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Política

Rafael López Aliaga no asumirá la Alcaldía de Lima y Jeanette Alonzo ocupará el cargo para 2027-2030

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Pleno del Jurado Nacional de Elecciones rechazó por unanimidad la reconsideración presentada por Renovación Popular y ratificó que el exalcalde no podrá asumir el cargo mediante sucesión como primer regidor.

Lima, 19 de noviembre de 2026.- El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó por unanimidad el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular para que Rafael López Aliaga pueda asumir la Alcaldía de Lima durante el periodo municipal 2027-2030. Con esta decisión, el máximo organismo electoral ratificó el impedimento para que el exburgomaestre vuelva a ocupar el cargo mediante su elección como primer regidor.

La resolución declara improcedente el recurso presentado por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal titular de la alianza electoral Renovación Popular Perú, y dispone el archivo definitivo del expediente. El pedido buscaba que el JNE revisara el criterio establecido en la Resolución N.° 4557-2026-JNE, emitida el 2 de noviembre de 2026.

El conflicto se originó porque López Aliaga, quien ejerció la Alcaldía de Lima durante el periodo 2023-2026, fue elegido como primer regidor para el siguiente periodo municipal. Renovación Popular pretendía que pudiera asumir nuevamente la alcaldía en caso de producirse una vacancia o renuncia de quien encabece la gestión municipal.

Sin embargo, el JNE estableció que permitir que una autoridad que ya ejerció la alcaldía vuelva a ocuparla mediante la sucesión como primer regidor constituiría una forma de reelección encubierta. Por ello, determinó que, en estos casos, corresponde proclamar al segundo regidor electo que cumpla los requisitos legales.

Con este criterio, Jeanette Alonzo, identificada como segunda regidora hábil de la lista, será quien asuma la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el periodo 2027-2030, conforme al procedimiento de proclamación y entrega de credenciales correspondiente.

Entre los argumentos para rechazar la reconsideración, el organismo electoral recordó que el artículo 181 de la Constitución Política establece que sus resoluciones en materia electoral son emitidas en última y definitiva instancia. En consecuencia, no corresponde que el propio pleno vuelva a revisar sus decisiones mediante recursos de reconsideración u otros pedidos de naturaleza similar.

La controversia, sin embargo, podría continuar en el ámbito judicial. Tras conocerse la decisión, el abogado Wilber Medina cuestionó los argumentos del organismo electoral y anunció que recurrirían al Poder Judicial mediante una acción de amparo. De concretarse esta vía, el caso podría abrir un nuevo capítulo de controversia jurídica sobre la sucesión en la Alcaldía de Lima.

Crónica

Keiko Fujimori ante China: ¿dónde quedó su discurso anticomunista?

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La presidenta peruana expresó ante Xi Jinping su admiración por el desarrollo económico y social alcanzado por el pueblo chino bajo el liderazgo del Partido Comunista. Sus palabras contrastan con la campaña electoral de 2021, cuando convirtió el anticomunismo en una de las principales banderas de su discurso político.

Lima, 20 de noviembre de 2026.- En la diplomacia, las palabras suelen medirse con cuidado. Pero algunas declaraciones tienen la capacidad de reabrir debates políticos que parecían archivados. El 17 de noviembre, durante su encuentro con el presidente chino Xi Jinping, en Shenzhen, Keiko Fujimori expresó que el Perú admira los grandes logros del desarrollo económico y social alcanzados por el pueblo chino bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. No se trató de una referencia casual: la declaración quedó registrada en la comunicación oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Del fantasma del comunismo a los elogios al Partido Comunista chino

La declaración adquiere otra dimensión cuando se recuerda la campaña electoral de 2021. En aquel entonces, Fujimori convirtió el anticomunismo en uno de los principales argumentos de su confrontación política contra Pedro Castillo. En una entrevista con El Comercio sostuvo que «el comunismo sería lo peor que le puede pasar a nuestro país» y presentó la elección como una disputa entre dos modelos económicos y políticos opuestos.

La candidata de Fuerza Popular no se limitó a cuestionar las propuestas de su adversario. Vinculó reiteradamente el socialismo y el comunismo con la crisis venezolana, el hambre, la confrontación social y la pérdida de libertades. Su discurso buscaba instalar el temor a que el Perú siguiera un camino semejante al de Venezuela o Cuba. El anticomunismo fue, así, una de las banderas centrales de su estrategia electoral.

