Pucallpa, 13 de agosto de 2026.- El paro regional indefinido en Ucayali llegó este jueves a su cuarto día sin una solución a la vista, con bloqueos en distintos tramos de la carretera Federico Basadre, largas colas en los grifos, dificultades para el transporte y creciente preocupación por el abastecimiento de alimentos y otros productos. La protesta, impulsada por el Frente de Defensa de Ucayali, transportistas y organizaciones sociales, comenzó como respuesta al fuerte incremento de los combustibles, pero ha incorporado también demandas vinculadas con infraestructura, salud, seguridad y servicios públicos.

La crisis golpea con especial dureza a Pucallpa porque el combustible es un insumo indispensable para movilizar personas y mercancías en una región amazónica con elevados costos logísticos. Transportistas reportan que el diésel llegó a S/22 por galón, mientras el combustible regular pasó de alrededor de S/16 a S/20 en algunos grifos; otros reportes registran precios todavía mayores en determinados establecimientos. La escasez provocada por los bloqueos ha multiplicado las colas y dejado establecimientos sin atención, agravando un problema que termina trasladándose directamente al bolsillo de las familias.

La situación dejó además una consecuencia especialmente grave: un paciente que era trasladado en ambulancia desde Aguaytía hacia Pucallpa murió durante el trayecto, en medio de los bloqueos. El caso, reportado por EFE y otros medios, expone el límite crítico al que puede llegar una paralización cuando la interrupción de las vías termina comprometiendo el acceso oportuno a servicios de emergencia. La protesta social es un derecho, pero la crisis también está afectando a ciudadanos que no participan de ella y que requieren transitar para recibir atención médica, trabajar o abastecerse.

Mientras tanto, el Gobierno intenta contener la emergencia mediante una mesa de trabajo con autoridades regionales, Petroperú, Osinergmin y otros actores. Entre las medidas evaluadas figura trasladar dos tanques de Aguaytía Energy a Petroperú para ampliar la capacidad de almacenamiento de combustible en la región. Sin embargo, el anuncio todavía no resuelve el problema inmediato de las carreteras bloqueadas ni responde plenamente a la exigencia de los dirigentes, quienes reclaman la presencia de una comisión de alto nivel del Ejecutivo en Ucayali.

La protesta tampoco permanece confinada a Ucayali. En Loreto se reportaron bloqueos en la carretera Iquitos-Nauta y movilizaciones en Nauta contra el incremento de los combustibles, mientras que en otras regiones del país también se registran medidas de fuerza o advertencias de nuevas paralizaciones. No obstante, la situación no es idéntica en toda la Amazonía: en Iquitos, el gremio de choferes negó una convocatoria general a paro y sostuvo que el transporte urbano continuaba funcionando.

El conflicto constituye, además, la primera crisis social de magnitud que enfrenta el gobierno de Keiko Fujimori, apenas 16 días después de asumir la Presidencia. El escenario tiene una particular carga política: Ucayali fue una de las regiones donde Fuerza Popular obtuvo mayor respaldo en la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con los resultados reportados para la región, Fujimori alcanzó 52,56 % de los votos válidos, frente al 47,44 % de Roberto Sánchez. Ese respaldo electoral no puede confundirse con apoyo actual o participación de todos esos electores en la protesta, pero sí revela la velocidad con la que las expectativas sociales pueden transformarse en presión contra un gobierno recién instalado.

A esta hora, el principal riesgo es que una crisis inicialmente centrada en el precio del combustible termine convirtiéndose en un conflicto social de mayor alcance, con impactos sobre alimentos, transporte, actividades productivas, servicios esenciales y economía familiar. El Gobierno ha anunciado medidas, pero la población movilizada reclama resultados concretos. Para la administración Fujimori, el desafío no consiste únicamente en garantizar combustible: debe demostrar capacidad de diálogo, anticipación y respuesta frente a una Amazonía que vuelve a advertir que el costo de vivir y producir lejos de Lima no puede seguir siendo trasladado exclusivamente a sus ciudadanos.

Lima, 8 de agosto 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori ha desatado un nuevo pulso con los trabajadores del Estado al anunciar acciones de inconstitucionalidad contra cuatro leyes aprobadas en el Congreso anterior. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, confirmó que se impugnarán las normas que otorgan gratificaciones y CTS al régimen CAS, mejoran las pensiones de maestros cesantes, homologan el CAFAE para servidores del régimen 276 en gobiernos regionales y reforman las pensiones de militares y policías. El Ejecutivo sostiene que estas disposiciones ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, la ofensiva no es homogénea. El MEF interpondrá directamente las demandas contra la Ley 32563 (CAS) y la Ley 32424 (CAFAE). En cambio, las impugnaciones a las leyes de pensiones —32581 (maestros) y 32561 (fuerzas armadas y policiales)— ya fueron presentadas por el Colegio de Economistas del Perú, entidad con legitimidad constitucional para actuar en estas materias. El MEF, como ministerio, no figura entre los sujetos habilitados por la Constitución para demandar directamente ante el Tribunal Constitucional.

