Lima, 28 de enero de 2026.- Familiares de las más de 50 personas fallecidas durante la represión de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte (diciembre 2022 – enero 2023) culminaron hoy la Marcha de Sacrificio Uyariy (“escuchar” en quechua) en el centro de Lima, exigiendo verdad, reparación integral y fin a la impunidad. La movilización, organizada por la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM), reunió delegaciones de regiones como Puno (Juliaca, con 18-20 víctimas el 9 de enero de 2023), Ayacucho (muertes el 15 de diciembre de 2022), Apurímac (Andahuaylas), Cusco, Junín (Pichanaki) y Piura (Huancabamba). Los participantes, incluyendo viudas, huérfanos y heridos, marcharon más de 140 km por la Panamericana Sur desde San Vicente de Cañete hasta ingresar por el Puente Atocongo y avanzar hacia el Congreso de la República y el Palacio de Justicia.

Durante el trayecto, los deudos denunciaron hostigamiento sistemático por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), con seguimiento permanente de patrullas de Carreteras y Tránsito, controles repetitivos de identidad (al menos cinco en un tramo), detenciones temporales (dos en Chilca) y provocaciones que revictimizaron a las familias. Se pudo comprobar in situ en el distrito de Asia (km 129), estas acciones de reglaje y criminalización de la protesta pacífica. La PNP justificó su presencia como “resguardo preventivo”, pero organizaciones de derechos humanos respaldaron las denuncias de vulneración al derecho de manifestación.

Entre los voceros destacados figuraron Milagros Samillán (hermana de víctima de Puno y canalizadora de donaciones), Yobana Mendoza (presidenta de ASFAH Ayacucho) y representantes de colectivos juveniles como Generación Z (Bryan Melgar y Yakov Solano), quienes enfatizaron la memoria colectiva y el rechazo a la impunidad. Las demandas centrales incluyeron la reactivación inmediata del Equipo Especial de Fiscales (EFICAVIP), desactivado recientemente por el Ministerio Público, sanciones a responsables materiales y políticos, y garantías de no repetición.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía de cara a las elecciones generales de 2026, los familiares señalaron textualmente a partidos que, según sus denuncias, protegen o ignoran estos casos mediante blindajes legislativos o silencio ante las violaciones a los derechos humanos durante el régimen Boluarte. En plantones y pancartas, se ha señalado explícitamente a Acción Popular, Avanza País, Perú Libre, Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, acusándolos de ser “cómplices” o promotores de impunidad. Llamaron a no votar por estas organizaciones políticas que buscan perpetuar la impunidad y evaden la responsabilidad histórica. Pero también hicieron un llamado a no votar por los nuevos partidos como Ahora Nación, Libertad Popular, APRA, SiCreo, Fuerza y Libertad, Primero La Gente, entre otros.

La marcha concluyó con concentraciones simbólicas en el centro histórico, reafirmando que “sin justicia no habrá paz” y convocando a la unidad nacional contra la corrupción y el olvido institucional a tres años de los hechos.

La Marcha de Sacrificio por Justicia «Uyariy», impulsada por familiares de las víctimas fallecidas y heridos durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, avanza por la Panamericana Sur rumbo a la capital. Delegaciones provenientes de regiones como Puno (principalmente Juliaca), Ayacucho, Apurímac, Cusco y otros puntos del sur y centro del país partieron entre el 23 y 25 de enero, con convergencia en San Vicente de Cañete como punto clave antes de ingresar a Lima. Organizaciones como la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM) y la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero lideran esta movilización, que busca visibilizar el dolor de más de 50 familias afectadas por hechos documentados por entidades de derechos humanos. Video gracias a «24 Noticias en vivo».

La fecha culminante del 28 de enero de 2026 responde a su significado simbólico: marca el tercer aniversario del fallecimiento de Víctor Santisteban Yactayo, joven de 22 años que perdió la vida por impacto de perdigones policiales en el centro de Lima durante las movilizaciones de 2023. Los principales reclamos incluyen la reactivación inmediata del EFICAVIP (Equipo Especial de Fiscales para casos de víctimas en protestas), desactivado recientemente por resolución del Ministerio Público, así como avances en investigaciones penales, reparaciones integrales a las familias y garantías de no repetición de hechos similares.

