Lima, 30 de julio 2026.- La excongresista Margot Palacios Huamán, una de las principales figuras de Juntos por el Perú (JP), hizo público este miércoles un pronunciamiento en el que exhorta a las fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso a no aprobar la Ley de delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que contiene disposiciones que podrían afectar derechos fundamentales de la población y debilitar los mecanismos de control democrático.

En el documento, Palacios sostiene que el Perú necesita inversión, crecimiento económico y modernización del Estado, pero afirma que esos objetivos no pueden alcanzarse a costa de los trabajadores, las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas, el ambiente, los empresarios nacionales ni la soberanía del país. Por ello, pidió que el Congreso formule observaciones de fondo antes de otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Entre las principales preocupaciones expuestas, la exparlamentaria advierte que los literales 2.5 b), c) y d) permitirían modificar el marco normativo del desarrollo agrario, la mecanización, el acceso al crédito y la gestión de los recursos hídricos sin establecer salvaguardas expresas para la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas, ni garantizar la prioridad del agua para el consumo humano y la producción de alimentos. Asimismo, cuestiona que los literales 2.5 f), h) y l) faciliten la aprobación de proyectos mineros y de hidrocarburos y simplifiquen procedimientos ambientales, lo que —según señala— podría incrementar los riesgos para los ecosistemas y las poblaciones que habitan en los territorios.

El pronunciamiento también expresa preocupación por los cambios planteados en materia laboral. Palacios sostiene que los literales 2.3 c), d), e) y g) podrían flexibilizar el régimen de despidos, permitir acuerdos individuales sobre beneficios laborales como la CTS, gratificaciones, vacaciones y horas extras, establecer bonos de productividad sin carácter remunerativo y reducir el número de feriados nacionales, aspectos que considera podrían afectar derechos laborales consolidados.

Otro de los puntos cuestionados es la Primera Disposición Complementaria Final, que exceptúa a los futuros decretos legislativos de mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio. A juicio de la excongresista, cuando se legisla sobre materias que involucran derechos fundamentales corresponde fortalecer, y no restringir, la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de las normas.

Finalmente, Margot Palacios convocó a organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, gremios profesionales, empresarios nacionales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y movilizados en defensa de la democracia, los recursos naturales y la soberanía nacional. «El Perú necesita crecimiento económico, pero con justicia social, respeto irrestricto a los derechos del pueblo y un desarrollo que ponga en el centro a las personas, no la concentración del poder», concluye el pronunciamiento.

Lima, 25 de julio 2026.- Las principales fuerzas políticas de oposición al fujimorismo presentaron este sábado listas unitarias para disputar las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y del Senado, con el objetivo de garantizar una conducción plural del nuevo Congreso bicameral e impedir que la derecha encabezada por Fuerza Popular concentre el control de ambas cámaras durante el periodo legislativo 2026-2027.

En la Cámara de Diputados, la alianza integrada por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación inscribió como candidato a la presidencia a Óscar de Jesús Reto Otero (Partido del Buen Gobierno), acompañado por Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú) en la primera vicepresidencia, Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación) en la segunda vicepresidencia y José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras) en la tercera vicepresidencia. De acuerdo con la actual correlación de fuerzas, este bloque reuniría alrededor de 74 votos, suficientes para alcanzar la mayoría frente a los aproximadamente 56 votos que sumarían Fuerza Popular y Renovación Popular.

En el Senado también quedó conformado un bloque democrático integrado por Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Partido Cívico Obras y Ahora Nación, que postula a Daniel Hugo Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) a la presidencia de la Cámara Alta. Lo acompañan Jaime Quito Sarmiento (Juntos por el Perú) como primer vicepresidente, Jaime Delgado (Ahora Nación) como segundo vicepresidente y Nora Bonifaz Carmona (Partido del Buen Gobierno) como tercera vicepresidenta. Frente a ellos compite la lista conformada por Fuerza Popular y Renovación Popular, encabezada por Miguel Ángel Torres Morales, junto con Alejandro Muñante, Nilza Chacón Trujillo y Estanislao Mancha Pineda.

La conformación de estas candidaturas refleja la decisión de las fuerzas democráticas de la social democracia y el progresismo de actuar de manera coordinada para preservar el equilibrio de poderes en el Parlamento. Sus representantes sostienen que el resultado electoral otorgó una representación diversa a la ciudadanía y que ninguna organización política debe ejercer un control hegemónico sobre la agenda legislativa ni sobre los órganos de dirección del Congreso.