La ofensiva alcanza a cientos de miles de personas. La Ley 32563 beneficia a más de 350 mil trabajadores CAS con gratificaciones y CTS, pero el Ejecutivo ya reglamentó el pago de forma gradual: este año equivale al 10 % de la remuneración (mínimo S/300) y subirá hasta el 100 % recién en 2030. El Consejo Fiscal estima un costo anual de S/3.000 millones, lo que ha encendido las alarmas en el MEF.

Esta gradualidad ya provocó el primer choque. El Frente Nacional de Trabajadores CAS (con Derechos), que agrupa a más de 40 sindicatos, denuncia que el reglamento desnaturaliza el espíritu de la ley. Su vocera, Mirelly Ticona, ha criticado abiertamente la decisión del Ejecutivo y el gremio ya anunció movilizaciones para exigir el pago íntegro. Para ellos, no es un tema técnico: es el cumplimiento de un derecho ya reconocido.

La segunda norma, la Ley 32581, equipara la pensión de maestros jubilados con la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, unos S/3.300 mensuales. El Consejo Fiscal calcula un impacto anual de S/8.000 millones. El reglamento aún no ha sido aprobado, lo que ha generado reclamos del SUTEP. Su secretario general, Lucio Castro Chipana, ha advertido que sin financiamiento «la norma nace muerta» y ha exigido al Gobierno garantizar el presupuesto.

La tercera controversia es la Ley 32424, que homologa el incentivo CAFAE para administrativos del régimen 276 en regiones, con un costo estimado de S/2.621 millones anuales. Organizaciones como FENTRAGORES, CITE Perú, FENUTTSA y FENSUTACE han sostenido mesas técnicas con el MEF y defienden la homologación. El Congreso modificó en marzo pasado algunos artículos y estableció un nuevo plazo para su reglamentación.

La cuarta norma, la Ley 32561, reordena las pensiones de militares y policías. El Consejo Fiscal estima su impacto en S/46.000 millones en valor presente —compromisos futuros, no un desembolso anual—. Fue aprobada por insistencia del Congreso, tras ser observada por el Ejecutivo, y contó con el impulso del congresista José Cueto, quien la defendió como una reforma de largo plazo.

El MEF insiste en que el Estado no puede asumir compromisos sin respaldo financiero. El ministro Cuba advierte que, sin correctivos, el déficit fiscal podría saltar de 1,8 % a 3 % del PBI desde 2027, con efectos sobre la deuda pública y el riesgo país. Pero los trabajadores plantean otra pregunta: ¿puede hablarse de sostenibilidad cuando el Estado mantuvo durante años regímenes desiguales y funciones permanentes sin los mismos derechos? El caso CAS es paradigmático: fue el expresidente José María Balcázar quien promulgó la ley en marzo de 2026, y ahora el Gobierno fujimorista busca tumbar su constitucionalidad.

El escenario es, así, una batalla por los límites de los derechos laborales y previsionales. El Ejecutivo invoca la responsabilidad fiscal; los sindicatos defienden leyes ya aprobadas y advierten que el equilibrio presupuestario no puede ser excusa para postergar sus reivindicaciones. La última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, pero mientras tanto, los gremios ya han dejado claro que no aceptarán que el costo del ajuste recaiga sobre sus derechos. La confrontación, advierten, podría volver a las calles en las próximas semanas.

Lima, 3 de julio 2026.- La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) encendió las alarmas tras advertir que el Ejecutivo evaluaría impulsar cambios que afectarían derechos laborales, luego de conocerse la filtración de un presunto documento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) relacionado con un pedido de facultades legislativas.

El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, reconoció que el reciente anuncio del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y de la Pensión 65 representa un avance, pero sostuvo que resulta insuficiente frente al alza del costo de vida. Afirmó además que estas medidas son producto de las movilizaciones sindicales realizadas durante las últimas semanas.

Según el dirigente, el documento filtrado plantearía reformas que podrían flexibilizar el despido, limitar derechos sindicales y revisar los días de descanso con el argumento de elevar la productividad. Advirtió que dichas medidas podrían afectar especialmente a trabajadores sindicalizados.

La central sindical recordó el impacto de las reformas laborales aplicadas durante la década de 1990 y exhortó a la clase trabajadora a mantenerse organizada y en permanente vigilancia frente a cualquier iniciativa que implique una reducción de derechos conquistados.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el contenido del documento mencionado por la CGTP. Tampoco se ha presentado públicamente un proyecto de ley con las modificaciones señaladas, por lo que las afirmaciones corresponden a la posición expresada por la organización sindical.