El paro en Tambogrande, Piura, contra el proyecto minero El Algarrobo de la Compañía de Minas Buenaventura, culminó en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Dos personas resultaron heridas, una de gravedad, y cinco agricultores fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de El Obrero en Sullana, donde se les impidió acceso a sus abogados, según denuncias de defensores de derechos humanos.

El proyecto El Algarrobo, que busca explotar yacimientos de cobre y otros minerales en la región, ha sido rechazado por las comunidades locales, quienes temen que la minería contamine sus fuentes de agua y afecte la agricultura, principal actividad económica de la zona.

Este rechazo no es nuevo: en 2002, Tambogrande realizó una consulta popular en la que el 98% de la población votó en contra de un proyecto minero similar, priorizando la protección de sus tierras y recursos naturales.

Durante las protestas, las rondas campesinas de Ayabaca y Huancabamba se sumaron al paro, recordando que en 2007 también rechazaron la minería mediante consultas populares. Los dirigentes advirtieron que, de persistir los intentos de imponer proyectos mineros, convocarán una marcha regional para defender las nacientes de agua del Alto Piura, vitales para la agricultura y el ecosistema.

Los abogados de los detenidos denunciaron que la PNP limitó su derecho a la defensa, violando garantías constitucionales. “No nos permiten ver a nuestros representados. Esto es una criminalización de la protesta social”, declaró uno de los letrados.

Buenaventura, una de las mayores empresas mineras del Perú, ha enfrentado críticas por conflictos sociales y ambientales en otros proyectos. Los pobladores de Tambogrande exigen que se respete su decisión de priorizar la agricultura y piden al gobierno y a la empresa que detengan el avance del proyecto minero.

Mientras tanto, las comunidades mantienen su firmeza en la defensa de sus tierras y recursos, dispuestas a continuar movilizándose si sus demandas no son atendidas.

Clone Robotics ha presentado al mundo Protoclone, un robot humanoide que ha causado sensación por su asombroso realismo. Este androide, inspirado en la anatomía humana, cuenta con una estructura que imita los 206 huesos del cuerpo, músculos artificiales llamados Myofibers y un sistema de enfriamiento que simula el sudor humano. Con más de 200 grados de libertad en sus movimientos, Protoclone se acerca a una movilidad natural nunca antes vista en la robótica.

El robot, fabricado con huesos de polímero impresos en 3D y equipado con 1,000 músculos artificiales, ha sorprendido al público con su capacidad para realizar movimientos fluidos y orgánicos. Un video reciente muestra a Protoclone suspendido del techo, flexionando sus extremidades de manera casi indistinguible a la de un ser humano.

Pero lo más innovador es su sistema de enfriamiento basado en microfluidos, que imita el sudor humano. Este mecanismo permite al robot mantener una temperatura óptima durante tareas complejas, evitando el sobrecalentamiento y mejorando su eficiencia.

Aunque aún en desarrollo, Clone Robotics planea lanzar 279 unidades bajo el nombre Clone Alpha, con preórdenes disponibles este año. La empresa aspira a perfeccionar su tecnología hasta lograr una réplica funcional del cuerpo humano capaz de operar en diversos entornos.

El realismo de Protoclone no solo abre nuevas posibilidades en la robótica, sino que también plantea preguntas sobre el futuro de la convivencia entre humanos y máquinas. Con cada avance, la línea entre lo biológico y lo artificial se desdibuja, generando tanto fascinación como inquietud en la sociedad.

La Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (FENTAGRO), afiliada a la CGTP, ha emitido un contundente pronunciamiento en rechazo al proyecto de Ley Agraria (PL 8924/2024-CR), presentado por la bancada fujimorista el pasado 16 de septiembre de 2024.
La norma, que estaría próxima a ser aprobada por el Congreso, ha sido calificada como «anti laboral y anti nacional» por organizaciones sindicales y especialistas, quienes advierten que beneficiará principalmente a las grandes empresas agroexportadoras en detrimento de los trabajadores agrarios y el Estado.

Uno de los puntos más criticados es la eliminación del bono BETA, un beneficio clave para los trabajadores. Aunque el proyecto mantiene el nombre, reduce su valor a un monto fijo de 307.5 soles, desvinculándolo del 30% de la Remuneración Mínima Vital (RMV). Esto significa que, ante futuros aumentos de la RMV, el bono no se ajustaría, perdiendo su valor real con el tiempo.

Además, la norma otorga amplios beneficios tributarios a las agroexportadoras, reduciendo el impuesto a la renta del 29.5% al 15% hasta 2035, junto con créditos fiscales, depreciación acelerada y recuperación del IGV. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas medidas representarían un costo fiscal de aproximadamente S/1,888 millones anuales, recursos que dejarían de destinarse a servicios esenciales como educación, salud e infraestructura.

En el ámbito laboral, el proyecto limita la participación de los trabajadores en las utilidades al 7.5%, elimina la contratación preferente y restringe la negociación colectiva por rama de actividad. Asimismo, reduce los aportes a Essalud al 6% hasta 2028 y al 8% hasta 2035, lo que afectaría la calidad de los servicios de salud para los trabajadores.

FENTAGRO y otras organizaciones sindicales han advertido que, de aprobarse la ley, convocarán un paro agrario nacional similar al de 2020, cuando la derogatoria de la Ley 27360 costó la vida de tres trabajadores. «No permitiremos que se apruebe una ley que va en contra de los intereses del país y de los trabajadores», señalaron.

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) también ha criticado la norma, calificándola como un «privilegio rentista» que agrava las desigualdades en el sector. Mientras tanto, el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, alertó que estas medidas empeorarán la presión tributaria, ya baja en comparación con países de la OCDE, y afectarán las finanzas públicas.

Con el Congreso avanzando hacia la aprobación de la ley, los trabajadores agrarios se preparan para movilizaciones masivas, exigiendo que se archive un proyecto que consideran una amenaza para sus derechos y el desarrollo nacional.