El pedido del Ejecutivo por 120 días y unas 66 materias aún no llega al Pleno. Varias comisiones de Diputados han rechazado o cuestionado la propuesta y plantean limitarla a asuntos urgentes.

Lima, 9 de setiembre de 2026.- La solicitud de delegación de facultades legislativas presentada por el gobierno de Keiko Fujimori enfrenta observaciones serias en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo busca recibir autorización para legislar durante 120 días calendario sobre alrededor de 66 materias, pero el pedido todavía no ha sido sometido a votación en el Pleno y encuentra resistencia en varias comisiones parlamentarias.

El trámite se encuentra en una etapa decisiva. Las comisiones especializadas deben emitir sus opiniones y la Comisión de Constitución deberá elaborar el predictamen que determine qué materias podrían llegar finalmente al Pleno. Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto, este deberá continuar su recorrido en el Senado.

Oposición cuestiona amplitud del pedido

Las principales objeciones están relacionadas con la amplitud y falta de precisión de determinadas materias. Durante las sesiones de las comisiones, diputados de oposición han cuestionado que el Ejecutivo pretenda concentrar en una sola delegación asuntos que abarcan seguridad ciudadana, control migratorio, reforma penitenciaria, economía, minería, producción, transporte, vivienda, trabajo, modernización del Estado y transformación digital, entre otros.

El cuestionamiento no implica necesariamente un rechazo a todas las facultades. Una posición que viene ganando espacio consiste en aprobar únicamente aquellas medidas consideradas urgentes, especialmente las vinculadas con seguridad ciudadana sin afectar las libertades personales y colectivas, y la respuesta frente al fenómeno El Niño. Mientras tanto, los ciudadanos que apoyaron opciones diferentes que las propuestas de Keiko Fujimori mantienen atentos al desarrollo de las negociaciones, posturas y observaciones.

La discusión, por tanto, empieza a trasladarse desde la pregunta de si el Congreso otorgará facultades al Ejecutivo hacia otra más concreta: qué facultades estaría dispuesto a delegar y bajo qué límites.

Varias comisiones plantean observaciones de fondo

El escenario resulta especialmente complicado para el oficialismo porque algunas de las objeciones se han producido incluso en comisiones presididas por integrantes de Fuerza Popular.

En la Comisión de Energía y Minas, el informe adverso al pedido del Ejecutivo fue aprobado por una clara mayoría. Los parlamentarios cuestionaron la delegación en materias vinculadas con minería, hidrocarburos, electricidad y otros asuntos sectoriales que consideran de especial trascendencia.

En Producción, el informe favorable tampoco consiguió los votos necesarios. La propuesta fue rechazada por 10 votos contra 8, con una abstención.

Una situación similar se produjo en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, donde el informe fue rechazado por 11 votos contra 6, mientras que la Comisión de Ciencia, Innovación Tecnológica y Sociedad Digital también rechazó el informe favorable.

La Comisión de Trabajo se sumó igualmente a las posiciones críticas frente a la delegación solicitada por el Ejecutivo. Este es uno de los temas de cuestionamiento más serio, agravado por la desconfianza que inspira el gobierno de corte capitalista neoliberal, que ahora pretende alinear al país a favor de EEUU olvidando otro socio internacional igualmente importante como China.

El patrón resulta políticamente relevante: Fuerza Popular no cuenta con una mayoría automática en todas las comisiones para aprobar sin modificaciones el paquete planteado por el Gobierno.

Constitución, el principal escenario de negociación

El 9 de septiembre, el premier Luis Galarreta acudió a la Comisión de Constitución acompañado de ministros para sustentar la solicitud.

Durante la sesión, distintos diputados pidieron al Ejecutivo precisar y delimitar las materias sobre las cuales pretende legislar. El debate puso especial atención en aquellas propuestas que exceden los ámbitos considerados de emergencia, como la seguridad ciudadana y la atención de los efectos del fenómeno El Niño.

La Comisión de Constitución se convierte así en un punto clave para determinar el contenido que finalmente podría llegar al Pleno. Se sabe que el líder de Buen Gobierno Jorge Nieto Montesinos sostuvo reuniones poco públicas con sectores conservadores del gobierno de Keiko Fujimori, ante la atenta vigilancia ciudadana. Pronto se sabrá a cambio de qué sus parlamentarios votaron a favor de las facultades solicitadas por el fujimorismo.

Su predictamen tendrá que recoger las opiniones de las comisiones especializadas, pero también establecer los límites jurídicos y materiales de la delegación.

