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Sociedad

Gobierno de Perú amenaza con encarcelar a quienes protestan contra privatización de Machu Picchu

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El gobierno de Dina Boluarte a través del presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, advirtió a los manifestantes que bloquean por varios días la única vía ferroviaria de acceso a la turística ciudadela de Machu Picchu que se arriesgan a ser encarcelados y descartó atender sus reclamos para que la venta de boletos a las ruinas arqueológicas vuelva a ser a través de una plataforma virtual estatal.

“No vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción que ha venido funcionando ilegalmente desde hace muchos años”, dijo el primer ministro Alberto Otárola el lunes, sobre la fórmula de distribución de entradas a la joya turística peruana. Desde hace casi 10 días, los boletos pasaron al sector privado.

Recordó, además, a los manifestantes que según la ley podrían ser encarcelados entre 10 y 15 años por interrumpir las vías de acceso al patrimonio de la nación, ubicado en la región Cusco, en el sureste del país.

Otárola también rechazó otro pedido de los manifestantes, quienes exigen la renuncia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, porque impulsó la venta de entradas a Machu Picchu a través de una plataforma digital perteneciente a uno de los grupos económicos locales más poderosos. El 20 de enero se dejó de usar otra plataforma virtual estatal de venta de boletos que funcionaba hace más de 15 años.

“Nosotros no vamos a perder el principio de autoridad, no vamos a tomar una decisión distinta a la asumida de manera eficiente por la ministra de Cultura, a quien le expresamos todo nuestro apoyo en esta gestión”, añadió Otárola.

Mientras tanto, los ministros de Cultura. Ambiente y Comercio Exterior y Turismo llegaron a Cusco y evalúan viajar vía aérea a Machupicchu Pueblo. Los protestantes esperan la llegada de la comitiva para instalar la mesa de diálogo y buscar acuerdos ante el paro indefinido en rechazo a venta online a la ciudadela inca.

De acuerdo con RPP Noticias, toda la vía férrea desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu está liberada sin presencia de manifestantes que provocó la suspensión del servicios de trenes desde la semana pasada. De esta manera, se garantizará la llegada de los ministros de Estado hasta el distrito de Machupicchu Pueblo para participar de la mesa de diálogo.

Vale señalar que esta tregua en medio del paro indefinido no significa que turistas nacionales o internacionales puedan viajar a Machu Picchu. La finalidad es que los representantes del Gobierno (ministros de Estado) puedan trasladarse con toda su comitiva hacia el distrito.

Los manifestantes exigen que se anule el contrato entre el Ministerio de Cultura y la empresa Joinnus que alquiló su plataforma de ventas virtuales para la compra y venta de boletos de entrada a Machu Picchu.

Fuente: Web de noticias y redes sociales

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La Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú exige la salida del ministro de Agricultura y del jefe de la ANA

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La Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú ha solicitado, a través de un comunicado oficial, la destitución inmediata del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, y del jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), José Genaro Musayón Ayala. Este pronunciamiento fue dirigido a la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya.

La principal razón de esta solicitud es la “absoluta incapacidad” de ambos funcionarios para abordar y resolver los problemas estructurales que enfrenta el sector agropecuario nacional, lo cual, según la Junta, ha puesto en grave riesgo tanto la seguridad alimentaria como hídrica del país. En su comunicado, las organizaciones expresaron su firme rechazo a la gestión de Manero Campos y Musayón Ayala, calificándola como un “fracaso absoluto” que ha llevado al sector agrario a una crisis generalizada.

Motivos del reclamo

La Junta de Usuarios detalla una serie de puntos clave que sustentan su exigencia. En primer lugar, la falta de implementación de políticas agrarias esenciales ha dejado al sector agropecuario sin el apoyo adecuado del Estado. Esta ausencia de respaldo ha puesto en peligro la estabilidad alimentaria e hídrica del Perú, exacerbando la crisis en el campo.

