Política
Pensión vitalicia de Alberto Fujimori y Pedro Castillo

Ante la petición de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori y la negación de la misma a Pedro Castillo, contrastándolo con las leyes constitucionales peruanas.
Según el artículo 121 de la Constitución Política del Perú, los expresidentes tienen derecho a una pensión vitalicia pagada por el Estado, luego de haber cesado en sus funciones. Sin embargo, esta pensión puede ser suspendida si el Congreso formula una acusación constitucional contra el ex mandatario, tal como ocurrió en el caso de Pedro Castillo.
La decisión del Congreso de negar la pensión a Pedro Castillo se sustenta en el procedimiento de acusación constitucional iniciado en su contra. Esto estaría alineado con la Constitución.
No obstante, el pedido de pensión de Alberto Fujimori genera una contradicción, ya que también fue objeto de un proceso de acusación constitucional durante su gobierno y fue condenado penalmente por delitos graves contra los derechos humanos.
La bancada de Fuerza Popular argumenta que Fujimori tiene «legítimo derecho» a la pensión por haber «derrotado al terrorismo». Sin embargo, este argumento no parece tener sustento legal, ya que la Constitución no establece excepciones basadas en méritos para acceder a la pensión vitalicia.
Adicionalmente, cabe mencionar que Alberto Fujimori aún mantiene una deuda de reparación civil de 15 millones de dólares con el Estado peruano, lo cual podría representar un obstáculo adicional para acceder a beneficios estatales.
Si bien es cierto, la negación de la pensión a Pedro Castillo parece ajustarse a la Constitución, el pedido de pensión de Alberto Fujimori genera una aparente contradicción y desigualdad en la aplicación de la ley, dado que también enfrentó un proceso de acusación constitucional y fue condenado penalmente.
Esta situación evidencia la necesidad de una aplicación coherente y equitativa de las normas constitucionales, independientemente de consideraciones políticas o méritos alegados.
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Ahora Nación de Alfonso López Chau enfrenta cuestionamientos por candidatos con antecedentes judiciales en listas al Congreso

El partido político Ahora Nación, que postula al exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Alfonso López Chau como candidato presidencial para las Elecciones Generales 2026, enfrenta cuestionamientos tras un reportaje emitido por el programa Cuarto Poder de América Televisión el 1 de febrero de 2026. La investigación reveló que varios de sus postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados presentan sentencias firmes, investigaciones fiscales en curso y denuncias judiciales, según registros del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
De acuerdo con el reportaje, se identificaron 11 candidatos con antecedentes penales o administrativos graves. Entre los casos destacados figura Andrés Asín Meléndez, quien encabeza la lista al Senado por Lima y fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de peculado durante su gestión como exalcalde de Nuevo Imperial (Cañete), además de registrar deudas tributarias con la SUNAT. Otros postulantes enfrentan procesos por omisión a la asistencia familiar, tocamientos indebidos y deudas coactivas con el Estado, lo que genera un contraste con el discurso de renovación ética y anticorrupción promovido por la agrupación.
El propio candidato presidencial Alfonso López Chau se encuentra bajo investigación fiscal por presunto delito de colusión agravada relacionado con irregularidades durante su gestión como rector de la UNI, según fuentes judiciales consultadas en el reportaje. Aunque el proceso se mantiene en etapa de investigación y no implica una sentencia firme, ha sido incluido en el análisis para resaltar la coherencia del mensaje partidario. López Chau, de 75 años, ha escalado en las encuestas recientes, ubicándose en el cuarto lugar con alrededor del 4,6 % de intención de voto según Datum Internacional (trabajo de campo del 16 al 20 de enero de 2026, margen de error ±2,8 %).
Ante las revelaciones, el partido Ahora Nación emitió comunicados desde diciembre de 2025 solicitando la renuncia inmediata de los candidatos cuestionados y activando su Comisión de Ética para evaluar posibles expulsiones. Alfonso López Chau declaró en entrevistas posteriores que «los delincuentes están en otros partidos» y que su organización no tolera ni encubre irregularidades, enfatizando que se actúa con rapidez para mantener la credibilidad. Algunos postulantes ya han renunciado o sido excluidos en respuesta a estas medidas internas.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de las Elecciones 2026, donde múltiples agrupaciones políticas enfrentan críticas similares por la inclusión de candidatos con procesos judiciales, según informes de organizaciones como El Poder en Tus Manos y el propio JNE. Un análisis de esta entidad reveló que 252 candidaturas a nivel nacional registran sentencias penales firmes, incluyendo delitos como corrupción, violencia familiar y hurto, distribuidas en casi todas las organizaciones políticas que compiten. La ciudadanía mantiene altos niveles de desconfianza hacia la clase política, con encuestas que indican que un porcentaje significativo prefiere opciones nuevas pese a los cuestionamientos recurrentes en casi todas las listas electorales.
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Municipalidad de Ate desautoriza lanzamiento de plancha presidencial castillista de Roberto Sánchez en Huaycán

