Lima, 07 de octubre de 2026.- Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) protagonizaron este miércoles 7 de octubre enfrentamientos con efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los exteriores del campus ubicado en San Miguel. La movilización comenzó alrededor del mediodía y tuvo como principal reclamo el rechazo a los 18 procesos disciplinarios abiertos contra estudiantes por su participación en protestas ocurridas durante el primer semestre del año.

La jornada se desarrolló en el frontis de la universidad, en inmediaciones de la avenida Universitaria. Los manifestantes realizaron una toma de pista mientras efectivos policiales permanecían desplegados en los accesos y alrededores del campus. De acuerdo con reportes periodísticos, la presencia policial se había registrado desde horas de la mañana y durante la protesta se produjeron momentos de tensión entre los agentes y los estudiantes.

Denuncian uso de arma de reglamento

Uno de los episodios que generó mayor controversia quedó registrado en videos difundidos en redes sociales por el Frente de Egresados PUCP. En las imágenes aparece un suboficial de tercera identificado por el colectivo como S. Pérez R., perteneciente a la comisaría de Maranga, quien desenfunda su arma de reglamento frente a los manifestantes. El Frente de Egresados sostuvo que el efectivo habría amenazado con disparar y exigió garantías para los estudiantes.

Otro registro difundido durante la jornada muestra al mismo efectivo increpando a un estudiante que lo grababa y exigiéndole que se identifique. Hasta el cierre de esta información, los reportes consultados no registraban un pronunciamiento público de la PNP o del Ministerio del Interior sobre la actuación específica del suboficial denunciado.

La intervención policial también fue cuestionada públicamente por la senadora Mirtha Vásquez, quien pidió al Ministerio del Interior y a la PNP investigar los hechos y garantizar la integridad de los participantes. Su pronunciamiento se produjo mientras continuaban circulando las imágenes del incidente.

Los 18 procesos disciplinarios

El origen inmediato de la protesta está en los 18 procedimientos disciplinarios abiertos por la PUCP. Según información difundida este miércoles, nueve expedientes corresponden a una protesta realizada el 30 de marzo en la Facultad de Derecho durante un debate electoral interno, mientras que los otros nueve están relacionados con la toma del edificio Dintilhac, donde funcionan oficinas del Rectorado, ocurrida en mayo.

La ocupación del edificio Dintilhac se produjo entre el 13 y el 21 de mayo, en el contexto del conflicto generado por el nuevo sistema de pensiones y escalas anunciado por la universidad para los estudiantes que ingresaran desde 2027. La PUCP sostuvo entonces que la reforma buscaba reorganizar el esquema de escalas y becas.

El conflicto, sin embargo, tuvo posteriormente una nueva etapa. La universidad y representantes estudiantiles trabajaron en mecanismos de diálogo y justicia restaurativa. En agosto, el Rectorado informó que ese proceso buscaba reconstruir las relaciones afectadas por los acontecimientos de mayo, aunque precisó que las medidas restaurativas no reemplazaban los procedimientos disciplinarios.

Sanciones de hasta 25 semanas

En septiembre se conocieron las primeras sanciones contra estudiantes investigados por acciones anteriores a la toma del edificio Dintilhac. Según un reporte de Wayka, nueve estudiantes recibieron suspensiones que iban de nueve a 13 semanas, mientras que la acumulación de faltas elevó en algunos casos la sanción hasta 25 semanas. El mismo reporte señaló que todavía estaban pendientes los procedimientos correspondientes a los estudiantes vinculados directamente con la toma del Rectorado.

La existencia de los procesos disciplinarios no implica, por sí misma, que todos los estudiantes hayan sido sancionados. El régimen disciplinario de la PUCP establece procedimientos específicos para determinar las faltas y las eventuales sanciones, con respeto de los derechos fundamentales de los estudiantes.

Justicia restaurativa y sistema de pensiones

El 2 de octubre, cinco días antes de la nueva protesta, el Rectorado publicó el protocolo para implementar el proceso de justicia restaurativa relacionado con los hechos ocurridos en el edificio Dintilhac. La universidad explicó que se trata de un mecanismo voluntario, confidencial y complementario a los procedimientos disciplinarios, y que ambos procesos pueden desarrollarse de manera independiente.

