En medio de la controversia por la reciente Ley N.º 32108, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, enfrentan un nuevo revés judicial en su intento de archivar las acusaciones en su contra por el caso «Los Dinámicos del Centro».

Pese a los esfuerzos de los Cerrón para beneficiarse de una norma que ellos mismos impulsaron en el Congreso, utilizando la bancada de Perú Libre, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió que la ley no podía aplicarse en su caso, manteniendo la investigación abierta por el presunto delito de organización criminal.

El caso «Los Dinámicos del Centro»

Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, y Waldemar Cerrón, congresista y vicepresidente del Congreso, ahora aliados de Keiko Fujimori jefa de Fuerza Popular, están involucrados en la investigación por organización criminal debido a su presunta participación en la red de corrupción conocida como «Los Dinámicos del Centro».

Según las indagaciones de la fiscalía. Esta organización habría operado desde el Gobierno Regional de Junín, dirigido en su momento por Vladimir Cerrón, extendiendo sus actividades ilícitas a nivel nacional. Al respecto, la defensa de los hermanos Cerrón intentó que se aplicara la Ley N.º 32108, promulgada el 9 de agosto, que modifica aspectos clave en la definición de crimen organizado.

Por lo que, el abogado de los Cerrón, Arturo Silva Rojas, solicitó el archivo de la investigación basándose en esta nueva norma. No obstante, el juez Chávez Tamariz rechazó este pedido, argumentando que, aunque la ley es constitucional, su aplicación debe estar alineada con los tratados internacionales, específicamente la Convención de Palermo, que establece parámetros más amplios para delitos relacionados con organizaciones criminales.

El papel de la Convención de Palermo

La Convención de Palermo, ratificada por Perú en 2002, es un tratado internacional clave en la lucha contra la delincuencia organizada. Según esta convención, la definición de crimen organizado no se limita únicamente a la duración de la pena, sino que abarca también la gravedad del delito y su naturaleza transnacional.

El juez Chávez Tamariz, al interpretar la Ley N.º 32108 bajo el marco de la Convención de Palermo, señaló que la norma debe aplicarse de manera coherente con los compromisos internacionales asumidos por el Perú. Siendo determinante para desestimar la solicitud de los hermanos Cerrón, quienes esperaban que la ley modificada facilitara el archivo de su caso, porque al parecer ese habría sido los acuerdos arribados con las otras fuerzas políticas que se beneficiarían de todas maneras porque ellos no impulsaron.

Manipulación legislativa

El fallo del juez también expuso una preocupante tendencia dentro del Congreso de la República. Desde octubre de 2023, Waldemar Cerrón ha impulsado numerosos proyectos legislativos que buscan modificar aspectos clave del sistema de justicia. Muchos de estos proyectos han sido interpretados como intentos de debilitar las instituciones judiciales para favorecer a su hermano, Vladimir Cerrón, quien se encuentra en la clandestinidad tras ser condenado por colusión en el caso Aeródromo Wanka.

Entre estas iniciativas destaca un proyecto que proponía la creación de una comisión parlamentaria para fiscalizar la actuación de jueces y fiscales, generando rechazo de diversas instituciones del Estado, que la calificaron como un atentado contra la independencia judicial.

La respuesta judicial

En su resolución, el juez Jorge Chávez Tamariz aclaró que la Ley N.º 32108 no puede ser aplicada de manera arbitraria para favorecer a los hermanos Cerrón, ya que debe interpretarse de manera coherente con los tratados internacionales. Asimismo, subrayó que la jurisprudencia internacional establece que nadie puede beneficiarse de su propio fraude, haciendo referencia a la vinculación directa de Waldemar Cerrón en la elaboración y aprobación de la norma, que si bien es cierto fue presentada por la Bancada Perú Libre, le atribuyen dominio completo sobre las decisiones de sus integrantes.

A pesar de la decisión judicial, la defensa de los hermanos Cerrón ha anunciado que apelará el fallo, lo que augura una prolongada batalla legal. No obstante, este caso pone en evidencia los intentos del bloque de Perú Libre por instrumentalizar el Congreso en favor de intereses personales, utilizando la legislación como herramienta para evadir la justicia. Por lo que, sorprende a muchos que continúa victimizándose con supuestas persecuciones a su persona, cuando la realidad es que existe un contubernio con los partidos que gobiernan desde el Congreso y disponen las acciones gubernamentales a través o en coordinación con quien ocupa el sillón presidencial.

Un Congreso cuestionado

La estrategia de los Cerrón para manipular la legislación ha sido objeto de críticas no solo por parte de sectores políticos, sino también por instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público. La reciente propuesta de Waldemar Cerrón para fiscalizar la actuación de jueces y fiscales es vista como un ataque a la independencia del sistema judicial, y ha generado un fuerte rechazo dentro del Congreso y entre especialistas en derecho constitucional.

El caso de los hermanos Cerrón, junto con la polémica Ley N.º 32108, expone los peligros de usar el poder legislativo para fines personales. Aunque la norma fue promulgada con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, los vacíos legales que presenta han abierto una puerta para su interpretación sesgada. En este contexto, la intervención del juez Chávez Tamariz ha sido crucial para garantizar que la justicia no se vea comprometida por intereses políticos.

El rechazo del juez a la aplicación de la Ley N.º 32108 en el caso de «Los Dinámicos del Centro» marca un importante precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Perú. Aunque los Cerrón aún pueden apelar, esta decisión refuerza la necesidad de mantener la integridad de las instituciones judiciales y legislativas en un momento crítico para el país, donde está cada vez más claro la alianza de los Cerrón Rojas con los Fujimori, Acuña y otros, que coincidentemente, tienen denuncias similares.

Fuente: Webs y redes de noticias