Lima, 13 de agosto de 2026. El Gobierno de Keiko Fujimori acaba de crear, mediante la Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM, la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, con vigencia durante 2026 y 2027. La norma la define como órgano de decisión política y coordinación estratégica para las intervenciones ante el peligro inminente y las etapas de preparación y respuesta. La comisión será presidida por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego e integrada por Defensa, Economía y Finanzas, Vivienda, INDECI y la Autoridad Nacional del Agua.

El problema es que el Perú no carece de instituciones ni de comisiones para enfrentar El Niño. Desde 1977 funciona el ENFEN, organismo científico y técnico permanente encargado de estudiar, monitorear y alertar sobre el fenómeno; además, el país cuenta con el SINAGERD, creado como un sistema interinstitucional, descentralizado, transversal y participativo, cuya conducción corresponde a la PCM. La propia Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050 establece que la prevención y reducción del riesgo deben articular a los distintos sectores y niveles de gobierno.

La experiencia más reciente debería encender todas las alarmas. Después del Niño Costero de 2017, el Estado creó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), acompañada de un enorme programa de inversiones. Sin embargo, seis años después, la Contraloría concluyó que el proceso había fracasado en aspectos fundamentales: de unos S/25 mil millones asignados, se habían gastado S/21 mil millones, pero seguían prácticamente pendientes soluciones integrales para las cuencas, defensas ribereñas, represas y reforestación. Más grave aún, de casi 6.000 servicios de control realizados, en 62 % de los casos las entidades no habían tomado acciones correctivas frente a riesgos advertidos.

Y el problema no fue solamente incapacidad de gestión. La Contraloría identificó 845 funcionarios de los tres niveles de gobierno con 1.982 responsabilidades, de las cuales 715 eran de carácter penal, 206 civiles y 1.061 administrativas. Investigaciones periodísticas también documentaron presuntas irregularidades en obras de prevención financiadas por la ARCC; en Piura, por ejemplo, se identificaron 131 funcionarios con presuntas responsabilidades penales, civiles o administrativas y un perjuicio económico estimado en más de S/25,8 millones. Es decir, la reconstrucción dejó una lección incómoda: crear estructuras extraordinarias y movilizar miles de millones no garantiza prevención, calidad ni transparencia.

El balance tampoco mejora cuando se revisa el desempeño más reciente. En julio de 2026, la Contraloría informó que 32 obras vinculadas a la Reconstrucción con Cambios ejecutadas bajo la modalidad Gobierno a Gobierno habían sufrido variaciones de 140,7 % en sus costos y de 332,6 % en sus plazos respecto de lo previsto inicialmente. El antecedente resulta especialmente relevante ahora que el Ejecutivo vuelve a organizar una instancia excepcional para enfrentar El Niño. La pregunta periodística es inevitable: ¿qué mecanismos nuevos de control, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas tendrá esta comisión para impedir que la urgencia vuelva a convertirse en una puerta para sobrecostos, retrasos o responsabilidades que aparecen cuando el desastre ya pasó?

Hay además una alerta institucional que no debería pasar inadvertida. La nueva comisión depende de la Presidencia de la República, pero su conducción efectiva recae en el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, mientras que la PCM —ente rector del SINAGERD— no figura como integrante permanente, aunque el presidente del Consejo de Ministros refrenda la resolución. La comisión puede convocar a otros ministros, gobiernos subnacionales y privados, pero esa posibilidad no equivale a una articulación intergubernamental permanente. Esto resulta crítico porque la propia legislación del SINAGERD exige coordinación entre los tres niveles de gobierno, prevención, reducción del riesgo y participación de actores locales.

