Lima, 22 de setiembre de 2026.-La Confederación General de Trabajadores del Perú sostiene que la separación de Johana Magdalena Castro López, dirigente del SUTRAPECH, vulneraría la libertad sindical. El pronunciamiento también cuestiona el uso de un certificado médico de incapacidad y de publicaciones en redes sociales dentro del proceso disciplinario.

Chimbote, 22 de septiembre de 2026.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denunció el despido de Johana Magdalena Castro López, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Proyecto Especial Chinecas (SUTRAPECH), y calificó el caso como una controversia vinculada al ejercicio de la libertad sindical. La central sindical exige su reposición y reclama a las autoridades competentes revisar el procedimiento disciplinario que terminó con la separación de la trabajadora.

Según el pronunciamiento difundido por la CGTP este 22 de septiembre, la sanción habría sido sustentada en presuntas faltas disciplinarias que, desde la perspectiva del sindicato, terminaron afectando el ejercicio de la actividad sindical. La organización sostiene además que la dirigente no registraba antecedentes disciplinarios.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con un Certificado Médico de Incapacidad Temporal emitido por EsSalud. La CGTP afirma que el órgano sancionador habría considerado que dicho certificado constituía un impedimento para determinadas actuaciones de la trabajadora. EsSalud reconoce al CITT como el documento oficial que acredita el tipo de contingencia y el periodo de incapacidad temporal para el trabajo.

El pronunciamiento sindical también cuestiona que en la resolución disciplinaria se hayan incorporado elementos que, según la CGTP, excederían una evaluación estrictamente laboral. Entre ellos menciona la exigencia de supuestas “disculpas morales” a una autoridad política y el uso de críticas expresadas en redes sociales como parte de los fundamentos de la máxima sanción.

Un antecedente que aparece en los registros de Chinecas

La documentación pública del Proyecto Especial Chinecas permite identificar un antecedente relevante. En enero de 2024, mediante la Resolución Gerencial N.° 002-2024-GRA-P.E.CHINECAS, la entidad declaró de oficio la prescripción para determinar la existencia de faltas disciplinarias e iniciar un procedimiento administrativo disciplinario contra Johana Magdalena Castro López, debido a que había transcurrido el plazo establecido para ejercer esa potestad.

Este antecedente, sin embargo, no permite concluir que se trate del mismo procedimiento que derivó en el despido denunciado por la CGTP en septiembre de 2026. Para establecer esa relación sería necesario acceder a la resolución de despido, al expediente disciplinario y a los documentos que sustentaron la nueva sanción.

Los registros públicos también muestran que el Proyecto Especial Chinecas mantiene relaciones de negociación colectiva con organizaciones sindicales. Una resolución gerencial de 2026, por ejemplo, aprobó el acta final de negociación colectiva descentralizada correspondiente al periodo 2027.

La libertad sindical está protegida constitucionalmente

El conflicto adquiere una dimensión laboral mayor porque el artículo 28 de la Constitución peruana reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, y establece expresamente que el Estado garantiza la libertad sindical.

El Tribunal Constitucional ha señalado, además, que la libertad sindical comprende la capacidad de los trabajadores para participar en la constitución y desarrollo de la actividad sindical. A nivel internacional, el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo establece que los Estados que lo tienen vigente deben adoptar medidas para garantizar el libre ejercicio del derecho de sindicación.

Por ello, la controversia no se limita a determinar si existieron o no infracciones laborales. El punto central será establecer qué hechos fueron imputados, qué pruebas fueron consideradas, cómo se valoró el certificado médico, qué relación tuvieron las publicaciones en redes sociales con las faltas atribuidas y si el procedimiento respetó las garantías correspondientes.

CGTP exige reposición y debido proceso

La central sindical exige la inmediata reposición de Castro López y el cumplimiento de los compromisos asumidos en las mesas de trato directo con la Federación Nacional de Trabajadores de los Proyectos Especiales del Perú (FENTRAPEP). También demanda que las autoridades garanticen el debido proceso y descarten cualquier práctica que pueda afectar el ejercicio de la representación sindical.

El caso deja, por ahora, varios puntos pendientes de verificación documental: la resolución exacta que dispuso el despido, las imputaciones formuladas contra la trabajadora, las pruebas incorporadas al expediente, la valoración administrativa del certificado de EsSalud y la respuesta oficial del Proyecto Especial Chinecas. Sin esos documentos no es posible establecer independientemente si la sanción constituyó una vulneración de la libertad sindical, como sostiene la CGTP, o si estuvo sustentada en faltas laborales acreditadas.

Seis adolescentes cumplen internamiento preventivo por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años ocurrida dentro de un bus escolar. La defensa anuncia acciones contra adultos que estaban a cargo del traslado, mientras la Marina separó preventivamente a tres trabajadores y el Minedu asumió la conducción temporal del colegio.

