Lima, 8 de diciembre de 2025.- El Poder Judicial ordenó la suspensión provisional del proceso electoral interno del partido Ahora Nación, lo que paralizó las votaciones programadas para este domingo 7 de diciembre destinadas a elegir la plancha presidencial encabezada por Alfonso López Chau, así como a los candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. La medida fue emitida por el Juzgado Civil de La Merced, en Junín, al declarar fundada una demanda de amparo presentada por los militantes Geraldine Estefany Ponce Llanos y Nilton César Meza Franco contra el Tribunal Electoral Nacional del partido. Según la resolución del juez Augusto Balbín Solís, la suspensión abarca los efectos jurídicos y fácticos del acta de sesión del 8 de octubre de 2025, que convocaba la elección de delegados y el cronograma general para las elecciones generales de 2026.

Los demandantes alegaron irregularidades graves en el procedimiento, como la falta de publicación oportuna de la convocatoria y el cronograma electoral, lo que les impidió presentar listas alternativas o formular tachas contra otras postulaciones. Además, denunciaron que el proceso no fue comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), violando el derecho a participar, elegir y ser elegidos de los afiliados. Otro punto controvertido fue el requisito de un pago de hasta S/ 80.000 para inscribir candidaturas, calificado como discriminatorio e irregular. La resolución judicial advierte al Tribunal Electoral Nacional, presidido por Daniel Martín Plácido Matta, que se abstenga de continuar el proceso bajo apercibimiento de denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad, hasta la resolución del fondo del caso.

A pesar de la orden judicial, Ahora Nación procedió con la elección de delegados el 30 de noviembre y las votaciones del 7 de diciembre bajo la supervisión técnica de la ONPE, argumentando que el fallo es inaplicable y que los actos ya ejecutados no pueden ser retrotraídos. El Comité Ejecutivo Nacional del partido expresó preocupación por posibles intentos de bloquear su participación en los comicios de abril de 2026, y anunció que evaluará medidas legales posteriores. Expertos electorales consultados indican que esta suspensión podría derivar en una tacha ante el JNE, invalidando la candidatura de López Chau si se confirman las infracciones a la democracia interna, en un contexto de 37 partidos que completaron sus procesos sin mayores contratiempos.

Lima, 3 de diciembre de 2025 – En una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada, el pleno del Congreso logró, tras una cuestionada reconsideración, inhabilitar por diez años a la fiscal suprema Delia Espinoza, la única barrera que impedía el retorno de Patricia Benavides al cargo de fiscal de la Nación. Fuentes parlamentarias de la oposición aseguran que la maniobra forma parte de una estrategia más amplia de la derecha parlamentaria para neutralizar cualquier obstáculo institucional que pueda fiscalizar o denunciar irregularidades en el proceso electoral del 2026, donde buscan garantizar la reelección de sus aliados y bloquear el regreso de la izquierda.

El mismo bloque que votó unido por la sanción –Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Perú Libre, afines al “acuerdo de gobernabilidad”– ya tiene sobre la mesa proyectos para reformar la Junta Nacional de Justicia, reducir el número de miembros del Jurado Nacional de Elecciones y modificar la ley de organizaciones políticas con el objetivo de excluir candidaturas incómodas. Según documentos a los que tuvo acceso este medio, la próxima meta es colocar en el JNE y el Reniec a personas de absoluta confianza de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, replicando el modelo aplicado en Ecuador y otros países donde el control de los organismos electorales precedió acusaciones de fraude masivo.

Analistas y exmagistrados electorales advierten que, con la Fiscalía de la Nación en manos afines, la JNJ desmantelada y los entes electorales copados, el escenario para el 2026 queda despejado para un eventual fraude técnico-institucional: manipulación de actas, denegación masiva de inscripciones de listas opositoras y blindaje judicial ante cualquier impugnación. “No necesitan urnas quemadas ni muertos como en el 2000; hoy basta con tener los organismos que cuentan y revisan los votos”, resumió un exvocal del JNE que pidió reserva de identidad. Mientras el Congreso celebra la “recuperación de la institucionalidad”, en los pasillos de varias bancadas ya se habla sin tapujos de “asegurar el triunfo antes de la campaña”.

Lima, 13 de noviembre de 2025 – Miles de maestros del SUTEP protagonizaron un combativo paro nacional de 24 horas, exigiendo al Congreso y al Gobierno el cumplimiento de promesas incumplidas: pensiones dignas para jubilados, aumento salarial de S/200 y el 6% del PBI para educación. En la capital, la marcha hacia el Palacio Legislativo fue reprimida por la Policía Nacional, que usó gases lacrimógenos y fuerza física para bloquear el avance. Pese a la violencia, los docentes lograron llegar al carril frontal del Congreso, alzando su voz contra un Estado que, según denuncian, abandona al magisterio.

El dirigente de jubilados, Soto, denunció haber sido pateado por efectivos policiales, un acto que indignó a los manifestantes y se viralizó en redes sociales. “No nos callarán; luchamos por derechos, no por migajas”, declaró Lucio Castro, secretario general del SUTEP, quien criticó al Ejecutivo por observar la Ley 3864, que beneficiaría a 162.000 cesantes y jubilados. La intervención policial, calificada como desproporcionada, no detuvo la protesta, que también exigió el pago del bono excepcional de S/487 y la derogatoria de la Ley 32242, vista como una amenaza al empleo docente.

Este paro, respaldado por más de 6.000 maestros en Lima y miles en regiones, expone la crisis del sector educativo, relegado por un Gobierno que prioriza ajustes fiscales sobre la deuda social. El SUTEP advierte que, sin respuestas concretas, escalará sus medidas de lucha. Mientras el Congreso posterga el debate y el Minedu declara la huelga “improcedente”, la ciudadanía se pregunta: ¿hasta cuándo la educación seguirá siendo la última rueda del coche?