Huancayo, 31 de julio 2026.- El voto de la senadora Silvana Robles, elegida por Juntos por el Perú, a favor de la Mesa Directiva encabezada por Fuerza Popular ha dejado de ser una simple controversia partidaria para convertirse en uno de los episodios políticos más discutidos del nuevo Congreso. Más allá de las acusaciones de «traición» lanzadas desde su propio sector, la investigación publicada por Hildebrandt en sus trece ha instalado otra hipótesis en el debate público: que la decisión respondió a un cálculo de supervivencia política frente a los procesos y cuestionamientos que pesan sobre la legisladora.

El reportaje del periodista Bruno Amoretti reúne testimonios, documentos y otros elementos sobre presuntos recortes de remuneraciones a trabajadores de su despacho parlamentario, además de información relacionada con el crecimiento de su patrimonio declarado y la adquisición de bienes durante los últimos años. Según la investigación, estos hechos configuran un contexto que habría colocado a Robles en una posición de alta vulnerabilidad política. La senadora, sin embargo, ha rechazado todas las acusaciones, sostiene que las pruebas fueron presentadas de manera parcial y afirma que colaborará con cualquier investigación para esclarecer los hechos.

Mientras las revelaciones generaban una fuerte reacción en la opinión pública, ocurrió otro hecho que llamó la atención. Los principales dirigentes de Fuerza Popular, el bloque político beneficiado con el voto de Robles, salieron públicamente en su defensa. Fernando Rospigliosi cuestionó que recién ahora se recuerden denuncias que, según dijo, ya eran conocidas antes de su elección. Cecilia Chacón defendió el voto secreto y criticó las presiones ejercidas contra la legisladora por no mostrar su cédula de votación. Otras voces del fujimorismo también pidieron respetar su decisión.

Ese respaldo político ha alimentado nuevas interrogantes. ¿Por qué dirigentes del partido que obtuvo la presidencia del Senado gracias al voto de Robles se han convertido en sus principales defensores? Hasta el momento no existe evidencia pública que demuestre un acuerdo entre la senadora y Fuerza Popular para influir en investigaciones o garantizar beneficios. Sin embargo, la coincidencia entre un voto decisivo y el respaldo inmediato de la nueva mayoría parlamentaria ha pasado a formar parte del debate político y periodístico.

En ese contexto, el concepto de «supervivencia política» cobra fuerza como una hipótesis de análisis. No se trata de afirmar que existió un pacto de impunidad, sino de preguntarse si una parlamentaria sometida a investigaciones y cuestionamientos pudo considerar que un acercamiento a la nueva mayoría fortalecía su posición política en un momento especialmente delicado, a través de la Comisión de Ética del Congreso y el Poder Judicial del Ejecutivo. Esa es la línea de interpretación que ha abierto la investigación periodística y que hoy concentra buena parte de la discusión pública.

Por su parte, Silvana Robles insiste en que nunca recortó remuneraciones a sus trabajadores, niega haber cometido irregularidades, sostiene que algunas personas mencionadas en el reportaje ni siquiera formaron parte de su despacho parlamentario y asegura que las conversaciones difundidas fueron sacadas de contexto. También expresó su disposición a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.

Más allá de la disputa entre oficialismo y oposición, el caso refleja cómo una sola decisión parlamentaria puede modificar el equilibrio de poder y, al mismo tiempo, abrir interrogantes sobre los intereses que se mueven detrás de la política. La investigación de Hildebrandt en sus trece no concluye que existiera un acuerdo ilícito, pero sí plantea una hipótesis que hoy forma parte del debate nacional: si el voto de Silvana Robles fue producto de una convicción política o de una estrategia de supervivencia frente a los procesos y cuestionamientos que enfrenta. Esa es una pregunta cuya respuesta dependerá de las investigaciones y de las evidencias que puedan surgir en adelante.

Cusco, 30 de julio 2026.- El retorno del fujimorismo al Ejecutivo no solo ha significado el regreso de Fuerza Popular al poder después de casi tres décadas, sino también la incorporación de dirigentes y personajes públicos que durante los años noventa y la transición democrática cuestionaron al régimen de Alberto Fujimori y que hoy ocupan ministerios o se han convertido en algunos de los principales defensores políticos de la administración de Keiko Fujimori.

Entre los casos más emblemáticos figura Juan Sheput, actual ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. En la década de 1990 integró el Foro Democrático, organización que lideró la resistencia cívica contra la segunda reelección de Alberto Fujimori, y posteriormente militó en Perú Posible y Peruanos por el Kambio, fuerzas políticas identificadas con el antifujimorismo. Hoy forma parte del gabinete ministerial de la presidenta Keiko Fujimori, marcando uno de los cambios políticos más notorios de las últimas décadas.

