Lima, 16 de junio de 2025 – Mientras Estados Unidos se presenta ante el mundo como un defensor de la paz y los derechos humanos, su apoyo incondicional a Israel en su ofensiva contra Irán y la masacre de civiles palestinos, especialmente niños y ancianos en Gaza, revela una hipocresía que ha indignado a la comunidad internacional y generado un rechazo unánime en Perú y América Latina. Este respaldo, que incluye miles de millones de dólares en armamento y vetos a resoluciones de la ONU, ha sido señalado como cómplice de crímenes de guerra y una amenaza a la estabilidad global.

La escalada bélica de Israel, respaldada por EE.UU., ha alcanzado un nuevo nivel con los recientes ataques a instalaciones nucleares y militares en Irán, que dejaron al menos 78 víctimas, incluyendo civiles, según reportes de prensa internacional. Estos bombardeos, facilitados por inteligencia satelital y apoyo logístico estadounidense, han sido condenados por países como Turquía, Irak y Pakistán como una violación flagrante de la soberanía iraní y del derecho internacional. Irán, por su parte, ha prometido represalias, elevando el riesgo de una guerra regional que podría desestabilizar aún más el Medio Oriente.

Paralelamente, en Gaza, el saldo de la ofensiva israelí es devastador: más de 23,000 civiles muertos, incluyendo al menos 14,500 niños y miles de ancianos, según datos de Unicef y la Organización Mundial de la Salud hasta enero de 2025. Los bombardeos indiscriminados, el bloqueo de ayuda humanitaria y la destrucción de hospitales y escuelas han sumido a la población palestina en una crisis humanitaria sin precedentes, con el 90% de los habitantes desplazados y al borde de la hambruna. Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado estas acciones como genocidio, acusando a Israel de atacar deliberadamente a civiles y de utilizar el hambre como arma de guerra.

Estados Unidos, lejos de promover la paz, ha sido un pilar clave en esta tragedia. Solo en 2024, aprobó $17,600 millones en ayuda militar a Israel, incluyendo bombas de precisión y proyectiles de artillería usados en Gaza, según informes del Congreso estadounidense. Además, en junio de 2025, vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y el acceso irrestricto de ayuda humanitaria a Gaza, siendo el único de los 15 miembros en oponerse. Este veto, el tercero en lo que va del año, ha sido interpretado como una luz verde para que Israel continúe su ofensiva sin rendir cuentas.

En Perú, la indignación no se ha hecho esperar. Organizaciones sociales, sindicatos y movimientos estudiantiles han convocado manifestaciones en Lima y otras ciudades para rechazar lo que califican como una “doble moral” de EE.UU. “Hablan de paz y democracia, pero financian la muerte de niños y ancianos palestinos y provocan a Irán para desatar más caos. Esto es inaceptable”, afirmó Carmen Rojas, vocera de la Coordinadora Peruana por Palestina. En redes sociales, el hashtag #EEUUHipócrita ha ganado tracción, con usuarios peruanos y latinoamericanos denunciando la complicidad de Washington en lo que llaman un “genocidio televisado”.

La comunidad internacional también ha alzado su voz. Países como Brasil, Bolivia y Chile han condenado la postura de EE.UU., exigiendo sanciones contra Israel y una investigación independiente por crímenes de guerra. Incluso aliados tradicionales de Washington, como Francia y Canadá, han expresado su preocupación por la escalada y han instado a un cambio de rumbo para evitar una catástrofe regional. Sin embargo, la administración estadounidense insiste en su narrativa de “defensa propia” de Israel, ignorando las pruebas de ataques desproporcionados y el sufrimiento de la población civil palestina.

En el contexto de América Latina, donde la solidaridad con Palestina ha crecido en los últimos años, la postura de EE.UU. es vista como una continuación de su histórica injerencia en la región, promoviendo intereses geopolíticos por encima de la justicia y la humanidad. “EE.UU. no solo traiciona los valores que dice defender, sino que pone en riesgo la paz mundial al respaldar una agresión que mata inocentes y provoca a Irán”, señaló el analista político peruano Juan Velásquez.

Mientras los cuerpos de niños y ancianos palestinos se acumulan bajo los escombros y la amenaza de una guerra más amplia con Irán se cierne sobre el horizonte, el mundo exige que EE.UU. deje de lado su hipocresía y asuma su responsabilidad. En Perú, la ciudadanía se une al clamor global por un alto al fuego inmediato, el fin del bloqueo a Gaza y el cese del apoyo a un régimen que, con el respaldo de Washington, perpetúa un ciclo de violencia y sufrimiento. La paz, verdadera y no discursiva, es el único camino posible.

Lima, 13 de junio de 2025 – En un nuevo capítulo de tensión en Oriente Medio, Israel lanzó la Operación León Naciente contra instalaciones nucleares y militares de Irán, dejando un saldo de al menos 78 muertos, en su mayoría civiles, según la ONU. Este ataque, ejecutado el 13 de junio, contó con el respaldo tácito de potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, quienes han justificado la acción como una medida preventiva contra el programa nuclear iraní. Sin embargo, esta agresión no solo agrava la inestabilidad regional, sino que también pone en evidencia los intereses de los países más desarrollados armamentísticamente, que se lucran a costa de la devastación.

