Bogotá, 7 de agosto de 2026.– Gustavo Petro culmina hoy su mandato presidencial dejando un legado social que redefine el rumbo de Colombia. Con cifras históricas en reducción de pobreza, desempleo y expansión de derechos, su gobierno demostró que un Estado activo frente a la desigualdad no solo es posible, sino transformador. El primer mandatario de izquierda del país deja una nación con menos millones de colombianos en la indigencia y más oportunidades para quienes históricamente quedaron al margen.

Los números respaldan el cambio. La pobreza monetaria se redujo del 36,6 % en 2022 al 28 % en 2025, sacando a cerca de 1,8 millones de personas de esa condición en el último año medido. La extrema pobreza también cedió terreno hasta el 9,6 %. En el mercado laboral, el desempleo anual cerró en 8,9 % en 2025 —el nivel más bajo desde 2001— y en junio de 2026 alcanzó el 8 %, abriendo un horizonte de estabilidad que muchos colombianos no habían conocido en décadas.

La recuperación del ingreso laboral fue otro pilar fundamental. El salario mínimo ascendió de un millón a 1.423.500 pesos, mientras que la Ley 2466 de 2025 modernizó los derechos laborales al regular jornadas, recargos y contratos de aprendizaje. Estas reformas no solo mejoraron el bolsillo de los trabajadores, sino que sentaron las bases para una economía más inclusiva y con mayor formalidad en los años venideros.

En salud, el giro hacia la prevención marcó la diferencia. Con una inversión de 4,1 billones de pesos, el Gobierno desplegó 10.850 Equipos Básicos de Salud que atendieron a más de 5,5 millones de familias. El resultado fue una reducción de hasta el 55,5 % en la mortalidad por desnutrición, una cifra que traduce políticas públicas en vidas salvadas, especialmente en los territorios más vulnerables del país.

La educación superior dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho amplio. El Ministerio de Educación reportó 425.096 nuevos estudiantes en pregrados públicos, alcanzando el 85 % de la meta de 500.000 cupos. Con el 97 % de ellos cubiertos por la gratuidad, miles de jóvenes de sectores populares y regiones históricamente excluidas accedieron por primera vez a una carrera universitaria, rompiendo cadenas de reproducción de la pobreza.

El campo colombiano también vivió una transformación sin precedentes. Más de 2,28 millones de hectáreas fueron formalizadas y 351.000 entregadas a campesinos, mientras que 806.081 hectáreas se incorporaron al Fondo de Tierras. Este proceso de reforma agraria, el más ambicioso en décadas, devolvió esperanza a comunidades rurales que ahora ven en la tierra no solo un sustento, sino un proyecto de vida digna.

La protección social se extendió con fuerza hacia los adultos mayores. A través de Colombia Mayor, tres millones de personas en situación de vulnerabilidad comenzaron a recibir una transferencia de 230.000 pesos, un ingreso que, aunque no reemplaza una pensión contributiva, representa un colchón de dignidad para quienes construyeron el país sin seguridad social. Es el reconocimiento tangible de que nadie debe envejecer en la indigencia.

Más allá de las estadísticas, el gobierno de Petro logró un cambio cultural: instaló en el centro del debate nacional a los trabajadores informales, los campesinos, los jóvenes de bajos recursos y los territorios olvidados. La desigualdad, la redistribución y el rol del Estado como garante de derechos pasaron de ser discursos marginales a ejes de una agenda que ya no puede ignorarse. Colombia descubrió que otro modelo de desarrollo es posible.

Quedan, claro está, desafíos por delante: la consolidación de la paz, la sostenibilidad fiscal y la profundización del empleo formal requerirán años de esfuerzo colectivo. Pero la semilla está sembrada. El legado de estos cuatro años no se mide solo en puntos porcentuales; se mide en la esperanza de millones de colombianos que hoy miran el futuro con mayor optimismo. Y esa esperanza, en democracia, es el cambio más profundo de todos.

Lima, 4 de agosto 2026.- El Congreso de la República avanzó en la conformación de sus comisiones para el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027, luego de que las Juntas de Portavoces del Senado y de la Cámara de Diputados aprobaran la distribución proporcional de sus integrantes entre las seis bancadas con representación parlamentaria. Los acuerdos, adoptados el 4 de agosto, deberán ser ratificados por los respectivos plenos antes de iniciar formalmente el trabajo legislativo.

