Este martes 30 de diciembre se registró un choque frontal entre dos trenes turísticos en la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región Cusco. Las unidades involucradas pertenecen a las empresas PeruRail e Inca Rail, y el incidente ocurrió alrededor de las 13:40 horas en el sector de Qorihuayrachina-Pampacahua, aproximadamente en el kilómetro 82 al 88 de la línea férrea. Según reportes preliminares, al menos 15 pasajeros resultaron heridos, en su mayoría turistas, aunque algunas fuentes indican hasta 20 afectados.

El Ministerio de Salud (Minsa) activó de inmediato protocolos de emergencia, movilizando 12 ambulancias y personal médico hacia las zonas accesibles más cercanas. Debido a la ausencia de acceso vehicular directo al lugar del accidente, las labores de rescate y evacuación se complicaron, requiriendo coordinación con clínicas privadas y traslados a centros de salud en Cusco y áreas adyacentes. No se han confirmado víctimas mortales de manera generalizada hasta el momento.

Las causas del choque permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes y las empresas operadoras, que han anunciado comunicados oficiales en las próximas horas. El incidente ha interrumpido temporalmente el servicio ferroviario en esta ruta clave para el turismo, generando afectaciones en plena temporada alta y preocupación en el sector. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) expresó su lamentación por el hecho y activó mecanismos de protección al turista.

La noche del 4 de septiembre de 2025, una explosión en la urbanización Las Quintanas de Trujillo, causada por 30 cartuchos de dinamita, dejó 11 heridos, viviendas destruidas y un vecindario sumido en el terror. Este atentado, el tercero de gran magnitud en la ciudad en lo que va del año, expone la alarmante incapacidad del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y su administración para frenar la escalada de violencia ligada al crimen organizado. Mientras las mafias de la minería ilegal y la extorsión operan con impunidad, los ciudadanos de Trujillo enfrentan un estado de indefensión que pone en entredicho las promesas de seguridad de Acuña y su partido, Alianza para el Progreso (APP).

La gestión de Acuña ha sido señalada por su falta de estrategia integral frente a la inseguridad. A pesar de los estados de emergencia declarados en Pataz y Virú, los atentados con explosivos se han vuelto recurrentes, extendiéndose incluso a zonas residenciales céntricas como Las Quintanas. Los vecinos, hartos de la inacción, protestaron airadamente, denunciando que las autoridades regionales y nacionales, encabezadas por Acuña y el ministro del Interior, Carlos Malaver, han priorizado discursos vacíos sobre medidas concretas. La captura de tres sospechosos tras el reciente atentado, aunque un avance, no compensa la ausencia de políticas preventivas que aborden las raíces del problema: el auge de la minería ilegal y las redes de extorsión que operan sin freno.

El pedido de Acuña de un estado de sitio y cadena perpetua para los responsables suena más a una reacción desesperada que a una solución estructurada. Durante su gestión, los recursos destinados a fortalecer el serenazgo, modernizar la infraestructura policial o implementar sistemas de inteligencia han sido insuficientes. En cambio, su administración ha invertido en proyectos de alto perfil mediático, mientras la población enfrenta explosiones semanales y un clima de zozobra. La promesa de bonos para los afectados de Las Quintanas, aunque necesaria, no sustituye la falta de un plan robusto para desmantelar las organizaciones criminales que, según la PNP, están detrás de estos ataques, como la banda «Los Pulpos».

La indignación ciudadana también apunta a la complicidad implícita de las autoridades locales, que han permitido que actividades sospechosas, como las reportadas en la vivienda atacada en Las Quintanas, pasen desapercibidas. Los vecinos señalan que la casa, propiedad de una empresaria minera, era escenario de fiestas ruidosas y movimientos inusuales, sin que las autoridades intervinieran. Esta omisión refleja la descoordinación entre el gobierno regional y los municipios, ambos bajo fuerte influencia de APP, que ha priorizado lealtades políticas sobre la seguridad ciudadana. La ciudadanía exige respuestas, pero la gestión de Acuña parece más enfocada en controlar el daño político que en proteger a la población.

Trujillo, otrora una ciudad vibrante, se encuentra hoy rehén de la violencia y la ineficacia gubernamental. La retórica de Acuña, quien califica estos actos como «terrorismo urbano», no basta para calmar a una población que clama por acción. Si el gobernador y sus aliados en APP no asumen la responsabilidad de implementar medidas efectivas —como mayor inversión en inteligencia policial, coordinación con las Fuerzas Armadas y un combate frontal contra la minería ilegal—, Trujillo seguirá siendo un polvorín. La pregunta que resuena en las calles es clara: ¿hasta cuándo seguirá La Libertad a merced del crimen, mientras sus líderes se limitan a promesas vacías?

Lima, 8 de junio de 2025 – En medio de la creciente presión pública y el rechazo de especialistas, el Ministerio de Cultura (MINCUL) dejó sin efecto el polémico artículo 1 de la Resolución Viceministerial N° 128-2025/VMPCIC/MC, que reducía en un 42% el área protegida de las Líneas y Geoglifos de Nazca, patrimonio mundial reconocido por la UNESCO.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N° 134-2025/VMPCIC/MC, publicada hoy, y restituye la extensión protegida de 5,633.47 km², conforme al plan perimétrico vigente desde 2004. No obstante, la medida solo anula parcialmente la norma cuestionada y mantiene vigentes sus demás disposiciones, lo que ha generado dudas sobre la verdadera voluntad del Ejecutivo para garantizar la protección integral del sitio arqueológico.

Especialistas en patrimonio han advertido que este paso es insuficiente. “Revocar un solo artículo no resuelve el problema de fondo. El peligro para las líneas no solo era el recorte territorial, sino también la permisividad ante actividades como la minería ilegal o el crecimiento urbano sin control”, sostuvo un arqueólogo consultado, quien pidió una revisión integral de la política de conservación.

El MINCUL ha anunciado la conformación de una mesa técnica multisectorial para revisar la gestión del área, aunque todavía no hay fecha definida ni se conocen los actores que la integrarán. En tanto, las críticas persisten desde la comunidad académica y de organismos internacionales, incluida la propia UNESCO, que ha reiterado la necesidad de salvaguardas más robustas y sostenidas en el tiempo.