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Actualidad
Keiko Fujimori ante la ONU: califica al crimen organizado de “terrorismo”, plantea apoyo militar frente a amenazas internas y ratifica alianza regional con Trump

La presidenta llevó a la Asamblea General de Naciones Unidas su nueva doctrina contra el crimen organizado: denominar terroristas a las redes criminales, ampliar el papel de las Fuerzas Armadas y profundizar la cooperación de seguridad con Estados Unidos.
Nueva York, 22 de setiembre de 2026.- La presidenta Keiko Fujimori convirtió su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en una exposición de su nueva estrategia de seguridad para el Perú. Este 22 de septiembre, ante la 81.ª Asamblea General, sostuvo que las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la extorsión, la trata de personas, la minería ilegal y otras actividades ilícitas deben ser consideradas “grupos terroristas”.
No se trató únicamente de una descripción de la criminalidad existente. Fujimori planteó ante la comunidad internacional una nueva forma de interpretar la amenaza: sostuvo que el Perú enfrenta “otro tipo de guerra”, protagonizada por organizaciones que no tienen frentes de combate ni fronteras claramente delimitadas y que operan dentro de las propias poblaciones.
Del crimen organizado al “terrorismo”
La utilización del concepto de terrorismo para referirse a organizaciones criminales transnacionales constituye uno de los puntos de mayor alcance político de su discurso. Fujimori sostuvo que estas estructuras deben ser enfrentadas como enemigos del Estado democrático.
El planteamiento coloca en el centro una cuestión que trasciende el lenguaje político: qué consecuencias jurídicas tendría que determinadas organizaciones criminales sean formalmente consideradas terroristas y bajo qué legislación serían combatidas. La presidenta pidió precisamente un marco normativo que permita desarrollar esta estrategia.
Narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata, extorsión y asesinato fueron incluidos por Fujimori dentro de una amenaza común. Sin embargo, que una organización cometa delitos graves no determina por sí solo, jurídicamente, que pueda ser considerada una organización terrorista. Esa eventual calificación requeriría definiciones legales y criterios de aplicación concretos.
El siguiente paso: militares contra la amenaza interna
La segunda pieza de la propuesta es el papel de las Fuerzas Armadas. Fujimori pidió un marco normativo que permita que los militares apoyen a la Policía Nacional en la lucha contra estas organizaciones.
El planteamiento abre una discusión particularmente sensible en un país con la experiencia del conflicto armado interno: dónde termina la función policial y dónde comienza la intervención militar; qué reglas de uso de la fuerza se aplicarían; quién asumiría el control operativo y bajo qué circunstancias una organización criminal podría ser tratada como una amenaza de carácter militar.
La presidenta no planteó simplemente reforzar a la Policía. Su discurso vinculó la respuesta militar con la caracterización de determinadas organizaciones como “grupos terroristas”. Por ello, el debate que ahora corresponde al Ejecutivo y al Congreso no será únicamente presupuestal o operativo, sino también jurídico y constitucional.
La memoria de los años 90 vuelve al discurso de seguridad
Fujimori conectó esta nueva estrategia con la lucha contra Sendero Luminoso. Ante la ONU defendió a militares y policías que combatieron el terrorismo durante los años 90 y cuestionó que, 34 años después, algunos continúen enfrentando procesos judiciales.
La presidenta afirmó que en esos casos se habrían producido vulneraciones del debido proceso. Sin embargo, esa afirmación política no sustituye las decisiones de los tribunales ni permite asumir que todos los procesos contra integrantes de las fuerzas del orden presentan las mismas circunstancias.
La referencia tampoco fue casual dentro del discurso. Fujimori estableció una línea política entre aquella experiencia y la amenaza criminal que identifica actualmente: el Estado derrotó al terrorismo y ahora, según su planteamiento, debe utilizar nuevas herramientas para enfrentar a organizaciones que considera una amenaza equivalente en términos de seguridad nacional.