Además, las organizaciones cuestionan el incumplimiento de los acuerdos establecidos en los tres encuentros nacionales de juntas de usuarios, lo que consideran un desprecio por las necesidades urgentes del sector agrario. También se refieren a la ineficiente ejecución presupuestal del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), lo cual ha agravado problemas clave como la falta de programas de afianzamiento hídrico. Entre estos se destacan la construcción de represas, bocatomas, canales y pozos tubulares, necesarios para enfrentar la escasez de agua en diversas regiones.

Críticas a la gestión de emergencia y la falta de infraestructura

La Junta también lamenta la falta de avances en proyectos clave como la instalación y operación de la planta petroquímica y la fábrica de fertilizantes de fosfatos en Bayóvar. En cuanto a las declaraciones de emergencia realizadas por el gobierno, señalan que estas no han resuelto los problemas estructurales del agro y han favorecido, en su opinión, a grandes empresas que se benefician de licitaciones millonarias sin que los productores locales vean mejoras sustanciales.

Otro de los puntos más críticos es el mal manejo del Seguro Agrario Catastrófico (SAC), que, según las organizaciones, solo ha favorecido a las aseguradoras y ha dejado a miles de familias agrarias sin el respaldo necesario en situaciones de desastre. A esto se suma el uso ineficiente de los S/993 millones asignados a la ANA, destacando que la maquinaria adquirida por esta entidad aún no se utiliza de manera adecuada, y el retiro injustificado de equipos en regiones como Ica y Áncash.

Falta de un plan integral y de gestión eficiente

Entre las demandas también se encuentra la falta de un plan nacional sostenible para el encauzamiento de ríos y la recuperación de infraestructuras de riego dañadas, elementos cruciales para mitigar las pérdidas en cultivos clave como limón, arroz, mango y algodón. La Junta critica la polémica declaración del ministro Manero, quien sugirió que los agricultores no siembren por tres años, lo que consideran un reflejo del profundo desconocimiento de la realidad agraria del país.

La Junta también resalta la ausencia de avances en la formalización de la propiedad agraria, la reestructuración de Agrobanco, y el fortalecimiento de las comunidades campesinas y nativas, que siguen enfrentando serias dificultades para acceder a créditos y recursos.

Advertencia de paro nacional

Finalmente, la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú advierte que, de no resolverse las demandas urgentes del sector agrario, se convocará a un paro nacional. Las organizaciones recalcaron que la situación del campo peruano no puede esperar más y que la incapacidad de los actuales funcionarios agrarios ha dejado al agro peruano en una situación insostenible.

Por otro lado, mediante otro comunicado, la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú respalda la gestión del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Angel Manero, así como la del jefe de la Autoridad Nacional del Agua del Perú, José Musayón Ayala.

“Están trabajando conjuntamente a nivel nacional de manera articulada y coordinada con todas las juntas de usuarios en el desarrollo agrario y de seguridad hídrica”, sostiene. Este segundo comunicado fue difundido luego del primer comunicado de la Junta Nacional de Organizaciones de Usuarios de Agua del Perú que exige la salida del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, obviamente responde a una maniobra del propio Sector, para mantener en el cargo al actual titular.

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Transportistas de Lima y Callao paralizarán actividades este 5 de enero contra extorsiones y sicariato

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Este jueves 5 de enero, los transportistas de Lima Metropolitana y Callao realizarán un paro nacional para exigir al gobierno de Dina Boluarte medidas concretas contra la ola de extorsiones, atentados y sicariato que afecta a conductores y pasajeros. La medida de fuerza, convocada por diversos gremios del transporte urbano, busca visibilizar la grave inseguridad que enfrentan a diario. Según los organizadores, el 80% de los transportistas es extorsionado por delincuentes, quienes exigen «cupos» bajo amenazas de violencia.

Gustavo Lino Adrianzén Olaya, presidente del Consejo de Ministros. Web de Presidencia del Consejo de Ministros

La paralización incluirá marchas pacíficas que partirán desde distintos puntos de la ciudad y culminarán en el Cercado de Lima. Entre las principales demandas destacan la implementación de mayores medidas de seguridad, la revisión de normativas del sector y la mejora de las condiciones laborales. Los convocantes esperan que el gobierno atienda sus reclamos y frene la creciente criminalidad que, según afirman, ha dejado a muchos transportistas en la indefensión.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre el paro y advirtió que no se tolerarán actos de violencia ni disturbios durante las protestas. «La PNP no permitirá ningún acto que afecte el patrimonio público o privado, ni la integridad de las personas. Acompañaremos a quienes marchan de manera pacífica, pero al lanzamiento de la primera piedra, el diálogo se termina», afirmó. Santiváñez aseguró que las fuerzas del orden estarán desplegadas para garantizar la seguridad durante la movilización.

