En un paso significativo hacia la sostenibilidad energética, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió a la inauguración del parque solar “Mártires de Barbados II” en Guanajay, Artemisa, marcando la culminación de la primera etapa de un proyecto donado por la República Popular China. Esta fase, con una capacidad de 35 megavatios (MW), incluye siete parques solares de 5 MW cada uno, conectados al Sistema Electroenergético Nacional. La iniciativa, que abarca provincias como Las Tunas, Holguín, Granma, Matanzas y Pinar del Río, promete estabilizar el suministro eléctrico y reducir la dependencia de combustibles fósiles, brindando esperanza a la población cubana.

La segunda etapa del proyecto, actualmente en desarrollo, contempla la instalación de 85 MW adicionales mediante 13 parques de 5 MW y dos de 10 MW, equipados con sistemas de acumulación de energía que optimizarán su rendimiento. El embajador chino en Cuba, Hua Xin, resaltó el impacto estratégico de esta cooperación, que no solo ahorrará divisas para impulsar la economía, sino que también disminuirá las emisiones de carbono. Además, China apoyará con 5000 sistemas fotovoltaicos para viviendas aisladas y proyectos de mayor envergadura, como parques solares de 200 MW, fortaleciendo la resiliencia energética de la isla.

La viceministra del Comercio Exterior, Déborah Rivas, expresó un profundo agradecimiento al gobierno chino por su compromiso, especialmente por su rápida respuesta ante los daños del huracán Melissa, con donativos de alimentos, materiales de construcción y luminarias solares. Este proyecto, que ya genera energía en siete instalaciones, simboliza un futuro más luminoso para Cuba, donde la colaboración internacional y el enfoque en energías renovables abren caminos hacia la recuperación económica y el bienestar de su pueblo.

Puno, 12 de noviembre de 2025 – Dirigentes de organizaciones populares de Puno declararon “persona no grata” al presidente interino José Jerí y anunciaron que bloquearán su ingreso a la región durante su gira nacional, iniciada el 11 de noviembre en Huánuco. “No vamos a permitir que ingrese, Puno se respeta”, afirmó un representante de las comunidades quechuas y aymaras, en rechazo a la gestión de Jerí, a quien acusan de perpetuar el continuismo político y proteger la impunidad por las muertes en las protestas de 2022-2023. La región, epicentro de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte, exige justicia y avances en demandas como el hospital regional de Juliaca.

Las organizaciones puneñas confirmaron su participación en la movilización nacional convocada por el colectivo Generación Z para los días 14 y 15 de noviembre, en un paro descentralizado que busca la renuncia de Jerí, el cierre del Congreso y una nueva Constitución. En Puno, las protestas iniciarán a las 8:00 a.m. en las plazas principales, sumándose a regiones como Lima, Arequipa y Lambayeque. La marcha también denunciará la reciente expulsión del embajador mexicano y la declaración de “no grata” a la presidenta Claudia Sheinbaum, vista como una violación de tratados internacionales.

Analistas advierten que la gira de Jerí, que busca “escuchar necesidades” y fortalecer la descentralización, podría escalar tensiones en el sur, donde la desaprobación al gobierno interino crece. Mientras Jerí defiende su recorrido como un esfuerzo por “no gobernar desde Lima”, las comunidades de Puno, aún marcadas por el luto de las protestas pasadas, demandan resultados concretos en seguridad, salud y justicia. La Policía Nacional anunció un amplio operativo para las marchas, instando a evitar enfrentamientos, en un contexto de alta polarización a meses de las elecciones de 2026.

Lima, 12 de noviembre de 2025 – El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, acusado de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública por el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, concluirá este 14 de noviembre con la emisión de la sentencia, según informó el Poder Judicial. El proceso, iniciado el 4 de marzo de 2025 en el penal de Barbadillo, ha sido liderado por la jueza Norma Carbajal y el tribunal colegiado integrado por los magistrados José Neyra e Iván Guerrero. La Fiscalía, representada por José Domingo Pérez, solicita 34 años de prisión y una reparación civil de más de S/64 millones, mientras Castillo califica el juicio como una “persecución política”.

En más de 70 sesiones, el proceso ha enfrentado incidentes como pedidos de nulidad, cambios de abogados y protestas de simpatizantes en regiones como Ayacucho y Cajamarca. Castillo, quien ha rechazado la legitimidad del tribunal, prescindió de sus defensores privados y es representado actualmente por un abogado público. La Fiscalía ha ratificado su acusación, sustentando que las pruebas demuestran la intención de Castillo de alterar el orden constitucional. Por su parte, la defensa ha insistido en la falta de imparcialidad judicial, mientras el expresidente mantiene su narrativa de victimización ante un supuesto complot político.

La sentencia, que podrá ser apelada, marcará un hito en la crisis política peruana y tendrá implicancias directas en la candidatura de Castillo al Senado por #JuntosPorElPerú para las elecciones de 2026. Una condena firme lo inhabilitaría para cargos públicos, en medio de un contexto de polarización y manifestaciones. El fallo también llega mientras el Congreso evalúa una inhabilitación adicional, lo que podría cerrar definitivamente las aspiraciones políticas del exmandatario.