El “Escudo de las Américas” y el giro hacia Washington
El otro gran componente del discurso estuvo fuera del ámbito estrictamente interno. Fujimori ratificó la adhesión del Perú al “Escudo de las Américas”, iniciativa regional de coordinación contra el crimen transnacional impulsada por Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
La presidenta presentó la incorporación como una muestra del “decidido compromiso” peruano de trabajar con socios regionales frente a una amenaza de “altísima prioridad”. De esta manera, la estrategia contra el crimen organizado quedó vinculada a una política exterior de mayor cooperación en seguridad con Washington.
El mensaje de Nueva York refuerza así una coincidencia entre la política interna y la política exterior de su Gobierno: más herramientas militares y policiales dentro del país y mayor coordinación de seguridad con Estados Unidos fuera de sus fronteras.
La otra agenda: educación, economía y “agendas impuestas”
Fujimori no limitó su discurso a la seguridad. Presentó también los resultados que su Gobierno atribuye a la economía peruana y defendió una reforma educativa que incluye infraestructura, herramientas digitales, fortalecimiento docente y formación de directores.
La presidenta vinculó la educación con la prevención del crimen y sostuvo que las deficiencias del sistema educativo pueden convertirse en factores que alimenten la criminalidad. Su argumento coloca a la escuela como uno de los espacios desde los cuales el Estado pretende disputar terreno a las redes delictivas.
En el tramo político y cultural de su intervención, Fujimori cuestionó las que denominó “agendas impuestas”, a las que atribuyó división social, debilitamiento institucional y afectación de la familia. Frente a ello, reivindicó la libertad individual, las tradiciones, la familia, la igualdad ante la ley, la dignidad humana y el debido proceso.
Una doctrina de seguridad que ahora deberá pasar por el Congreso
El discurso ante la ONU deja planteada una hoja de ruta que todavía debe traducirse en decisiones concretas dentro del Perú. La denominación de organizaciones criminales como terroristas, la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía y las reglas bajo las cuales podrían actuar requieren definiciones normativas y operativas.
Por eso, el punto central después del discurso no será solamente qué dijo Fujimori en Nueva York, sino qué medidas presentará su Gobierno en Lima para convertir esas declaraciones en política pública. El alcance de la intervención militar, la definición de las organizaciones que serían consideradas terroristas y las garantías aplicables durante las operaciones serán parte del debate.
Desde Nueva York, la presidenta presentó su respuesta al crimen organizado como una política de seguridad nacional y la conectó con una alianza regional impulsada por Washington. Ahora, esa propuesta deberá enfrentar su prueba decisiva en el ámbito interno: convertir una nueva definición política del enemigo en normas, operaciones y controles compatibles con el Estado de derecho.
Agricultura
Chincho: el aroma de los Andes que guarda la memoria gastronómica del Perú

Originario del Perú, el chincho o suyku es mucho más que una hierba aromática. Su presencia en las cocinas tradicionales, especialmente en la pachamanca y otros potajes andinos, representa un legado de conocimientos agrícolas, culinarios y culturales que merece reconocimiento, investigación y protección.
Lima, 8 de noviembre de 2026.- En las chacras, huertas y paisajes de la sierra peruana crece una planta cuyo aroma forma parte de la memoria gastronómica de numerosas familias: el chincho, conocido también como suyku, chinchu o chikchimpa. Su nombre científico es Tagetes elliptica Sm., una especie de la familia Asteraceae reconocida por su origen peruano y su utilización tradicional en la alimentación.
Aunque para muchos consumidores puede pasar inadvertida entre los ingredientes de un mercado, esta hierba aromática representa una expresión de la biodiversidad andina y de los conocimientos transmitidos entre generaciones. Su presencia en regiones como Huánuco, Áncash, Cajamarca, Junín y La Libertad evidencia su importancia en distintas tradiciones culinarias del territorio nacional. Kew Science+2
El chincho no es simplemente un condimento que se agrega a las comidas para intensificar su sabor. Su utilización está vinculada a las prácticas agrícolas familiares, al conocimiento de las plantas del entorno y a las formas tradicionales de preparar los alimentos. Es parte de una cultura que ha sabido aprovechar los recursos de su territorio mucho antes de que la gastronomía peruana alcanzara reconocimiento internacional.