El ataque israelí, descrito como «sin precedentes» por su magnitud, destruyó parcialmente el sitio de enriquecimiento de uranio en Natanz y otras infraestructuras clave. Irán respondió con la Operación Promesa Verdadera III, lanzando más de 150 misiles balísticos contra Israel, causando daños en Tel Aviv y al menos 63 heridos. La escalada ha disparado los precios del petróleo en más del 10%, afectando la economía global, incluido Perú, donde el costo de los combustibles ya impacta a los consumidores. Esta dinámica beneficia a las grandes corporaciones energéticas y armamentísticas de Estados Unidos y Europa, que ven en el conflicto una oportunidad para expandir mercados.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha reforzado su apoyo con miles de millones en asistencia militar, mientras empresas como Lockheed Martin y Raytheon incrementan sus contratos para suministrar sistemas de defensa. Reino Unido y Francia, que en abril de 2024 ayudaron a interceptar misiles iraníes, también se benefician al demostrar la eficacia de sus tecnologías militares. Este complejo militar-industrial prospera con la prolongación de conflictos, mientras los civiles iraníes e israelíes pagan el precio con vidas y destrucción.

La región de Oriente Medio, rica en petróleo y gas, se convierte una vez más en un tablero de ajedrez para las potencias occidentales. El estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, está en riesgo, lo que favorece a países como Arabia Saudita y a multinacionales como ExxonMobil y Chevron, que buscan consolidar su control sobre los recursos energéticos. Mientras tanto, Irán, debilitado por sanciones y ahora por estos ataques, enfrenta una crisis interna que podría facilitar la influencia extranjera en sus yacimientos.

Desde Perú, esta situación nos interpela. La dependencia de combustibles importados nos hace vulnerables a las fluctuaciones causadas por conflictos lejanos, mientras el comercio de armas enriquece a las potencias del norte. Organizaciones internacionales han llamado a la desescalada, pero la falta de acción concreta refleja la complicidad de los países desarrollados en perpetuar esta crisis por intereses económicos y geopolíticos.

Es imperativo cuestionar el rol de las potencias occidentales en este conflicto. Su apoyo a Israel, bajo el pretexto de la seguridad, parece más una estrategia para mantener su hegemonía en Oriente Medio y alimentar sus industrias bélicas. Los peruanos, como ciudadanos de un país en desarrollo, debemos exigir un orden global más justo, donde la paz prevalezca sobre los intereses de las élites armamentísticas.

La comunidad internacional debe priorizar el diálogo y sanciones diplomáticas sobre la violencia. Mientras las bombas caen en Irán y los misiles en Israel, son los pueblos los que sufren, y los verdaderos ganadores están en los consejos de administración de las corporaciones de Occidente. Perú, desde su posición en el concierto global, debe abogar por una solución pacífica que ponga fin a este ciclo de destrucción.

Miles de comuneros, reunidos en asambleas y reuniones provinciales y regionales a lo largo del Perú, han decidido pasar a la ofensiva contra la Ley 32293, aprobada por el Congreso en abril pasado de este año. Sostienen que la norma vulnera sus derechos históricos sobre la tierra comunal y pone en riesgo a más de 6 600 comunidades legalmente reconocidas.

Atendiendo el pedido de sus dirigentes, la congresista Margot Palacios —de origen campesino y representante del departamento sureño de Ayacucho— presentó el 6 de junio el Proyecto de Ley 11394, que plantea la derogatoria total de la controvertida disposición.

El reclamo no surgió de forma espontánea, sino que fue construido desde las bases. En Cusco, Puno, Piura, Junín, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Ayacucho y otros departamentos, las comunidades convocaron asambleas para analizar el impacto de la ley. Según se supo, en el encuentro campesinos de Sicuani (Cusco), los líderes Wilberth Mescco Masa, Walter Torres y Antonio Maquera fueron comisionados para entregar un pronunciamiento al Congreso. El documento es contundente: “Esta ley es una amenaza directa a nuestra forma de vida comunal; exigimos su derogatoria inmediata”.

La Ley 32293 amplía hasta 2015 el plazo para formalizar ocupaciones individuales dentro de predios comunales, eliminando el límite que había vencido en 2003. Según las comunidades, esta ampliación abre la puerta al fraccionamiento de la propiedad colectiva, fomenta el tráfico de terrenos y contradice el principio de imprescriptibilidad establecido en el artículo 89 de la Constitución.

“La tierra comunal no se vende ni se formaliza; se defiende colectivamente”, advirtió José Carlos Gutiérrez, dirigente aimara de Puno. En Junín, el alcalde de Huay Huay, Ángel Aylas Jara, alertó que la ley “incentiva conflictos sociales y beneficia a invasores con fines comerciales”. En varias provincias se preparan encuentros comunales para coordinar un paro agrario si el Congreso no deroga la norma antes del Día del Campesino, el 24 de junio.
El Proyecto de Ley 11394 no nació en el Congreso, sino en las propias bases comunales. Elaborado con el apoyo de asesores legales de las comunidades, propone anular la Ley 32293, suspender cualquier proceso de formalización individual sobre tierras comunales y garantizar que toda decisión futura sobre esos territorios sea aprobada en asamblea y sometida a consulta obligatoria.

Universidades, centros de investigación y entidades como las ONGs CEPES, Red Muqui y Aidesep han brindado respaldo técnico a la posición de las comunidades. Sin embargo, la vocería legítima recae en los propios comuneros y sus federaciones agrarias, entre ellas la FARTAC, Consejo de Autoridades Originarias de la Región de Puno, y la Federación Departamental de Campesinos de Cusco, Apurímac, Puno y Huancavelic, que ya coordinan acciones de protesta en el mes de la Pachamama.

“El Congreso no puede legislar contra el pueblo que vive y trabaja la tierra desde hace generaciones. Esta ley no puede seguir vigente”, sentenció Walter Torres en representación de las comunidades del sur. Si el Parlamento no da trámite urgente a la derogatoria, las organizaciones anuncian un ciclo de movilizaciones que partirá desde cada territorio rural.