La ofensiva israelí en Gaza, intensificada desde octubre de 2023, ha provocado un desplazamiento forzado de 1.9 millones de palestinos, el 90% de la población, según la ONU. Órdenes de evacuación, como la del 6 de octubre de 2024, han empujado a miles hacia zonas superpobladas como Al-Mawasi, sin acceso a refugio, agua o alimentos. Organismos como Amnistía Internacional denuncian estas evacuaciones como transferencias forzosas, un crimen de guerra, y acusan a Israel de imponer condiciones de vida que constituyen genocidio, según un informe de la ONU que identifica cuatro de los cinco actos genocidas de la Convención de 1948.

Países como Qatar, con $1,300 millones invertidos desde 2012, y Alemania, con 70 millones de euros en 2025 para proyectos de agua, han intentado aliviar la crisis, pero el bloqueo israelí, que desde marzo de 2025 impide la entrada de ayuda, ha frustrado estos esfuerzos. La UNRWA, que alberga a 148,000 desplazados en 116 refugios, no ha recibido suministros en cinco meses, mientras UNICEF lucha por proveer agua y apoyo a niños desplazados. La falta de acceso humanitario ha llevado a una hambruna generalizada, con 1,373 muertos cerca de sitios de distribución de alimentos desde mayo de 2025, según la ONU.

La comunidad internacional enfrenta críticas por su inacción. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado tres veces desde 2024 que Israel facilite ayuda humanitaria, pero estas órdenes son ignoradas, según Human Rights Watch. Expertos como Francesca Albanese instan a sanciones y embargos de armas, argumentando que la inacción perpetúa un “genocidio en tiempo real”. Mientras miles de palestinos huyen sin destino seguro, la comunidad global debe actuar urgentemente para garantizar el retorno de los desplazados y detener la catástrofe humanitaria.

El 14 de septiembre de 2000 se difundió el primer Vladivideo, una grabación en la que Vladimiro Montesinos, entonces asesor presidencial de Alberto Fujimori, entregaba fajos de dinero al congresista Alberto Kouri a cambio de su pase al oficialismo. Esa revelación marcó el inicio del colapso del régimen fujimontesinista y destapó una red de corrupción que alcanzó a congresistas, jueces, fiscales y dueños de medios de comunicación.

Hoy, a 25 años de aquel episodio, el país vuelve a poner la mirada sobre un hecho que evidenció cómo el poder político y económico se entrelazaba con prácticas mafiosas. Aunque la caída de Fujimori y la captura de Montesinos parecían cerrar esa etapa, las secuelas aún persisten: la impunidad de varios implicados y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones siguen siendo heridas abiertas en la democracia peruana.

La congresista Margot Palacios, a través de su cuenta de Facebook, recordó la fecha señalando: «Hoy, a 25 años de los Vladivideos, recordamos uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia. Aquellas grabaciones nos mostraron sin máscaras cómo se compraban congresistas con fajos de dinero, cómo se sometía a jueces y fiscales, cómo los medios eran silenciados a cambio de sobornos. No fue un hecho aislado, fue la radiografía de un sistema político y económico podrido, dirigido desde las sombras por mafias que traicionaron al Perú. El daño no terminó con la caída de Fujimori ni con la captura de Montesinos. La herencia más grave fue la impunidad y la desconfianza que hasta hoy marcan nuestra democracia.«

El recuerdo de los Vladivideos también plantea una reflexión sobre la continuidad de los actores ligados a aquel régimen. A pesar de la magnitud del escándalo, sus herederos políticos mantienen presencia activa a través del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, así como por exfuncionarios y cuadros políticos que reivindican el legado neoliberal y capitalista instaurado en la década de los noventa. Desde el Congreso y otras instancias de poder, estos grupos han buscado preservar un modelo económico que, ha profundizado las desigualdades y debilitado los mecanismos de transparencia y control frente a la corrupción.

La conmemoración de este aniversario no solo revive la memoria de un escándalo, sino que reabre el debate sobre los límites de la democracia peruana frente a la captura del Estado por intereses mafiosos. Recordar los Vladivideos es, hoy más que nunca, una advertencia sobre la urgencia de fortalecer las instituciones y evitar que la historia se siga repitiendo bajo nuevas máscaras políticas.

La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el 9 de septiembre de 2025 una modificación excepcional a la Ley Orgánica de Elecciones que amplía hasta el 30 de noviembre de 2025 el plazo para que nuevos militantes puedan afiliarse a partidos políticos y postular en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026. La propuesta, respaldada por bancadas como Podemos Perú y Renovación Popular, busca incrementar la participación ciudadana y renovar los liderazgos políticos a nivel local.

El dictamen, que requiere aún la aprobación del Pleno del Congreso, permitiría postular a personas que se afilien después del plazo original del 16 de junio de 2025, siempre que no mantengan múltiples afiliaciones. La medida aplica exclusivamente para los comicios subnacionales, pues el plazo para las Elecciones Generales de abril de 2026 venció en julio de 2024.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han manifestado preocupación por posibles afectaciones al calendario electoral y a la seguridad jurídica del proceso. Ambos organismos exhortaron al Legislativo a garantizar la estabilidad de las normas electorales mientras se debate la iniciativa parlamentaria.