Lima, 6 de septiembre de 2026 .- El Defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez Cóndor, se encuentra en el ojo de la tormenta tras sus polémicas declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso, que desataron una denuncia constitucional presentada el 4 de septiembre por la congresista Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú). En una entrevista del 27 de agosto de 2026, Gutiérrez afirmó que, de disolverse el Congreso por la presidenta Keiko Fujimori, su popularidad podría aumentar “tranquilamente 20 o 30 puntos”. Aunque aclaró que se trataba de un escenario hipotético, las palabras generaron un fuerte rechazo en el Parlamento, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría (SITRADP) y sectores de la sociedad civil, que las compararon con el autogolpe de 1992.

La denuncia constitucional, basada en los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Carta Magna, acusa a Gutiérrez de infracción al orden constitucional y pide su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 10 años. Ante la presión, el Defensor ofreció disculpas públicas el 6 de septiembre, insistiendo en que su análisis buscaba alertar sobre riesgos democráticos, no respaldar medidas anticonstitucionales. Sin embargo, el daño a su imagen y a la institución parece irreversible: legisladores de diversas bancadas exigen su renuncia inmediata.

Los cuestionamientos a Gutiérrez no son nuevos. Su elección en mayo de 2023 —con 88 votos en el Congreso— ya fue criticada por falta de transparencia y su perfil: excongresista, exasesor de Perú Libre y exabogado de Vladimir Cerrón. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y exdefensores han señalado su falta de experiencia específica en la materia, así como posibles conflictos de interés y una pérdida de independencia de la Defensoría. Además, su gestión ha sido señalada por silencios o posiciones ambiguas frente a leyes polémicas, como las relacionadas con amnistías o prescripción de delitos de lesa humanidad, y el acceso a archivos de la CVR.

La crisis se agrava con alertas internacionales. En 2025, la GANHRI (Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos) abrió un proceso de revisión especial a la Defensoría, tras denuncias de la sociedad civil sobre independencia, transparencia y desempeño como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La institución no habría respondido a los requerimientos, poniendo en riesgo su acreditación internacional (categoría A). Asimismo, la CIDH ha recibido alertas sobre una posible cooptación y debilitamiento del rol de la Defensoría, mientras que en regiones como Puno (2025), su actuación fue rechazada por víctimas de protestas.

El último golpe llegó esta semana: la Contraloría reportó, tras una visita al despacho de Gutiérrez, contrataciones y ascensos irregulares, incluyendo personal sin el perfil requerido o con experiencia “fabricada”. Estos hallazgos, revelados alrededor del 7 de septiembre de 2026, profundizan las dudas sobre la gestión administrativa de la institución, que en los últimos meses ha intentado defender su autonomía con comunicados y demandas de inconstitucionalidad, como en el caso de Petroperú.

El contexto político polarizado del Perú exacerba la crisis. La Defensoría del Pueblo, órgano autónomo creado en 1993, tiene como mandato defender los derechos fundamentales y supervisar al Estado. Sin embargo, bajo la gestión de Gutiérrez —que se extiende hasta 2028—, la institución ha perdido credibilidad ante actores clave. El SITRADP, por ejemplo, exigió una rectificación pública y advirtió que las declaraciones del Defensor normalizan discursos antidemocráticos.

Ante el avance de la denuncia constitucional, Gutiérrez se mostró dispuesto a acudir al Congreso para defenderse. No obstante, el daño a su legitimidad parece difícil de reparar. “El Defensor debe ser un garante de la democracia, no un actor que genere incertidumbre”, declaró la congresista Márquez. Mientras tanto, la sociedad civil y organismos internacionales observan con preocupación el rumbo de una institución clave para los derechos humanos en el país.

La Libertad, 19 de agosto de 2026.- Trabajadores de la agroexportadora Hortifrut mantienen desde hace dos días una protesta en el distrito de Chao, provincia de Virú, contra cambios en sus horarios laborales que, según denuncian, alteran su rutina diaria y afectan la organización de sus responsabilidades familiares. La movilización comenzó el lunes 17 de agosto frente a las instalaciones de la empresa.

Los trabajadores reclaman que se respeten acuerdos que, según sostienen, habían sido establecidos previamente con la empresa. El cambio de horarios se ha convertido así en el principal punto de una disputa laboral que enfrenta a los trabajadores con la administración de una de las empresas agroexportadoras que opera en el valle de Chao.

A este reclamo se suman denuncias de intimidación durante el desarrollo de la protesta. Los trabajadores también exigen información y explicaciones por la presunta detención de Nelson Alvarado, José Chulín y Luis Pardo, a quienes identifican como trabajadores vinculados a la movilización, y demandan su inmediata liberación.