La Municipalidad Distrital de Ate rechazó la autorización para el lanzamiento de la plancha presidencial «castillista» de Juntos por el Perú (JP), programado para este domingo 1 de febrero de 2026 en la zona de Huaycán, distrito de Ate Vitarte, Lima Este. El evento buscaba marcar el inicio formal de la campaña del congresista y exministro Roberto Sánchez Palomino como candidato presidencial, respaldado explícitamente por el expresidente Pedro Castillo desde el penal de Barbadillo, ubicado en la misma jurisdicción.
A través de un comunicado oficial emitido el mismo día, el partido lamentó la decisión y la calificó como «discriminatoria y antidemocrática». El texto, firmado por el Dr. Walter Flores Chococo, Coordinador General del Comando Nacional de Campaña de JP, señala que la municipalidad rechazó «de forma discriminatoria» la solicitud presentada por el comité organizador. «Nos vemos obligados a suspender la presentación de la plancha presidencial castillista», indica el pronunciamiento, que denuncia un «ataque a la libertad de expresión contra la fuerza política liderada por el presidente Pedro Castillo».
El rechazo se produce en un contexto de alta polarización política rumbo a las elecciones generales de abril 2026. Huaycán es un bastión histórico del castillismo y de movimientos de izquierda en Lima Este, donde JP busca consolidar apoyo popular. El alcalde de Ate, Franco Vidal Morales —quien asumió en 2023 por Avanza País (partido de centro-derecha que postula a José Williams a la presidencia en 2026) y recientemente renunció a esa agrupación para declararse «político libre»—, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial detallando los motivos específicos de la denegación. Fuentes cercanas al evento sugieren que se invocaron razones administrativas o de orden público, aunque el comunicado de JP lo interpreta como un veto ideológico.
Juntos por el Perú anunció que próximamente comunicará la nueva fecha y lugar del evento, reafirmando su compromiso con la movilización popular y la agenda de «recuperar el gobierno para el pueblo». El partido, que integra a figuras cercanas al expresidente Castillo —como Analí Márquez y Brígida Curo en la fórmula vicepresidencial—, ha realizado lanzamientos previos en regiones como Puno (Juliaca), donde congregó a miles de simpatizantes. Este incidente en Ate resalta las tensiones en la precampaña, donde el control de espacios públicos en distritos clave de Lima se convierte en un punto de fricción entre fuerzas de izquierda y derecha.
Hasta ahora, ni la Municipalidad de Ate ni el alcalde Vidal han respondido públicamente a las acusaciones de discriminación. El caso podría derivar en acciones judiciales por parte de JP, como una acción de amparo por vulneración a los derechos de libertad de expresión y reunión, en el marco de la legislación electoral vigente que protege la igualdad en la competencia política. El episodio subraya la creciente polarización en el escenario preelectoral peruano, donde gestos como este podrían influir en la percepción pública de ambos bandos.
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Alfonso López Chau, insatisfecho con el lanzamiento de su candidatura en Puno

Juliaca, 31 de enero de 2026.- El lanzamiento de la candidatura presidencial de Alfonso López Chau por el partido Ahora Nación en la provincia de Juliaca —quien recientemente reconoció haber militado en el APRA, haber presidido el BCR durante el gobierno de Alan García y haberse opuesto a las reformas de Juan Velasco— dejó insatisfechos tanto al postulante como a su equipo, debido a que no logró el impacto esperado en el sur andino, pese al esfuerzo por proyectar una imagen de participación masiva y cercanía con el llamado “Perú profundo”.
El evento, realizado en la plaza Zarumilla de Juliaca, estuvo organizado por la dirigencia regional de Ahora Nación y contó con la presencia del candidato junto a diversas figuras de la izquierda limeña —denominadas por algunos sectores como “caviares”— entre ellas Mirtha Vásquez, Indira Huilca y Ruth Luque, integrantes de las listas congresales del partido. López Chau hizo hincapié en la unidad nacional, la reconciliación y el reconocimiento de la diversidad regional, presentando el acto como un espacio de diálogo directo con la población puneña.
Sin embargo, la asistencia local fue limitada. La plaza, de tamaño mediano, no llegó a llenarse de manera orgánica con pobladores de Juliaca o Puno. Una parte importante del público estuvo conformada por militantes, postulantes y simpatizantes movilizados desde otros departamentos. Este contraste entre la escasa presencia local y la narrativa oficial —que buscaba resaltar una base sólida en el sur andino— puso en evidencia las dificultades del partido para conectar con la región. Además, las buenas relaciones de un reducido sector de activistas progresistas vinculados a ONGs y afines a las figuras mencionadas no se tradujeron en un respaldo masivo por parte de los puneños, que mantienen como prioridades la exigencia de justicia por las víctimas del régimen de Dina Boluarte y José Jerí, la libertad para el expresidente Pedro Castillo, reformas profundas del Estado y el rechazo al centralismo limeño.
En contraste, el lanzamiento de Roberto Sánchez Palomino por Juntos por el Perú en la misma región evidenció una participación significativamente mayor y más espontánea. Sánchez cuenta con el respaldo explícito de Pedro Castillo Terrones, quien lo ha posicionado como su sucesor político desde prisión, un factor que genera una conexión emocional fuerte con bases rurales, sindicales y castillistas de Puno. Los reportes y concentraciones de ese acto mostraron una asistencia más densa y con mayor arraigo local, superando claramente al mitin de López Chau en términos de movilización genuina.
Esta diferencia expone las debilidades de Ahora Nación para lograr penetración en departamentos como Puno: un candidato con un perfil eminentemente académico y ligado a círculos limeños, alianzas con sectores de derecha y progresistas urbanos cuestionados por su desconexión con los Andes y las periferias, y un proyecto que depende más de la movilización partidaria que del respaldo local. En un contexto de polarización y desconfianza hacia Lima, el lanzamiento en Juliaca podría no haber fortalecido la posición de López Chau en el sur, donde el peso del legado castillista sigue siendo determinante de cara a las Elecciones Generales de 2026.
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