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Regional

Ayacucho acata paro regional contra la criminalidad

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Desde la medianoche del 28 de octubre, Ayacucho se encuentra en paro regional convocado por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) para protestar contra la creciente ola de criminalidad en la región.

Bajo el lema de exigir mayor seguridad, cientos de ciudadanos, incluidos comerciantes y mototaxistas, se movilizaron para manifestar su rechazo ante la falta de acción de las autoridades frente a delitos como la extorsión y el sicariato.

Los mercados principales, como Nery García Zárate, 12 de Abril y Capillapata, amanecieron cerrados, sumándose a la paralización.

Comunicado del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho

Asimismo, el transporte público quedó suspendido en las vías bloqueadas, como las avenidas Apurímac y Mariscal Castilla, donde piedras, llantas y otros objetos impiden el tránsito. En el centro de la ciudad, la manifestación avanzó hacia la Casa del Maestro, epicentro de la marcha, y el terminal terrestre Los Libertadores quedó desierto en señal de protesta.

John Lapa Oré, presidente del Fredepa, criticó duramente la “inoperancia de la policía y la incapacidad de las autoridades regionales y provinciales para gestionar una solución efectiva”, mencionando que varias autoridades locales, como el prefecto y el gobernador, se ausentaron pese a la convocatoria para una mesa de diálogo. “Parece que la única forma de ser escuchados es mediante estas medidas de lucha”, expresó.

Ante la percepción de abandono por parte del Estado, el Fredepa ha propuesto la creación de comités de autodefensa ciudadana, recordando los mecanismos que se implementaron en los años 80 para combatir la violencia. “El pueblo entiende que no se puede confiar en las autoridades, por lo que estos comités de autodefensa popular son la única opción para vigilar la actuación de las autoridades y protegernos de la inseguridad”, señaló Lapa.

Por su parte, la congresista Margot Palacios expresó su respaldo a las demandas de los ayacuchanos y acusó al gobierno de “tutelar la delincuencia mediante leyes que fomentan la impunidad”. En un comunicado, Palacios mencionó que el paro refleja la indignación de un pueblo que busca frenar la “parálisis criminal” del Estado y la permisividad con la violencia organizada.

La movilización de hoy, que durará 24 horas, es vista por la ciudadanía como un llamado urgente al gobierno para frenar la inseguridad en Ayacucho. Según Fredepa, la instalación fallida del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana el pasado 23 de octubre es una muestra más de la desatención a las demandas del pueblo.

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Rafael López Aliaga genera indignación por frase clasista sobre pobladores sin agua

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Lima, 29 de noviembre de 2025 – El alcalde de Lima y precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, desató una nueva controversia al declarar en un evento público que “hay un millón y medio de personas sin agua, gente que no se ha bañado nunca desde que nacieron. Yo les puse agua, ahora se bañan todos los días”. El video, difundido masivamente en redes sociales, fue grabado durante una actividad de entrega de obras en los conos de la capital.

La frase fue calificada de “profundamente clasista y racista” por activistas, periodistas y usuarios en plataformas como X y TikTok. Críticos señalaron que el burgomaestre estigmatiza a los habitantes de asentamientos humanos y pueblos jóvenes —principalmente migrantes andinos y amazónicos— al sugerir que la falta de higiene es una característica personal y no consecuencia de décadas de exclusión estatal. “Es el típico discurso del limeño pituco que ve a los pobres como sucios por naturaleza”, escribió la activista Sofía Carrillo en sus redes.

Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Lima no ha emitido disculpa oficial ni comunicado. Fuentes del entorno del alcalde indicaron que la frase “fue sacada de contexto” y que solo buscaba resaltar los avances en acceso al agua potable durante su gestión. Sin embargo, la polémica se suma a anteriores cuestionamientos por comentarios considerados discriminatorios contra streamers extranjeros y sectores vulnerables, consolidando la imagen polarizante de López Aliaga de cara a las elecciones internas de su partido y las presidenciales del 2026.

