Tegucigalpa, Honduras – En un movimiento que ha desatado una ola de críticas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó este lunes un indulto completo e incondicional al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, liberándolo de una sentencia de 45 años de prisión por su rol en una de las mayores conspiraciones de narcotráfico del mundo. Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado en junio de 2024 por facilitar el envío de más de 400 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, en alianza con carteles como el de Sinaloa. La liberación se produjo apenas horas después de que se confirmara la victoria en las elecciones presidenciales hondureñas del candidato Nasry Asfura, del Partido Nacional –el mismo de Hernández–, respaldado públicamente por Trump. El indulto, firmado el 1 de diciembre, ha sido calificado por demócratas en el Congreso de EE.UU. como un «golpe a la credibilidad» de la lucha antidrogas, mientras que en América Latina se ve como una injerencia descarada en la soberanía regional.

La decisión de Trump llega en un contexto de alta tensión, justo cuando Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y apodado «Tito», se impuso por un margen estrecho en las elecciones del 30 de noviembre, con el 40,24% de los votos frente al 39,69% de su principal rival, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según resultados preliminares con el 80% de las actas escrutadas. Trump no solo endosó a Asfura en redes sociales, advirtiendo que EE.UU. suspendería la ayuda financiera si no ganaba –»no tiraremos buen dinero tras malo»–, sino que también anunció el indulto a Hernández días antes de los comicios, en un aparente intento de impulsar al Partido Nacional. Críticos como la congresista estadounidense Norma Torres han denunciado que esta maniobra «vuela en contra de la promesa de Trump de combatir el narco-terrorismo», recordando que Hernández fue descrito por fiscales como el centro de un «narco-Estado» que operaba con impunidad. En Honduras, la esposa de Hernández, Ana García, celebró la noticia arrodillada en oración, comparando el caso con una «persecución política» similar a la de Trump.

Desde Perú, donde el narcotráfico sigue siendo una amenaza creciente en regiones como el VRAEM, esta saga resalta las contradicciones de la política exterior estadounidense en el continente. Mientras Trump amenaza con bombardeos a países como Venezuela y Colombia por supuestas rutas de droga, el perdón a un convicto como Hernández genera dudas sobre la selectividad de su «guerra contra las drogas». Analistas del Consejo de Relaciones Exteriores advierten que esto podría erosionar la cooperación regional y alentar regímenes afines en detrimento de la democracia. La liberación de Hernández, quien ya regresó a Tegucigalpa, coincide con la juramentación inminente de Asfura, prometiendo una era de «desarrollo y oportunidades», pero bajo la sombra de acusaciones de fraude electoral y la influencia directa de Washington.

Lima, 29 de noviembre de 2025 – El alcalde de Lima y precandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, desató una nueva controversia al declarar en un evento público que “hay un millón y medio de personas sin agua, gente que no se ha bañado nunca desde que nacieron. Yo les puse agua, ahora se bañan todos los días”. El video, difundido masivamente en redes sociales, fue grabado durante una actividad de entrega de obras en los conos de la capital.

La frase fue calificada de “profundamente clasista y racista” por activistas, periodistas y usuarios en plataformas como X y TikTok. Críticos señalaron que el burgomaestre estigmatiza a los habitantes de asentamientos humanos y pueblos jóvenes —principalmente migrantes andinos y amazónicos— al sugerir que la falta de higiene es una característica personal y no consecuencia de décadas de exclusión estatal. “Es el típico discurso del limeño pituco que ve a los pobres como sucios por naturaleza”, escribió la activista Sofía Carrillo en sus redes.

Hasta el cierre de esta nota, la Municipalidad de Lima no ha emitido disculpa oficial ni comunicado. Fuentes del entorno del alcalde indicaron que la frase “fue sacada de contexto” y que solo buscaba resaltar los avances en acceso al agua potable durante su gestión. Sin embargo, la polémica se suma a anteriores cuestionamientos por comentarios considerados discriminatorios contra streamers extranjeros y sectores vulnerables, consolidando la imagen polarizante de López Aliaga de cara a las elecciones internas de su partido y las presidenciales del 2026.

Lima, 25 de noviembre de 2025. – En medio de un clima preelectoral cargado de tensiones, la derecha congresal peruana se ve envuelta en negociaciones reacias para respaldar la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027, motivada aparentemente por la promesa de votos y financiamiento del sector minero informal de cara a las elecciones generales del 2026, aunque lo nieguen públicamente. Bancadas conservadoras como Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, que han condenado repetidamente la informalidad como un obstáculo al crecimiento económico legal, ahora ceden ante presiones de gremios mineros y aliados de izquierda, según revelan fuentes cercanas a la Junta de Portavoces. El presidente interino José Jerí, ha propuesto una prórroga limitada a un año -hasta fines de 2026- para mitigar críticas internas, pero analistas señalan que el trueque real radica en el «bolsón electoral» de regiones mineras como Madre de Dios y Pataz, donde candidatos de estos partidos podrían beneficiarse de campañas financiadas por operadores informales. Esta maniobra, calificada como un «cálculo pragmático» por expertos, busca desbloquear el dictamen aprobado el 18 de noviembre en la Comisión de Energía y Minas con 17 votos a favor, reincorporando a unos 50.000 mineros excluidos por inactividad.

Las fisuras ideológicas en el bloque de derecha se profundizan con voces disidentes como Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Jorge Montoya (Renovación Popular), quienes denuncian la medida como una «complicidad flagrante» con la minería ilegal que ha formalizado apenas al 2% de inscritos en 13 años, perpetuando daños ambientales y sociales en la Amazonía. No obstante, en reuniones cerradas, se pacta una versión atenuada del proyecto: inclusión de «sinceramiento» obligatorio de coordenadas mineras, exclusión de condenados por lavado de activos o trata de personas, y mayor fiscalización del Minem, a cambio de compromisos electorales explícitos de gremios como la Confemin. Rumores en el Congreso indican que congresistas de derecha habrían cambiado votos en el Pleno por promesas de apoyo en las listas cerradas para 2026, donde al menos 10 candidatos de partidos afines ya postulan con vínculos al Reinfo suspendido o sanciones por extracción ilícita. La Confiep y la SNMPE alertan que esta extensión debilita la lucha contra la ilegalidad y podría atraer sanciones de la Comunidad Andina, cuestionando si el pragmatismo electoral prima sobre principios antiformalidad.

Mientras el debate en el Pleno se posterga por la priorización del Presupuesto 2026, el Ejecutivo -aún sin posición oficial- amenaza con observar la ley si no separa «casos legítimos de ilegales», según el premier Ernesto Álvarez. Estas negociaciones exponen las contradicciones de la derecha: un ala dura que ve en la ampliación un retroceso de una década, y un oportunismo forzado por la coyuntura, donde el sector minero representa miles de votos en distritos clave. Si el pacto prospera, la norma podría aprobarse en diciembre, pero analistas prevén protestas de ambientalistas y mineros rivales si se percibe como una «venta de principios» por réditos electorales. El hemiciclo será el árbitro final de si la derecha sacrifica su discurso contra la informalidad en aras de un triunfo en las urnas del 2026.