Jeannette Alejandra Jara Román, candidata presidencial del Partido Comunista de Chile para las elecciones de 2025, emerge como una figura destacada tras su contundente victoria en las primarias de la coalición «Unidad por Chile», donde obtuvo el 60% de los votos. Su experiencia como abogada y exministra del Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric le otorga un perfil sólido, con un enfoque en políticas sociales y laborales que resuenan con sectores amplios de la población. Jara ha destacado por su capacidad de articular propuestas que combinan justicia social con viabilidad económica, promoviendo reformas como el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, medidas que han fortalecido su imagen como una líder pragmática y comprometida con los trabajadores.

Una de las principales ventajas de Jara es su habilidad para tender puentes dentro de una coalición diversa, integrando al Partido Comunista con sectores progresistas y socialdemócratas. Su trayectoria en el gobierno de Boric, donde enfrentó desafíos como la implementación de la reforma de pensiones, le ha valido el reconocimiento por su capacidad de negociación y gestión en contextos complejos. Además, su discurso inclusivo y su énfasis en la equidad de género y los derechos de las minorías le han permitido conectar con votantes jóvenes y movimientos sociales, consolidándola como una candidata capaz de movilizar a un electorado desencantado con la política tradicional.

Finalmente, Jara representa un hito histórico como la primera candidata comunista respaldada por una amplia coalición de izquierda desde el retorno a la democracia en Chile. Su enfoque en políticas redistributivas y su compromiso con enfrentar la desigualdad estructural la posicionan como una opción atractiva para quienes buscan un cambio profundo en el modelo económico y social. Aunque enfrenta el desafío de superar prejuicios asociados al Partido Comunista, su experiencia y carisma podrían ser clave para consolidar su liderazgo en la carrera presidencial de 2025, marcando un nuevo capítulo en la política chilena.

El congresista Elías Varas, de Juntos por el Perú, presentó una denuncia constitucional contra seis magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por intentar reinstalar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. La acusación, dirigida contra Gino Ríos, María Teresa Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, Germán Serkovic y Cayo Galindo, señala presuntas infracciones constitucionales y delitos como usurpación de funciones y avocamiento ilegal. Francisco Távara, quien no participó en la resolución cuestionada, quedó excluido.

La denuncia se centra en la resolución de la JNJ que anuló la destitución de Benavides y ordenó su restitución, una decisión que Varas considera inconstitucional. Según el congresista, la designación del fiscal de la Nación es competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos, conforme a los artículos 158 y 154 de la Constitución. Varas solicita la destitución de los magistrados y la remoción de su fuero para un eventual procesamiento judicial.

Elías Varas, conocido por su postura crítica hacia decisiones judiciales polémicas, ha defendido su iniciativa como una defensa del orden constitucional. Sin embargo, analistas advierten que esta denuncia podría intensificar las tensiones entre el Congreso y la JNJ, en un contexto de cuestionamientos a la independencia de ambos poderes.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso evaluará la denuncia en los próximos días. Este caso ha generado controversia, ya que algunos sectores consideran que la resolución de la JNJ busca corregir irregularidades en el proceso contra Benavides, mientras otros la ven como una intromisión en funciones exclusivas del Ministerio Público.

La ciudadanía espera que el proceso en el Congreso se desarrolle con transparencia, mientras el caso Benavides sigue generando debate sobre el equilibrio de poderes en el país.

Lima, 16 de junio de 2025 – Mientras Estados Unidos se presenta ante el mundo como un defensor de la paz y los derechos humanos, su apoyo incondicional a Israel en su ofensiva contra Irán y la masacre de civiles palestinos, especialmente niños y ancianos en Gaza, revela una hipocresía que ha indignado a la comunidad internacional y generado un rechazo unánime en Perú y América Latina. Este respaldo, que incluye miles de millones de dólares en armamento y vetos a resoluciones de la ONU, ha sido señalado como cómplice de crímenes de guerra y una amenaza a la estabilidad global.