Existe además una precisión importante sobre el sistema de pensiones que originó el conflicto. La PUCP informó inicialmente que el nuevo modelo entraría en vigencia para los ingresantes de 2027-1, con cuatro escalas de pensión y cuatro niveles de becas. Sin embargo, la información institucional vigente señala que su implementación fue posteriormente suspendida mediante un acta del Consejo Universitario del 25 de mayo de 2026, por lo que el sistema actual de nueve niveles continúa vigente.

PUCP marca distancia de los enfrentamientos

La universidad ha diferenciado el conflicto disciplinario interno de los hechos ocurridos durante la protesta en la vía pública. La institución rechazó los actos de violencia y cualquier conducta que pueda poner en riesgo la integridad de las personas, precisando que los enfrentamientos registrados este miércoles ocurrieron en los exteriores del campus.

Mientras tanto, las organizaciones estudiantiles mantienen su cuestionamiento a los procedimientos disciplinarios y reclaman que se respete el enfoque de justicia restaurativa acordado después de la toma de mayo. El episodio de este 7 de octubre añade ahora un nuevo frente al conflicto: el esclarecimiento de la actuación policial durante una movilización estudiantil y la determinación de las responsabilidades que correspondan.

La comunicadora que denunciaba corrupción y minería ilegal en Áncash murió a balazos en el mercado de Caraz, a 15 días de las elecciones regionales. Hay cuatro detenidos y la Fiscalía ya habla de sicariato.

Caraz, 19 de setiembre de 2026.- La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como «China Polo», fue ejecutada a balazos este sábado 19 de setiembre, alrededor de las 12:40 horas, mientras repartía propaganda de campaña en la avenida Ramón Castilla, en pleno centro de Caraz, provincia de Huaylas. El ataque, registrado en una transmisión en vivo, dejó además cinco personas heridas que fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios.

Días antes de morir, Aponte Polo difundió videos en los que denunciaba amenazas de muerte, hostigamiento e incluso llamadas desde establecimientos penitenciarios. Señaló directamente al general PNP Víctor Revoredo Farfán de haber ordenado un atentado contra ella. Las advertencias no fueron atendidas y el sábado, en pleno día, en el mercado de Caraz, un sicario la interceptó y disparó varias veces. Testigos confundieron los tiros con pirotecnia.

Detienen al presunto sicario

La Policía Nacional detuvo horas después al presunto autor material, el ciudadano venezolano Luis Iván Obispo Díaz, de aproximadamente 30 años, a quien se le incautó una pistola Glock calibre 9 × 19 mm reportada como robada en 2023 en Villa El Salvador. En las siguientes horas se sumaron la detención de un supuesto financista, de quien habría transportado al atacante, y de otro venezolano identificado como Ronal Toro Artila. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó varios detenidos.

La Fiscalía ya habla de sicariato

La investigación, inicialmente abierta como presunto feminicidio, fue recalificada como presunto sicariato, confirmó la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, que ordenó pericias y la revisión de cámaras de seguridad de la zona, incluidas las de un hotel cercano. El Ministerio del Interior envió un equipo especializado de la División de Homicidios a Áncash.

Una voz contra la corrupción

Aponte Polo conducía el espacio digital China Polo Dominical en YouTube, desde donde denunciaba presunta corrupción, crimen organizado, minería ilegal y obras cuestionadas de autoridades locales y regionales. En 2026 postulaba al Gobierno Regional por el movimiento Socios por Áncash. Previamente había sido excluida de una candidatura a diputada por omisión de sentencias condenatorias firmes en su hoja de vida. El móvil del crimen —si responde a sus denuncias periodísticas o a otros intereses— aún no está establecido oficialmente y es materia de investigación.

Lo que está en juego

A 15 días de las Elecciones Regionales del 4 de octubre, el asesinato de China Polo abre dos frentes: la búsqueda de los autores intelectuales que pagaron por el sicariato y la urgente revisión de la seguridad de los candidatos en campaña. Para Caraz, para Áncash y para el periodismo peruano, la pregunta es una sola: ¿quién mandó matar y por qué nadie protegió a quien lo denunció antes de morir?

