Lima, 7 de mayo de 2026.- El Pleno del Congreso de la República aprobó la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR, mediante la cual se inhabilita por diez años para ejercer función pública a la fiscal Delia Espinoza. La medida fue respaldada con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones, luego de que el Parlamento considerara que incurrió en infracciones constitucionales y presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

La decisión se produjo tras una primera votación fallida en la misma sesión, en la que la moción alcanzó solo 63 votos, insuficientes para lograr la mayoría calificada requerida. Sin embargo, luego de una pausa y nuevas coordinaciones entre bancadas, una segunda votación permitió reunir los apoyos necesarios para aprobar la sanción.

Entre los cambios decisivos figuraron los votos de los congresistas Katy Ugarte, José Balcázar y Kira Alcarraz, quienes pasaron de la abstención al respaldo de la medida. A ello se sumó el apoyo de legisladores de Podemos Perú y Acción Popular, consolidando la mayoría parlamentaria.

La denuncia constitucional se centró en el respaldo de Espinoza a la Resolución Fiscal 2246-2024-MP-FN, norma interna del Ministerio Público que, según el Congreso, contravenía la Ley 32130, la cual otorga a la Policía Nacional un rol operativo predominante en las investigaciones preliminares. Los impulsores de la sanción señalaron que dicha actuación alteraba el equilibrio institucional.

Durante su defensa, Delia Espinoza rechazó las acusaciones y calificó el proceso como una “venganza política” promovida por sectores investigados por la Fiscalía. Asimismo, sostuvo que la disposición cuestionada respondió a criterios técnicos orientados a preservar la autonomía del Ministerio Público.

La inhabilitación recibió el respaldo mayoritario de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, además de sectores de Perú Libre y Juntos por el Perú. Organizaciones civiles y especialistas han cuestionado la objetividad del proceso, señalando que varios congresistas que votaron a favor mantienen investigaciones fiscales en curso.

Tras la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano, Espinoza quedó impedida de ejercer cargos públicos hasta 2035. Su defensa anunció acciones legales ante el Poder Judicial y organismos internacionales, mientras persiste el debate sobre el impacto de esta decisión en la independencia del sistema de justicia y la estabilidad institucional del país.

Lima, 21 de abril de 2026.- Piero Corvetto dejó la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un contexto marcado por cuestionamientos y presión política de sectores de la derecha peruana.

Su salida coincide con el cierre de su periodo institucional, aunque se produce tras reiteradas críticas de partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, entre otros.

Estas agrupaciones cuestionaron la transparencia de los procesos electorales, especialmente desde las elecciones generales de 2021, denunciando presuntas irregularidades en el conteo de votos y la organización electoral.

Sin embargo, organismos electorales y misiones internacionales de observación respaldaron la validez de dichos comicios y descartaron la existencia de fraude.

Durante su gestión, Corvetto defendió la legalidad del sistema electoral peruano, señalando que los procesos se realizaron conforme a estándares técnicos y normativos.

Su salida marca el fin de una etapa caracterizada por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones electorales.

Analistas advierten que el principal reto para la ONPE será recuperar la confianza ciudadana en un escenario político aún marcado por tensiones.

Lima, 28 de enero de 2026.- Familiares de las más de 50 personas fallecidas durante la represión de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte (diciembre 2022 – enero 2023) culminaron hoy la Marcha de Sacrificio Uyariy (“escuchar” en quechua) en el centro de Lima, exigiendo verdad, reparación integral y fin a la impunidad. La movilización, organizada por la Organización Nacional de Familiares Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022-2023 (ONAFAMYVM), reunió delegaciones de regiones como Puno (Juliaca, con 18-20 víctimas el 9 de enero de 2023), Ayacucho (muertes el 15 de diciembre de 2022), Apurímac (Andahuaylas), Cusco, Junín (Pichanaki) y Piura (Huancabamba). Los participantes, incluyendo viudas, huérfanos y heridos, marcharon más de 140 km por la Panamericana Sur desde San Vicente de Cañete hasta ingresar por el Puente Atocongo y avanzar hacia el Congreso de la República y el Palacio de Justicia.

Durante el trayecto, los deudos denunciaron hostigamiento sistemático por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), con seguimiento permanente de patrullas de Carreteras y Tránsito, controles repetitivos de identidad (al menos cinco en un tramo), detenciones temporales (dos en Chilca) y provocaciones que revictimizaron a las familias. Se pudo comprobar in situ en el distrito de Asia (km 129), estas acciones de reglaje y criminalización de la protesta pacífica. La PNP justificó su presencia como “resguardo preventivo”, pero organizaciones de derechos humanos respaldaron las denuncias de vulneración al derecho de manifestación.

Entre los voceros destacados figuraron Milagros Samillán (hermana de víctima de Puno y canalizadora de donaciones), Yobana Mendoza (presidenta de ASFAH Ayacucho) y representantes de colectivos juveniles como Generación Z (Bryan Melgar y Yakov Solano), quienes enfatizaron la memoria colectiva y el rechazo a la impunidad. Las demandas centrales incluyeron la reactivación inmediata del Equipo Especial de Fiscales (EFICAVIP), desactivado recientemente por el Ministerio Público, sanciones a responsables materiales y políticos, y garantías de no repetición.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía de cara a las elecciones generales de 2026, los familiares señalaron textualmente a partidos que, según sus denuncias, protegen o ignoran estos casos mediante blindajes legislativos o silencio ante las violaciones a los derechos humanos durante el régimen Boluarte. En plantones y pancartas, se ha señalado explícitamente a Acción Popular, Avanza País, Perú Libre, Fuerza Popular, Podemos Perú, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Somos Perú, acusándolos de ser “cómplices” o promotores de impunidad. Llamaron a no votar por estas organizaciones políticas que buscan perpetuar la impunidad y evaden la responsabilidad histórica. Pero también hicieron un llamado a no votar por los nuevos partidos como Ahora Nación, Libertad Popular, APRA, SiCreo, Fuerza y Libertad, Primero La Gente, entre otros.

La marcha concluyó con concentraciones simbólicas en el centro histórico, reafirmando que “sin justicia no habrá paz” y convocando a la unidad nacional contra la corrupción y el olvido institucional a tres años de los hechos.