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Tribunal Constitucional fujimorista anula parcialmente condena de Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Wanka

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En un fallo sorpresivo que ha sacudido el ámbito político y judicial peruano, el Tribunal Constitucional (TC) decidió anular parcialmente la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva impuesta a Vladimir Cerrón, exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, por el caso Aeródromo Wanka. La sentencia, que fue emitida el 6 de octubre de 2023 y desde entonces mantuvo a Cerrón prófugo de la justicia, ha sido revisada tras el recurso de habeas corpus presentado por su defensa. El TC, por mayoría, consideró que la Sala de Apelaciones de Junín vulneró el derecho a la debida motivación en la resolución que le impuso la pena de prisión.

En su fallo, los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández votaron a favor de la nulidad de la sentencia, mientras que Luz Pacheco, César Ochoa y Manuel Monteagudo emitieron voto en contra. La resolución destacó que la Sala de Apelaciones no especificó si el delito de colusión simple por el que Cerrón fue condenado era un delito instantáneo, continuado o permanente, lo cual es crucial para determinar el plazo de prescripción de la acción penal.

Con esta decisión, el TC ordenó a la Sala de Apelaciones de Junín emitir un nuevo pronunciamiento en el que se evalúe si el proceso penal sigue vigente o si, por el contrario, ha prescrito debido al paso del tiempo. Esta determinación abre un nuevo escenario jurídico, ya que el caso está siendo revisado por la Corte Suprema en la fase de casación. El TC reconoció, sin embargo, que el recurso de habeas corpus debió ser declarado improcedente, debido a que la sentencia de la Sala de Apelaciones aún no es firme. A pesar de ello, los magistrados argumentaron que la demora de casi un año en la admisión de la casación por parte de la Corte Suprema constituye una «dilación indebida», lo que les otorgó competencia para resolver el recurso constitucional.

Vladimir Cerrón celebra el regalo navideño del Tribunal Constitucional (TC) en su cuenta X

Uno de los aspectos más controversiales de este fallo es la aplicación de la Ley 31751, conocida como Ley Soto, que suspende la prescripción de ciertos delitos por un año. Durante la condena inicial, la Sala de Apelaciones de Junín consideró que el delito de colusión simple de Cerrón no había prescrito, ya que la fecha límite para su prescripción sería en junio de 2024, tras la inclusión del año de suspensión. Sin embargo, la Corte Suprema, al publicar un acuerdo plenario que considera inconstitucional esta ley, ha generado incertidumbre sobre su aplicación en el caso Cerrón. Si se rechaza la Ley Soto, la prescripción del delito se extendería hasta 2031 o 2032, lo que podría modificar el rumbo del proceso judicial.

La decisión del Tribunal Constitucional tiene una fuerte carga política. Cerrón, como líder de Perú Libre, ha sido un personaje clave en el escenario político del país, particularmente durante el gobierno de Pedro Castillo, pero mucho más luego de la asunción ilegal e ilegítima de Dina Boluarte, a quien pareciera haberla incumbrado, porque desde el inicio lo apoyó tácticamente a través de su hermano Waldemar Cerrón que lidera el «cerronismo»y de vez en cuando torpedea en temas poco relevantes. La relación del TC con la derecha política liderada por el fujimorismo y las declaraciones de apoyo de figuras vinculadas a esta corriente han generado sospechas sobre la independencia del poder judicial y las posibles alianzas políticas que podrían influir en los fallos judiciales.

Algunos analistas han expresado su preocupación por lo que consideran una posible interferencia en el sistema judicial, lo que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “Este tipo de decisiones generan un peligroso precedente en la lucha contra la corrupción”, afirmaron diversos observadores. No obstante, los seguidores de Cerrón han interpretado el fallo como una victoria frente a lo que consideran una «persecución política». En sus redes sociales, Cerrón inexplicablemente celebró el resultado del recurso, destacando al TC como “la reserva moral de la justicia peruana”, porque siempre ha dicho que el TC es un instrumento del sistema que lo perseguía a líderes de la izquierda y fallaba en contra del pueblo, sin embargo, parece que ahora efectivamente él es parte del sistema o por lo menos actualmente es amigo de ellos y obviamente tiene el derecho de gozar de estos privilegios navideños.

Ahora, el futuro del caso Aeródromo Wanka dependerá de dos factores: el nuevo pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de Junín y la decisión final de la Corte Suprema sobre la casación. Si la Sala de Apelaciones determina que el proceso ha prescrito, el caso se archivaría, pero si se concluye que sigue vigente, el juicio contra Cerrón podría reanudarse.
Futuro incierto de Cerrón.

Vladimir Cerrón, recientemente fue sentenciado por el delito de colusión agravada, relacionado con el caso Antalsis

La situación jurídica y política de Vladimir Cerrón sigue siendo incierta. Lo que está claro es que este fallo del TC ha puesto de relieve las tensiones entre los diferentes poderes del Estado, además de la polarización que existe en torno a la figura del exgobernador de Junín, que continúa siendo una pieza clave en las decisiones de la mesa directiva del Congreso donde su hermano mayor es vicepresidente y la relación con Palacio de Gobierno que habría encubierto su ubicación y detención por la sentencia del caso aeródromo Wanka.

Recordar que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, por el delito de colusión agravada, relacionado con el caso Antalsis. La medida será efectiva en los próximos meses, según lo informado por el Poder Judicial a través de sus canales oficiales. Cerrón es investigado por su presunta participación en una organización criminal encabezada por Martín Belaunde Lossio, responsable de defraudar al Estado con más de 26 millones de soles. La acusación sostiene que, durante su gestión entre 2011 y 2014, Cerrón facilitó contrataciones irregulares para obras públicas mediante un convenio con la empresa SIMA, la cual subcontrató a Antalsis, la empresa privada involucrada en el fraude.

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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

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La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

Redactor

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El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.

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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

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Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.

La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.

La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.

Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.

La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.

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