Saludos de Juntos por el Perú y un acto simbólico en Puno marcaron el onomástico del expresidente, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo. Sus simpatizantes volvieron a reclamar su libertad.

Lima, 19 de octubre de 2026.- El expresidente Pedro Castillo Terrones cumple 57 años este lunes mientras permanece recluido en el penal de Barbadillo, en Ate. La fecha motivó mensajes de solidaridad de representantes de Juntos por el Perú y una actividad simbólica de simpatizantes en Puno, con pedidos de libertad y reencuentro con su familia.

La bancada de Diputados de Juntos por el Perú envió un saludo de cumpleaños en el que destacó la trayectoria de Castillo desde el interior del país y expresó su deseo de que recupere la libertad y vuelva a encontrarse con su familia y el pueblo.

El senador Iber Maraví y la ex congresista Margot Palacios, ambos ayacuchanos y de conocida cercanía con el ex presidente, también difundieron felicitaciones públicas. Ambos calificaron a Castillo como «preso político», expresión que refleja su posición política y no una calificación judicial acreditada.

Los pronunciamientos evidencian que sectores vinculados a Juntos por el Perú y a organizaciones afines mantienen el reclamo de libertad como una de sus principales banderas políticas.

Puno: música y torta junto al Titicaca

En Puno, dirigentes de colectivos civiles realizaron un acto simbólico a orillas del lago Titicaca. La actividad incluyó música y una torta de cumpleaños, en una expresión de respaldo que sus participantes relacionaron con la resistencia política de Castillo.

Las manifestaciones se suman a otras celebraciones organizadas por simpatizantes en años anteriores. En octubre de 2024, por ejemplo, seguidores del exmandatario se congregaron en los exteriores del penal de Barbadillo para celebrar su cumpleaños y exigir su liberación.

El reclamo político y la situación judicial

Castillo permanece recluido por el proceso penal relacionado con los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y medidas sobre el sistema de justicia. Su situación judicial constituye el contexto central de los pedidos de libertad difundidos por sus seguidores.

A sus 57 años, el exmandatario continúa generando expresiones de apoyo entre sectores de izquierda y simpatizantes que cuestionan su encarcelamiento. El debate sobre su situación exige distinguir los reclamos políticos de sus partidarios de las decisiones que corresponden a las autoridades judiciales.

Comisión de Constitución aprobó por siete votos el paquete legislativo que incorpora nuevas medidas de seguridad ciudadana y prevención ante El Niño. La ausencia de bancadas opositoras permitió sesionar con el quórum mínimo.

Lima, 19 de octubre de 2026.- La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado aprobó este lunes el dictamen que plantea delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo durante 90 días, con un total de 27 materias vinculadas principalmente con la seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño. La propuesta incorpora siete puntos adicionales a los 20 remitidos por la Cámara de Diputados. El dictamen deberá ser debatido y votado por el Pleno del Senado.

La votación se realizó con siete senadores presentes: Carlos Mesía, Alejandro Aguinaga, Martha Chávez y Patricia Juárez, de Fuerza Popular; Katherine Ampuero y Lourdes Alcorta, de Renovación Popular; y Roger Astucuri, del Partido Cívico Obras. El resultado fue de siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, según la información difundida por el Congreso. La presencia de Astucuri permitió completar el quórum necesario para la sesión.

La aprobación se produjo en medio de las discrepancias sobre la posibilidad de que el Senado incorpore materias que no estaban en el texto aprobado por la Cámara de Diputados. Según La República, representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno no asistieron a la sesión. Su ausencia dejó a las bancadas presentes en condiciones de deliberar y votar sin la participación de esos sectores opositores.

Los siete puntos añadidos comprenden la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de penales de alta peligrosidad; el seguimiento pospenitenciario de condenados por delitos graves con riesgo concreto de reincidencia; y criterios para calificar determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles durante estados de emergencia. También incluyen medidas especiales de investigación frente a organizaciones que emplean métodos de violencia propios del terrorismo, ajustes a las reglas de legítima defensa y el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La séptima materia adicional busca facilitar la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, entre ellos puentes, carreteras y obras de protección contra inundaciones. El alcance concreto de estas facultades dependerá del texto definitivo que apruebe el Parlamento y de las disposiciones que se emitan en su aplicación.

El respaldo del representante de Obras tiene relevancia política porque su presencia permitió completar el número necesario para sesionar y su voto integró la mayoría que aprobó el dictamen ampliado. La República informó que el senador Roger Astucuri había planteado observaciones sobre el apartado referido a inteligencia y solicitado excluir la referencia a la DINI, pero el texto final mantuvo esa materia. El episodio evidencia las diferencias entre la posición expresada previamente por sectores opositores y la decisión adoptada en esta sesión.

La aprobación en comisión no significa que el Ejecutivo ya tenga autorización definitiva para legislar sobre las 27 materias. El siguiente paso corresponde al Pleno del Senado, que deberá debatir y votar la propuesta. El desenlace determinará si el paquete se convierte en una autorización legislativa y cuáles serán sus límites. Por su impacto en la seguridad, los derechos ciudadanos, las competencias estatales y las obras preventivas frente a emergencias climáticas, el contenido del dictamen requiere seguimiento público y evaluación del texto final.