La creación de la comisión, por tanto, no es necesariamente una mala decisión; el riesgo está en repetir el modelo de reacción institucional que aparece cuando la amenaza ya está encima. El Gobierno afirma que existen unos 1.900 puntos críticos y que inicialmente priorizará 569, mientras ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y la propia resolución advierte una posible magnitud fuerte y sin descartar un escenario extraordinario hacia finales de 2026. El verdadero examen para Keiko Fujimori no será cuántas comisiones crea, sino si logra convertir información científica en prevención territorial, coordinar efectivamente con regiones y municipios, ejecutar obras técnicamente sólidas, proteger los recursos públicos y evitar que la historia de la Reconstrucción con Cambios vuelva a repetirse. El Perú no necesita otra comisión que llegue después del desastre: necesita un Estado que llegue antes.

Pucallpa, 13 de agosto de 2026.- El paro regional indefinido en Ucayali llegó este jueves a su cuarto día sin una solución a la vista, con bloqueos en distintos tramos de la carretera Federico Basadre, largas colas en los grifos, dificultades para el transporte y creciente preocupación por el abastecimiento de alimentos y otros productos. La protesta, impulsada por el Frente de Defensa de Ucayali, transportistas y organizaciones sociales, comenzó como respuesta al fuerte incremento de los combustibles, pero ha incorporado también demandas vinculadas con infraestructura, salud, seguridad y servicios públicos.

La crisis golpea con especial dureza a Pucallpa porque el combustible es un insumo indispensable para movilizar personas y mercancías en una región amazónica con elevados costos logísticos. Transportistas reportan que el diésel llegó a S/22 por galón, mientras el combustible regular pasó de alrededor de S/16 a S/20 en algunos grifos; otros reportes registran precios todavía mayores en determinados establecimientos. La escasez provocada por los bloqueos ha multiplicado las colas y dejado establecimientos sin atención, agravando un problema que termina trasladándose directamente al bolsillo de las familias.

La situación dejó además una consecuencia especialmente grave: un paciente que era trasladado en ambulancia desde Aguaytía hacia Pucallpa murió durante el trayecto, en medio de los bloqueos. El caso, reportado por EFE y otros medios, expone el límite crítico al que puede llegar una paralización cuando la interrupción de las vías termina comprometiendo el acceso oportuno a servicios de emergencia. La protesta social es un derecho, pero la crisis también está afectando a ciudadanos que no participan de ella y que requieren transitar para recibir atención médica, trabajar o abastecerse.

Mientras tanto, el Gobierno intenta contener la emergencia mediante una mesa de trabajo con autoridades regionales, Petroperú, Osinergmin y otros actores. Entre las medidas evaluadas figura trasladar dos tanques de Aguaytía Energy a Petroperú para ampliar la capacidad de almacenamiento de combustible en la región. Sin embargo, el anuncio todavía no resuelve el problema inmediato de las carreteras bloqueadas ni responde plenamente a la exigencia de los dirigentes, quienes reclaman la presencia de una comisión de alto nivel del Ejecutivo en Ucayali.

La protesta tampoco permanece confinada a Ucayali. En Loreto se reportaron bloqueos en la carretera Iquitos-Nauta y movilizaciones en Nauta contra el incremento de los combustibles, mientras que en otras regiones del país también se registran medidas de fuerza o advertencias de nuevas paralizaciones. No obstante, la situación no es idéntica en toda la Amazonía: en Iquitos, el gremio de choferes negó una convocatoria general a paro y sostuvo que el transporte urbano continuaba funcionando.

El conflicto constituye, además, la primera crisis social de magnitud que enfrenta el gobierno de Keiko Fujimori, apenas 16 días después de asumir la Presidencia. El escenario tiene una particular carga política: Ucayali fue una de las regiones donde Fuerza Popular obtuvo mayor respaldo en la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con los resultados reportados para la región, Fujimori alcanzó 52,56 % de los votos válidos, frente al 47,44 % de Roberto Sánchez. Ese respaldo electoral no puede confundirse con apoyo actual o participación de todos esos electores en la protesta, pero sí revela la velocidad con la que las expectativas sociales pueden transformarse en presión contra un gobierno recién instalado.