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Puno rechaza visita de José Jerí y se suma a movilización nacional del 14 de Noviembre

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Puno, 12 de noviembre de 2025 – Dirigentes de organizaciones populares de Puno declararon “persona no grata” al presidente interino José Jerí y anunciaron que bloquearán su ingreso a la región durante su gira nacional, iniciada el 11 de noviembre en Huánuco. “No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”, afirmó un representante de las comunidades quechuas y aymaras, en rechazo a la gestión de Jerí, a quien acusan de perpetuar el continuismo político y proteger la impunidad por las muertes en las protestas de 2022-2023. La región, epicentro de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte, exige justicia y avances en demandas como el hospital regional de Juliaca.

Las organizaciones puneñas confirmaron su participación en la movilización nacional convocada por el colectivo Generación Z para los días 14 y 15 de noviembre, en un paro descentralizado que busca la renuncia de Jerí, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. En Puno, las protestas iniciarán a las 8:00 a.m. en las plazas principales, sumándose a regiones como Lima, Arequipa y Lambayeque. La marcha también denunciará la reciente expulsión del embajador mexicano y la declaración de “no grata” a la presidenta Claudia Sheinbaum, vista como una violación de tratados internacionales.

Analistas advierten que la gira de Jerí, que busca “escuchar necesidades” y fortalecer la descentralización, podría escalar tensiones en el sur, donde la desaprobación al gobierno interino crece. Mientras Jerí defiende su recorrido como un esfuerzo por “no gobernar desde Lima”, las comunidades de Puno, aún marcadas por el luto de las protestas pasadas, demandan resultados concretos en seguridad, salud y justicia. La Policía Nacional anunció un amplio operativo para las marchas, instando a evitar enfrentamientos, en un contexto de alta polarización a meses de las elecciones de 2026.

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Brucelee Bermudo, vinculado al narcotráfico internacional, queda en libertad pese a pedido de extradición de EE.UU.

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Lima, 10 de noviembre de 2025.- Brucelee Bermudo Guerra, conocido como «Bruce Lee Bermudo» y señalado por la DEA como un operador clave en el envío de cocaína desde el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) hacia el Cártel de Sinaloa, fue liberado este domingo por una jueza de Bagua, en Amazonas. La magistrada Lorena Sandoval determinó que no existían elementos suficientes para dictar prisión preventiva, a pesar de la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos. Bermudo, de 40 años y originario del distrito de Sivia en Ayacucho, fue detenido el 27 de octubre en un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la agencia antidrogas estadounidense.

El Tribunal del Distrito Este de Texas acusa a Bermudo de coordinar el traslado de hasta dos toneladas mensuales de cocaína desde el VRAEM hacia México, con destinos finales en ciudades como Chicago, Baltimore y Detroit. Según el expediente judicial, la red del imputado involucra rutas terrestres a través de Ecuador y Bolivia, con evidencia basada en interceptaciones telefónicas, testimonios de colaboradores eficaces mexicanos y decomisos recientes, como 1.400 kilos de droga en Puente Piedra (Lima) en noviembre de 2024. Antes de su captura, Bermudo mantenía una vida pública activa en Ayacucho, donde postuló como alcalde de Sivia en las elecciones de 2022 por el Movimiento Regional Wari Llaqta, compartiendo escenarios con el actual gobernador regional, Wilfredo Oscorima, y la vicegobernadora Tania Vila.

La liberación de Bermudo ha generado cuestionamientos sobre la influencia de redes políticas en el VRAEM, zona que produce cerca del 40% de la cocaína peruana. Oscorima, recientemente afiliado a Alianza para el Progreso (APP), y Vila no han emitido declaraciones sobre sus vínculos electorales con el ex candidato, los cuales se limitan a la campaña de 2022. La fiscalía ha anunciado apelaciones al fallo, mientras el proceso de extradición continúa en curso. Autoridades peruanas y estadounidenses reiteran su compromiso contra el narcotráfico transnacional, en un contexto de creciente preocupación por la infiltración de actividades ilícitas en la política regional.

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