El fuego amenaza comunidades, bosques y cultivos, mientras persisten interrogantes sobre el presupuesto ejecutado, la magnitud de la ayuda y los recursos desplegados. El Gobierno anunció apoyo aéreo y asistencia agraria, pero la información pública consultada no permite establecer cuánto dinero se destinó específicamente a los damnificados ni cuánto se ha gastado hasta el momento.

Lima, 13 de octubre de 2026.- Perú enfrenta una nueva emergencia ambiental. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) registró 56 incendios forestales activos en 14 regiones y 334 focos de calor. En paralelo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó 35 incendios activos y 16 controlados. La diferencia entre ambos registros dificulta establecer un balance nacional único y actualizado, mientras el fuego continúa amenazando territorios rurales y comunidades indígenas.

Pérdidas humanas y territorios afectados

Los reportes periodísticos sitúan en diez el número de personas fallecidas por incendios forestales durante 2026. Las pérdidas materiales incluyen viviendas destruidas, cultivos afectados, pastizales quemados y ganado muerto. Un balance difundido por el COEN contabilizó 8.599 hectáreas de cobertura natural afectadas, aunque otras estimaciones nacionales y regionales presentan cifras superiores. Estas diferencias requieren una consolidación oficial que permita dimensionar los daños y calcular las necesidades de recuperación.

En Río Tambo, provincia de Satipo, Junín, comunidades asháninkas enfrentan las consecuencias del fuego. Los reportes disponibles señalan aproximadamente 350 hectáreas de bosque y 80 hectáreas de cultivos afectados, diez viviendas destruidas y alrededor de 50 familias perjudicadas. La pérdida de áreas forestales, terrenos agrícolas y recursos naturales compromete la economía familiar y la seguridad alimentaria de estas poblaciones. La emergencia plantea, además, la necesidad de proteger territorios indígenas cercanos a espacios naturales de conservación.

Dos helicópteros y un avión: ¿cuánto cuesta la respuesta?

El Gobierno de Keiko Fujimori anunció el despliegue de dos helicópteros equipados con helibaldes en Cusco y un avión C-27J Spartan de la Fuerza Aérea del Perú para apoyar las operaciones contra el fuego. La Presidencia informó sobre estas medidas el 11 de octubre, con prioridad en Cusco y Junín. Sin embargo, la información oficial consultada no precisa las horas de vuelo contratadas o utilizadas, el costo operativo de las aeronaves, el combustible consumido ni el número total de descargas efectuadas. Tampoco ofrece un consolidado del personal movilizado, los equipos terrestres y los recursos logísticos empleados.

La falta de un monto consolidado no demuestra que el Estado carezca de presupuesto para responder. El problema es que, con la información pública localizada, no se puede determinar cuánto dinero se ha comprometido, cuánto se ha devengado o pagado ni qué proporción corresponde a cada región. El Decreto Supremo N.° 069-2026-PCM, que actualiza el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027 para 2026, establece que las intervenciones se financian con los presupuestos institucionales de los sectores involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Esa disposición no equivale a un balance del gasto ejecutado durante la emergencia actual.

Ayuda agraria: anuncios sin balance integral

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante Agro Rural y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), contempla acciones de apoyo a productores afectados, con insumos agrícolas, semillas y recursos para la alimentación del ganado. No obstante, para evaluar el alcance real de estas medidas se necesita conocer cuántos kits, pacas de heno, kilogramos de semillas y otros bienes fueron entregados efectivamente, en qué localidades, a cuántas familias y con qué costo unitario y total. Los anuncios de entregas programadas no deben contabilizarse como ayuda recibida.

Tampoco se dispone, en las fuentes consultadas, de un inventario nacional consolidado de viviendas que serán reconstruidas, hectáreas que recibirán apoyo para su recuperación, animales que serán repuestos o familias que accederán a asistencia económica directa. En consecuencia, no es posible establecer si los bienes anunciados cubren las necesidades identificadas. La publicación de padrones de beneficiarios, actas de entrega, cantidades distribuidas y presupuestos por intervención permitiría verificar la cobertura y evitar que la ayuda quede únicamente en anuncios institucionales.

Comunidades en primera línea y prevención pendiente

En varias zonas, los pobladores, las brigadas comunales, los bomberos y las autoridades locales participan directamente en las labores de contención. Los reportes sobre Río Tambo advierten dificultades para responder a incendios en territorios de difícil acceso. Esta participación resulta fundamental, pero debe acompañarse de equipos adecuados, capacitación, protección para los brigadistas y mecanismos de asistencia inmediata para quienes pierden sus viviendas y medios de vida.

La quema de pastizales y vegetación figura entre los principales factores humanos asociados a estos siniestros. La sequía, la falta de lluvias y los vientos pueden facilitar la propagación del fuego. Aunque el país cuenta con el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, la magnitud de los daños obliga a examinar no solo las operaciones de emergencia, sino también los recursos destinados a prevención, vigilancia, equipamiento y recuperación ambiental. Sin información presupuestaria comparable, resulta difícil evaluar la eficacia del gasto público.

La emergencia deja una exigencia concreta al Ejecutivo: publicar un balance verificable de los recursos movilizados, el gasto ejecutado y la ayuda entregada por región. Ese informe debería incluir los costos de las operaciones aéreas y terrestres, el número de equipos y efectivos desplegados, las cantidades de bienes distribuidos, las familias atendidas y los compromisos pendientes. Mientras continúen los incendios, la población necesita saber no solo qué acciones anuncia el Gobierno, sino también qué recursos utiliza, a quiénes llegan y qué resultados producen.