Lima, 30 de setiembre de 2026.- El dirigente de Ahora Nación anunció que cuatro bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio sobre el pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori. El movimiento ocurre mientras su agrupación se distancia de la censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, confirmó que este viernes las cuatro bancadas de oposición presentarán un texto sustitutorio sobre el pedido de facultades legislativas solicitado por el Gobierno de Keiko Fujimori. Según explicó a Epicentro, cada agrupación formulará su propia propuesta para luego coordinarlas y sumar coincidencias en un documento común.

El anuncio coloca a López Chau como uno de los principales articuladores de una alternativa frente al pedido del Ejecutivo, haciendo ya no de opositor sino de nuevo articulador ante el fracaso del propio Premier Galarreta. La discusión ya no se concentra únicamente en rechazar o aprobar las facultades, sino en definir qué materias serán delegadas, durante cuánto tiempo y bajo qué límites y mecanismos de control parlamentario.

La propuesta también abre una interrogante política: ¿hasta dónde llegará la oposición en su disposición a conceder facultades a un Gobierno al que ha cuestionado en otros frentes? La respuesta estará en el contenido definitivo del texto sustitutorio y, especialmente, en las materias que finalmente sean incorporadas.

Cuatro bancadas buscan una fórmula común

López Chau señaló que Ahora Nación, Juntos por el Perú (JP), Obras y Buen Gobierno (BG) coordinarán sus planteamientos. Cada bancada presentará sus propias propuestas y posteriormente estas serán articuladas para construir una posición conjunta.

El mecanismo supone pasar de una oposición fragmentada a una negociación sobre el alcance de las facultades. La clave estará en determinar si las bancadas logran mantener una delegación restringida o si algunas de las materias solicitadas originalmente por el Ejecutivo terminan reincorporándose durante el proceso de coordinación.

La negociación también expone las diferencias dentro de la oposición. Mientras algunas agrupaciones buscan limitar las facultades principalmente a seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, existen posiciones que plantean incorporar otros ámbitos de la administración pública y la economía.

La distancia frente a la censura de Astudillo

El movimiento de López Chau ocurre paralelamente al debate sobre la censura del ministro del Interior, César Astudillo. La moción cuestiona la respuesta del Gobierno frente a la criminalidad y plantea la responsabilidad política del titular del sector.

Sin embargo, Ahora Nación decidió no respaldar como bancada la censura de Astudillo, aunque algunos de sus integrantes mantienen una posición favorable a ella. Esta diferencia evidencia que no existe una postura uniforme dentro de la agrupación.

La combinación de ambos episodios genera una discusión política relevante: mientras López Chau participa en la construcción de un acuerdo que podría permitir al Ejecutivo legislar mediante facultades delegadas, su bancada adopta una posición menos confrontacional frente a uno de los ministros cuestionados por la oposición.

¿Negociación política o delimitación de facultades?

Hasta el momento, no existe evidencia pública suficiente para afirmar que López Chau esté negociando cargos, beneficios, cuotas de poder u otros acuerdos particulares con el Gobierno. Esa hipótesis no puede presentarse como un hecho sin documentación que la sustente.

Lo que sí está ocurriendo es una negociación política sobre el contenido, alcance y condiciones de las facultades legislativas. Por ello, el punto central de fiscalización será conocer qué materias acepta incorporar la oposición, cuáles quedan fuera y qué controles exige a cambio de permitir que el Ejecutivo legisle.

La eventual incorporación de JP, Obras y BG al documento común también será un elemento determinante. Si las cuatro bancadas consiguen presentar una sola propuesta, López Chau habrá logrado articular una posición opositora con capacidad para modificar sustancialmente el pedido original del Ejecutivo.

La prueba estará en el texto final

Más que las declaraciones públicas, el documento que llegue al Pleno permitirá establecer el verdadero alcance de esta negociación. Allí podrá determinarse si las bancadas mantienen una posición de facultades limitadas y sujetas a controles o si terminan ampliando la delegación solicitada por el Gobierno.

Para Ahora Nación, además, quedará pendiente explicar cómo compatibiliza su participación en esta negociación con su decisión de no apoyar la censura de Astudillo. Ambas decisiones son formalmente independientes, pero políticamente contribuyen a definir la relación que la agrupación mantiene actualmente con el Ejecutivo.

López Chau, que llegó al escenario político con un discurso crítico frente a Keiko Fujimori, ocupa ahora un papel diferente: es uno de los dirigentes opositores que participa directamente en la construcción de una fórmula que podría otorgar facultades legislativas al Gobierno.

