La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta tras las declaraciones del cirujano plástico Mario Cabani, quien confirmó haber recibido US$4,500 en efectivo por cinco intervenciones estéticas realizadas a la mandataria en junio de 2023. En un giro que intensifica las sospechas de irregularidades, Cabani exigió a Boluarte, a través de una carta notarial, que acredite el origen de dichos fondos, desatando un nuevo escándalo que se suma a las investigaciones en curso por presunto abandono de cargo y el caso “Rolexgate”.

El cirujano, quien ha colaborado con la Fiscalía proporcionando documentación que detalla los procedimientos, desmintió la versión inicial de Boluarte, quien afirmó que las cirugías respondían únicamente a motivos de salud. Según Cabani, las intervenciones fueron de carácter estético, y el pago, realizado recientemente, levanta interrogantes sobre la transparencia de los recursos utilizados por la presidenta. Fuentes cercanas al caso, difundidas en plataformas como X, señalan que Boluarte habría solicitado inicialmente que las operaciones se realizaran “fiado”, un hecho que, de confirmarse, agravaría las acusaciones de opacidad financiera.

La controversia se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia la gestión de Boluarte, quien ya enfrenta críticas por no declarar el origen de relojes Rolex y joyas de lujo en su posesión. La falta de claridad sobre los US$4,500 ha llevado a congresistas de oposición y analistas a cuestionar si estos fondos provienen de ingresos lícitos o si podrían estar vinculados a actividades irregulares.

La Fiscalía, que ya investiga a Boluarte por enriquecimiento ilícito y otros cargos, ha intensificado sus pesquisas para rastrear el origen del dinero. Expertos en derecho penal, como el abogado Carlos Caro, advierten que la mandataria podría enfrentar cargos adicionales si no logra justificar los fondos con ingresos declarados. “El uso de efectivo en estas cantidades, sin un respaldo claro, es una señal de alerta que la Fiscalía no puede ignorar”, señaló Caro.

Mientras tanto, el silencio de Palacio de Gobierno agrava la percepción de secretismo. Hasta el cierre de esta nota, Boluarte no ha respondido públicamente a la solicitud de Cabani ni ha presentado documentación que explique el origen del dinero. En redes sociales, el hashtag #DinaExplica se ha viralizado, reflejando la indignación de un sector de la ciudadanía que exige respuestas en un contexto de inestabilidad política y descrédito institucional.

Lima – El litoral peruano enfrenta nuevamente la furia de los oleajes anómalos, un fenómeno natural que ha generado preocupación en las autoridades y la población. Según la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, olas de hasta 3.5 metros de altura han impactado diversas zonas costeras desde el lunes, obligando al cierre de puertos y la suspensión de actividades marítimas. Este evento, atribuido a tormentas en el Pacífico Sur, mantiene en alerta a regiones como Lima, Callao, Ica y Arequipa.

Los oleajes anómalos, definidos como olas de gran amplitud y energía, se originan principalmente por fuertes vientos en alta mar o disturbios atmosféricos. La DHN explica que las tormentas australes, comunes en esta época, generan olas que viajan miles de kilómetros hasta el litoral peruano. En esta ocasión, el fenómeno ha sido clasificado como “moderado a fuerte”, con períodos largos que aumentan su capacidad destructiva. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) reporta daños en muelles y malecones, especialmente en el Callao y Paracas, donde la pesca artesanal ha sido paralizada.

Las zonas más afectadas incluyen el litoral centro y sur. En Lima, playas como La Herradura y Miraflores han registrado inundaciones costeras, mientras que en Ica, el puerto de San Andrés enfrenta dificultades operativas. En Arequipa, Mollendo reporta erosión en sus costas, y en Moquegua, el puerto de Ilo permanece cerrado. La DHN ha emitido alertas para 48 puertos, recomendando a los pescadores y navegantes evitar actividades en el mar. Además, se advierte a los bañistas mantenerse alejados de las playas ante el riesgo de arrastre.

Las autoridades han intensificado las medidas de prevención. INDECI coordina con gobiernos locales para reforzar la vigilancia en zonas vulnerables y proteger la infraestructura costera. La población ha sido exhortada a seguir las indicaciones de la DHN y evitar acercarse al litoral durante las alertas. Este evento recuerda la importancia de sistemas de monitoreo como las boyas oceanográficas, que permiten a la DHN emitir pronósticos con hasta 72 horas de anticipación.

Los oleajes anómalos, aunque recurrentes, evidencian la vulnerabilidad del litoral peruano frente a fenómenos climáticos extremos. Mientras las autoridades evalúan los daños, se espera que las condiciones mejoren hacia el fin de semana, según los últimos reportes de la DHN. La población permanece atenta a nuevas actualizaciones.

El Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra en el centro de la polémica tras la eliminación de información clave sobre fallecidos con vacunas contra la covid-19, justo cuando el Tribunal Constitucional (TC) debe pronunciarse sobre una demanda contra las restricciones impuestas durante la pandemia. Este hecho ha generado serios cuestionamientos sobre la transparencia y la posible manipulación de datos oficiales.

La congresista Margot Palacios denunció que el Minsa eliminó de su base de datos TB_FALLECIDO_HOSP_VAC.csv, disponible en su portal de Datos Abiertos, toda información relacionada con fallecidos por covid-19 según el número de dosis recibidas. «Esto constituye una vulneración al derecho a la información y afecta directamente el proceso en el TC», advirtió la parlamentaria.

El caso está ligado al expediente 04742-2023-AA, impulsado por la abogada Gabriela Vidarte Mata, quien solicita la declaración de inconstitucionalidad de normativas que restringieron el derecho al trabajo, la educación y el acceso a espacios públicos a quienes no contaban con tres dosis de la vacuna. La vista de causa se realizó hace dos meses, con posturas encontradas sobre la legalidad de las restricciones impuestas.

Durante el gobierno de Francisco Sagasti, se prohibió el ingreso a diversos espacios bajo el argumento de que las personas no vacunadas representaban un riesgo de contagio. Sin embargo, posteriormente, las farmacéuticas como Sinopharm y Pfizer reconocieron que la vacunación no impedía la transmisión del virus, debilitando así la justificación de estas medidas.

La eliminación de los datos por parte del Minsa plantea serias dudas sobre la veracidad y acceso a la información pública. Además, podría constituir una violación de principios legales al afectar un caso en curso en el TC. Organismos de transparencia y parlamentarios han exigido explicaciones, mientras el país sigue enfrentando las consecuencias de decisiones gubernamentales cuestionadas por su impacto en derechos fundamentales.