Otro caso relevante es el de Fernando Rospigliosi. Como periodista, analista y posteriormente ministro del Interior del gobierno de Alejandro Toledo, fue uno de los más severos críticos del régimen de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. En los últimos años se incorporó a Fuerza Popular hasta convertirse en uno de los principales estrategas, voceros e impulsores de las reformas promovidas por el fujimorismo en el Congreso, consolidándose como una de las figuras políticas de mayor confianza de Keiko Fujimori.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, también representa un importante reacomodo político. Inició su carrera en el Partido Popular Cristiano (PPC), colectividad que integró la oposición democrática al gobierno de Alberto Fujimori. Tras incorporarse a Fuerza Popular, ascendió a la Secretaría General del partido y hoy lidera el primer gabinete ministerial del nuevo gobierno, siendo uno de los principales operadores políticos del oficialismo.

En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue designado Carlos Espá, conocido anteriormente por su trayectoria periodística. Durante los años finales del régimen fujimorista desarrolló una labor informativa en un contexto de fiscalización al poder político y posteriormente construyó una carrera diplomática y política independiente. Tras participar en las elecciones de 2026 con otra organización política, aceptó la invitación para integrar el gabinete de Keiko Fujimori como canciller.

La presencia de estas figuras refleja una recomposición del mapa político peruano. Mientras sectores cercanos al Gobierno sostienen que la conformación del gabinete responde a la búsqueda de perfiles con experiencia y capacidad técnica, desde la oposición se interpreta como una muestra de cómo antiguos críticos del fujimorismo han terminado integrando y defendiendo un proyecto político que en el pasado cuestionaron públicamente.

Lima, 17 de julio de 2026.– El Poder Judicial absolvió a la diputada electa por Cajamarca, Yenifer Paredes Navarro, y a Lilia Paredes Navarro, esposa del expresidente Pedro Castillo, en el proceso penal que afrontaban por el denominado caso Anguía, investigación originada por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas y por su presunta participación en una organización criminal que, según la tesis fiscal, habría operado desde el Ministerio de Vivienda durante el gobierno de Castillo. La decisión judicial marca uno de los fallos más relevantes derivados de las investigaciones iniciadas tras la caída del exmandatario.

De acuerdo con la resolución, el colegiado concluyó que durante el juicio oral el Ministerio Público no logró acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de ambas procesadas respecto de los delitos imputados. La Fiscalía sostenía que la presunta red habría favorecido, mediante licitaciones direccionadas, a empresas vinculadas al entonces alcalde de Anguía, José Nenil Medina, y otros investigados, para la ejecución de proyectos de saneamiento en Cajamarca, Amazonas y Lima.

Yenifer Paredes, quien fue criada por Pedro Castillo y Lilia Paredes tras el fallecimiento de su madre, alcanzó recientemente una curul por Cajamarca con Juntos por el Perú. Su nombre cobró notoriedad en 2022 luego de que la Fiscalía la investigara por presuntamente ofrecer proyectos de saneamiento en representación de la Municipalidad de Chadín, hecho que dio origen a una serie de diligencias que posteriormente se incorporaron a las investigaciones del caso Anguía.

En tanto, Lilia Paredes permanece asilada en México junto a parte de su familia desde diciembre de 2022. La Fiscalía la sindicó como presunta integrante de la organización criminal que habría captado funcionarios y direccionado contrataciones públicas durante el gobierno de Pedro Castillo, imputaciones que la ex primera dama rechazó en todo momento alegando persecución política. Días antes de este fallo, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional había ordenado al Ministerio Público concluir la investigación preparatoria del caso al considerar vencidos los plazos legales para seguir investigando.

La absolución representa un duro revés para la estrategia del Ministerio Público en uno de los expedientes de mayor impacto político derivados del gobierno de Pedro Castillo. No obstante, la decisión aún podría ser impugnada mediante recurso de apelación, por lo que el proceso no necesariamente ha quedado concluido de manera definitiva.

El fallo se conoce en un escenario de alta tensión política, pocos días después de las elecciones generales y durante el proceso de transferencia de gobierno entre el presidente José María Balcázar y la presidenta electa Keiko Fujimori. Para analistas constitucionales, la resolución reabre el debate sobre la calidad de las investigaciones fiscales en casos de corrupción y vuelve a poner bajo escrutinio la actuación del sistema de justicia en procesos de alta sensibilidad política.