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Transportistas paralizan Lima y Callao en un «paro seco» histórico: Exigen fin a la ola de extorsiones y asesinatos

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Lima, 6 de octubre de 2025 – Desde las 00:00 horas de hoy, el rugido de los motores se apagó en Lima y Callao. La Cámara Internacional del Transporte (CIT) y más de 460 empresas de transporte público ejecutaron un paro seco nacional, dejando al 90% de los buses urbanos fuera de circulación. Este cese total, bautizado como el “apagón de motores”, responde a la imparable ola de inseguridad que azota al sector: extorsiones, amenazas por celular y el reciente asesinato del conductor venezolano Daniel José Cedeño Alfonso en San Juan de Miraflores.

La medida, que paralizó la movilidad de millones de ciudadanos, es un grito desesperado contra la impunidad. “No podemos seguir enterrando choferes ni pagando cupos a mafias. El gobierno mira para otro lado mientras nosotros ponemos los muertos”, denunció Martín Ojeda, vocero de la CIT, desde un piquete en la avenida Abancay. Según la Coordinadora de Transporte Urbano, en 2024 se registraron más de 200 asesinatos de transportistas, y en 2025 la cifra ya supera el 30% de incremento respecto al año anterior.

El paro, descrito como “seco” por su carácter pacífico –sin bloqueos ni enfrentamientos–, generó un impacto devastador en la capital. Miles de pasajeros abarrotaron paraderos, mientras taxis y aplicativos de transporte colapsaron por la demanda. En algunos distritos, como Comas y San Martín de Porres, se reportaron pinchazos de llantas a buses que intentaron operar, aunque los gremios niegan responsabilidad. “Queremos soluciones, no violencia. Pero no nos dejan otra salida”, afirmó Julio Campos, líder de la Alianza Nacional de Transportistas.

El Ministerio del Interior desplegó 3.000 agentes para evitar desmanes, mientras el gobierno de Dina Boluarte anunció el bloqueo de 1.5 millones de líneas telefónicas usadas para extorsiones. Sin embargo, los transportistas califican estas medidas como “parches insuficientes”. Exigen un estado de emergencia en el sector, patrullajes permanentes, cámaras de seguridad en buses y la derogatoria de leyes que, según ellos, “protegen a los criminales”.

Este no es el primer paro del sector. En 1977, los transportistas marcaron un hito con un cese nacional contra la crisis económica. Hoy, 48 años después, la lucha es por la vida misma. Las mafias, vinculadas al crimen organizado y a redes transnacionales como el Tren de Aragua, han convertido a los choferes en blanco de sicariato y extorsión. “Pagamos S/ 500 semanales para trabajar. Si no pagas, te matan. Así no se puede vivir”, relató un cobrador anónimo en Villa El Salvador.

El impacto económico del paro se estima en más de S/ 230 millones, según la Cámara de Comercio de Lima. Colegios suspendieron clases, mercados reportaron desabastecimiento parcial y el comercio informal aprovechó para subir tarifas. Pese al caos, un 68% de limeños apoya la protesta, según una encuesta de Datum Internacional, reflejando el hartazgo colectivo ante la inseguridad . ¿Respuesta del gobierno? La presidenta Boluarte prometió “respuestas potentes” y una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior, pero su gestión enfrenta críticas por su lentitud. El ministro Carlos Malaver calificó el paro como “un golpe al ciudadano común” y pidió “paciencia” mientras se implementa un grupo élite contra extorsiones.

Al cierre de esta nota, el paro se levantó parcialmente tras negociaciones, pero la tensión persiste. Los transportistas han dado un ultimátum: “Sin seguridad, no hay transporte”. Mientras las calles de Lima recuperan su ritmo, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe?.

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

Redactor

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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