El Directorio de Petroperú presentó un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera la empresa, señalando que requería 2,200 millones de dólares adicionales para su reflotamiento y planteando la necesidad de una «gestión privada» de la empresa estatal. Esta propuesta generó preocupaciones sobre una posible privatización encubierta.

En el Portal institucional de Petroperú se publicaron cinco informes que fueron elaborados por el consorcio Arthur D. Little / Columbus MB Latam, el cual tenía como objetivo reforzar la gobernanza, sostenibilidad financiera y las operaciones a nivel nacional de la compañía, en cumplimiento del Decreto de Urgencia 023-2022.

Los informes, fueron aprobados por el Directorio y presentados a la Junta General de Accionistas en julio de 2023, así mismo en el mismo espacio virtual están publicadas las acciones de restructuración que aprobó el Directorio de la empresa y que supuestamente se ejecutarían durante el presente año, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 004-2024. (https://petroperu.com.pe/transparencia/plan-de-reestructuracion/)

Entonces ¿Qué paso?

El Directorio de Petro Perú publicó un sorpresivo y alarmante comunicado bajo un informe de la consultora Arthur D. Little/Columbus; planteando la instalación de una administración privada como “la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera”
El directorio parece tener una visión sesgada y desfavorable hacia la empresa estatal, buscando potencialmente su «remate» a empresas privadas, regalando activos y subsidiando posibles pérdidas.

Por su parte el gobierno, a través del portavoz presidencial, desestimó categóricamente la propuesta de gestión privada y ha asegurado que Petroperú no será privatizada.
Frente a los hechos, por la transparencia de los hechos, el Directorio pleno de Petroperú debe renunciar renuncie debido a su concepto sesgado sobre la empresa estatal y su enfoque limitado, que no considera aspectos cruciales como la seguridad energética.

Ante estos hechos presentados, el directorio de Petroperú ha perdido la confianza del gobierno y su propuesta de gestión privada ha generado dudas sobre sus intenciones. Por lo tanto, se puede argumentar que, en aras de la transparencia y para restablecer la confianza en la empresa estatal, el directorio completo debería renunciar y permitir un nuevo liderazgo que aborde los desafíos de Petroperú desde una perspectiva más equilibrada y acorde con los intereses nacionales.

El Silencio del Gobierno ante una Propuesta Polémica

El directorio de Petroperú presentó el pasado 8 de mayo un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera de la empresa estatal, proponiendo una «gestión privada» como la mejor opción para hacer frente a la crisis. Esta propuesta generó inmediatas sospechas de una posible privatización encubierta de uno de los activos estratégicos más importantes del país.
A pesar de la gravedad de la propuesta y las preocupaciones que suscitó, el gobierno guardó un preocupante silencio durante casi una semana. No fue hasta el 14 de mayo que el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, salió a desestimar categóricamente la propuesta de gestión privada, asegurando que Petroperú no sería privatizada.

Este prolongado silencio por parte del Ejecutivo es inaceptable y genera dudas sobre la transparencia y la defensa de los intereses nacionales en torno a este tema crucial. ¿Acaso el gobierno estaba considerando seriamente la propuesta del directorio? ¿Qué motivó esta demora en tomar una posición clara frente a una iniciativa que amenazaba con entregar un activo estratégico a manos privadas?

Es fundamental que el gobierno brinde una explicación detallada a la ciudadanía sobre los hechos que rodearon esta polémica propuesta. ¿Qué llevó al directorio a plantear esta opción tan controversial? ¿Se realizaron los análisis adecuados para proteger los intereses nacionales? ¿Existieron influencias externas o conflictos de intereses que pudieron haber sesgado la decisión?

Además, el gobierno debe aclarar su posición sobre el futuro de Petroperú y cómo abordará los desafíos financieros y operativos de la empresa sin comprometer su carácter estatal y su importancia estratégica para el país.

La ciudadanía merece respuestas claras y transparencia absoluta en un tema tan sensible como este. El silencio inicial del gobierno y la falta de una estrategia definida para Petroperú solo alimentan la desconfianza y las sospechas sobre posibles intereses ocultos.

Es momento de que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y renueve totalmente el Directorio de Petroperú afín de garantizar que los intereses nacionales y la seguridad energética del Perú serán salvaguardados en cualquier decisión sobre el futuro de Petroperú.