El secreto está en sus hojas y su aroma
El chincho es una planta herbácea aromática de crecimiento rápido. Sus hojas presentan una estructura característica, con divisiones y bordes aserrados, mientras que sus tallos pueden desarrollar nuevas ramificaciones. Estas características permiten reconocerla y diferenciarla de otras hierbas utilizadas en la cocina peruana.
Su principal atributo es el aroma intenso y particular que desprenden sus hojas. Esta cualidad está relacionada con los aceites esenciales presentes en la planta, responsables de buena parte de sus características organolépticas y de su valor como ingrediente culinario.
La especie pertenece al género Tagetes, al que también pertenece el conocido huacatay. Sin embargo, aunque comparten características botánicas y usos gastronómicos, el chincho tiene identidad propia y ocupa un lugar particular en las cocinas de distintas localidades andinas.
De las chacras a las cocinas: el sabor de la pachamanca
Uno de los espacios donde el chincho adquiere mayor protagonismo es la gastronomía tradicional. Su utilización en la pachamanca constituye una de las expresiones más representativas de su importancia culinaria. En esta preparación ancestral, los ingredientes se cocinan mediante el calor de piedras previamente calentadas y cubiertas con tierra, en un procedimiento que conserva prácticas transmitidas por generaciones.
El chincho aporta su aroma a las preparaciones y acompaña otros ingredientes propios de la alimentación andina. También se utiliza en aderezos, guisos y diferentes potajes regionales, donde sus hojas y tallos comestibles contribuyen a construir sabores característicos.
Su presencia en estos platos demuestra que la gastronomía peruana no depende únicamente de ingredientes ampliamente comercializados. También se sostiene en plantas regionales, productos de las pequeñas chacras y conocimientos culinarios que las familias campesinas han conservado a través del tiempo.

Huánuco y la investigación sobre el valor del chincho
En Huánuco, el chincho tiene especial relevancia gastronómica y también ha despertado el interés de la investigación universitaria. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán ha desarrollado estudios orientados a conocer sus componentes y posibilidades de aprovechamiento.
Una investigación publicada en 2009 en la revista Investigación Valdizana, titulada «Componentes antioxidantes del chincho (Tagetes elliptica Sm): vitamina C y flavonoides», examinó componentes presentes en sus hojas. El estudio identificó vitamina C y flavonoides, pero también advirtió que los resultados obtenidos no permitían considerar al chincho como una hortaliza de elevada capacidad nutricional o antioxidante. Esta precisión es importante para diferenciar los resultados científicos de las afirmaciones medicinales que circulan popularmente.
La investigación sobre esta especie también ha avanzado en el campo de la producción agrícola. En 2025, la Universidad Nacional Hermilio Valdizán incorporó a su repositorio una investigación sobre el tamaño de esquejes y los tipos de sustratos para la propagación vegetativa del chincho en condiciones de vivero en Pillco Marca, Huánuco. El trabajo aborda un aspecto fundamental: cómo mejorar su reproducción y establecer conocimientos técnicos que permitan fortalecer su cultivo.
Entre la tradición medicinal y la evidencia científica
Además de su utilización gastronómica, el chincho forma parte de los conocimientos populares sobre plantas aromáticas y medicinales. En diferentes tradiciones se le atribuyen propiedades digestivas, antiinflamatorias y otros posibles beneficios para la salud.
Sin embargo, estas aplicaciones tradicionales deben diferenciarse de los efectos clínicos demostrados. Una investigación científica publicada en 2023 examinó la composición química del aceite esencial obtenido de hojas de chincho cultivadas en los Andes peruanos, así como su actividad antioxidante y antibacteriana en condiciones experimentales. Estos resultados contribuyen al conocimiento de la especie, pero no demuestran por sí mismos que consumir la planta o utilizar preparados caseros permita tratar enfermedades en personas.
La importancia de continuar investigando es evidente. El estudio de sus aceites esenciales, composición química, características agronómicas y posibles aplicaciones industriales podría abrir nuevas oportunidades para aprovechar responsablemente este recurso vegetal peruano.
