El 26 de septiembre del año en curso, se llevará a cabo el anunciado paro nacional de transportistas, organizado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, liderada por Martín Valeriano. Esta…
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Transportistas paralizan Lima y Callao en un «paro seco» histórico: Exigen fin a la ola de extorsiones y asesinatos

Lima, 6 de octubre de 2025 – Desde las 00:00 horas de hoy, el rugido de los motores se apagó en Lima y Callao. La Cámara Internacional del Transporte (CIT) y más de 460 empresas de transporte público ejecutaron un paro seco nacional, dejando al 90% de los buses urbanos fuera de circulación. Este cese total, bautizado como el “apagón de motores”, responde a la imparable ola de inseguridad que azota al sector: extorsiones, amenazas por celular y el reciente asesinato del conductor venezolano Daniel José Cedeño Alfonso en San Juan de Miraflores.
La medida, que paralizó la movilidad de millones de ciudadanos, es un grito desesperado contra la impunidad. “No podemos seguir enterrando choferes ni pagando cupos a mafias. El gobierno mira para otro lado mientras nosotros ponemos los muertos”, denunció Martín Ojeda, vocero de la CIT, desde un piquete en la avenida Abancay. Según la Coordinadora de Transporte Urbano, en 2024 se registraron más de 200 asesinatos de transportistas, y en 2025 la cifra ya supera el 30% de incremento respecto al año anterior.
El paro, descrito como “seco” por su carácter pacífico –sin bloqueos ni enfrentamientos–, generó un impacto devastador en la capital. Miles de pasajeros abarrotaron paraderos, mientras taxis y aplicativos de transporte colapsaron por la demanda. En algunos distritos, como Comas y San Martín de Porres, se reportaron pinchazos de llantas a buses que intentaron operar, aunque los gremios niegan responsabilidad. “Queremos soluciones, no violencia. Pero no nos dejan otra salida”, afirmó Julio Campos, líder de la Alianza Nacional de Transportistas.
El Ministerio del Interior desplegó 3.000 agentes para evitar desmanes, mientras el gobierno de Dina Boluarte anunció el bloqueo de 1.5 millones de líneas telefónicas usadas para extorsiones. Sin embargo, los transportistas califican estas medidas como “parches insuficientes”. Exigen un estado de emergencia en el sector, patrullajes permanentes, cámaras de seguridad en buses y la derogatoria de leyes que, según ellos, “protegen a los criminales”.
Este no es el primer paro del sector. En 1977, los transportistas marcaron un hito con un cese nacional contra la crisis económica. Hoy, 48 años después, la lucha es por la vida misma. Las mafias, vinculadas al crimen organizado y a redes transnacionales como el Tren de Aragua, han convertido a los choferes en blanco de sicariato y extorsión. “Pagamos S/ 500 semanales para trabajar. Si no pagas, te matan. Así no se puede vivir”, relató un cobrador anónimo en Villa El Salvador.
El impacto económico del paro se estima en más de S/ 230 millones, según la Cámara de Comercio de Lima. Colegios suspendieron clases, mercados reportaron desabastecimiento parcial y el comercio informal aprovechó para subir tarifas. Pese al caos, un 68% de limeños apoya la protesta, según una encuesta de Datum Internacional, reflejando el hartazgo colectivo ante la inseguridad . ¿Respuesta del gobierno? La presidenta Boluarte prometió “respuestas potentes” y una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior, pero su gestión enfrenta críticas por su lentitud. El ministro Carlos Malaver calificó el paro como “un golpe al ciudadano común” y pidió “paciencia” mientras se implementa un grupo élite contra extorsiones.
Al cierre de esta nota, el paro se levantó parcialmente tras negociaciones, pero la tensión persiste. Los transportistas han dado un ultimátum: “Sin seguridad, no hay transporte”. Mientras las calles de Lima recuperan su ritmo, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe?.
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Bolivia enfrenta una creciente crisis política y social con protestas que exigen la renuncia de Rodrigo Paz

