Lima, 29 de mayo 2026.- La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda de amparo presentada por Delia Milagros Espinoza Valenzuela contra el Congreso de la República y ordenó su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público. La decisión fue emitida el 28 de mayo de 2026 dentro del Expediente N.º 02530-2025-0-1801-SP-DC-03.

Como parte del fallo, el colegiado declaró inaplicables para la demandante los efectos de las Resoluciones Legislativas del Congreso N.º 008-2025-2026-CR y N.º 007-2025-2026-CR, ambas publicadas el 5 de diciembre de 2025. La medida judicial restituye a Espinoza su condición de fiscal suprema titular dentro del Ministerio Público.

No obstante, la resolución precisa que esta restitución no implica su retorno al cargo de Fiscal de la Nación, función que ejerció entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 antes de ser apartada. Asimismo, los magistrados señalaron que la reincorporación procederá siempre que no exista una resolución administrativa, judicial o de otra naturaleza que disponga lo contrario.

Pese al pronunciamiento judicial, la decisión aún no puede ejecutarse de manera inmediata. Esto se debe a que se trata de un fallo de primera instancia, por lo que el Congreso aún tiene la posibilidad de presentar una apelación para que el caso sea revisado en una instancia superior.

Delia Espinoza fue destituida el 23 de enero de 2026, luego de que el pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolviera por unanimidad apartarla del Ministerio Público por incurrir en faltas consideradas «muy graves», relacionadas con el incumplimiento de una resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como titular del Ministerio Público. Actualmente, Espinoza se desempeña como decana del Colegio de Abogados de Lima, cargo obtenido tras imponerse en elecciones de segunda vuelta.

El movimiento estudiantil frente al gobierno de Kast, una historia de veinte años

Las imágenes vuelven a ser las mismas: uniformes escolares en la Alameda, carros lanzaaguas, gases lacrimógenos, pancartas que reclaman educación gratuita. En marzo y mayo de 2026, miles de estudiantes secundarios y universitarios chilenos salieron a las calles de Santiago para enfrentarse al nuevo gobierno de José Antonio Kast, quien a apenas semanas de asumir ordenó un recorte del 3% al presupuesto de todos los ministerios —incluyendo Educación, que perdió 247 millones de dólares— y anunció la intención de limitar la gratuidad universitaria a personas menores de 30 años. Para quienes conocen la historia reciente de Chile, la escena no es nueva: es el mismo conflicto de siempre, librado por una nueva generación, contra un gobierno que vuelve a apostar por la misma lógica de mercado que los estudiantes chilenos llevan dos décadas rechazando.

La raíz histórica del conflicto no nace en 2026, ni siquiera en 2019. Se hunde en el modelo educativo impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet en los años 80, que privatizó el sistema escolar, lo municipalizó sin recursos y entregó la educación superior a las leyes del mercado. Fue contra esa herencia que estalló en mayo y junio de 2006 la llamada Revolución Pingüina: la mayor protesta estudiantil de la historia de Chile hasta entonces, protagonizada por secundarios con uniforme —apodados «pingüinos»— que el 7 de junio de ese año pusieron en las calles a más de un millón de personas, con medio millar de liceos paralizados en todo el país. Sus demandas incluían la derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza —herencia directa de la dictadura— y la gratuidad del acceso a la universidad. Lograron la PSU gratuita, la derogación de esa ley y la aprobación de la Ley General de Educación, aunque el modelo de fondo siguió intacto. Sembraron, sin saberlo, el terreno para los ciclos que vendrían.

Cinco años después, en 2011, el movimiento estudiantil chileno alcanzó su cúspide histórica. Bajo el primer gobierno de Sebastián Piñera —ironía del destino, también un presidente de derecha con agenda de austeridad— universitarios y secundarios confluyeron en un ciclo de movilizaciones que duró meses y sacudió las bases del sistema político. La consigna que unía a todos era simple y contundente: «Educación gratuita y de calidad». Al frente, una joven presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, se convirtió en el personaje del año en Chile, con mayor popularidad que el propio presidente Piñera. Junto a ella, líderes como Gabriel Boric —entonces presidente de la FECH— forjaron su identidad política en las calles. El movimiento no obtuvo la gratuidad inmediata, pero instaló definitivamente la educación como derecho social en la conciencia colectiva chilena y deslegitimó el modelo neoliberal ante una mayoría ciudadana.

Ese ciclo de movilizaciones sembró la semilla del estallido social de octubre de 2019, el evento político más disruptivo de Chile desde el fin de la dictadura. Lo que comenzó como una protesta de secundarios por el alza de 30 pesos en el pasaje del metro de Santiago —el mismo gesto que evoca hoy el «mochilazo»— se convirtió en semanas en la mayor revuelta social del país en décadas. El diagnóstico era el acumulado de 30 años: pensiones insuficientes, salud precaria, educación cara y desigual, y un modelo económico que concentraba la riqueza mientras precarizaba la vida de la mayoría. Más de un millón de personas marcharon el 25 de octubre de 2019 en Santiago. El estallido forzó un acuerdo político para abrir un proceso constituyente, y llevó, dos años después, al triunfo electoral de Gabriel Boric —el mismo líder estudiantil de 2011— con el 55,8% de los votos en segunda vuelta. El movimiento estudiantil había producido un presidente.