Un recurso agrícola que puede generar oportunidades
El chincho también representa una oportunidad para la agricultura familiar y las economías rurales. Su cultivo, propagación y comercialización podrían contribuir a diversificar la producción de pequeños agricultores, especialmente en territorios donde las plantas aromáticas forman parte de la actividad agrícola cotidiana.
La investigación desarrollada en Huánuco sobre su propagación vegetativa constituye un antecedente importante para avanzar hacia un manejo productivo mejor documentado. Asimismo, su incorporación a cadenas de abastecimiento gastronómico puede favorecer el reconocimiento comercial de los productores que conservan y cultivan esta especie.
No obstante, convertirlo en un producto con mayor presencia comercial requiere investigación agronómica, asistencia técnica, criterios de calidad, conservación del material vegetal y mejores condiciones de comercialización. El desafío consiste en generar oportunidades económicas sin desplazar los conocimientos tradicionales ni concentrar los beneficios fuera de los territorios productores.
Proteger el chincho es preservar nuestros conocimientos ancestrales
La historia del chincho también plantea una reflexión sobre el reconocimiento de la biodiversidad peruana. Muchas plantas utilizadas en la alimentación cotidiana permanecen fuera de las investigaciones, los programas de promoción agrícola y las estrategias de desarrollo territorial, pese a su importancia para las comunidades.
Detrás de cada manojo de chincho existen conocimientos sobre las temporadas de cultivo, la selección de las hojas, su conservación y su utilización en la preparación de alimentos. Son prácticas que forman parte de una herencia cultural que no siempre queda registrada en documentos científicos, pero que se mantiene viva en las familias agricultoras y cocineras.
Por eso, su reconocimiento no debería limitarse a su utilización como ingrediente gastronómico. También corresponde promover investigaciones, documentar los conocimientos de las comunidades, fortalecer la producción local y generar mecanismos que permitan valorar económicamente los recursos de la biodiversidad andina.
El aroma de una herencia que no debe desaparecer
El chincho, conocido como suyku en distintas tradiciones regionales, representa una pequeña muestra de la riqueza natural y cultural del Perú. Su presencia en la pachamanca y en otros platos tradicionales demuestra que la identidad gastronómica nacional también se construye desde las chacras, los mercados populares y las cocinas familiares de los pueblos andinos.
Mientras la gastronomía peruana gana reconocimiento dentro y fuera del país, resulta fundamental mirar hacia los territorios donde se producen y conservan los ingredientes que le dan identidad. No basta con incorporar estas plantas a los restaurantes y circuitos comerciales: es necesario reconocer a los agricultores, proteger los conocimientos tradicionales y fortalecer la investigación científica.
El chincho tiene un lugar en esa historia. Su aroma conecta la tierra con la cocina, la producción agrícola con la cultura y las generaciones actuales con los conocimientos heredados de sus antepasados. Preservarlo significa también defender una parte de la memoria viva de los Andes peruanos.
Internacional
León XIV llega a Argentina golpeada por la pobreza y la desigualdad bajo el gobierno de Milei

La visita del pontífice ocurre en medio de las consecuencias sociales del ajuste económico, el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores populares y las diferencias entre el discurso social del Vaticano y las políticas del Ejecutivo argentino.
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2026.- El papa León XIV llegó este domingo a Argentina, donde fue recibido por el presidente Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Se trata de la primera visita de un pontífice al país desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su viaje apostólico. La llegada del líder de la Iglesia católica ocurre en un escenario marcado por la pobreza, la desigualdad y las controversias generadas por el programa de ajuste económico impulsado por el Gobierno argentino.
El contexto social será uno de los principales telones de fondo de la visita. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondientes al primer semestre de 2026, la pobreza alcanzó al 32,3 % de la población de los 31 aglomerados urbanos relevados, mientras que la indigencia llegó al 7,5 %. El indicador de pobreza registró un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, lo que evidencia un nuevo deterioro en las condiciones de vida de millones de personas.