La escalada bélica de Israel, respaldada por EE.UU., ha alcanzado un nuevo nivel con los recientes ataques a instalaciones nucleares y militares en Irán, que dejaron al menos 78 víctimas, incluyendo civiles, según reportes de prensa internacional. Estos bombardeos, facilitados por inteligencia satelital y apoyo logístico estadounidense, han sido condenados por países como Turquía, Irak y Pakistán como una violación flagrante de la soberanía iraní y del derecho internacional. Irán, por su parte, ha prometido represalias, elevando el riesgo de una guerra regional que podría desestabilizar aún más el Medio Oriente.

Paralelamente, en Gaza, el saldo de la ofensiva israelí es devastador: más de 23,000 civiles muertos, incluyendo al menos 14,500 niños y miles de ancianos, según datos de Unicef y la Organización Mundial de la Salud hasta enero de 2025. Los bombardeos indiscriminados, el bloqueo de ayuda humanitaria y la destrucción de hospitales y escuelas han sumido a la población palestina en una crisis humanitaria sin precedentes, con el 90% de los habitantes desplazados y al borde de la hambruna. Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado estas acciones como genocidio, acusando a Israel de atacar deliberadamente a civiles y de utilizar el hambre como arma de guerra.

Estados Unidos, lejos de promover la paz, ha sido un pilar clave en esta tragedia. Solo en 2024, aprobó $17,600 millones en ayuda militar a Israel, incluyendo bombas de precisión y proyectiles de artillería usados en Gaza, según informes del Congreso estadounidense. Además, en junio de 2025, vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y el acceso irrestricto de ayuda humanitaria a Gaza, siendo el único de los 15 miembros en oponerse. Este veto, el tercero en lo que va del año, ha sido interpretado como una luz verde para que Israel continúe su ofensiva sin rendir cuentas.

En Perú, la indignación no se ha hecho esperar. Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos estudiantiles han convocado manifestaciones en Lima y otras ciudades para rechazar lo que califican como una “doble moral” de EE.UU. “Hablan de paz y democracia, pero financian la muerte de niños y ancianos palestinos y provocan a Irán para desatar más caos. Esto es inaceptable”, afirmó Carmen Rojas, vocera de la Coordinadora Peruana por Palestina. En redes sociales, el hashtag #EEUUHipócrita ha ganado tracción, con usuarios peruanos y latinoamericanos denunciando la complicidad de Washington en lo que llaman un “genocidio televisado”.

La comunidad internacional también ha alzado su voz. Países como Brasil, Bolivia y Chile han condenado la postura de EE.UU., exigiendo sanciones contra Israel y una investigación independiente por crímenes de guerra. Incluso aliados tradicionales de Washington, como Francia y Canadá, han expresado su preocupación por la escalada y han instado a un cambio de rumbo para evitar una catástrofe regional. Sin embargo, la administración estadounidense insiste en su narrativa de “defensa propia” de Israel, ignorando las pruebas de ataques desproporcionados y el sufrimiento de la población civil palestina.

En el contexto de América Latina, donde la solidaridad con Palestina ha crecido en los últimos años, la postura de EE.UU. es vista como una continuación de su histórica injerencia en la región, promoviendo intereses geopolíticos por encima de la justicia y la humanidad. “EE.UU. no solo traiciona los valores que dice defender, sino que pone en riesgo la paz mundial al respaldar una agresión que mata inocentes y provoca a Irán”, señaló el analista político peruano Juan Velásquez.

Mientras los cuerpos de niños y ancianos palestinos se acumulan bajo los escombros y la amenaza de una guerra más amplia con Irán se cierne sobre el horizonte, el mundo exige que EE.UU. deje de lado su hipocresía y asuma su responsabilidad. En Perú, la ciudadanía se une al clamor global por un alto al fuego inmediato, el fin del bloqueo a Gaza y el cese del apoyo a un régimen que, con el respaldo de Washington, perpetúa un ciclo de violencia y sufrimiento. La paz, verdadera y no discursiva, es el único camino posible.