El gobierno de Boric (2022–2026) intentó cristalizar parte de esas demandas históricas, pero la profundidad de los cambios fue limitada. Los dos procesos constituyentes fracasaron: el primer texto fue rechazado en septiembre de 2022 con el 62% de los votos; el segundo fue repudiado en diciembre de 2023. La ciudadanía, según el PNUD, percibía que las transformaciones prometidas no se habían concretado, y el descontento social acumulado —agravado por el alza en la delincuencia y la migración irregular— catapultó a Kast a la presidencia en diciembre de 2025 con el 58% de los votos. El péndulo político chileno había girado bruscamente a la derecha. Pero el movimiento estudiantil, que construyó sus fuerzas durante cuatro décadas de neoliberalismo, no desapareció con el cambio de gobierno: esperaba.

La respuesta no tardó. En marzo de 2026, a solas dos semanas de su asunción, Kast anunció su «Plan de Reconstrucción Nacional»: recortes generalizados, posible limitación de la gratuidad universitaria por edad, eliminación de Becas Chile y endurecimiento del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). La CONFECH y la ACES convocaron al «mochilazo estudiantil», y miles de jóvenes volvieron a ocupar la Alameda. Carabineros respondió con lanzaaguas y gases lacrimógenos; organismos de derechos humanos denunciaron «represión desproporcionada». La segunda ola, en mayo de 2026, fue aún mayor. El resultado fue una primera victoria concreta: el gobierno retrocedió y descartó la limitación de gratuidad por edad, reconociendo especialmente el impacto que la medida tendría sobre mujeres que postergan sus estudios por la maternidad. También tuvo que dar marcha atrás en la eliminación de apoyos alimentarios a estudiantes vulnerables. En apenas dos meses, la aprobación de Kast cayó del 60% obtenido en las urnas a menos del 40%, y realizó el cambio de gabinete más temprano desde el retorno a la democracia.

El ciclo que hoy se vive en Chile no es, en rigor, una crisis educativa aislada: es el capítulo más reciente de una disputa de veinte años entre un modelo que concibe la educación como un bien de mercado y un movimiento social que la defiende como un derecho fundamental. Cada vez que un gobierno de derecha intenta recortar o mercantilizar la educación, el movimiento estudiantil responde con organización y calle. Y cada vez que lo hace, extrae concesiones, acumula experiencia política y forma a una nueva generación de líderes. Camila Vallejo hoy es ministra retirada; Gabriel Boric fue presidente. El próximo nombre que emerge de estas calles podría protagonizar la política chilena del 2030. La pregunta para Kast no es solo si puede aprobar su «Ley Miscelánea» en un Congreso fragmentado, ni si puede cumplir su promesa de llevar el crecimiento al 4%. La pregunta más profunda es si un gobierno que llegó al poder prometiendo no tocar los derechos sociales puede sostener una agenda de austeridad ante un movimiento estudiantil que lleva veinte años demostrando que sabe exactamente cómo hacerle perder.

Cusco, 22 de abril 2026.- Miles de estudiantes universitarios salieron a las calles este jueves en Cusco y en diversas ciudades del país para protestar contra el incremento del pasaje universitario, medida que —según denuncian— afecta directamente su acceso a la educación.

La movilización, convocada por federaciones estudiantiles y colectivos universitarios, congregó a jóvenes de instituciones públicas y privadas. En el centro histórico de Cusco, los manifestantes recorrieron avenidas principales portando pancartas y entonando consignas en rechazo a lo que califican como un “aumento injustificado”.

“Muchos estudiantes dependen del pasaje diferenciado para poder asistir a clases. Este incremento pone en riesgo nuestra continuidad académica”, señaló una representante estudiantil durante la jornada.

Las protestas no se limitaron a Cusco. Reportes similares se registraron en ciudades como Arequipa, Puno y Lima, donde los estudiantes también exigieron la intervención de las autoridades para regular las tarifas del transporte público.

De acuerdo con los organizadores, el alza del pasaje universitario se ha producido en medio de un contexto económico complejo, lo que agrava la situación de miles de jóvenes que ya enfrentan dificultades para costear materiales, alimentación y otros gastos asociados a su formación.

Por su parte, representantes del sector transporte argumentan que el incremento responde al aumento en los costos operativos, como el combustible y el mantenimiento de las unidades. Sin embargo, los estudiantes cuestionan la falta de mecanismos de fiscalización y diálogo previo.

Las autoridades locales indicaron que se establecerán mesas de trabajo entre estudiantes, transportistas y funcionarios para evaluar posibles soluciones. No obstante, los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones si no se atienden sus demandas.

La jornada culminó de manera mayormente pacífica, aunque con interrupciones temporales del tránsito en varias zonas. Organizaciones estudiantiles no descartan convocar a una protesta nacional en los próximos días si no se alcanzan acuerdos concretos.