El ciclo de debates presidenciales organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se inició este 23 de marzo en Lima con la participación de 12 candidatos, marcando el arranque de un formato inédito que busca incluir a la totalidad de postulantes en carrera. La jornada se desarrolló en el Centro de Convenciones de Lima como parte de una serie de seis fechas programadas de cara a las elecciones generales de 2026.

El debate se estructuró en bloques de tres candidatos por turno, bajo el modelo de “ternas”, lo que permitió una participación ordenada, aunque limitó la confrontación directa entre los aspirantes con mayor intención de voto. Esta característica ha generado críticas desde distintos sectores, que consideran que el formato reduce la intensidad del intercambio político.

Durante esta primera jornada se abordaron temas clave como la inseguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad y la corrupción. Las intervenciones, de duración limitada, incluyeron respuestas a preguntas ciudadanas, obligando a los candidatos a sintetizar sus propuestas en mensajes breves y concretos.

En cuanto a los desempeños, diversas lecturas coinciden en que Fernando Olivera -según algunos análisis y reacciones iniciales- logró intervenciones más claras y directas, destacando por su capacidad de adaptación al formato y por mensajes que conectaron con las preocupaciones ciudadanas, pero especialmente porque dijo algunos temas nada buenos para César Acuña de APP, José Luna de Podemos Perú, José Williams de Avanza País y Wolfgang Grozo.

En contraste, otros candidatos enfrentaron mayores dificultades para desenvolverse en el esquema del debate. Entre ellos, César Acuña, José Luna, Wolfgang Grozo y Alfonso López Chau recibieron cuestionamientos por intervenciones percibidas como poco claras o con menor impacto para los peruanos, pasando como los peores del momento, en una dinámica donde la precisión y el manejo del tiempo resultaron determinantes.

Pese a algunos momentos de tensión entre participantes, el formato limitó los intercambios prolongados, derivando en un debate más expositivo que confrontacional. Analistas coinciden en que este esquema favorece a candidatos con mensajes simples y directos, pero dificulta el contraste profundo de propuestas, dando lugar a que los electores esperen aún la presentación de otros candidatos en fechas posteriores para definir su votación.

Con esta primera jornada, la rueda de debates del JNE inicia su desarrollo en un escenario marcado por la alta fragmentación política y la indecisión del electorado. A medida que avancen las siguientes fechas, el desempeño de los candidatos será clave para consolidar posiciones y captar la atención de los votantes aún indecisos.

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.

En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.

La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.

En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.

Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.

La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.

La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.

En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.