Seis adolescentes fueron internados en Maranguita

El caso del Liceo Naval Almirante Guise ingresó a una nueva etapa judicial luego de que el Poder Judicial ordenara cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero de 16 años. La medida fue dispuesta por el Tercer Juzgado de Familia de Lima mientras continúan las diligencias destinadas a determinar la participación individual de cada investigado. Los seis fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

Los hechos investigados habrían ocurrido el 15 de septiembre, cuando el estudiante regresaba en un bus escolar después de participar junto con sus compañeros en un campeonato de futsal. La víctima cursaba cuarto de secundaria y los diez adolescentes inicialmente intervenidos pertenecían a quinto de secundaria. Después de las primeras diligencias, cuatro recuperaron su libertad y seis quedaron sujetos al pedido de internamiento preventivo.

El internamiento preventivo no constituye una condena. La medida tiene carácter cautelar y deberá mantenerse dentro del proceso de responsabilidad penal adolescente mientras la Fiscalía reúne elementos para establecer qué ocurrió y cuál habría sido la conducta atribuible a cada menor. Por ello, la investigación debe diferenciar entre quienes eventualmente tuvieron participación directa, quienes pudieron tener otro grado de intervención y quienes no tuvieron responsabilidad.

La segunda línea de investigación: los adultos del bus

La defensa de la familia de la víctima ha planteado ahora una segunda línea de investigación: la actuación de los adultos que estaban dentro del vehículo durante el traslado. El abogado Jorge Petrozzi anunció que promoverá una denuncia penal contra docentes que se encontraban en el bus por una presunta omisión de funciones y de auxilio.

Este punto resulta relevante porque la eventual responsabilidad de los adultos no puede establecerse únicamente por el hecho de encontrarse en el vehículo. La Fiscalía tendrá que determinar qué función cumplía cada uno, cuál era su deber concreto de vigilancia, qué información pudo conocer durante el trayecto, cuándo pudo advertir la situación y qué acciones adoptó después de conocerla.

La propia información difundida durante las primeras diligencias confirmó que había adultos responsables del cuidado de los escolares dentro del vehículo. Ese aspecto deberá ser contrastado con las declaraciones de estudiantes, docentes, conductor y demás personas que participaron en el traslado.

Por eso, la eventual omisión de funciones y de auxilio constituye una hipótesis que deberá ser probada, no una responsabilidad ya establecida. Si las investigaciones encuentran evidencia de que existía un deber específico de protección y que este fue incumplido, corresponderá determinar las consecuencias penales, administrativas o civiles que correspondan.

Acoso previo y las alertas que ahora vuelven a escena

La investigación también deberá establecer si existieron episodios anteriores de hostigamiento o violencia contra el estudiante y, especialmente, si fueron comunicados a profesores, entrenadores o autoridades del colegio. La defensa sostiene que la agresión no habría sido un hecho aislado y que existieron antecedentes de acoso que no fueron atendidos oportunamente.

Este aspecto adquirió mayor relevancia después de que el ministro de Educación, José Antonio Chang, informara que el Liceo Naval registra 80 denuncias por distintos hechos de violencia durante los últimos dos años. Según la información difundida, 50 corresponderían a casos entre escolares y 30 involucrarían a personal de instituciones educativas.

El número, por sí solo, no demuestra que las autoridades conocieran la agresión investigada ni establece responsabilidad penal de funcionarios o docentes. Pero sí plantea una cuestión institucional que deberá ser esclarecida: qué hicieron las autoridades del colegio frente a las denuncias anteriores y si los mecanismos de prevención y protección funcionaron de manera efectiva.

El ministro también ha señalado que algunas denuncias de acoso y violencia sexual no habrían sido tratadas adecuadamente. Esa afirmación deberá ser contrastada con los expedientes y registros correspondientes para determinar qué casos fueron reportados, qué medidas se adoptaron y si existieron patrones que debieron activar mecanismos de protección.

Marina separa a tres trabajadores

Mientras avanzan las investigaciones, la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación preventiva de la directora del colegio, un docente y el entrenador de fútbol. La medida fue adoptada por la Dirección de Bienestar de la Marina y se mantiene mientras las autoridades competentes esclarecen los hechos.

La separación preventiva tampoco equivale a una declaración de responsabilidad. Se trata de una decisión institucional adoptada durante la investigación. La determinación definitiva dependerá de los resultados de las investigaciones fiscales, administrativas y, eventualmente, judiciales.

El Gobierno, además, oficializó la reorganización extraordinaria y temporal de la gestión educativa y gobernanza del Liceo Naval Almirante Guise. El Ministerio de Educación asumirá la conducción del plantel hasta el 31 de diciembre de 2027, como parte de las medidas adoptadas después de la denuncia.

