El último reporte del INEI muestra que solo el 17% de las víctimas urbanas denunció el hecho delictivo. La principal razón para no acudir a las autoridades es considerar que hacerlo “es una pérdida de tiempo”.

Lima, 7 de setiembre de 2026.- Ocho de cada diez víctimas de hechos delictivos en el Perú urbano no denuncian lo ocurrido ante las autoridades. El dato, correspondiente al semestre móvil febrero-julio de 2026 y difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), vuelve a poner en el centro del debate la denominada “cifra negra” de la delincuencia y revela un problema que va más allá de la cantidad de delitos registrados oficialmente: la creciente distancia entre los ciudadanos y las instituciones encargadas de protegerlos.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), solo el 17,0% de las víctimas de hechos delictivos en el ámbito nacional urbano presentó una denuncia durante el periodo analizado. En consecuencia, alrededor del 83% no denunció.

La situación también se observa en los principales ámbitos urbanos del país. En Lima Metropolitana y el Callao, el porcentaje de víctimas que denunció descendió de 21,3% a 18,5% respecto del periodo comparable. En la Costa Urbana, pasó de 21,4% a 18,1%.

El retroceso significa que una proporción cada vez mayor de los hechos delictivos queda fuera de los registros derivados de las denuncias formales.

Una mayoría de víctimas decide no denunciar

La llamada cifra negra comprende aquellos hechos delictivos que no llegan a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia. Por ello, las estadísticas basadas exclusivamente en denuncias pueden mostrar solo una parte del fenómeno de la delincuencia.

Los resultados del INEI permiten dimensionar la magnitud del problema:

En otros ámbitos urbanos, el porcentaje de víctimas que no denunció también alcanza niveles elevados: 85,5% en la Sierra Urbana y 85,0% en la Selva Urbana, según los indicadores consignados para el periodo.

La lectura más preocupante no es únicamente el descenso porcentual de las denuncias. El problema está en por qué las víctimas consideran que denunciar no vale la pena.

“Es una pérdida de tiempo”: la principal razón

El motivo más mencionado por quienes decidieron no denunciar es contundente: consideran que hacerlo es una pérdida de tiempo.

Esta respuesta alcanza el 45,1% a nivel nacional y llega al 50,7% en Lima Metropolitana y el Callao.

El dato plantea una interrogante fundamental para las instituciones responsables de la seguridad y la justicia: ¿qué ocurre cuando una víctima considera que acudir a la Policía, al Ministerio Público o a otras instancias competentes no producirá resultados?

La denuncia deja entonces de ser percibida como una vía efectiva para obtener protección o justicia y se convierte, para una parte importante de la población, en un trámite cuyo resultado se considera incierto.

La desconfianza en la Policía también pesa

La segunda razón señalada por las víctimas está relacionada directamente con las instituciones de seguridad. El 15,0% de quienes no denunciaron manifestó desconfianza en la Policía Nacional del Perú.

La cifra adquiere especial relevancia porque la Policía constituye, en la mayoría de los casos, la primera institución estatal a la que recurre una persona víctima de un delito.

Cuando la desconfianza se transforma en una decisión de no denunciar, se produce un círculo difícil de romper: menos denuncias generan menos información sobre determinados hechos; menos información puede dificultar la identificación de patrones delictivos; y la percepción de que las autoridades no responden puede reforzar nuevamente la decisión de no denunciar.

La percepción de que el delito “no es importante”

Otro 14,1% de las víctimas señaló que el delito era de poca importancia.

Este comportamiento puede estar asociado a hechos considerados menores, como determinados robos, hurtos o estafas, pero también evidencia un proceso de normalización de determinadas formas de delincuencia.

Cuando una persona asume que perder un objeto, sufrir una estafa o ser víctima de un robo menor forma parte de la vida cotidiana y que denunciar no cambiará la situación, el hecho desaparece de las estadísticas oficiales.

La consecuencia es una paradoja: la delincuencia puede ser más extendida de lo que muestran los registros administrativos, precisamente porque una gran parte de sus víctimas no comunica lo ocurrido.

Un problema que viene de años atrás

La pérdida de confianza no aparece de manera repentina. Los propios datos históricos de la ENAPRES permiten observar que en 2017 el 31,7% de las víctimas que no denunciaban señalaba como razón que hacerlo era una pérdida de tiempo, mientras que el 13,3% manifestaba desconfianza en la Policía.

Para 2026, ambas razones mantienen un peso considerable y la primera alcanza un nivel aún mayor. La tendencia evidencia que el problema de la denuncia no puede reducirse a la existencia de más o menos efectivos policiales. También involucra la eficacia percibida de las instituciones, la respuesta frente a las víctimas y la confianza en que una denuncia puede producir resultados concretos.

