Lima, 8 de mayo de 2026.- En una actualización decisiva que marca el cierre del conteo oficial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, al 99.210% de actas contabilizadas, los resultados de las Elecciones Generales 2026 son virtualmente irreversibles. Según el reporte emitido a las 20:41 horas de hoy, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y el representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, se enfrentarán en el balotaje presidencial el próximo domingo 7 de junio.

La lideresa del fujimorismo consolidó su primer lugar con un total de 2’854,010 votos, lo que representa el 17.161% de los votos válidos. Con esta cifra, Fujimori asegura su cuarta participación consecutiva en una segunda vuelta, manteniendo una base electoral sólida a pesar de la alta fragmentación que caracterizó este proceso, donde participaron más de una treintena de fórmulas presidenciales.

Por su parte, Roberto Sánchez logró asegurar el segundo cupo para el balotaje tras una reñida competencia que se definió en el tramo final del escrutinio. Sánchez, quien recibió un respaldo mayoritario en las regiones del sur y el centro del país, desplazó a Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla. El candidato de Renovación Popular culminó su participación con 1’980,890 votos, equivalentes al 11.911% de la votación válida, una diferencia que el organismo electoral ya califica como definitiva dada la escasez de actas pendientes de resolución.

El informe técnico de la ONPE detalla que, de las 92,766 actas totales, ya no quedan actas pendientes de procesamiento (0%). Solo resta un mínimo 0.790% de actas que han sido enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión por observaciones, un porcentaje que, según expertos electorales, no tiene posibilidad matemática de alterar las posiciones de los dos primeros puestos.

Con el panorama electoral despejado, el Perú se encamina a una nueva etapa de campaña proselitista que durará menos de un mes. Ambos candidatos han iniciado los acercamientos con otras fuerzas políticas para sumar respaldos en un escenario donde el voto nulo y blanco también tuvo una presencia importante. La ONPE ha exhortado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales mientras se prepara el despliegue logístico para la jornada definitiva de junio.

En una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), ocho trabajadores mineros secuestrados por una organización criminal fueron rescatados en una bocamina del sector Los Alisos, en el centro poblado de Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad. La intervención, denominada “Impacto”, se ejecutó tras varios días de labores de inteligencia que permitieron ubicar el lugar donde permanecían retenidos.

Durante el operativo se produjo un intenso enfrentamiento armado, luego de que los delincuentes abrieran fuego contra las fuerzas del orden para impedir el rescate. Como resultado, cuatro militares resultaron heridos de bala y fueron evacuados de emergencia al Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, en Lima, donde permanecen estables, según el último reporte médico.

Este nuevo episodio refleja la grave crisis de seguridad que enfrenta Pataz, una de las provincias más afectadas por la minería ilegal y el crimen organizado. Las bandas que operan en la zona utilizan armamento de largo alcance y recurren al secuestro y la extorsión para consolidar su control sobre las bocaminas con alta producción de oro.

Pese al rescate, pobladores y representantes del sector minero han expresado su preocupación por la persistencia de la violencia, a pesar de los sucesivos estados de emergencia decretados en la provincia. El sector Los Alisos es considerado uno de los puntos más críticos por la disputa territorial entre organizaciones criminales.

El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior informaron que las operaciones en Pataz continuarán de manera sostenida hasta desarticular a las bandas delictivas que mantienen en zozobra a la región. En tanto, los ocho trabajadores rescatados reciben atención médica y apoyo psicológico antes de reencontrarse con sus familiares.

Los productores de arroz de distintas regiones del país anunciaron la realización de un paro nacional agrario para el próximo 18 de mayo, en protesta por la grave crisis económica que afecta al sector. Los dirigentes señalan que la caída de los precios en chacra, el incremento de los costos de producción y el ingreso de arroz importado han puesto en riesgo la sostenibilidad de miles de agricultores.

La medida de fuerza es impulsada principalmente por gremios arroceros del norte del país, quienes aseguran que el Ejecutivo no ha cumplido con los compromisos asumidos en anteriores mesas de diálogo. Los agricultores advierten que la reducción de aranceles ha favorecido el ingreso de arroz extranjero a menores precios, generando una competencia que consideran desigual frente a la producción nacional.

Emilio Ruesta Zapata, exdirigente de la Junta de Usuarios del Bajo Piura, cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Gobierno para proteger al sector agrícola peruano. “Han bajado los aranceles en lugar de subirlos. Eso permite que ingrese arroz barato del extranjero y perjudica directamente al productor nacional, que no recibe subsidios”, sostuvo.

Los gremios también denunciaron el incumplimiento de proyectos vinculados a infraestructura hídrica, mantenimiento de canales y mecanismos de comercialización para garantizar precios justos. Según indicaron, la falta de avances en las negociaciones ha generado malestar entre las más de 200 mil familias que dependen del cultivo de arroz en regiones como Piura, Lambayeque, San Martín y la selva central.

Entre las principales demandas del pliego de reclamos figuran la revisión del Sistema de Franja de Precios para incrementar los aranceles al arroz importado, la priorización de compras estatales de arroz nacional para programas sociales y la implementación de subsidios para fertilizantes e insumos agrícolas. Asimismo, solicitan mayor inversión en obras de infraestructura y prevención ante eventos climáticos.

Los dirigentes advirtieron que, de concretarse el paro con bloqueos en vías estratégicas como la Panamericana Norte y carreteras de acceso a la selva, podría verse afectado el abastecimiento de arroz en mercados mayoristas de Lima y otras ciudades del país durante la segunda quincena de mayo.

Ante este escenario, los productores hicieron un llamado a la unidad de las organizaciones agrarias a nivel nacional y exhortaron al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a instalar una mesa de diálogo con soluciones concretas. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la medida anunciada.