Aunque el índice de pobreza se encuentra por debajo del registrado al inicio de la gestión de Milei, su reciente repunte vuelve a poner en discusión los efectos sociales del modelo económico. La reducción del gasto público, los recortes presupuestarios, los despidos en el sector estatal y las dificultades que enfrentan distintos sectores productivos y laborales forman parte de un escenario de tensión entre los objetivos fiscales del Ejecutivo y las demandas de protección social.
Una visita atravesada por las diferencias políticas
La presencia de León XIV también adquiere relevancia por las diferencias entre la orientación social de la Iglesia católica y las políticas económicas del Gobierno argentino. Mientras el Ejecutivo defiende el ajuste como una condición para estabilizar la economía y reducir la inflación, distintos sectores eclesiásticos han expresado preocupación por el impacto de esas medidas sobre las personas pobres, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.
En ese contexto, el pontífice llega a un país donde la cuestión social ocupa un lugar central en el debate público. Su antecesor, el papa Francisco, mantuvo una posición crítica frente a las desigualdades económicas y defendió reiteradamente la necesidad de colocar a las personas más vulnerables en el centro de las decisiones políticas. Ese legado constituye una referencia inevitable para una visita que se desarrolla bajo un gobierno que reivindica una profunda reducción de la intervención estatal.
La agenda oficial contempla encuentros institucionales y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su primera jornada, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Milei en la Casa Rosada y participar en un encuentro con autoridades, representantes del cuerpo diplomático y miembros de la sociedad civil en el Palacio Libertad.
La deuda social, en el centro de la expectativa
Durante los días siguientes, el Papa desarrollará actividades con comunidades religiosas y distintos sectores de la sociedad. Entre ellas figuran una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, institución dedicada a la atención de personas con discapacidad; una celebración multitudinaria en Buenos Aires; actividades en Córdoba y una misa en la ciudad de Luján.
Estos compromisos tienen una dimensión que trasciende el protocolo religioso. La visita a una institución dedicada al cuidado de personas con discapacidad adquiere especial significado en medio de los cuestionamientos a los recortes y las dificultades que atraviesa ese sector. Del mismo modo, los encuentros con representantes sociales y comunitarios se producen en un contexto de reclamos por empleo, ingresos y acceso a derechos básicos.
La llegada de León XIV representa, así, un acontecimiento religioso e institucional de gran relevancia para Argentina, pero también ocurre en un momento de fuertes tensiones económicas y sociales. Sus mensajes sobre la pobreza, la dignidad humana y la protección de los sectores vulnerables serán observados con atención, tanto por una sociedad que reclama respuestas como por un Gobierno que busca sostener su programa económico.
Más allá de los gestos diplomáticos entre el Vaticano y la Casa Rosada, la visita vuelve a colocar una pregunta en el centro del debate argentino: cómo compatibilizar la estabilidad económica con la protección de quienes soportan las consecuencias más duras de la crisis.
Economía
Colegio de Economistas contra pensión docente de S/3.500: solicita revisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581. El Congreso deberá defender la norma en un plazo de 30 días útiles. La controversia enfrenta los argumentos de sostenibilidad fiscal con el derecho de los maestros jubilados a una pensión digna.
Lima, 5 de noviembre de 2026.- La mejora de las pensiones de los maestros jubilados y cesantes del Perú enfrenta un nuevo cuestionamiento judicial. El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Economistas de Lima contra la Ley 32581, que establece una pensión equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial. El Congreso de la República tendrá 30 días útiles, contados desde la notificación de la resolución, para presentar sus argumentos y defender la norma.
La decisión está contenida en el expediente 00021-2026-PI/TC, mediante un auto de admisibilidad del 20 de octubre. La admisión no significa que el TC haya declarado inconstitucional la ley ni que el beneficio haya quedado suspendido. Se trata del inicio del proceso en el que se evaluarán los argumentos del demandante y la respuesta del Parlamento.
¿Por qué el Colegio de Economistas cuestiona la pensión docente?
El Colegio de Economistas de Lima sostiene que la Ley 32581 vulnera principios constitucionales relacionados con la sostenibilidad financiera de los regímenes pensionarios, la igualdad ante la ley, el equilibrio presupuestario y la separación de poderes. También cuestiona que el Congreso haya aprobado una obligación económica para el Estado sin contar con iniciativa de gasto, atribución que la Constitución reserva al Poder Ejecutivo en los términos establecidos por su artículo 79.