Sin embargo, cinco años después, frente al mandatario de una potencia gobernada por el Partido Comunista, la presidenta peruana no tuvo reparos en reconocer los resultados económicos y sociales de ese modelo. ¿Qué cambió? ¿Cambió su concepción ideológica o simplemente cambió el escenario y los intereses políticos y económicos que debe atender desde el Gobierno? La pregunta resulta inevitable. La diferencia entre el discurso electoral y el diplomático merece una explicación pública.

Washington y Pekín: dos potencias, un mismo interés nacional

La otra escena que merece atención ocurrió el 10 de septiembre de 2026, cuando Fujimori anunció, junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, la incorporación del Perú al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa regional liderada por Estados Unidos para enfrentar la criminalidad transnacional. La mandataria destacó entonces la importancia de estrechar la cooperación con Washington.

Posteriormente, el canciller Carlos Espá explicó ante el Congreso que el Escudo de las Américas constituye un marco político y estratégico de cooperación, no un tratado internacional ni una organización que implique obligaciones jurídicas de adhesión. También aseguró que no supone cesión de soberanía, intervención de fuerzas extranjeras ni autorización automática para operaciones militares en territorio peruano. Por tanto, no corresponde afirmar que la incorporación haya transferido jurídicamente la soberanía nacional. Sin embargo, sí es legítimo debatir sus implicancias políticas y estratégicas, así como las condiciones bajo las cuales se desarrollará esa cooperación.

El contraste entre Washington y Pekín coloca sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿cuál es la política exterior que defiende el Gobierno peruano? ¿Una política independiente, basada en los intereses nacionales, o una estrategia de alineamientos según las conveniencias de las grandes potencias? China es el principal socio comercial del Perú y tiene una presencia económica estratégica, entre otros espacios, mediante el megapuerto de Chancay. Estados Unidos, por su parte, mantiene una importante influencia política, económica y militar en América Latina.

Chancay, inversiones y soberanía: lo que está en juego

En su encuentro con Xi Jinping, Fujimori también ofreció promover nuevas inversiones chinas, fortalecer la cooperación en infraestructura, comercio y educación, y profundizar los intercambios entre ambos países. Reconoció, además, la importancia del puerto de Chancay para el desarrollo económico peruano.

El problema de fondo no consiste en que el Perú mantenga relaciones con China o Estados Unidos. Ninguna potencia debe tener exclusividad sobre las relaciones internacionales peruanas. El desafío consiste en negociar en condiciones de igualdad, proteger los recursos estratégicos, garantizar la transparencia de los acuerdos y evitar que las decisiones del Estado terminen subordinadas a intereses geopolíticos externos. La soberanía no se defiende solamente con discursos: se ejerce mediante decisiones políticas, económicas e institucionales que beneficien a la población.

Al final, las palabras de Keiko Fujimori en China dejan una interrogante que trasciende su figura política: si el desarrollo económico y social bajo el liderazgo del Partido Comunista chino merece hoy la admiración del Gobierno peruano, ¿por qué durante la campaña electoral se utilizó el comunismo como una amenaza para infundir temor en la población? ¿Fue entonces una convicción ideológica o una herramienta electoral? Entre Washington y Pekín, el Perú necesita algo más que declaraciones de admiración y gestos diplomáticos: necesita una política exterior soberana, transparente y orientada a defender los intereses de sus pueblos.

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Nacional

Congreso bicameral de Perú: 100 días y apenas dos leyes aprobadas

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Casi 800 iniciativas legislativas ingresaron al nuevo Parlamento, pero la producción normativa sigue siendo reducida. La Cámara de Diputados enfrenta cuestionamientos por su escasa capacidad para convertir sus propuestas en leyes, mientras el Senado concentra la revisión definitiva y marca el ritmo de la agenda parlamentaria.

Lima, 16 de noviembre de 2026.- Los primeros 100 días del Congreso bicameral peruano dejan un balance que abre interrogantes sobre la utilidad, eficiencia y funcionamiento del nuevo sistema parlamentario: 779 iniciativas legislativas presentadas hasta el 5 de noviembre y apenas dos leyes aprobadas y promulgadas, según los balances periodísticos publicados sobre el desempeño de ambas cámaras.

El retorno a la bicameralidad, que debía establecer un sistema de mayor deliberación y revisión legislativa, ha incorporado nuevos procedimientos que están ralentizando el trámite de las propuestas. Mientras los diputados presentan proyectos y debaten iniciativas, el Senado tiene la atribución de revisarlas, modificarlas, aprobarlas o rechazarlas. Esta distribución de competencias ha generado cuestionamientos sobre el verdadero peso político y legislativo de la Cámara Baja.

