Cercado de Lima, 9 de julio 2026.- La discusión del proyecto que busca mejorar los derechos laborales de los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate político y presupuestal en el Congreso de la República. Miles de servidores públicos agrupados en sindicatos nacionales mantienen la presión para que se reconozca el pago completo de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y de las gratificaciones equivalentes a una remuneración íntegra, rechazando cualquier esquema que postergue estos beneficios durante varios años.

El principal punto de controversia surgió tras conocerse una propuesta de trabajo debatida en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que planteaba una aplicación progresiva de estos derechos laborales. Según la iniciativa discutida, el reconocimiento de la CTS y las gratificaciones comenzaría con un 10% durante el presente año, alcanzando el 100% recién en el año 2030. Para los gremios estatales, este cronograma mantiene la desigualdad entre trabajadores del propio Estado y prolonga una situación que consideran discriminatoria frente a otros regímenes laborales públicos.

Las organizaciones sindicales, que representan a trabajadores CAS de sectores como Salud, Educación, gobiernos regionales, municipalidades y entidades administrativas, sostienen que la implementación debe realizarse en un plazo considerablemente menor. Argumentan que miles de servidores cumplen funciones permanentes desde hace varios años sin acceder plenamente a beneficios laborales equivalentes a los de otros trabajadores estatales, pese a desempeñar labores esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos.

La presión también se refleja en las calles. Diversas federaciones nacionales han realizado plantones y movilizaciones frente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Congreso de la República para exigir una solución durante el debate legislativo. En paralelo, dirigentes sindicales mantienen reuniones con congresistas y representantes técnicos con el objetivo de incorporar modificaciones al texto sustitutorio antes de que la iniciativa retorne a discusión en la Comisión Permanente.

En las regiones, el escenario también comienza a tensarse. En Cusco, Arequipa y Puno, sindicatos de trabajadores de salud y educación han advertido que podrían convocar paros preventivos si se mantiene la progresividad hasta 2030 para el pago íntegro de la CTS y las gratificaciones. Los dirigentes sostienen que el incremento del costo de vida y las condiciones económicas en las zonas altoandinas hacen urgente acelerar el reconocimiento de estos derechos laborales.

Situaciones similares se reportan en Junín y Ayacucho, donde gremios del sector educación y trabajadores de municipios provinciales permanecen en asamblea permanente. Entre sus demandas figura que los recursos provenientes de los saldos de balance regionales, considerados dentro del debate del crédito suplementario y de la descentralización financiera, incluyan partidas de contingencia destinadas a mejorar las condiciones laborales del personal contratado bajo el régimen CAS.

Mientras el Congreso mantiene en cuarto intermedio el análisis del proyecto y el Ejecutivo evalúa su viabilidad presupuestal, la expectativa se centra en encontrar una fórmula financiera que permita acelerar el reconocimiento de estos beneficios sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas. La decisión que adopten la Comisión de Presupuesto, presidida por el congresista Alejandro Soto, y el Ministerio de Economía y Finanzas será determinante para definir si miles de trabajadores CAS logran una mejora inmediata de sus derechos laborales o si el conflicto social continúa escalando en las próximas semanas.

Moquegua, 1 de julio de 2026.- La región Moquegua amaneció completamente paralizada tras el inicio de un paro indefinido convocado por diversas organizaciones sociales, autoridades locales, gremios y ciudadanos en rechazo a la ley que modificaba los límites territoriales con Tacna. El principal punto de conflicto se concentró en el Puente Montalvo, sobre la carretera Panamericana Sur, donde manifestantes bloquearon el tránsito de vehículos de carga, transporte interprovincial y particulares, generando un severo impacto en el sur del país.

La medida de fuerza responde al profundo malestar de la población moqueguana por considerar que la norma aprobada vulnera los intereses históricos y territoriales de la región. Los dirigentes exigen la derogatoria inmediata de la ley y la instalación de una mesa de diálogo con participación del Gobierno Central, el Congreso de la República y las autoridades regionales para revisar los alcances de la delimitación territorial.

La situación se agravó dramáticamente durante las primeras horas de la protesta, cuando un accidente de tránsito ocurrido en medio del congestionamiento vehicular provocado por el bloqueo dejó como saldo una persona fallecida. El hecho generó conmoción entre los manifestantes y transportistas, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y las posibles responsabilidades.

El cierre del Puente Montalvo provocó largas filas de vehículos varados a lo largo de varios kilómetros, afectando el abastecimiento de alimentos, combustibles y mercancías entre las regiones del sur. Empresas de transporte suspendieron sus operaciones y cientos de pasajeros quedaron retenidos en terminales y carreteras, incrementando la preocupación por las consecuencias económicas del conflicto si la paralización se prolonga.

Las organizaciones que impulsan la protesta advirtieron que el paro será indefinido hasta obtener una respuesta concreta del Ejecutivo y del Parlamento. Asimismo, anunciaron que podrían intensificar las medidas de lucha con nuevas movilizaciones y bloqueos en otros puntos estratégicos de la región si sus demandas continúan siendo ignoradas.

Por su parte, la Policía Nacional reforzó la presencia de efectivos en los accesos a Moquegua para evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de la población, mientras el Gobierno exhortó a mantener el diálogo y evitar actos de violencia. No obstante, al cierre de esta jornada, el tránsito por el Puente Montalvo permanecía interrumpido y el clima de tensión seguía en aumento.

El conflicto territorial entre Moquegua y Tacna vuelve así a convertirse en uno de los principales focos de tensión social del sur peruano. La muerte registrada durante el primer día del paro incrementa la presión sobre las autoridades nacionales para encontrar una salida inmediata que permita restablecer el tránsito, preservar la paz social y evitar que la crisis continúe cobrando consecuencias humanas y económicas.

Lima, 18 de junio de 2026. El excandidato presidencial Roberto Sánchez y dirigentes de Juntos por el Perú (JP) anunciaron la realización de una movilización para este viernes 19 de junio en Lima, con el objetivo de expresar su posición frente al proceso electoral y demandar transparencia en la revisión de actas observadas y recursos presentados ante los organismos electorales.

La concentración está programada para las 4:00 de la tarde en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. Los organizadores informaron que participarán militantes de Juntos por el Perú, organizaciones sociales y delegaciones provenientes de distintas regiones del país, especialmente del centro y sur andino.

Durante una conferencia de prensa, Roberto Sánchez confirmó que encabezará la movilización y sostuvo que la actividad se desarrollará de manera pacífica y dentro del marco constitucional. Según señaló, la marcha busca respaldar los pedidos de revisión de actas y otras acciones legales impulsadas por su agrupación política tras la segunda vuelta presidencial.

La convocatoria se produce en un contexto de alta tensión política debido a la estrecha diferencia registrada en los resultados electorales. Mientras los organismos electorales continúan evaluando recursos y observaciones pendientes, diversos sectores políticos mantienen posiciones enfrentadas respecto al proceso de cómputo y proclamación de resultados.

Por su parte, las autoridades municipales y policiales anunciaron medidas de seguridad y control del tránsito ante la llegada de cientos de manifestantes a la capital. La movilización será una de las principales expresiones públicas de apoyo a la candidatura de Sánchez desde la jornada electoral y se espera que reúna a simpatizantes de distintas regiones del país.