La investigación no puede terminar en Maranguita

El traslado de seis adolescentes a Maranguita representa el principal resultado judicial conocido hasta ahora, pero no resuelve todas las interrogantes del caso. La Fiscalía todavía debe determinar la responsabilidad individual de los investigados y establecer si existen elementos suficientes para formular las imputaciones correspondientes.

Al mismo tiempo, deberá esclarecerse la actuación de los adultos que estaban a cargo del grupo durante el viaje. La pregunta central ya no se limita a qué ocurrió dentro del bus, sino también a qué pudieron saber los responsables de la supervisión, cuándo pudieron saberlo y qué hicieron frente a una eventual situación de violencia.

La dimensión institucional también exige revisar las denuncias anteriores. Si se confirma que existieron alertas de violencia, acoso o conductas de naturaleza sexual que no recibieron una respuesta adecuada, será necesario determinar quiénes tenían competencia para intervenir y por qué las medidas adoptadas no evitaron nuevos episodios.

Protección de la víctima y reserva de los menores

La investigación debe desarrollarse con especial protección para el adolescente agraviado. La víctima declaró mediante los mecanismos especializados correspondientes y recibe asistencia dentro de los protocolos establecidos para estos casos. La difusión de su identidad está prohibida y puede generar consecuencias legales.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechazó la exposición pública de la identidad del menor después de que la periodista Milagros Leiva mencionara su nombre durante una transmisión televisiva. El MIMP recordó que la protección de los menores víctimas de delitos sexuales alcanza también a información que permita identificarlos indirectamente.

La misma obligación de reserva alcanza a los adolescentes investigados. Por ello, Pulso27 no difundirá nombres, imágenes ni otros datos que permitan identificarlos.

Tres responsabilidades que todavía deben esclarecerse

El caso Liceo Naval presenta, hasta ahora, tres niveles de investigación que no deben confundirse. El primero corresponde a la presunta agresión sexual y a la responsabilidad individual de los adolescentes investigados. El segundo está relacionado con la eventual omisión de funciones o de auxilio por parte de adultos que tenían deberes de supervisión durante el traslado. El tercero comprende la respuesta institucional del colegio frente a posibles antecedentes de violencia y las medidas que correspondía adoptar.

Los seis adolescentes sometidos a internamiento preventivo deberán afrontar el proceso bajo las garantías del sistema de responsabilidad penal adolescente. La Fiscalía tendrá que establecer responsabilidades con pruebas y no sobre la base de acusaciones colectivas. Del mismo modo, cualquier eventual imputación contra adultos deberá sustentarse en la identificación de deberes concretos y en evidencia sobre su presunto incumplimiento.

El dato de las 80 denuncias reportadas por el Ministerio de Educación agrega una dimensión institucional que no puede ser ignorada, aunque tampoco permite atribuir automáticamente responsabilidad por la agresión denunciada. El punto central será determinar qué denuncias existieron, cómo fueron tramitadas y si las autoridades cumplieron sus obligaciones de prevención y protección.

La reorganización del Liceo Naval bajo el Minedu y la separación preventiva de tres trabajadores muestran que el caso ya produjo consecuencias institucionales. Sin embargo, esas decisiones no sustituyen las investigaciones. La respuesta definitiva deberá establecer qué ocurrió dentro del bus, quiénes tuvieron participación, si algún adulto incumplió sus deberes de protección y si existieron fallas previas que permitieron que la violencia llegara a este punto.

El caso, por tanto, no termina con el ingreso de seis adolescentes a Maranguita. La investigación recién entra en una etapa decisiva: determinar responsabilidades individuales, proteger a la víctima, esclarecer la actuación de los adultos y revisar si el sistema de protección del colegio respondió —o no— frente a las señales de violencia que ya habían sido reportadas.

La discusión sobre un eventual cierre del Congreso ha irrumpido en el escenario político peruano apenas semanas después del inicio del Gobierno de Keiko Fujimori. Hasta ahora, no existe evidencia pública que permita afirmar que la presidenta haya decidido o planificado una ruptura del orden constitucional. Sin embargo, declaraciones de altos funcionarios y dirigentes políticos han instalado un escenario que merece ser examinado con especial atención.

El fantasma del 5 de abril vuelve al debate

La comparación con el régimen de Alberto Fujimori resulta inevitable por un antecedente histórico concreto: el 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y asumió un control extraordinario sobre instituciones del Estado. El episodio es reconocido como un autogolpe y produjo una ruptura del orden democrático.

Tres décadas después, cualquier referencia a una eventual disolución del Parlamento adquiere una dimensión particularmente sensible cuando quien ocupa la Presidencia es su hija. Pero una analogía histórica no constituye, por sí misma, evidencia de que el Gobierno actual pretenda repetir aquella experiencia.