Diputados: muchas iniciativas, pocos resultados

La cantidad de proyectos presentados contrasta con los resultados alcanzados. Según El Comercio, hasta el 5 de noviembre se habían registrado 779 iniciativas legislativas. Sin embargo, una parte importante permanecía en las comisiones, sin dictamen o pendiente de avanzar hacia el pleno.

Un balance posterior de La República informó que la Cámara de Diputados había dado aprobación a diez proyectos, de los cuales dos consiguieron completar el procedimiento legislativo. El propio titular de esa publicación consigna ocho proyectos, aunque su desarrollo señala diez, una diferencia que requiere precisión estadística.

La situación evidencia que presentar iniciativas no significa producir leyes ni generar cambios concretos en la legislación. La actividad parlamentaria debe medirse también por la capacidad de debatir, aprobar y convertir las propuestas en normas que respondan a los problemas del país.

¿Una Cámara de Diputados subordinada al Senado?

Uno de los principales cuestionamientos al nuevo diseño parlamentario es la distribución del poder entre las dos cámaras.

En la práctica, la Cámara de Diputados aparece como la instancia que recibe, procesa y aprueba buena parte de las iniciativas legislativas, mientras que el Senado tiene la última palabra en su revisión. Esta situación alimenta la percepción de que los diputados podrían terminar funcionando como una especie de mesa de partes legislativa de la Cámara Alta.

El problema no es únicamente administrativo. También es político: si el Senado puede modificar o rechazar las propuestas remitidas por los diputados, su capacidad de intervención adquiere un peso determinante en la orientación de la producción legislativa.

El Reglamento del Senado reconoce expresamente sus atribuciones para revisar, debatir, aprobar, modificar o rechazar las propuestas provenientes de Diputados. Por ello, la discusión sobre el equilibrio entre ambas cámaras no es secundaria: compromete la representación política y la distribución efectiva del poder parlamentario.

Dos leyes y una agenda marcada por el Ejecutivo

Durante este primer periodo, dos asuntos concentraron los resultados legislativos que llegaron a convertirse en leyes.

El primero fue la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, para legislar en materias de seguridad ciudadana y del Fenómeno El Niño. La Ley 32743 fue publicada el 22 de octubre y otorgó facultades por 90 días calendario.

El segundo fue el crédito suplementario aprobado mediante la Ley 32744, publicada el 2 de noviembre, que autorizó la incorporación de hasta S/ 8.228 millones para financiar acciones relacionadas con el Fenómeno El Niño, infraestructura, seguridad ciudadana, salud y educación.

La concentración del debate parlamentario en la delegación de facultades también generó tensiones entre las fuerzas políticas. La discusión consumió buena parte del tiempo de trabajo legislativo y puso en evidencia los desacuerdos sobre el procedimiento y las competencias de cada cámara.

El Senado concentra decisiones estratégicas

La nueva estructura parlamentaria también ha colocado al Senado en una posición relevante para las decisiones políticas e institucionales del país. Además de revisar las propuestas legislativas, tiene competencias relacionadas con la designación, ratificación y remoción de altos funcionarios, así como otras atribuciones constitucionales.

En ese contexto, el debate sobre la delegación de facultades mostró que la Cámara Alta no solamente interviene en la revisión de proyectos, sino que también puede convertirse en el principal espacio de negociación de asuntos prioritarios para el Gobierno.

La discusión sobre el nuevo modelo debe considerar, sin embargo, que la Cámara de Diputados conserva atribuciones importantes, especialmente en materia de fiscalización directa al Poder Ejecutivo, interpelaciones, censuras e investigaciones parlamentarias.

¿Qué justifica el costo de la bicameralidad?

A cien días de su funcionamiento, el Congreso enfrenta una pregunta que trasciende las cifras de producción legislativa: ¿está justificando ante la ciudadanía la existencia de dos cámaras parlamentarias?

El nuevo modelo fue presentado como una reforma destinada a mejorar la calidad de las leyes mediante una segunda revisión. Sin embargo, sus primeros resultados muestran demoras, dificultades de coordinación y disputas sobre las competencias institucionales. Incluso control y poder desmedido de la Cámara de Senadores como en el caso de las facultades legislativas delegadas cuando en el Cámara Baja se había determinado.

La bicameralidad no debería convertirse en un mecanismo que multiplique los procedimientos, prolongue indefinidamente los debates o diluya las responsabilidades políticas. Una segunda cámara tiene sentido cuando aporta calidad legislativa, controles efectivos y mejores decisiones para el país.