Durante el trayecto, se han reportado denuncias de hostigamiento y vigilancia policial en zonas como Chala, Nazca y Cañete, lo que ha motivado llamados a las autoridades para respetar el derecho a la protesta pacífica. La marcha cuenta con el apoyo de colectivos juveniles de la Generación Z, organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y medios aparentemene neutrales vienen difundiendo las exigencias de la marcha. Figuras políticas progresistas han expresado solidaridad, incluyendo denuncias públicas sobre el trato a los marchantes, aunque los organizadores enfatizan que la iniciativa surge directamente del dolor y la autonomía de las familias de las regiones más impactadas, sin adscripción partidaria explícita.

Esta movilización representa un esfuerzo sostenido por memoria, verdad y reparación por parte de las familias afectadas, que insisten en demandas concretas ante el estancamiento judicial. La concentración prevista para el 28 de enero en Lima se perfila como un momento significativo para renovar el llamado a la justicia, en medio de un escenario político polarizado. Las autoridades han sido instadas a garantizar la seguridad y el desarrollo pacífico de la actividad, mientras la sociedad observa el impacto de estas voces regionales en el debate nacional.

Lima, 16 de enero de 2026 – Cientos de motociclistas se concentraron esta tarde en la emblemática Plaza San Martín, en el corazón del Centro Histórico de Lima, como parte de una manifestación pacífica pero enérgica contra las nuevas medidas regulatorias anunciadas por el Gobierno. La movilización, convocada por diversas asociaciones del gremio, incluyó una marcha que partió de puntos como el Campo de Marte y avanzó hacia el centro de la capital, generando importante congestión vehicular en avenidas principales. Los participantes, en su mayoría repartidores, trabajadores independientes y conductores informales, expresaron su rechazo a lo que consideran medidas discriminatorias que afectan su principal fuente de ingresos.

El foco principal de las demandas es el rechazo al decreto supremo anunciado recientemente por el Ejecutivo, que busca prohibir nuevamente el transporte de más de un acompañante en motocicletas (limitando a conductor + un pasajero). Voceros del sector, como representantes de colectivos similares a los que lideraron protestas en 2025, argumentaron que esta restricción vulnera sus derechos laborales y económicos. “Para el Estado soy un ciudadano de segunda categoría. Pago mis impuestos, pero me discriminan y criminalizan mi herramienta de trabajo”, señaló un dirigente en declaraciones recogidas durante la concentración. Los manifestantes recordaron que, aunque la delincuencia utiliza motos en algunos casos, la solución no debe recaer en estigmatizar a todo el gremio.

Otro punto recurrente en los reclamos es la persistencia de normas anteriores, como el uso obligatorio de chalecos reflectantes con número de placa (vigente en Lima y Callao), que ya generó múltiples marchas en 2025. Los motociclistas insisten en que estas disposiciones no han demostrado efectividad real para reducir la inseguridad, sino que solo generan incomodidad, discriminación y perjuicio económico. “El chaleco nos marca como posibles delincuentes, pero los robos siguen ocurriendo igual”, afirmaron varios participantes, quienes exigen diálogo directo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio del Interior para revisar y derogar estas regulaciones.

La protesta transcurrió de manera pacífica, con fuerte presencia policial resguardando el perímetro de la Plaza San Martín y las vías aledañas. No se reportaron incidentes de violencia ni enfrentamientos, aunque sí una notable afectación al tránsito en el Cercado de Lima durante varias horas. Organizaciones como las que agrupan a repartidores y mototaxistas anunciaron que, de no obtener respuestas concretas en los próximos días, podrían escalar las acciones con movilizaciones nacionales similares a las de mayo y abril del año pasado.

Los motociclistas, que representan una parte esencial de la movilidad urbana en Lima (con un parque vehicular estimado en cientos de miles de unidades solo en la capital), reiteraron su llamado al Gobierno para que priorice medidas integrales de seguridad vial y ciudadana en lugar de restricciones que impactan directamente en la economía de miles de familias. La Plaza San Martín, símbolo histórico de luchas sociales, volvió a ser escenario de estas voces que demandan ser escuchadas.