Josué Gutiérrez encendió la primera alarma

La controversia tomó fuerza el 27 de agosto, cuando el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, habló públicamente de un hipotético escenario de disolución del Congreso y sostuvo que quien se atreviera a hacerlo podría incrementar significativamente su aprobación. Sus declaraciones provocaron críticas desde distintas bancadas y posteriormente el propio Gutiérrez ofreció disculpas, calificando sus afirmaciones como un análisis hipotético de un escenario que no consideraba deseable para la democracia.

La presidenta Fujimori rechazó entonces categóricamente la posibilidad de cerrar el Parlamento y calificó las declaraciones del defensor como un «pésimo desliz». También afirmó que su Gobierno es institucional y que el país vive en democracia.

La cuestión de confianza entra en escena

El segundo elemento que alimenta el debate es la solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo. La discusión se ha complicado debido a que distintas comisiones parlamentarias han cuestionado o rechazado partes del pedido gubernamental.

El 11 de septiembre, Fujimori declaró que, «por ahora», no veía al primer ministro Luis Galarreta presentando una cuestión de confianza para impulsar la aprobación de las facultades. La mandataria insistió en que esperaba un debate técnico y objetivo en la Cámara de Diputados y descartó nuevamente que el Ejecutivo estuviera evaluando una disolución del Congreso.

Pero el debate no desapareció. El 17 de septiembre, el senador de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Constitución, Carlos Mesía, afirmó que, si el escenario se transformaba en un «pleito» entre bancadas, el primer ministro podría plantear una cuestión de confianza sobre el paquete legislativo. Al mismo tiempo, Mesía sostuvo que no buscaba un enfrentamiento y defendió que el Parlamento aprobara las medidas que considerara convenientes para el país.

¿Una ruta calculada o una crisis todavía abierta?

Aquí aparece la pregunta central que el debate político debe responder con documentos y hechos, no con especulaciones: ¿las referencias al cierre del Congreso y a la cuestión de confianza constituyen simplemente advertencias y escenarios hipotéticos o forman parte de una estrategia política previamente diseñada?

Hasta el momento, las fuentes públicas consultadas no permiten afirmar que exista un plan secreto para disolver el Parlamento. Lo que sí está documentado es una presión política del Ejecutivo para obtener facultades legislativas y la existencia de un debate dentro del oficialismo sobre la posibilidad de utilizar una cuestión de confianza si la confrontación con el Congreso aumentara.

Fuerzas Armadas y cooperación con Estados Unidos

Otro elemento que merece seguimiento es la política de seguridad del Gobierno. El Ejecutivo ha impulsado medidas de mayor participación de las fuerzas de seguridad frente al crimen organizado y ha declarado estados de emergencia en establecimientos penitenciarios, con participación de la Policía y apoyo de las Fuerzas Armadas.

A ello se suma la incorporación anunciada por Fujimori del Perú al denominado «Escudo de las Américas», iniciativa de cooperación contra la criminalidad transnacional promovida por Estados Unidos. El anuncio fue realizado el 10 de septiembre junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien visitó Lima durante una gira regional.

La existencia de cooperación militar, policial o de inteligencia con Washington tampoco demuestra por sí misma un respaldo estadounidense a una eventual ruptura institucional. No hay, en las fuentes revisadas, evidencia que permita sostener que el presidente Donald Trump haya autorizado o respaldado un eventual cierre del Congreso peruano.

La historia obliga a exigir garantías

El antecedente de 1992 hace que cualquier concentración extraordinaria de poder deba ser examinada con especial rigor. Pero también obliga a separar la memoria histórica de las acusaciones que todavía no cuentan con pruebas.

Keiko Fujimori sostiene públicamente que no contempla cerrar el Congreso y que su Gobierno respetará la institucionalidad democrática. Al mismo tiempo, miembros de su entorno político han hablado de mecanismos constitucionales como la cuestión de confianza para enfrentar un eventual conflicto parlamentario.

La pregunta que queda abierta para el país no es si debe darse por consumado un supuesto plan de autogolpe —porque no existe evidencia pública suficiente para afirmarlo—, sino qué controles institucionales funcionarían si el Ejecutivo y el Parlamento entraran en una confrontación de mayor intensidad.

En una democracia, las Fuerzas Armadas, el Congreso, el Poder Ejecutivo, los organismos constitucionales y la ciudadanía tienen límites y responsabilidades definidos por la Constitución. Por ello, cualquier intento de utilizar una crisis política para concentrar poder tendría que ser evaluado sobre la base de actos concretos, normas, decisiones oficiales y evidencia verificable.

Por ahora, el expediente permanece abierto. El cierre del Congreso ha sido negado por la presidenta; la cuestión de confianza ha sido mencionada como posibilidad política; y el pedido de facultades continúa generando tensión entre Ejecutivo y Legislativo. Convertir esas señales en la afirmación de que «todo estaba calculado» requeriría pruebas que, hasta este momento, no aparecen en la información pública revisada.