Seguridad sí, cheque en blanco no

La resistencia parlamentaria no significa necesariamente que exista una oposición generalizada a otorgar herramientas extraordinarias al Ejecutivo. Pero existen observaciones de fondo por las generalidades planteadas y la desconfianza fundada en un gobierno hereditario del régimen fujimontesinista de los 90.

La seguridad ciudadana aparece como uno de los ámbitos con mayores posibilidades de alcanzar consenso. También existe mayor receptividad frente a medidas relacionadas con la prevención y respuesta ante el fenómeno El Niño.

El problema surge cuando el Ejecutivo pretende incorporar dentro del mismo paquete reformas económicas, tributarias, laborales, productivas, mineras y de modernización estatal.

Para sectores de la oposición, estos asuntos requieren mayor discusión parlamentaria y no deberían ser incluidos dentro de una delegación amplia y poco delimitada.

Economía todavía puede modificar el escenario

La Comisión de Economía todavía debe definir su posición sobre las materias económicas y tributarias.

El debate adquiere especial importancia porque una eventual opinión favorable o desfavorable puede modificar el equilibrio que se viene construyendo en torno al pedido presidencial.

Por ello, el resultado de las próximas sesiones será determinante para conocer si el Ejecutivo tendrá que negociar una versión sustancialmente reducida de su solicitud.

El Gobierno enfrenta una negociación política

Hasta el 9 de septiembre, no existe una votación definitiva en el Pleno de Diputados. Tampoco existe, por tanto, una decisión del Senado. El proceso continúa en comisiones y la Comisión de Constitución deberá definir el predictamen antes de que el proyecto pueda ser debatido por el Pleno.

El Ejecutivo ha defendido la necesidad de contar con facultades para acelerar medidas frente a la inseguridad y otros problemas urgentes. Sin embargo, las votaciones registradas hasta ahora muestran que el Congreso no parece dispuesto a otorgar automáticamente las 66 materias solicitadas, porque se pretende modificar las normas sobre los recursos naturales, concesiones privadas y extranjeras, derechos laborales, flexibilización para la banca y las finanzas, y no así para acabar con los factores de la inseguridad.

El escenario apunta a una negociación política en la que el Gobierno deberá decidir cuánto está dispuesto a recortar de su propuesta para conseguir los votos necesarios.

ambién pretenderían utilizar las asignaciones presupuestales en el marco de la Ley de Presupuesto 2027 y los cargos públicos en el Ejecutivo para lograr la aprobación de las facultades solicitas, que conforme se pronuncien los líderes y el sentido de los votos de los parlamentarios de OBRAS, Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú, los peruanos se enterarán cómo le dieron carta blanca a pesar de las observaciones y cuestionamiento públicos, renunciando a las facultades legislativas del que gozan.

La batalla que viene

La discusión sobre las facultades legislativas será también una primera prueba de la relación entre el nuevo Ejecutivo y el Congreso bicameral. El pueblo peruano, sobre todo los trabajadores, los campesinos, pueblos originarios e indígenas serán testigos de qué lado están los congresistas de «oposición».

Si la oposición consigue mantener la actual correlación de fuerzas, el pedido podría llegar al Pleno con una cantidad considerablemente menor de materias que las planteadas originalmente.

Para el gobierno de Keiko Fujimori, el desafío será conseguir facultades suficientes para implementar sus prioridades sin que la amplitud de la solicitud termine convirtiéndose en el principal obstáculo para su aprobación.

Por ahora, no hay facultades aprobadas. Hay una negociación abierta y un Congreso que está poniendo límites al pedido del Ejecutivo.

El azúcar rubia nacional a granel pasó de S/2,10 a S/3,05 por kilo en los mercados mayoristas entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre. Comerciantes reportan que el saco de 50 kilos llega hasta S/190.

La Libertad, 9 de setiembre de 2026.- El precio del azúcar viene registrando un fuerte incremento en el mercado peruano y la subida ya comienza a trasladarse a los consumidores. De acuerdo con los precios reportados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el mayor aumento corresponde al azúcar rubia nacional a granel, cuyo precio mayorista se incrementó 45% en menos de un mes.

Entre el 5 de agosto y el 4 de setiembre, el kilo pasó de S/2,10 a S/3,05, una diferencia de S/0,95 por kilo. En el caso de la venta por saco, comerciantes reportaron que el precio de 50 kilos pasó de aproximadamente S/114 a S/170, mientras que en algunos canales comerciales se ofrece incluso hasta en S/190.

