El excongresista reafirmó su alejamiento de la política y aseguró que no respaldará a ningún candidato en el balotaje presidencial.

Lima, 6 de junio de 2026.– A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el excongresista Kenji Fujimori descartó públicamente cualquier respaldo a la candidatura de su hermana Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, poniendo fin a las especulaciones sobre un eventual acercamiento político familiar durante la etapa final de la campaña electoral. A través de un video difundido el 5 de junio en sus redes sociales, señaló que se mantiene completamente alejado de la actividad política.

“No estoy en política ni apoyando a ningún candidato, porque después de todo lo que viví, decidí no volver a ser usado por ninguna coyuntura. Quiero lo mejor para el Perú, pero hoy hago patria chambeando duro y parejo”, manifestó el exparlamentario, quien además reiteró que su decisión es mantenerse al margen del actual escenario electoral.

La distancia política entre los hermanos Fujimori se arrastra desde hace varios años y tuvo su punto de quiebre durante la crisis política de 2017 y 2018. Las diferencias respecto a la estrategia para lograr la liberación del expresidente Alberto Fujimori, sumadas a los denominados “Kenjivideos” y a las disputas internas dentro de Fuerza Popular, terminaron provocando la expulsión de Kenji del partido y una ruptura pública entre ambos.

Incluso durante las elecciones presidenciales de 2016, Kenji Fujimori sostuvo que no respaldó a su hermana en segunda vuelta, argumentando desacuerdos con la narrativa política impulsada por el fujimorismo. Posteriormente, también formuló críticas hacia la bancada parlamentaria de Fuerza Popular, a la que acusó de prácticas autoritarias y de ejercer una “dictadura parlamentaria”.

En agosto de 2025, el exlegislador ya había adelantado su retiro definitivo de la política partidaria, indicando que no participaría en las elecciones generales de 2026 ni integraría organización política alguna. Aunque Keiko Fujimori ha señalado en distintas oportunidades que logró recomponer la relación familiar con su hermano fuera del ámbito político, el reciente pronunciamiento de Kenji cierra cualquier posibilidad de un eventual respaldo o reagrupamiento electoral en la recta final de las elecciones.

Lima, 3 de junio de 2026.– El debate sobre un posible indulto o gracia presidencial a Pedro Castillo ha vuelto a instalarse en el centro de la agenda política durante el gobierno transitorio de José María Balcázar. Desde febrero de este año, declaraciones ambiguas del mandatario, solicitudes legales presentadas por el entorno del exjefe de Estado y versiones contradictorias dentro del Ejecutivo han alimentado una creciente incertidumbre en medio del proceso electoral.

La controversia se reactivó incluso antes de la llegada de Balcázar al poder. Un día antes de su elección como presidente de transición, la defensa de Castillo, liderada por Walter Ayala, presentó una solicitud formal de indulto alegando una presunta persecución política. La situación despertó sospechas debido a declaraciones previas del entonces congresista, quien había señalado que una eventual gracia presidencial podría ser evaluada.

Las dudas se intensificaron durante las primeras semanas de gobierno. Mientras el 19 y 20 de febrero el Ejecutivo aseguró que el indulto “no estaba en agenda”, apenas un día después Balcázar afirmó que revisaría cualquier solicitud presentada formalmente. El aparente cambio de posición generó cuestionamientos desde el Congreso y abrió un intenso debate político sobre el alcance de las decisiones de un gobierno cuya principal misión era garantizar la estabilidad y conducir las elecciones generales.

Entre marzo y abril, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia recibió diversas solicitudes vinculadas al exmandatario recluido en el penal de Barbadillo. Sin embargo, una de las más relevantes fue declarada inadmisible el 30 de abril por observaciones administrativas y falta de documentación. Pese a ello, nuevos pedidos y gestiones continuaron llegando desde simpatizantes y sectores cercanos a Castillo.

La polémica volvió a escalar el 13 de mayo durante una actividad oficial en Iquitos, cuando Balcázar respondió sobre el tema señalando que cualquier decisión “depende de que presente su solicitud correspondiente”. Paralelamente, reportes periodísticos y versiones difundidas en medios y redes sociales mencionaron presuntas presiones internas y cambios dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales, mientras el Ministerio de Justicia insistía en negar una liberación inminente.

Especialistas consultados sostienen que el principal obstáculo sigue siendo jurídico. La sentencia contra Pedro Castillo aún se encuentra en etapa de apelación y no tiene carácter firme, requisito habitual para un indulto convencional. En ese escenario, cualquier derecho de gracia de carácter humanitario requeriría la acreditación de condiciones médicas excepcionales. Mientras tanto, el gobierno mantiene una posición cautelosa que evita cerrar definitivamente una posibilidad que continúa generando polarización política en la recta final de la transición.

Ciudad de México, 3 de junio de 2026.- A solo ocho días del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, México atraviesa un escenario de creciente tensión social y política marcado por protestas magisteriales y nuevos roces diplomáticos con Estados Unidos, factores que generan preocupación sobre el contexto en el que el país recibirá uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Este martes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), considerada el sector disidente del magisterio mexicano, protagonizaron movilizaciones en el centro de Ciudad de México que derivaron en enfrentamientos con fuerzas policiales. Durante las protestas, los manifestantes derribaron e incendiaron al menos dos estructuras promocionales vinculadas al Mundial ubicadas en Paseo de la Reforma, cerca de áreas destinadas a actividades para aficionados.

Los docentes mantienen una serie de exigencias que incluyen un incremento salarial del 100 %, la derogación de la reforma pensionaria de 2007 y el retorno a un sistema de jubilación solidario. El gremio rechaza el aumento del 9 % planteado por el gobierno y ha advertido sobre una posible huelga nacional indefinida, además de nuevas movilizaciones durante el torneo internacional para visibilizar sus demandas.

Ante la situación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración mantiene canales de diálogo abiertos con la CNTE y aseguró que varias de las demandas han sido atendidas dentro de las limitaciones presupuestarias del Estado. La mandataria reconoció que no existen recursos suficientes para cubrir todos los pedidos sindicales y señaló que durante las protestas hubo actos de provocación, reiterando que la vía para resolver el conflicto será el diálogo.

Paralelamente, el gobierno mexicano elevó el tono de sus cuestionamientos hacia Estados Unidos tras rechazar solicitudes de extradición emitidas por autoridades estadounidenses contra funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, investigado por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Sheinbaum denunció lo que calificó como intentos de injerencia extranjera y afirmó que asuntos internos del país deben resolverse exclusivamente por los mexicanos.

En medio de este escenario, especialistas advierten que la combinación de conflictos sociales internos y tensiones diplomáticas podría impactar la imagen internacional de México en su condición de sede compartida del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, el gobierno sostiene que la organización del torneo avanza según lo previsto y que las mesas de negociación entre autoridades y representantes del magisterio continúan activas para evitar nuevas crisis en la antesala del evento.