Caracas, 27 de junio 2026.- El balance del devastador terremoto que sacudió a Venezuela continúa agravándose. Hasta el 27 de junio, las autoridades reportan 1.430 personas fallecidas y más de 3.360 heridas, mientras los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes entre los escombros. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió que hasta 6,76 millones de personas podrían resultar afectadas por la emergencia, considerada una de las peores catástrofes naturales en la historia reciente del país.

El fenómeno consistió en un doblete sísmico sin precedentes: un primer movimiento telúrico de magnitud 7,2 fue seguido apenas 39 segundos después por un segundo terremoto de magnitud 7,5, ambos con epicentro en el estado Yaracuy y una profundidad superficial de entre 10 y 22 kilómetros, lo que incrementó significativamente su poder destructivo. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta PAGER roja, el nivel máximo de riesgo, al estimar daños catastróficos y una elevada probabilidad de víctimas masivas.

Las evaluaciones preliminares indican que 3,9 millones de personas estuvieron expuestas a fuertes sacudidas, mientras más de 712.000 habitantes residen en las zonas de mayor intensidad sísmica. Además, el análisis identificó 91 hospitales ubicados en áreas severamente afectadas, de los cuales 20 se encuentran en las zonas de mayor impacto. El diputado Jorge Rodríguez informó que se contabilizan 383 edificios dañados, incluidos 13 hospitales y 25 centros comerciales, además de aproximadamente 1.000 infraestructuras afectadas. Solo en La Guaira colapsaron más de 250 edificios residenciales, mientras el Aeropuerto Internacional de Maiquetía permanece cerrado debido a daños estructurales. Hasta el momento se han registrado más de 137 réplicas.

La emergencia continúa en evolución y las cifras siguen siendo provisionales. La OIM estima que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas bajo los escombros, aunque aclaró que se trata de una proyección basada en la magnitud del desastre y no de un registro oficial definitivo. La portavoz del organismo, Zoe Brennan, indicó que las estimaciones serán actualizadas conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.

Frente a la magnitud del desastre, el gobierno venezolano dispuso la militarización de La Guaira, restringiendo el acceso civil para facilitar las operaciones de emergencia y evitar el colapso vial provocado por caravanas espontáneas de ayuda. Asimismo, un análisis satelital elaborado por la OIM junto con el laboratorio de inteligencia artificial de Microsoft reveló que el 31,5 % de los edificios de Catia La Mar sufrió daños, dato utilizado para priorizar la distribución de asistencia. No obstante, la centralización de centros de acopio en sedes del PSUV en algunas localidades ha generado cuestionamientos por parte de ciudadanos y organizaciones civiles.

La respuesta internacional se ha fortalecido en las últimas horas. Estados Unidos anunció 150 millones de dólares en ayuda humanitaria y autorizó temporalmente operaciones financieras mediante una licencia especial de la OFAC para facilitar el ingreso de asistencia. Equipos de rescate de México, España, Colombia, El Salvador, Suiza y Alemania ya operan en las zonas afectadas, mientras Corea del Sur comprometió 5 millones de dólares, el papa León XIV donó 100.000 euros y la Cruz Roja Internacional lanzó un llamamiento por 50 millones de francos suizos para ampliar la atención de emergencia.

Las labores de búsqueda continúan sin descanso y la comunidad internacional mantiene el apoyo al país sudamericano. Organizaciones humanitarias, gobiernos y comunidades de venezolanos en el exterior han habilitado centros de acopio para enviar alimentos, agua potable, medicamentos y otros insumos esenciales. Entretanto, las autoridades insisten en que el balance de víctimas podría incrementarse en las próximas horas, conforme los rescatistas logren acceder a las zonas más devastadas.

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este martes la región Ica y parte de la costa centro-sur del país, causando alarma entre la población y dejando un saldo preliminar de 13 personas heridas, además de importantes daños en infraestructura pública y privada.

Ica, 19 de mayo de 2026.- De acuerdo con el reporte RS 2026-0290 del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 12:57:51 p. m. y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, en el distrito de Ocucaje. El evento se produjo a una profundidad de 81 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado VI en la escala de Mercalli en la ciudad de Ica.