La distribución se sustenta en la composición política surgida de las elecciones generales de 2026. En el Senado, Fuerza Popular cuenta con 22 de los 60 escaños, seguida por Juntos por el Perú con 14, Renovación Popular con 8, Partido del Buen Gobierno con 7, Partido Cívico Obras con 5 y Ahora Nación con 4. En la Cámara de Diputados, Fuerza Popular posee 41 de los 130 curules, Juntos por el Perú 32, Partido del Buen Gobierno 18, Renovación Popular 15, Partido Cívico Obras 14 y Ahora Nación 10. Ninguna bancada alcanza mayoría absoluta, por lo que los acuerdos dependerán de negociaciones y alianzas entre grupos parlamentarios.

El Senado estará conformado por siete comisiones ordinarias, cada una integrada por 12 miembros con una distribución fija: cuatro representantes de Fuerza Popular, tres de Juntos por el Perú, dos de Renovación Popular y un representante de cada una de las otras tres bancadas. Entre ellas destacan Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor; Justicia y Derechos Humanos; y Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital.

En la Cámara de Diputados se instalarán 16 comisiones ordinarias. Siete tendrán 26 integrantes, entre ellas Constitución, Economía, Justicia e Infraestructura; mientras que las nueve restantes estarán conformadas por 20 miembros, incluyendo Desarrollo Agrario, Energía y Minas, Salud, Trabajo, Producción y Ciencia e Innovación Tecnológica. También quedaron definidas las comisiones especiales, como Acusaciones Constitucionales y Ética Parlamentaria, esta última integrada por un representante de cada bancada.

Aunque la proporcionalidad de las comisiones ya fue acordada, aún falta definir la integración nominal de titulares y suplentes, así como la elección de presidentes, vicepresidentes y secretarios de cada grupo de trabajo. Estas designaciones representan la etapa de mayor negociación política, pues las presidencias de comisiones estratégicas como Constitución, Economía, Justicia y Fiscalización suelen concentrar la mayor influencia en la agenda legislativa.

La conformación de las comisiones marcará el equilibrio de poder dentro del primer Congreso bicameral instalado tras la reforma constitucional. Si bien Fuerza Popular parte como la primera fuerza parlamentaria, la ausencia de una mayoría absoluta obliga a construir consensos con otras bancadas para conducir las comisiones más relevantes y asegurar la viabilidad de las iniciativas legislativas durante el periodo 2026-2027.

Lima, 30 de julio 2026.- La excongresista Margot Palacios Huamán, una de las principales figuras de Juntos por el Perú (JP), hizo público este miércoles un pronunciamiento en el que exhorta a las fuerzas políticas democráticas representadas en el Congreso a no aprobar la Ley de delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori, al considerar que contiene disposiciones que podrían afectar derechos fundamentales de la población y debilitar los mecanismos de control democrático.

En el documento, Palacios sostiene que el Perú necesita inversión, crecimiento económico y modernización del Estado, pero afirma que esos objetivos no pueden alcanzarse a costa de los trabajadores, las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas, el ambiente, los empresarios nacionales ni la soberanía del país. Por ello, pidió que el Congreso formule observaciones de fondo antes de otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

Entre las principales preocupaciones expuestas, la exparlamentaria advierte que los literales 2.5 b), c) y d) permitirían modificar el marco normativo del desarrollo agrario, la mecanización, el acceso al crédito y la gestión de los recursos hídricos sin establecer salvaguardas expresas para la agricultura familiar, las comunidades campesinas y nativas, ni garantizar la prioridad del agua para el consumo humano y la producción de alimentos. Asimismo, cuestiona que los literales 2.5 f), h) y l) faciliten la aprobación de proyectos mineros y de hidrocarburos y simplifiquen procedimientos ambientales, lo que —según señala— podría incrementar los riesgos para los ecosistemas y las poblaciones que habitan en los territorios.

El pronunciamiento también expresa preocupación por los cambios planteados en materia laboral. Palacios sostiene que los literales 2.3 c), d), e) y g) podrían flexibilizar el régimen de despidos, permitir acuerdos individuales sobre beneficios laborales como la CTS, gratificaciones, vacaciones y horas extras, establecer bonos de productividad sin carácter remunerativo y reducir el número de feriados nacionales, aspectos que considera podrían afectar derechos laborales consolidados.

Otro de los puntos cuestionados es la Primera Disposición Complementaria Final, que exceptúa a los futuros decretos legislativos de mecanismos como la consulta pública y el análisis de impacto regulatorio. A juicio de la excongresista, cuando se legisla sobre materias que involucran derechos fundamentales corresponde fortalecer, y no restringir, la transparencia y la participación ciudadana en la elaboración de las normas.

Finalmente, Margot Palacios convocó a organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, gremios profesionales, empresarios nacionales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y movilizados en defensa de la democracia, los recursos naturales y la soberanía nacional. «El Perú necesita crecimiento económico, pero con justicia social, respeto irrestricto a los derechos del pueblo y un desarrollo que ponga en el centro a las personas, no la concentración del poder», concluye el pronunciamiento.