Otro de sus argumentos es que la norma establece una vinculación directa y permanente entre las pensiones de los docentes cesantes y un componente remunerativo de los maestros en actividad. Según el gremio, esta fórmula podría generar incrementos pensionarios automáticos y proporcionales, reproduciendo un mecanismo de nivelación pensionaria que considera incompatible con la Constitución.
Para sustentar su posición, el Colegio cita estimaciones de impacto fiscal elaboradas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y afirma que la ley crea compromisos financieros de gran magnitud sin identificar una fuente específica de financiamiento. También cuestiona que los maestros jubilados reciban un tratamiento diferenciado respecto de pensionistas de otras profesiones. Estos son argumentos de la parte demandante y no conclusiones del Tribunal Constitucional. TC+1
¿Qué interés tiene el Colegio de Economistas en esta controversia?
La intervención del Colegio de Economistas tiene un fundamento institucional: el artículo 203, inciso 8, de la Constitución reconoce a los colegios profesionales legitimidad para presentar demandas de inconstitucionalidad en materias relacionadas con su especialidad. En este caso, el gremio ha decidido intervenir en una discusión sobre obligaciones previsionales, presupuesto público y sostenibilidad financiera.
Sin embargo, la controversia también merece una lectura desde la economía política. La defensa del equilibrio fiscal es una obligación del Estado, pero no debería convertirse en un argumento absoluto para limitar mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores jubilados. La discusión debe incorporar tanto el costo presupuestario de la medida como la situación económica de los docentes que dedicaron décadas de trabajo al sistema educativo público.
La pregunta de interés ciudadano es por qué el debate sobre la disponibilidad de recursos públicos suele concentrarse en las obligaciones sociales y previsionales, y qué criterios se utilizan para establecer prioridades en la distribución del presupuesto nacional. Esto no supone atribuir al Colegio intereses particulares o motivaciones ocultas, sino exigir que sus argumentos económicos sean contrastados con información transparente sobre el gasto público, las necesidades de los pensionistas y las alternativas de financiamiento.
¿La demanda pone en riesgo el beneficio de los maestros?
La Ley 32581 fue publicada el 15 de abril de 2026, después de que el Congreso aprobara su promulgación por insistencia frente a las observaciones del Poder Ejecutivo. Su finalidad es garantizar que los maestros jubilados y cesantes comprendidos en los regímenes establecidos por la norma reciban una pensión equivalente a la primera escala magisterial. Esta referencia asciende a S/ 3.500,70 para una jornada de 30 horas y S/ 4.667,60 para una de 40 horas.
No obstante, existe otro problema pendiente: la reglamentación de la ley. La norma otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de 90 días calendario para aprobarla. Al 5 de noviembre de 2026, todavía se reportaba que no había sido publicada. Esta situación mantiene pendiente la definición de los mecanismos administrativos y financieros para ejecutar el beneficio.
El costo fiscal frente al derecho a una jubilación digna
La discusión económica también tiene antecedentes. El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, advirtió que la medida podría representar un costo aproximado de S/ 5.600 millones anuales para el Estado, según información difundida por Gestión. Esta estimación constituye una advertencia sobre el impacto presupuestario y debe contrastarse con los cálculos oficiales de las entidades responsables.
El debate, por tanto, no debería reducirse a una confrontación entre economistas y maestros, ni a aceptar que toda obligación social constituye automáticamente una amenaza para las finanzas públicas. Corresponde al Estado transparentar los costos, evaluar las fuentes de financiamiento y explicar cómo compatibilizar la sostenibilidad fiscal con la protección social de quienes dedicaron su vida a la educación.
La controversia continuará en el Tribunal Constitucional, donde el Congreso deberá responder los argumentos del Colegio de Economistas. Mientras no exista una sentencia sobre el fondo, la Ley 32581 continúa vigente. Lo que está en discusión es si el mecanismo aprobado por el Parlamento se ajusta a la Constitución y cómo se hará efectivo el derecho previsional que reconoce la norma.
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