Comunicado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, minimizó la convocatoria al paro, insinuando que estaría siendo impulsada por organizaciones ilegales. «La paralización no contribuye en nada con la seguridad. Es un paro convocado por grupos que buscan desestabilizar el orden público», declaró. Adrianzén instó a los transportistas a buscar canales formales para expresar sus reclamos y aseguró que el gobierno está trabajando para fortalecer la seguridad ciudadana.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, señaló que el paro tiene un trasfondo político y beneficiaría principalmente a los transportistas informales. «Cuando se paraliza la ruta formal, aparecen los informales, quienes aumentan los precios de los pasajes. Estas convocatorias parecen estar destinadas a favorecerlos», afirmó. Pérez Reyes destacó que los gremios formales no se sumarán al paro y que el MTC ha coordinado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad durante la jornada.

Mientras tanto, los transportistas insisten en que su lucha es por la seguridad y la vida. «No queremos más extorsiones, no queremos más muertes. Exigimos que el gobierno nos proteja», expresó un representante del gremio. La movilización de este jueves promete ser una de las más significativas en los últimos años, reflejando el descontento de un sector clave para la movilidad en la capital.

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Acercamientos entre Trump y Maduro generan tensiones y desautorizan a líderes opositores en Venezuela

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En un giro inesperado en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, el enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, se reunió este viernes con el mandatario venezolano Nicolás Maduro en Caracas. Este encuentro, descrito como un «nuevo comienzo» en las relaciones bilaterales por el ministro de Comunicación venezolano, Freddy Ñáñez, ha generado reacciones encontradas tanto en Washington como en Caracas.

Según informes de la Casa Blanca, la visita de Grenell tuvo un objetivo «muy específico»: lograr la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y avanzar en acuerdos sobre deportaciones de migrantes indocumentados. Horas después de la reunión, el gobierno venezolano liberó a los estadounidenses, quienes partieron inmediatamente hacia su país junto al enviado de Trump.

Visita de Grenell habría tenido un objetivo «muy específico»: lograr la liberación de seis ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela

A pesar del acercamiento, el presidente Trump insistió en que este movimiento no implica un reconocimiento al gobierno de Maduro. «No nos han tratado muy bien, pero lo más importante es que han tratado muy mal al pueblo venezolano», declaró Trump en una rueda de prensa. Además, criticó duramente a su predecesor, Joe Biden, por haber comprado petróleo venezolano durante su mandato, lo que, según Trump, «revitalizó» al régimen de Maduro.

Por su parte, el abogado constitucionalista Rafael Peñalver, en una entrevista con Fernando del Rincón, analizó que Trump está actuando principalmente por intereses políticos y económicos, buscando consolidar su imagen como negociador internacional en un año electoral.

Este acercamiento ha dejado en una posición incómoda a los líderes opositores venezolanos, Edmundo González Urrutia y Corina Yoris, quienes han sido desautorizados por Washington en medio de estas negociaciones. Estados Unidos sigue considerando a González Urrutia como el «presidente electo» de Venezuela, pero su influencia parece diluirse frente a la pragmática diplomacia de Trump.

Donald Trump deja mal parados a los líderes opositores venezolanos, Edmundo González Urrutia y Corina Yoris

Mientras tanto, Maduro aprovechó la ocasión para proponer una «agenda cero» con EE. UU., buscando normalizar relaciones en áreas específicas como migración y comercio. Sin embargo, expertos advierten que estos acercamientos podrían ser temporales, dada la histórica animadversión entre ambos gobiernos.

Este episodio marca un capítulo más en la compleja relación entre Washington y Caracas, donde los intereses políticos y humanitarios se entrelazan, dejando al pueblo venezolano en el centro de una disputa que parece lejos de resolverse.

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