El desafío inmediato consiste en demostrar que este nuevo diseño parlamentario puede responder a las demandas ciudadanas, en lugar de convertirse en una estructura más costosa y burocrática. La población necesita resultados frente a la inseguridad, la crisis de los servicios públicos, el empleo y los problemas económicos, no solamente cientos de proyectos acumulados en los despachos parlamentarios.

La pregunta permanece abierta: si la Cámara de Diputados no consigue convertir sus iniciativas en leyes y el Senado concentra la capacidad de decisión, ¿cuál es el aporte efectivo de cada cámara al funcionamiento democrático del país?

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Política

JEE de Ica frena reelección encubierta en el distrito de San Juan Bautista

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El Jurado Electoral Especial declaró inejecutable la proclamación del actual alcalde Jorge Luis Quispe Saavedra, quien postuló como primer regidor, y proclamó en su lugar a Rita del Carmen Guerrero Cajo, candidata que ocupó el segundo puesto en la lista ganadora de Renovación Popular Perú.

Ica, 5 de noviembre de 2026.- Un pronunciamiento electoral marca un precedente en la discusión sobre la denominada reelección encubierta de autoridades municipales. El Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica resolvió no proclamar como alcalde de San Juan Bautista a Jorge Luis Quispe Saavedra, actual burgomaestre del distrito, quien postuló como primer regidor en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En su lugar, proclamó alcaldesa para el periodo 2027-2030 a Rita del Carmen Guerrero Cajo, quien ocupó el segundo lugar en la lista de Renovación Popular Perú.

La decisión está contenida en la Resolución N.° 01874-2026-JEE-ICA0/JNE, emitida el 3 de noviembre y aprobada por mayoría. El organismo electoral determinó que proclamar a Quispe Saavedra como alcalde habría significado su continuidad inmediata en el mismo cargo, situación que contraviene la prohibición constitucional de reelección inmediata establecida en el artículo 194 de la Constitución Política del Perú.

Una candidatura que terminó en la alcaldía

El caso tiene un antecedente particular. Quispe Saavedra fue elegido alcalde para el periodo 2023-2026 y, para los comicios de 2026, integró la lista de Renovación Popular Perú como primer regidor. La candidata que inicialmente encabezaba la fórmula municipal, Juana del Socorro Quispe Quijaite, renunció a su postulación el 27 de julio. Según la información recogida sobre el expediente, se trataba de la hija del actual alcalde.

El 4 de octubre, Renovación Popular Perú obtuvo la mayor votación en San Juan Bautista, con 1,510 votos, equivalentes al 30.754 % de los votos registrados en el distrito. Sin embargo, el resultado electoral no significaba que el actual alcalde pudiera asumir automáticamente un nuevo periodo. El JEE precisó que no estaba desconociendo la votación de la organización política ni anulando los sufragios, sino estableciendo la imposibilidad constitucional de proclamar a Quispe Saavedra como alcalde.

La resolución dispuso, además, que Quispe Saavedra sea proclamado como primer regidor, cargo para el cual se presentó en la contienda electoral. De esta manera, Rita del Carmen Guerrero Cajo, quien ocupaba el segundo lugar en la lista, asumirá la alcaldía durante el periodo municipal 2027-2030, una vez que la resolución quede consentida o ejecutoriada y se cumpla el procedimiento de entrega de credenciales.

Una decisión que abre el debate electoral

La resolución no fue unánime. Una integrante del JEE, Hilda Graciela Montes Navidad, emitió un voto en minoría al considerar que la prohibición constitucional de reelección inmediata se aplica cuando un alcalde vuelve a postular al mismo cargo, y no cuando participa como candidato a regidor. La discrepancia evidencia que existe una controversia jurídica sobre cómo debe aplicarse la prohibición constitucional ante este tipo de candidaturas.

El caso de San Juan Bautista adquiere relevancia nacional porque durante el proceso electoral se identificaron más de 60 situaciones de alcaldes elegidos en 2022 que postularon como primeros regidores en sus respectivas municipalidades. Además, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones acordó revisar de oficio las actas de proclamación de las autoridades electas, con el propósito de revisar aspectos numéricos y generales y procurar uniformidad de criterios. rpp.pe+2

Lo ocurrido en San Juan Bautista coloca en discusión los mecanismos utilizados para intentar mantener la continuidad de una autoridad municipal mediante una candidatura distinta a la alcaldía. La decisión del JEE de Ica constituye un pronunciamiento concreto contra esa posibilidad, aunque su alcance como precedente nacional dependerá de los criterios que establezca el Pleno del JNE en la revisión de los demás casos.

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