La pregunta que queda abierta no es solamente si Keiko Fujimori recibirá facultades, sino qué está dispuesta a conceder la oposición para aprobarlas, qué límites impondrá y cuáles serán las condiciones de fiscalización. El texto sustitutorio anunciado para este viernes será la primera evidencia concreta para responder esas interrogantes.

Atenas, 29 de setiembre de 2026.- Las calles de Atenas y otras ciudades griegas vuelven a convertirse en escenario de movilizaciones sindicales y sociales contra las reformas impulsadas por el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis. Sin embargo, una precisión resulta clave: las fuentes actuales describen a su administración como de centroderecha o conservadora, no como un Gobierno de ultraderecha.

El conflicto se ha concentrado especialmente en el sector público. El 16 de septiembre, trabajadores estatales realizaron una paralización en Atenas y se movilizaron frente al Parlamento contra una propuesta de reforma constitucional que, según la central sindical ADEDY, podría debilitar las garantías laborales de los funcionarios públicos.

La organización sindical también reclama empleo permanente, mejores salarios y la defensa de la educación y la salud públicas. ADEDY anunció nuevas movilizaciones y convocó una jornada nacional de acción para el 1 de octubre, además de una posible huelga durante ese mes.

El conflicto trasciende los salarios

La disputa no se limita a las remuneraciones. Los sindicatos cuestionan modificaciones relacionadas con el empleo público y con la educación, mientras estudiantes también han salido a las calles para reclamar soluciones frente al elevado costo de la vivienda y las dificultades para acceder a residencias universitarias.

El Gobierno, por su parte, sostiene que su estrategia busca mantener la disciplina fiscal al mismo tiempo que aumenta los ingresos disponibles. En septiembre anunció un paquete económico de aproximadamente 3.500 millones de euros hasta 2030, equivalente al 1,5 % del PIB, con rebajas tributarias y aumentos de ingresos para distintos sectores.

Más ingresos, pero también presión sobre el Estado

Entre las medidas anunciadas figuran un pago anual de 400 euros para pensionistas y otro de 500 euros para trabajadores públicos desde 2027, además de reducciones tributarias para agricultores, familias con tres hijos, trabajadores independientes y empresas. El Ejecutivo también plantea elevar progresivamente el salario mínimo hasta 1.000 euros mensuales en 2028.

La contradicción que alimenta el conflicto es que estas medidas de alivio económico conviven con una agenda de reorganización y reforma del sector público. ADEDY sostiene que algunas de las modificaciones constitucionales podrían afectar las garantías de permanencia de los funcionarios y reclama que los servicios públicos continúen siendo universales y gratuitos.

Privatizaciones: qué está confirmado

En cuanto a la afirmación de que el Gobierno está preparando una ola de privatizaciones de servicios públicos, las fuentes revisadas para septiembre de 2026 no permiten sostenerla en esos términos. Lo que sí aparece documentado es una política de impulso a la inversión privada, reformas administrativas y participación de capital privado en sectores estratégicos. El Ejecutivo, además, mantiene como prioridad la reducción de la deuda y una política fiscal prudente.

El Gobierno asegura que Grecia atraviesa una etapa económica diferente a la crisis de la década pasada: estima un crecimiento cercano al 2 % y un superávit primario de alrededor del 4 % en 2026. Al mismo tiempo, el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, según sondeos citados por medios griegos.

La presión social crece antes de las elecciones

Mitsotakis descartó adelantar las elecciones y confirmó que los comicios generales se celebrarán en la primavera de 2027. Su Gobierno, que fue reelegido en 2023 con el 40,5 % de los votos, enfrenta actualmente un escenario político más complicado y un descenso del respaldo registrado por las encuestas citadas por Reuters.

El Ejecutivo intenta responder a la presión social con ayudas, rebajas tributarias y aumentos salariales. El 30 de septiembre, además, solicitó a la Unión Europea mayor flexibilidad fiscal para enfrentar la crisis del costo de vida y anunció nuevas medidas sobre combustibles y deudores con dificultades de pago.

Una nueva jornada de movilización

Así, Grecia llega a octubre con un frente abierto entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. No está acreditado que el país se encuentre actualmente “paralizado” por una protesta nacional, y Euronews advirtió recientemente que videos difundidos en redes bajo esa afirmación correspondían en realidad a una manifestación de febrero de 2025.

Lo que sí está documentado es una escalada de movilizaciones contra las reformas del sector público, los salarios y el costo de vida, con una jornada nacional anunciada para el 1 de octubre. El alcance de esa convocatoria permitirá determinar si las protestas adquieren una dimensión nacional comparable con las grandes huelgas que históricamente han marcado los conflictos sociales en Grecia.