El conflicto coloca nuevamente bajo la lupa las relaciones laborales en el sector agroexportador de La Libertad, donde los cambios en jornadas y condiciones de trabajo pueden tener consecuencias que van más allá del centro laboral. Para los trabajadores, modificar los horarios significa alterar también los tiempos de traslado, descanso y convivencia familiar.

Hortifrut, por su parte, establece en su Código de Conducta Ética que cumple las jornadas laborales previstas por la legislación de cada país y que las horas extraordinarias deben realizarse voluntariamente y dentro de los límites legales. El mismo documento señala que la empresa no utiliza medidas coercitivas o de presión para obligar a sus trabajadores a prestar servicios.

La protesta también pone a prueba los mecanismos de diálogo y fiscalización laboral. Hortifrut Perú cuenta con una estructura de relaciones laborales que contempla la atención de reclamos, negociación con el sindicato y participación en mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo y Sunafil. Ante las denuncias actuales, corresponde determinar qué ocurrió con las personas señaladas y si la modificación de horarios respetó los procedimientos y derechos laborales aplicables.

El conflicto sigue abierto y los trabajadores exigen una solución que permita recuperar sus horarios anteriores, evitar actos de intimidación y esclarecer las presuntas detenciones. La disputa en Hortifrut ya no se reduce a un cambio de horario: plantea una pregunta mayor sobre los límites de las decisiones empresariales y la protección efectiva de los derechos laborales en la agroexportación peruana.

Lima, 18 de agosto de 2026.- Trabajadores de construcción civil se movilizaron el pasado 13 de agosto por las calles de Lima hasta el Congreso de la República, convocados por la CGTP, para expresar su rechazo a cualquier modificación que pueda significar un recorte de derechos laborales dentro del pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

La movilización tuvo como punto central un mitin frente al Parlamento, donde dirigentes sindicales reclamaron a los congresistas que no otorguen al Ejecutivo una autorización abierta para modificar el régimen laboral sin establecer límites claros. La protesta se produce en momentos en que el pedido de facultades contempla materias vinculadas al empleo, protección social y régimen laboral.

El reclamo de los trabajadores no surge de la nada. El proyecto de delegación de facultades preparado por el Ejecutivo incluye cambios que podrían afectar aspectos como CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada laboral, participación en utilidades y protección frente al despido. Diversos análisis del proyecto han advertido que estas modificaciones podrían generar una flexibilización significativa del régimen laboral.

La preocupación sindical aumentó porque la propuesta plantea avanzar hacia un régimen laboral general con beneficios progresivos según el nivel de remuneración. Desde sectores críticos se advierte que este esquema podría terminar perjudicando principalmente a los trabajadores de menores ingresos, precisamente quienes tienen menor capacidad para enfrentar una reducción de beneficios.

La presidenta Keiko Fujimori, sin embargo, ha asegurado que su Gobierno no eliminará las gratificaciones ni la CTS y afirmó que “ningún derecho laboral va a ser recortado”. Esta posición contrasta con las preocupaciones generadas por el contenido conocido del proyecto y coloca al Congreso ante la responsabilidad de revisar con precisión qué materias y alcances terminarían siendo autorizados al Ejecutivo.

Para construcción civil, el problema va más allá de una discusión técnica. Los trabajadores defienden un régimen especial que históricamente ha sido resultado de la organización sindical y de la negociación colectiva. La FTCCP mantiene una estructura nacional y ha desarrollado negociaciones colectivas específicas para el sector, incluido el convenio correspondiente al año 2026.

La movilización también expresa una advertencia política al nuevo Parlamento: los derechos laborales no deben convertirse en moneda de cambio para acelerar reformas económicas o promover la formalización. La CGTP y los gremios participantes demandan que cualquier modificación sea discutida públicamente y no aprobada mediante una delegación de facultades que reduzca el debate parlamentario.

El Ejecutivo sostiene que necesita facultades por 120 días para impulsar reformas en seguridad, empleo, desarrollo productivo, simplificación administrativa y modernización del Estado. El Congreso, que deberá evaluar y delimitar esas facultades, tiene ahora el desafío de encontrar un equilibrio entre la necesidad de reformas y la protección de derechos laborales adquiridos.

La protesta del 13 de agosto deja un mensaje directo de los trabajadores al Parlamento: si el Gobierno quiere reformar el régimen laboral, tendrá que explicar con claridad qué pretende cambiar y garantizar que ninguna reforma termine recortando derechos. El debate recién comienza y la movilización sindical demuestra que construcción civil y la CGTP están dispuestas a permanecer en las calles para defender sus conquistas laborales.