Lima, 15 de enero de 2026.- Congresistas progresistas anunciaron el inicio de la recolección de firmas para presentar una moción de censura contra Fernando Rospigliosi Capurro, actual presidente encargado del Congreso de la República. El pedido se sustenta en la presunta «indebida injerencia» en decisiones del Poder Judicial, específicamente en relación con el caso Cayara (Ayacucho), donde se investigan ejecuciones extrajudiciales ocurridas en 1988.

De acuerdo con el documento en proceso de firma, la acusación se basa en una columna de opinión publicada por Rospigliosi el 12 de enero en el diario Expreso, en la que mencionó nombres y apellidos de los jueces a cargo del caso (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata), así como en posteriores declaraciones en las que advirtió que magistrados que no apliquen determinada normativa incurrirían en prevaricato y deberían ser sancionados de inmediato. Además, se cuestiona su participación virtual en una audiencia relacionada con el proceso, lo que -según la moción- constituiría un acto de presión incompatible con la neutralidad que debe guardar el titular del Congreso.

Hasta el momento, la iniciativa se encuentra en etapa preliminar y requiere el respaldo de al menos el 15% de los congresistas para ser admitida a debate en el Pleno. Diversas organizaciones del sector justicia han expresado preocupación por los hechos, mientras que fuentes cercanas al legislador de Fuerza Popular han señalado que sus expresiones se enmarcan en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y en la defensa del cumplimiento de la ley.

Lima, 06 de enero 2026.- El 6 de enero de 2026, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, oficializó la desactivación de cuatro equipos especiales del Ministerio Público: Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y, de manera particularmente alarmante, el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip). Esta medida, publicada en El Peruano, transfiere las investigaciones a fiscalías especializadas bajo el argumento de optimizar recursos y unificar la persecución penal. Sin embargo, expertos y representantes de víctimas coinciden en que representa un grave debilitamiento institucional, especialmente en los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, donde al menos 49 civiles perdieron la vida por represión policial y militar.

El Eficavip, creado en marzo de 2023, era el único equipo dedicado exclusivamente a investigar las muertes y lesiones graves en protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, incluyendo episodios como la masacre de Juliaca (18 fallecidos en un solo día) y Ayacucho. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado que muchas de estas muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, con uso excesivo de fuerza letal. La disolución de este equipo dispersa las carpetas fiscales, elimina la coordinación especializada y genera riesgos de dilaciones procesales, en un contexto donde las investigaciones ya avanzaban lentamente y enfrentaban estancamientos en la responsabilidad de altos mandos.

La decisión de Gálvez no es aislada: él mismo fue investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto —cuyo equipo también se desactiva—, por presuntos vínculos con una red de corrupción judicial que incluyó audios comprometedores con César Hinostroza. Aunque Gálvez niega cualquier implicancia y califica el caso como «una invención», su restitución en 2025 por el Tribunal Constitucional y su rol actual como fiscal interino generan un evidente conflicto de intereses. Esta sombra de parcialidad se extiende al Eficavip, donde abogados de deudos como Juan José Quispe denuncian que la medida busca «proteger» a altos mandos policiales y al Ejecutivo, instalando un «manto de impunidad».

Reacciones no se han hecho esperar. José Ugaz advierte que la desactivación favorece a investigados con aspiraciones políticas rumbo a las elecciones 2026, mientras Silvana Carrión lamenta el debilitamiento de la lucha anticorrupción. Para las víctimas de las protestas, es «un día negro para el Ministerio Público», como lo calificó Quispe, pues muchas investigaciones ni siquiera alcanzan tres años y ahora corren riesgo de prescripción o archivo. Aunque Gálvez deslinda responsabilidad personal y promete continuidad en subsistemas especializados, la pérdida de equipos autónomos implica menor especialización y mayor burocracia.

En un país marcado por la impunidad en graves violaciones de derechos humanos, esta reestructuración no solo cuestiona la independencia del Ministerio Público, sino que envía un mensaje preocupante: las vidas perdidas en 2022-2023 podrían quedar sin justicia plena. Urge una supervisión independiente para garantizar que las investigaciones no se diluyan, y que las víctimas —y no los intereses políticos— sean el centro de la persecución penal.

Un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6.0, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), remeció la región Áncash la noche del sábado 27 de diciembre de 2025. El epicentro se ubicó en el océano Pacífico, a 67 kilómetros al oeste de Chimbote (provincia del Santa), con una profundidad de 52 kilómetros. El sismo ocurrió a las 21:51 horas y alcanzó una intensidad de grado V en Chimbote, lo que provocó que miles de residentes salieran a las calles en medio del pánico. El temblor también se percibió con fuerza en ciudades como Trujillo (La Libertad), Huaraz y hasta en distritos de Lima Metropolitana, donde muchos limeños reportaron oscilaciones prolongadas en edificios altos.

Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas fatales, pero se han registrado daños materiales menores en Chimbote y Nuevo Chimbote, como grietas en viviendas, caídas de mercadería en mercados y negocios locales afectados. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, en coordinación con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra, descartó cualquier riesgo de tsunami en el litoral peruano. Minutos después, se registró una réplica de magnitud 4.1 en la misma zona, sin mayores consecuencias.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, por lo que eventos como este recuerdan la importancia de la preparación. El IGP y el Indeci recomiendan mantener mochilas de emergencia listas, identificar zonas seguras en el hogar y seguir las indicaciones oficiales en caso de réplicas. Las evaluaciones de daños continúan en Áncash, y se insta a la población a reportar cualquier afectación a las líneas de emergencia.