El alza ya llegó a los mercados minoristas

El incremento registrado en los centros mayoristas también empieza a sentirse en los puntos de venta. En Lima, el precio minorista del azúcar rubia pasó de S/3,04 a S/3,55 por kilo, lo que representa un aumento de alrededor de 17%.

La azúcar blanca nacional también registró una subida, aunque menor. En los mercados mayoristas pasó de S/2,47 a S/2,97 por kilo, un incremento de 20%; mientras que en los mercados minoristas de Lima aumentó de S/3,74 a S/4,11.

Para las familias, el impacto puede parecer pequeño cuando se observa solamente el precio de un kilo. Sin embargo, la situación adquiere otra dimensión cuando el azúcar forma parte de las compras habituales de los hogares y cuando el aumento se suma a las variaciones de otros alimentos.

¿Por qué está subiendo el precio?

La explicación todavía no es única. Productores azucareros consultados por RPP descartaron, por el momento, que el Fenómeno El Niño esté afectando directamente los cultivos de caña en el norte del país. Según sus declaraciones, las plantaciones se encuentran en condiciones para la cosecha.

Uno de los factores señalados está relacionado con el mercado internacional. Luis Cruz Cuadros, gerente general de Conveagro, explicó que el azúcar es un commodity y que las variaciones de las cotizaciones internacionales pueden repercutir en el mercado peruano.

El índice de precios de los alimentos de la FAO registró en agosto un incremento de 1,9% respecto de julio y, dentro de ese indicador, el azúcar fue el producto que más aumentó, con una subida de 11,9% durante el mes. No obstante, este comportamiento internacional no significa que el precio peruano tenga que aumentar automáticamente ni en la misma proporción.

Productores cuestionan el precio que reciben por la caña

El incremento también abrió otro frente de preocupación: la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el ingreso que reciben los productores por la materia prima.

Dirigentes agrícolas señalaron que productores de Lambayeque acudieron al Midagri para expresar su preocupación por esta situación. Alberto Salinas Barba, presidente de la Asociación de Productores de Caña, indicó que algunos compradores ofrecen actualmente entre S/50 y S/60 por tonelada de caña y sostuvo que una tonelada permite obtener aproximadamente 120 kilos de azúcar, además de derivados como melaza y bagazo.

El cuestionamiento apunta, por tanto, no solamente al precio final del azúcar, sino también a cómo se distribuye el valor generado dentro de la cadena productiva.

Un mercado que requiere seguimiento

El aumento del azúcar plantea un doble desafío: evitar que una subida coyuntural termine profundizándose y determinar con mayor precisión qué factores están detrás de la variación de precios en cada eslabón de la cadena.

El Midagri mantiene información sobre la evolución de los precios mayoristas y el mercado azucarero, mientras que el comportamiento internacional constituye otro indicador relevante para seguir la tendencia.

Por ahora, los datos muestran un hecho concreto: el azúcar rubia nacional ya cuesta significativamente más en los mercados mayoristas y una parte de ese incremento comienza a llegar al consumidor. La evolución durante las próximas semanas permitirá determinar si se trata de un repunte temporal o del inicio de una tendencia más prolongada.

El último reporte del INEI muestra que solo el 17% de las víctimas urbanas denunció el hecho delictivo. La principal razón para no acudir a las autoridades es considerar que hacerlo “es una pérdida de tiempo”.

Lima, 7 de setiembre de 2026.- Ocho de cada diez víctimas de hechos delictivos en el Perú urbano no denuncian lo ocurrido ante las autoridades. El dato, correspondiente al semestre móvil febrero-julio de 2026 y difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), vuelve a poner en el centro del debate la denominada “cifra negra” de la delincuencia y revela un problema que va más allá de la cantidad de delitos registrados oficialmente: la creciente distancia entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de protegerlos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), solo el 17,0% de las víctimas de hechos delictivos en el ámbito nacional urbano presentó una denuncia durante el periodo analizado. En consecuencia, alrededor del 83% no denunció.

La situación también se observa en los principales ámbitos urbanos del país. En Lima Metropolitana y el Callao, el porcentaje de víctimas que denunció descendió de 21,3% a 18,5% respecto del periodo comparable. En la Costa Urbana, pasó de 21,4% a 18,1%.

El retroceso significa que una proporción cada vez mayor de los hechos delictivos queda fuera de los registros derivados de las denuncias formales.

Una mayoría de víctimas decide no denunciar

La llamada cifra negra comprende aquellos hechos delictivos que no llegan a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia. Por ello, las estadísticas basadas exclusivamente en denuncias pueden mostrar solo una parte del fenómeno de la delincuencia.