Cochabamba, 14 de junio 2026.- Bolivia atraviesa una grave crisis política y social que se ha intensificado durante las últimas semanas, marcada por protestas masivas, bloqueos de carreteras y una creciente demanda de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz Pereira. Las movilizaciones, que se mantienen desde inicios de mayo, han paralizado diversas regiones del país y profundizado la tensión entre el Gobierno y amplios sectores sociales.
Rodrigo Paz asumió la presidencia en noviembre de 2025 tras imponerse en las elecciones generales y poner fin a casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, heredó una economía debilitada y puso en marcha medidas de austeridad y reformas económicas que han generado rechazo entre sindicatos, organizaciones campesinas, indígenas y sectores populares.
Entre los principales actores de las protestas figuran la Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos mineros, organizaciones campesinas, cocaleros y grupos afines al expresidente Evo Morales. Los manifestantes cuestionan las políticas económicas del Gobierno, exigen mejoras salariales y reclaman soluciones a la escasez de combustible, alimentos y medicamentos que afecta a distintas regiones del país.
Las movilizaciones incluyen más de cuarenta bloqueos de carreteras, marchas multitudinarias en ciudades como La Paz y El Alto, así como enfrentamientos con las fuerzas del orden. El Gobierno ha reportado decenas de detenidos y episodios de violencia que ya habrían dejado al menos una víctima mortal. Mientras tanto, Evo Morales y sus seguidores acusan a la administración de Paz de aplicar políticas neoliberales, mientras el Ejecutivo sostiene que el exmandatario busca desestabilizar al país.
Frente a la escalada del conflicto, el presidente Paz ha reiterado su disposición al diálogo, aunque también ha advertido que aplicará la ley para restablecer el orden, incluyendo la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales. A mediados de junio, la crisis continúa sin una salida negociada clara, en un escenario de creciente polarización política y fatiga social por los prolongados bloqueos que afectan el abastecimiento de bienes básicos en varias regiones bolivianas.
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Brasil empata con Marruecos en un debut inesperado y complica su camino en el Grupo C

EE.UU., 13 de junio 2026.- La selección de Brasil no pudo iniciar con una victoria su participación en el Mundial 2026 y empató 1-1 frente a Marruecos en el cierre de la jornada del sábado. El encuentro, disputado en Estados Unidos, dejó sensaciones encontradas para la escuadra sudamericana, considerada una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo.
Marruecos sorprendió desde los primeros minutos con una propuesta ofensiva y ordenada que le permitió adelantarse en el marcador gracias a una destacada definición de Ismael Saibari. El combinado africano mostró personalidad y logró neutralizar varios intentos de ataque de la selección brasileña.
La reacción de Brasil llegó a través de Vinícius Júnior, quien marcó el empate tras una jugada individual que evidenció su calidad y capacidad para desequilibrar en los momentos más complicados. Sin embargo, la Canarinha no logró imponer su juego durante el resto del compromiso.
En la segunda mitad, ambos equipos generaron oportunidades para quedarse con los tres puntos, aunque las defensas y las intervenciones de los arqueros terminaron siendo determinantes. Marruecos incluso estuvo cerca de dar la sorpresa ante una selección brasileña que mostró algunas dudas en su funcionamiento colectivo.
Con este resultado, Brasil y Marruecos suman un punto en el Grupo C del Mundial 2026. En la próxima fecha, los brasileños buscarán su primera victoria ante Haití, mientras que los marroquíes enfrentarán a Escocia en un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
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Municipalidad de Lima pide reforzar control ante movilizaciones y abre debate sobre derechos ciudadanos

Lima, 11 de junio de 2026.- La Municipalidad Metropolitana de Lima exhortó al Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio Público a reforzar las medidas de seguridad y control del orden interno ante las movilizaciones anunciadas en el Centro Histórico de la capital. El pedido fue formulado mediante un comunicado oficial emitido en el marco de la ampliación del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana.
La comuna sostuvo que es necesario adoptar acciones para proteger a la población, así como los monumentos, plazas, edificios históricos y demás bienes patrimoniales ubicados en el Centro Histórico de Lima. Asimismo, recordó que en dicha zona existen restricciones para la realización de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas.
El municipio informó además que mantiene patrullajes permanentes, monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y drones, además de una coordinación constante con las fuerzas del orden para prevenir posibles actos de violencia o daños a la infraestructura pública.
No obstante, el pronunciamiento ha generado cuestionamientos entre diversos sectores ciudadanos y especialistas en derechos fundamentales, quienes advierten que medidas de esta naturaleza podrían interpretarse como una limitación al ejercicio de derechos constitucionales como la libertad de reunión, expresión y protesta pacífica.
Para los analistas, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la preservación del orden público y el respeto a las libertades democráticas. En un contexto de alta tensión política y social, el debate sobre los alcances de las restricciones a las movilizaciones vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública peruana.
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