La disputa adquiere especial relevancia porque el fujimorismo busca recuperar un amplio margen de conducción parlamentaria, mientras que las bancadas opositoras sostienen que la Mesa Directiva debe responder al carácter plural del nuevo Congreso. Para estos sectores, la unidad parlamentaria constituye un mecanismo para fortalecer la fiscalización, promover el debate democrático y evitar la concentración del poder político en una sola fuerza.

La elección de las Mesas Directivas también tiene un fuerte contenido simbólico para diversos sectores ciudadanos que recuerdan que el fujimorismo mantiene como referente político el gobierno de Alberto Fujimori, cuyo régimen fue condenado por graves violaciones a los derechos humanos, autoritarismo y casos de corrupción. En ese contexto, las agrupaciones opositoras consideran que la conducción del Congreso debe estar orientada por principios democráticos, respeto al Estado de derecho y defensa de la institucionalidad.

Las elecciones de este domingo 26 de julio definirán quiénes presidirán la Cámara de Diputados y el Senado durante el primer año del nuevo Congreso bicameral. El resultado marcará el inicio de una etapa política clave para el equilibrio de poderes y para la capacidad de las fuerzas democráticas de ejercer un contrapeso frente a la derecha fujimorista en el Parlamento peruano.

Lima, 24 de julio de 2026.- A solo días de culminar su mandato interino, el presidente José María Balcázar estaría evaluando ejercer la facultad prevista en el artículo 118, inciso 21, de la Constitución para otorgar el Derecho de Gracia Presidencial a favor del expresidente José Pedro Castillo Terrones. Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno señalan que el mandatario buscaría concretar la medida antes de la transferencia del poder, pese a los informes desfavorables emitidos por la Dirección de Gracias Presidenciales, cuya opinión no tiene carácter vinculante para la decisión final del jefe de Estado.

El eventual decreto se sustentaría en tres argumentos principales: la Opinión 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que concluyó que la privación de libertad de Castillo fue arbitraria y recomendó su inmediata liberación; el presunto exceso del plazo razonable de la etapa de instrucción del proceso penal, al haberse superado el tiempo legal previsto; y la necesidad de contribuir a la pacificación nacional frente a la persistente crisis política que atraviesa el país.

La posibilidad de conceder la gracia presidencial cobró mayor relevancia luego de conocerse el informe de la Dirección de Gracias Presidenciales, firmado el 20 de julio por su director, Jhoner Michael Quispe Romani, en el que se concluye que la solicitud presentada por el congresista Elías Varas no cumplía con los requisitos formales establecidos en el reglamento interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, razón por la cual se recomendó no evaluar el pedido en esa vía administrativa.

Sin embargo, especialistas recuerdan que dicho informe constituye una opinión técnica y no limita la potestad constitucional del presidente de la República para conceder una gracia presidencial cuando considere que existen razones jurídicas, humanitarias o de interés nacional debidamente motivadas. De concretarse, el decreto supremo requeriría únicamente el refrendo del ministro de Justicia y su publicación en el diario oficial El Peruano para surtir efectos legales.

La eventual decisión también estaría respaldada por el debate jurídico generado en torno al cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, así como por la discusión sobre el plazo razonable del proceso penal seguido contra el exmandatario. Ambos elementos han sido invocados por la defensa de Castillo y por diversos sectores políticos que cuestionan la prolongación de su detención.

No obstante, constitucionalistas advierten que una eventual gracia presidencial podría ser objeto de impugnaciones judiciales por parte de quienes consideren insuficiente su motivación o incompatible con los procesos penales en curso. Pese a ello, otros expertos sostienen que la facultad presidencial es discrecional y que el eventual control judicial recaería sobre la motivación del acto, mas no sobre la conveniencia política de la decisión.

En el Congreso, la presión sobre el Ejecutivo se ha intensificado durante los últimos días. Los congresistas Roberto Sánchez, Margot Palacios, Elías Varas, Jaime Quito y otros representantes del progresismo, la izquierda y del campo popular han exigido públicamente que el presidente Balcázar ejerza sus atribuciones antes del cambio de mando. Los legisladores sostienen que el informe de la Dirección de Gracias Presidenciales no tiene carácter vinculante y que el Estado debe atender las recomendaciones de la ONU, respetar el plazo razonable del proceso y poner fin a lo que califican como una detención arbitraria del expresidente.

La eventual liberación de Pedro Castillo marcaría uno de los actos políticos y jurídicos más trascendentes del gobierno de transición de José María Balcázar y tendría un fuerte impacto en el escenario nacional, a pocos días de la juramentación del nuevo gobierno encabezado por Keiko Fujimori. Mientras sus partidarios consideran que la medida contribuiría a la reconciliación del país, sus detractores sostienen que podría abrir un nuevo frente de confrontación institucional.