Los resultados del INEI permiten dimensionar la magnitud del problema:

En otros ámbitos urbanos, el porcentaje de víctimas que no denunció también alcanza niveles elevados: 85,5% en la Sierra Urbana y 85,0% en la Selva Urbana, según los indicadores consignados para el periodo.

La lectura más preocupante no es únicamente el descenso porcentual de las denuncias. El problema está en por qué las víctimas consideran que denunciar no vale la pena.

“Es una pérdida de tiempo”: la principal razón

El motivo más mencionado por quienes decidieron no denunciar es contundente: consideran que hacerlo es una pérdida de tiempo.

Esta respuesta alcanza el 45,1% a nivel nacional y llega al 50,7% en Lima Metropolitana y el Callao.

El dato plantea una interrogante fundamental para las instituciones responsables de la seguridad y la justicia: ¿qué ocurre cuando una víctima considera que acudir a la Policía, al Ministerio Público o a otras instancias competentes no producirá resultados?

La denuncia deja entonces de ser percibida como una vía efectiva para obtener protección o justicia y se convierte, para una parte importante de la población, en un trámite cuyo resultado se considera incierto.

La desconfianza en la Policía también pesa

La segunda razón señalada por las víctimas está relacionada directamente con las instituciones de seguridad. El 15,0% de quienes no denunciaron manifestó desconfianza en la Policía Nacional del Perú.

La cifra adquiere especial relevancia porque la Policía constituye, en la mayoría de los casos, la primera institución estatal a la que recurre una persona víctima de un delito.

Cuando la desconfianza se transforma en una decisión de no denunciar, se produce un círculo difícil de romper: menos denuncias generan menos información sobre determinados hechos; menos información puede dificultar la identificación de patrones delictivos; y la percepción de que las autoridades no responden puede reforzar nuevamente la decisión de no denunciar.

La percepción de que el delito “no es importante”

Otro 14,1% de las víctimas señaló que el delito era de poca importancia.

Este comportamiento puede estar asociado a hechos considerados menores, como determinados robos, hurtos o estafas, pero también evidencia un proceso de normalización de determinadas formas de delincuencia.

Cuando una persona asume que perder un objeto, sufrir una estafa o ser víctima de un robo menor forma parte de la vida cotidiana y que denunciar no cambiará la situación, el hecho desaparece de las estadísticas oficiales.

La consecuencia es una paradoja: la delincuencia puede ser más extendida de lo que muestran los registros administrativos, precisamente porque una gran parte de sus víctimas no comunica lo ocurrido.

Un problema que viene de años atrás

La pérdida de confianza no aparece de manera repentina. Los propios datos históricos de la ENAPRES permiten observar que en 2017 el 31,7% de las víctimas que no denunciaban señalaba como razón que hacerlo era una pérdida de tiempo, mientras que el 13,3% manifestaba desconfianza en la Policía.

Para 2026, ambas razones mantienen un peso considerable y la primera alcanza un nivel aún mayor. La tendencia evidencia que el problema de la denuncia no puede reducirse a la existencia de más o menos efectivos policiales. También involucra la eficacia percibida de las instituciones, la respuesta frente a las víctimas y la confianza en que una denuncia puede producir resultados concretos.

Una estadística que también interpela al Estado

La cifra negra constituye una dificultad para la elaboración de políticas públicas.

Si una parte significativa de los hechos delictivos no llega a conocimiento de las autoridades, los registros administrativos no necesariamente reflejan toda la dimensión de la inseguridad que experimenta la población.

Por ello, encuestas de victimización como la ENAPRES resultan relevantes: permiten aproximarse a hechos que no aparecen necesariamente en las estadísticas construidas a partir de denuncias policiales.

El desafío para el Estado no consiste únicamente en lograr que aumente el número de denuncias. También implica recuperar la confianza de las víctimas, mejorar los mecanismos de atención y demostrar que comunicar un delito puede conducir a una respuesta efectiva.

La pregunta que queda abierta

El dato del 83% de víctimas que no denuncia debería ser leído como algo más que una cifra sobre criminalidad. Es también un indicador de la relación entre ciudadanía e instituciones.

Cuando casi ocho de cada diez víctimas deciden no denunciar, el problema ya no es solamente cuántos delitos ocurren, sino cuántos quedan fuera del alcance del sistema institucional y por qué los ciudadanos han dejado de considerarlo una vía útil para enfrentar la delincuencia.