Una estadística que también interpela al Estado

La cifra negra constituye una dificultad para la elaboración de políticas públicas.

Si una parte significativa de los hechos delictivos no llega a conocimiento de las autoridades, los registros administrativos no necesariamente reflejan toda la dimensión de la inseguridad que experimenta la población.

Por ello, encuestas de victimización como la ENAPRES resultan relevantes: permiten aproximarse a hechos que no aparecen necesariamente en las estadísticas construidas a partir de denuncias policiales.

El desafío para el Estado no consiste únicamente en lograr que aumente el número de denuncias. También implica recuperar la confianza de las víctimas, mejorar los mecanismos de atención y demostrar que comunicar un delito puede conducir a una respuesta efectiva.

La pregunta que queda abierta

El dato del 83% de víctimas que no denuncia debería ser leído como algo más que una cifra sobre criminalidad. Es también un indicador de la relación entre ciudadanía e instituciones.

Cuando casi ocho de cada diez víctimas deciden no denunciar, el problema ya no es solamente cuántos delitos ocurren, sino cuántos quedan fuera del alcance del sistema institucional y por qué los ciudadanos han dejado de considerarlo una vía útil para enfrentar la delincuencia.

Lima, 7 de setiembre de 2026.- El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta su primera prueba política de envergadura: conseguir que el nuevo Congreso bicameral le delegue facultades para legislar durante 120 días. El pedido comprende 66 medidas agrupadas en ocho materias, entre ellas seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, promoción de las MYPE, empleo, desarrollo productivo, materias tributarias, simplificación administrativa y modernización del Estado.

Un Ejecutivo sin mayoría propia

La aritmética parlamentaria explica la necesidad de negociar. Fuerza Popular es la primera fuerza en ambas cámaras, pero está lejos de controlar por sí sola el Congreso: tiene 41 de 130 diputados y 22 de 60 senadores. Juntos por el Perú cuenta con 32 diputados y 14 senadores; Renovación Popular, 15 y 8, respectivamente; mientras que las otras tres fuerzas completan la composición.

El escenario obliga al oficialismo a construir mayorías caso por caso. De hecho, un análisis del trámite parlamentario identifica a Renovación Popular, Partido del Buen Gobierno y Partido Cívico Obras como fuerzas determinantes para que el oficialismo pueda alcanzar los votos necesarios, aunque estas bancadas han expresado reparos sobre materias financieras y laborales y mantienen su alianza con Juntos por el Perú de Roberto Sánchez, aliado del ex presidente Pedro Castillo Terrones.

Facultades: el primer campo de negociación

El Ejecutivo presentó el pedido con carácter de “muy urgente” y la presidenta Fujimori ha defendido públicamente la necesidad de aprobarlo con rapidez, especialmente para adoptar medidas contra la criminalidad, enfrentar los riesgos asociados al fenómeno El Niño y reducir trabas administrativas.

Pero una delegación de facultades no es un cheque en blanco. El Congreso debe determinar qué materias delega, durante cuánto tiempo y bajo qué límites. En un Parlamento fragmentado, el texto final dependerá de las modificaciones que se negocien entre el Ejecutivo y las bancadas.

Presupuesto, obras y cargos: ¿coincidencia o moneda política?

Es sabido que en política no hay coincidencias. En paralelo avanza la discusión del Presupuesto 2027, se organizan las comisiones del nuevo Congreso y continúan los procesos ordinarios de inversión pública y asignación presupuestal. La Comisión Bicameral de Presupuesto, por ejemplo, quedó integrada proporcionalmente por 19 senadores y 19 diputados, con Fuerza Popular como la primera fuerza en ambos grupos.

También existen decisiones sobre designaciones de funcionarios relacionados con Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcazar, cotizaciones para el viaje parlamentarios y mecanismos de inversión como las IOARR. Todos son ámbitos susceptibles de negociación política, pero su coincidencia temporal con el pedido de facultades no demuestra por sí misma un intercambio de votos por beneficios con parlamentarios, sobre todo del interior del país.

Aquí está la diferencia fundamental para una investigación periodística: una cosa es la negociación parlamentaria legítima —apoyo político a cambio de incorporar modificaciones, prioridades regionales o compromisos de gestión— y otra muy distinta sería ofrecer cargos, obras, presupuesto, viajes u otros beneficios particulares a cambio de votos determinados para que el pedido de facultades se mantenga en gran parte tal como lo envión el gobierno fujimorista.

¿Existe evidencia de una “píldora”?

Hasta el momento, no hay documentos públicos, registros parlamentarios o denuncias un acuerdo concreto mediante el cual el Gobierno haya ofrecido beneficios específicos a congresistas a cambio de aprobar las facultades.