La decisión de Estados Unidos de restringir el ingreso al país del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, provocó una respuesta frontal del funcionario, quien aseguró que la medida no modificará el rumbo de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público, entre ellas las relacionadas con el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

Mariaca rechazó las acusaciones formuladas desde Washington y sostuvo que continuará cumpliendo sus funciones pese a la decisión estadounidense. El fiscal dejó en claro que la investigación contra Cerimedo no será archivada ni paralizada como consecuencia de presiones externas.

“No retrocederé ni un centímetro”

En su respuesta, Mariaca defendió la autonomía de la Fiscalía boliviana y afirmó que las investigaciones deben avanzar hasta establecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

El fiscal sostuvo que “no retrocederé ni un centímetro” frente a las investigaciones que tiene bajo su responsabilidad. Su mensaje apunta directamente a mantener abierto el caso Cerimedo, que en los últimos meses adquirió una dimensión política internacional por las conexiones del consultor argentino con sectores de la derecha latinoamericana y operadores vinculados al entorno político de Donald Trump.

La posición de Mariaca coloca el conflicto en un terreno que trasciende la controversia migratoria. Para el fiscal, la restricción de su visa no modifica las obligaciones constitucionales y legales de la Fiscalía boliviana dentro de las investigaciones que tiene abiertas.

El caso Cerimedo entra en una nueva etapa

La Fiscalía boliviana investiga a Cerimedo en distintos expedientes. Entre ellos figura una causa relacionada con un presunto intento de feminicidio contra su expareja, además de investigaciones por presuntos delitos vinculados con legitimación de ganancias ilícitas y supuestos vínculos con actividades de narcotráfico.

Cerimedo ha adquirido notoriedad internacional por su participación en campañas políticas y estrategias de comunicación digital. También ha sido relacionado con operadores y empresas vinculados con el ecosistema político estadounidense próximo a Trump.

Estos antecedentes han convertido la investigación boliviana en un expediente de interés más allá de las fronteras del país. Sin embargo, la existencia de vínculos políticos o profesionales no constituye por sí misma prueba de responsabilidad penal, aspecto que deberá establecerse dentro de las investigaciones correspondientes.

Mariaca niega que la presión cambie el rumbo

Estados Unidos justificó oficialmente la restricción de la visa de Mariaca con acusaciones relacionadas con corrupción y presunta protección al narcotráfico. Washington no ha señalado públicamente que la investigación contra Cerimedo sea el motivo formal de la medida.

Mariaca, sin embargo, vinculó públicamente la decisión con el contexto de las investigaciones que impulsa la Fiscalía y dejó claro que estas continuarán. La diferencia entre ambas versiones resulta central para entender la controversia: mientras Washington sostiene una acusación contra el fiscal, Mariaca reivindica el trabajo de la institución que dirige.

El funcionario boliviano plantea así una cuestión institucional: hasta dónde pueden influir las medidas diplomáticas de un Estado extranjero sobre investigaciones que se desarrollan dentro de otro país.

“No impedirán que se conozca la verdad”

La respuesta del fiscal puede resumirse en una decisión: mantener las investigaciones abiertas y avanzar hasta esclarecer los hechos.

En ese contexto, el caso Cerimedo adquiere una dimensión adicional. Ya no se trata únicamente de determinar las eventuales responsabilidades del consultor argentino en las causas abiertas en Bolivia, sino también de observar cómo evoluciona una investigación que involucra a una figura con conexiones políticas internacionales mientras el fiscal encargado del expediente enfrenta una medida de Washington.

Mariaca sostiene que ninguna presión externa impedirá que la Fiscalía continúe con su trabajo. Su desafío ahora será demostrar, mediante actuaciones fiscales y evidencia verificable, cuáles son los hechos investigados, qué responsabilidades pueden establecerse y qué relación existe —si alguna— entre las distintas personas y estructuras mencionadas en los expedientes.

Una disputa que trasciende a Bolivia

La controversia coloca en el mismo escenario a Estados Unidos, Bolivia, Cerimedo y redes políticas y digitales de alcance internacional. La Fiscalía boliviana deberá avanzar con las investigaciones dentro del debido proceso, mientras Washington mantiene su propia interpretación sobre las actuaciones de Mariaca.

Por ahora, el fiscal ha optado por responder a la presión con la continuidad de las investigaciones. El desenlace dependerá de las pruebas que pueda reunir el Ministerio Público y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales bolivianas.

Más que la visa, el punto de fondo será determinar qué revelan finalmente los expedientes sobre Cerimedo y si las investigaciones bolivianas pueden establecer responsabilidades con evidencia suficiente. Mariaca ya fijó su posición: la decisión de Estados Unidos no detendrá el proceso para esclarecer los hechos.