El temblor fue percibido con fuerza en diversas regiones del país, incluyendo Lima, Huancavelica y Cañete, donde se registraron evacuaciones preventivas en viviendas, oficinas, colegios y centros comerciales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), general Luis Vásquez Guerrero, confirmó que los 13 heridos presentan lesiones leves o moderadas y reciben atención médica en establecimientos de salud de la región.

Las autoridades locales reportaron daños significativos en distintos puntos de la ciudad. Entre las afectaciones más relevantes figura el colapso parcial del techo de la sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) en Ica, así como daños estructurales en un centro comercial de la ciudad. También se informó sobre desprendimientos y afectaciones en la Catedral de Ica, uno de los principales monumentos históricos de la región.

En Huancavelica, el sismo ocasionó deslizamientos de tierra y caída de rocas en zonas de ladera, obligando a ejecutar evacuaciones preventivas en comunidades consideradas vulnerables.

Pese a la magnitud del evento, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de tsunami en el litoral peruano mediante el Boletín de Sismo Tsunami N.° 14-2026-1. El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que la profundidad intermedia del sismo y su ubicación continental impidieron la generación de un maremoto.

Tras el movimiento sísmico, el INDECI activó de inmediato el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, mientras que el Gobierno Regional de Ica desplegó brigadas de Defensa Civil para evaluar daños y coordinar acciones de respuesta en las zonas afectadas.

Asimismo, las autoridades indicaron que se mantiene vigilancia permanente ante posibles réplicas, un fenómeno habitual luego de sismos de considerable magnitud. El IGP exhortó a la ciudadanía a mantener la calma, verificar las condiciones de seguridad de sus viviendas y seguir únicamente información difundida por canales oficiales.

Este sismo se convierte en el de mayor magnitud registrado en el Perú en lo que va de 2026, superando al movimiento telúrico de magnitud 5.9 ocurrido el pasado 1 de abril en la región San Martín.

El evento ocurre además a pocos días del Simulacro Nacional Multipeligro 2026, programado para el próximo 29 de mayo, una jornada que ahora adquiere especial relevancia en el contexto de preparación y respuesta ante desastres naturales.

Lima, 08 de mayo de 2026.- Decenas de agricultores y pobladores del Valle de Tambo llegaron a la capital para participar en una movilización hacia la sede del Poder Judicial, con el objetivo de exigir la anulación definitiva del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Perú. Los manifestantes sostienen que el documento técnico se encuentra desactualizado y carece de legitimidad social.

La protesta coincidió con la audiencia de la acción de amparo presentada por dirigentes del valle contra el Ministerio de Energía y Minas. Según los demandantes, el EIA aprobado perdió vigencia técnica y legal debido a los cambios ambientales, demográficos y sociales registrados en la provincia de Islay desde su última actualización.

Con banderas verdes y consignas como “Agro sí, mina no”, los manifestantes recorrieron diversas avenidas del Centro de Lima para expresar su rechazo al proyecto extractivo. Los dirigentes señalaron que el Estado pretende reactivar la iniciativa minera sin contar con el respaldo de la población local.

Los representantes del Valle de Tambo advirtieron que la explotación minera a tajo abierto pondría en riesgo los recursos hídricos y la actividad agrícola de la zona, considerada el principal sustento económico de miles de familias. Asimismo, cuestionaron que el actual EIA no garantice la protección del ecosistema del río Tambo ni la seguridad alimentaria de la población.

“No solo defendemos nuestro territorio en las calles, también lo hacemos en los tribunales”, afirmó uno de los voceros de la delegación durante la movilización. Los manifestantes pidieron al Poder Judicial actuar con independencia y priorizar los derechos fundamentales de la población frente a los intereses económicos vinculados a la gran minería.

Por su parte, Southern Perú ha reiterado en los últimos meses su disposición al diálogo y su intención de impulsar el proyecto bajo estándares de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. Sin embargo, los dirigentes y organizaciones sociales del Valle de Tambo consideran que la relación de confianza con la empresa quedó fracturada tras años de conflicto.

La movilización concluyó de manera pacífica en los exteriores del Palacio de Justicia, bajo resguardo policial. Los dirigentes anunciaron que permanecerán atentos a la decisión judicial y advirtieron que, si el fallo no favorece sus demandas, evaluarán intensificar las medidas de protesta en la región Arequipa.