menores y un médico que auxiliaba heridos- perdieron la vida por acción de las fuerzas del orden, con más de 100 heridos. Ese episodio integró un saldo nacional de alrededor de 49 muertes en las protestas, concentradas en el sur andino. Uyariy da voz a madres, hermanos y sobrevivientes que reclaman justicia, utilizando cantos en quechua y aymara, sikuris y narraciones emotivas para preservar la memoria colectiva y evitar el olvido.

El lanzamiento comercial estuvo envuelto en controversia: la cadena Cineplanet retiró abruptamente la película de su cartelera el mismo día del estreno, pese a anuncios previos en sedes de Juliaca, Puno, Cusco y Arequipa. Inicialmente, solo quedó una función vespertina en Juliaca (a las 14:45 horas), lo que provocó denuncias de «censura encubierta» y «maltrato» por parte del director, los productores y la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de 2023. La decisión desató una ola masiva de reclamos en redes sociales, con cientos de usuarios exigiendo la reposición de funciones accesibles.

Ante la presión ciudadana, Cineplanet amplió parcialmente las proyecciones en el sur andino desde el 9 de enero, incorporando horarios más convenientes en Puno (como a las 17:10 y 19:20 horas), Juliaca y Cusco. Las salas se han llenado con asistencia masiva, donde el público responde con aplausos y arengas, convirtiendo cada función en un acto de conmemoración y resistencia. Otras cadenas como Cinemark, Cinépolis y UVK mantienen programaciones regulares en la región, facilitando el acceso a esta obra de clasificación M14 que advierte sobre contenido sensible de violencia.

Desde Puno, Uyariy se posiciona como un triunfo de la memoria sobre el silencio: un documental poético y político que mantiene viva la herida del altiplano y urge a no olvidar. En un contexto de impunidad persistente, las proyecciones locales representan un llamado colectivo a la justicia y la resistencia. Quienes estén en la zona aún pueden asistir a las funciones vigentes —verifiquen la cartelera actual en los sitios web de las cadenas— y contribuir a que estas voces sean escuchadas. La memoria no se borra: se escucha.