La hipótesis de una eventual “repartija” puede ser políticamente plausible en un sistema donde el Ejecutivo necesita construir mayorías, sin convertirse en una afirmación periodística sin evidencia.

Pero sin duda, el Gobierno necesita aliados. Fuerza Popular obtuvo 41 diputados y 22 senadores, mientras que la aprobación del pedido dependerá de acuerdos con otras fuerzas y ¿cuál es el mecanismo que usan los partidos de derecha para este tipo de acuerdos?.

La investigación recién comienza

Por ello, la ruta de investigación debe ser concreta: comparar el voto de cada congresista con sus pedidos, iniciativas, designaciones vinculadas, obras priorizadas, modificaciones presupuestales y beneficios institucionales obtenidos durante la negociación.

También será necesario estar atentos a las reuniones entre el Ejecutivo y las bancadas, las declaraciones públicas de algunos que han logrado acuerdos no públicos, las modificaciones que experimente el proyecto de facultades y la votación de cada uno de los congresistas de ambas cámaras.

Lima, 6 de septiembre de 2026 .- El Defensor del Pueblo de Perú, Josué Gutiérrez Cóndor, se encuentra en el ojo de la tormenta tras sus polémicas declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso, que desataron una denuncia constitucional presentada el 4 de septiembre por la congresista Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú). En una entrevista del 27 de agosto de 2026, Gutiérrez afirmó que, de disolverse el Congreso por la presidenta Keiko Fujimori, su popularidad podría aumentar “tranquilamente 20 o 30 puntos”. Aunque aclaró que se trataba de un escenario hipotético, las palabras generaron un fuerte rechazo en el Parlamento, el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría (SITRADP) y sectores de la sociedad civil, que las compararon con el autogolpe de 1992.

La denuncia constitucional, basada en los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Carta Magna, acusa a Gutiérrez de infracción al orden constitucional y pide su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 10 años. Ante la presión, el Defensor ofreció disculpas públicas el 6 de septiembre, insistiendo en que su análisis buscaba alertar sobre riesgos democráticos, no respaldar medidas anticonstitucionales. Sin embargo, el daño a su imagen y a la institución parece irreversible: legisladores de diversas bancadas exigen su renuncia inmediata.

Los cuestionamientos a Gutiérrez no son nuevos. Su elección en mayo de 2023 —con 88 votos en el Congreso— ya fue criticada por falta de transparencia y su perfil: excongresista, exasesor de Perú Libre y exabogado de Vladimir Cerrón. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos y exdefensores han señalado su falta de experiencia específica en la materia, así como posibles conflictos de interés y una pérdida de independencia de la Defensoría. Además, su gestión ha sido señalada por silencios o posiciones ambiguas frente a leyes polémicas, como las relacionadas con amnistías o prescripción de delitos de lesa humanidad, y el acceso a archivos de la CVR.

La crisis se agrava con alertas internacionales. En 2025, la GANHRI (Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos) abrió un proceso de revisión especial a la Defensoría, tras denuncias de la sociedad civil sobre independencia, transparencia y desempeño como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La institución no habría respondido a los requerimientos, poniendo en riesgo su acreditación internacional (categoría A). Asimismo, la CIDH ha recibido alertas sobre una posible cooptación y debilitamiento del rol de la Defensoría, mientras que en regiones como Puno (2025), su actuación fue rechazada por víctimas de protestas.

El último golpe llegó esta semana: la Contraloría reportó, tras una visita al despacho de Gutiérrez, contrataciones y ascensos irregulares, incluyendo personal sin el perfil requerido o con experiencia “fabricada”. Estos hallazgos, revelados alrededor del 7 de septiembre de 2026, profundizan las dudas sobre la gestión administrativa de la institución, que en los últimos meses ha intentado defender su autonomía con comunicados y demandas de inconstitucionalidad, como en el caso de Petroperú.

El contexto político polarizado del Perú exacerba la crisis. La Defensoría del Pueblo, órgano autónomo creado en 1993, tiene como mandato defender los derechos fundamentales y supervisar al Estado. Sin embargo, bajo la gestión de Gutiérrez —que se extiende hasta 2028—, la institución ha perdido credibilidad ante actores clave. El SITRADP, por ejemplo, exigió una rectificación pública y advirtió que las declaraciones del Defensor normalizan discursos antidemocráticos.

Ante el avance de la denuncia constitucional, Gutiérrez se mostró dispuesto a acudir al Congreso para defenderse. No obstante, el daño a su legitimidad parece difícil de reparar. “El Defensor debe ser un garante de la democracia, no un actor que genere incertidumbre”, declaró la congresista Márquez. Mientras tanto, la sociedad civil y organismos internacionales observan con preocupación el rumbo de una institución clave para los derechos humanos en el país.