A esta hora, el principal riesgo es que una crisis inicialmente centrada en el precio del combustible termine convirtiéndose en un conflicto social de mayor alcance, con impactos sobre alimentos, transporte, actividades productivas, servicios esenciales y economía familiar. El Gobierno ha anunciado medidas, pero la población movilizada reclama resultados concretos. Para la administración Fujimori, el desafío no consiste únicamente en garantizar combustible: debe demostrar capacidad de diálogo, anticipación y respuesta frente a una Amazonía que vuelve a advertir que el costo de vivir y producir lejos de Lima no puede seguir siendo trasladado exclusivamente a sus ciudadanos.

Bogota, 11 de agosto de 2026.- Colombia enfrenta una grave emergencia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento del Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El organismo confirmó que se trata del sismo de mayor magnitud registrado en el país durante el siglo XXI. El movimiento fue percibido en amplias zonas de Colombia y también en Panamá y Venezuela.

El número de víctimas ha aumentado conforme los equipos de emergencia ingresan a las zonas afectadas. El balance más reciente disponible este martes 11 de agosto eleva a al menos 224 las personas fallecidas, mientras los reportes periodísticos dan cuenta de cientos de heridos. Las cifras continúan sujetas a actualización debido a que las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en diferentes municipios.

La emergencia también dejó una importante destrucción material. El balance difundido durante la jornada reportó 1.575 viviendas afectadas, 37 destruidas y 61 edificios colapsados, además de daños en establecimientos educativos, centros de salud, vías de comunicación y terminales aeroportuarias. Las ciudades de Pereira, Cali y Manizales, junto con municipios de Chocó, aparecen entre los territorios con mayores afectaciones.

El terremoto fue sentido con fuerza en Cali, Pereira, Manizales, Bogotá, Medellín, Armenia, Popayán y Quibdó, entre otras ciudades. En distintas localidades se produjeron evacuaciones y daños en edificaciones. También se reportaron afectaciones en infraestructura aeroportuaria y en instalaciones públicas, mientras organismos de socorro y autoridades locales inspeccionan estructuras para determinar cuáles pueden continuar operativas y cuáles representan riesgo para la población.

La actividad sísmica continuó después del movimiento principal. El SGC informó inicialmente de 18 réplicas, registradas hasta el mediodía del lunes, con magnitudes entre 1,4 y 4,8, localizadas principalmente en San José del Palmar y Sipí, en Chocó. Posteriormente se contabilizaron muchas más, por lo que el organismo advirtió que las réplicas pueden prolongarse durante días, semanas o incluso meses. El SGC también precisó que actualmente no existe un método científicamente comprobado que permita predecir cuándo ocurrirá un sismo o una réplica.

El Gobierno colombiano activó los mecanismos nacionales de respuesta y desplegó equipos de búsqueda y rescate hacia los sectores afectados. Las autoridades concentran sus esfuerzos en localizar personas atrapadas, atender a los heridos, evaluar edificaciones, garantizar la atención hospitalaria y restablecer servicios e infraestructura afectados. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es la entidad encargada de consolidar los reportes oficiales de daños y coordinar la respuesta frente a la emergencia, mientras el SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica.

El SGC explicó que el terremoto se produjo en una región donde la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana, proceso conocido como subducción y responsable de buena parte de la actividad sísmica del occidente colombiano. Aunque el movimiento tuvo una profundidad de 103 kilómetros, su elevada magnitud permitió que fuera percibido en un territorio muy amplio. El organismo pidió a la población mantener la calma, alejarse de edificaciones dañadas y seguir exclusivamente las informaciones de las autoridades competentes.

La emergencia permanece abierta y el balance de víctimas y daños puede seguir modificándose. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras las autoridades avanzan en la evaluación de viviendas, hospitales, colegios, carreteras y demás infraestructura afectada. El terremoto vuelve a poner en primer plano la vulnerabilidad de las ciudades y comunidades colombianas frente a eventos sísmicos de gran magnitud y la necesidad de fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y recuperación ante desastres.