Lima, 16 de septiembre de 2026.- El Pleno del Senado ratificó este miércoles a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) para el periodo 2026-2031, con 40 votos a favor y 12 en contra, una decisión que consolida el respaldo institucional a la política económica de corte capitalista y neoliberal que ha caracterizado al Perú en las últimas décadas. La resolución legislativa, confirmada oficialmente por el Congreso, cierra el procedimiento de ratificación iniciado por el Poder Ejecutivo y refuerza la continuidad de un modelo basado en la estabilidad macroeconómica, la autonomía del banco central y la confianza en los mercados.

El respaldo mayoritario y sus implicancias

La abrumadora mayoría a favor de Velarde —figura clave en la gestión monetaria peruana desde 2006— refleja el consenso político en torno a un modelo que prioriza la disciplina fiscal, la liberalización de mercados y la atracción de inversiones privadas. Senadores de bancadas como Ahora Nación, Partido Cívico Obras, Buen Gobierno, Renovación Popular y Fuerza Popular defendieron su continuidad, destacando su experiencia y la necesidad de mantener la macroeconomía y autonomía del BCR, aunque sin descuidar la fiscalización parlamentaria.

Jaime Delgado (Ahora Nación) y Roger Astucuri (Partido Cívico Obras) subrayaron que la ratificación de Velarde garantiza la estabilidad monetaria, mientras que los legisladores de Fuerza Popular, como José Arista y Patricia Juárez, respaldaron su permanencia como un pilar para el crecimiento económico.

La disidencia de Juntos por el Perú: ¿Un giro ideológico o una fractura interna?

Los 12 votos en contra provienen, según reportes periodísticos, de la bancada de Juntos por el Perú (JP), partido que en las elecciones de 2026 obtuvo 14 escaños en el Senado. Este resultado plantea una paradoja política: durante la campaña presidencial, su candidato, Roberto Sánchez, pasó de cuestionar abiertamente la permanencia de Velarde en la primera vuelta a defender su continuidad en la segunda vuelta, argumentando que era necesaria para preservar la estabilidad macroeconómica. Incluso, el 28 de mayo, Sánchez reveló que había coordinado con su equipo económico y con el expresidente Pedro Castillo la posibilidad de mantener a Velarde al frente del BCR.

Sin embargo, la votación en el Senado muestra una fractura dentro de JP. Senadores como Humberto Morales, Bernardo Quito y Wilfredo Verano criticaron duramente a Velarde durante el debate: Morales cuestionó sus vinculaciones con el sector privado, Quito puso en duda que la estabilidad dependiera de una sola persona, y Verano advirtió que la autonomía del BCR no debía confundirse con la permanencia indefinida de un funcionario.

La Comisión de Procedimientos Especiales, presidida por Hugo Ccahuana Aymachoque (JP), había recomendado previamente la ratificación con 9 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Aunque Ccahuana sustentó el informe, dejó en claro sus reparos personales sobre la necesidad de renovar los cuadros técnicos del BCR.

¿Qué dice la resolución?

El documento aprobado por el Senado sostiene que Velarde cumple con los requisitos legales y constitucionales, que no existe incompatibilidad para ejercer el cargo y que su trayectoria garantiza la conducción del BCR durante el próximo quinquenio. La resolución, sin embargo, no detalla nominalmente a los 12 senadores que votaron en contra, lo que deja pendiente una verificación periodística para identificar exactamente qué miembros de JP se opusieron y cuáles respaldaron la ratificación, pero sus aliados decidieron sacarse la careta y apoyar sin reparos a la política económica del gobierno actual.

Un respaldo con matices

La ratificación de Velarde evidencia el respaldo del Senado a la política económica neoliberal, pero también expone tensiones internas en Juntos por el Perú, donde una parte de la bancada parece alinearse con el discurso crítico de la campaña, mientras que otro sector —incluyendo a su líder, Roberto Sánchez— optó por priorizar la estabilidad institucional.

El siguiente paso será analizar el registro nominal de la votación, que permitirá medir, senador por senador, la coherencia entre las promesas de campaña y las decisiones tomadas en el hemiciclo.