Los productores de arroz de distintas regiones del país anunciaron la realización de un paro nacional agrario para el próximo 18 de mayo, en protesta por la grave crisis económica que afecta al sector. Los dirigentes señalan que la caída de los precios en chacra, el incremento de los costos de producción y el ingreso de arroz importado han puesto en riesgo la sostenibilidad de miles de agricultores.

La medida de fuerza es impulsada principalmente por gremios arroceros del norte del país, quienes aseguran que el Ejecutivo no ha cumplido con los compromisos asumidos en anteriores mesas de diálogo. Los agricultores advierten que la reducción de aranceles ha favorecido el ingreso de arroz extranjero a menores precios, generando una competencia que consideran desigual frente a la producción nacional.

Emilio Ruesta Zapata, exdirigente de la Junta de Usuarios del Bajo Piura, cuestionó la falta de acciones concretas por parte del Gobierno para proteger al sector agrícola peruano. “Han bajado los aranceles en lugar de subirlos. Eso permite que ingrese arroz barato del extranjero y perjudica directamente al productor nacional, que no recibe subsidios”, sostuvo.

Los gremios también denunciaron el incumplimiento de proyectos vinculados a infraestructura hídrica, mantenimiento de canales y mecanismos de comercialización para garantizar precios justos. Según indicaron, la falta de avances en las negociaciones ha generado malestar entre las más de 200 mil familias que dependen del cultivo de arroz en regiones como Piura, Lambayeque, San Martín y la selva central.

Entre las principales demandas del pliego de reclamos figuran la revisión del Sistema de Franja de Precios para incrementar los aranceles al arroz importado, la priorización de compras estatales de arroz nacional para programas sociales y la implementación de subsidios para fertilizantes e insumos agrícolas. Asimismo, solicitan mayor inversión en obras de infraestructura y prevención ante eventos climáticos.

Los dirigentes advirtieron que, de concretarse el paro con bloqueos en vías estratégicas como la Panamericana Norte y carreteras de acceso a la selva, podría verse afectado el abastecimiento de arroz en mercados mayoristas de Lima y otras ciudades del país durante la segunda quincena de mayo.

Ante este escenario, los productores hicieron un llamado a la unidad de las organizaciones agrarias a nivel nacional y exhortaron al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a instalar una mesa de diálogo con soluciones concretas. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la medida anunciada.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó al partido político Fuerza Popular con una multa de S/198 mil tras detectar presuntas irregularidades en el uso del Financiamiento Público Directo (FPD), recursos que el Estado entrega a las organizaciones políticas para actividades específicas establecidas por ley.

Según la resolución administrativa, la agrupación liderada por Keiko Fujimori habría destinado parte de estos fondos al pago de defensa legal de dirigentes y miembros de su cúpula partidaria, un uso que excede los fines permitidos por la normativa electoral vigente.

La ONPE precisó que el Financiamiento Público Directo debe emplearse exclusivamente en actividades de capacitación, investigación, fortalecimiento institucional y funcionamiento ordinario del partido. Sin embargo, la fiscalización detectó desembolsos vinculados a honorarios de abogados que participaron en procesos judiciales personales de dirigentes de Fuerza Popular, incluida la propia Fujimori.

El organismo electoral consideró que estos gastos constituyen una infracción grave al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, debido a que los recursos públicos no pueden ser utilizados para afrontar contingencias legales de carácter individual.

Fuerza Popular apelará sanción

Tras conocerse la medida, Keiko Fujimori cuestionó duramente a la ONPE y calificó a la institución como “desacreditada”. Además, sostuvo que la sanción responde a una supuesta persecución política contra su agrupación.

La lideresa de Fuerza Popular también criticó los criterios aplicados por el ente electoral para evaluar los gastos partidarios y afirmó que buscan perjudicar a su organización de cara a futuros procesos electorales.

En esa línea, la personería legal del partido anunció que presentará un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instancia que deberá revisar y resolver el caso en definitiva.

La defensa de Fuerza Popular argumenta que los gastos en asesoría legal forman parte del funcionamiento ordinario del partido, especialmente en un contexto que consideran de “judicialización de la política”.

Especialistas advierten precedente

Especialistas en derecho electoral señalaron que esta sanción podría marcar un precedente importante en la supervisión del uso de recursos públicos asignados a los partidos políticos.

Recordaron que el Financiamiento Público Directo tiene como finalidad fortalecer la institucionalidad democrática mediante la formación de cuadros técnicos, la elaboración de propuestas y el funcionamiento administrativo de las organizaciones políticas, y no para cubrir gastos judiciales personales.

La resolución también advierte que, de repetirse este tipo de conductas, Fuerza Popular podría enfrentar sanciones más severas, incluyendo la suspensión temporal o definitiva de la entrega de recursos públicos.

De confirmarse la multa en segunda instancia, el partido deberá asumir el pago correspondiente o aceptar que el monto sea descontado de futuras asignaciones presupuestarias.

El caso vuelve a poner en debate la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y el control sobre el uso de recursos provenientes del Estado.

La pérdida de poder adquisitivo y la aceleración inflacionaria durante el gobierno de Javier Milei están impactando de lleno en el acceso a alimentos. En los primeros meses de ajuste económico, el salario real sufrió una caída significativa y la pobreza superó niveles cercanos al 50%, según estimaciones de centros de estudio, lo que obligó a millones de hogares a recortar gastos en comida.

Uno de los cambios más visibles se dio en el consumo de carne. Argentina, históricamente uno de los mayores consumidores de carne vacuna del mundo, registró una baja a niveles cercanos a 45–50 kilos por persona al año, lejos de los más de 70 kilos de décadas anteriores. En paralelo, aumentó el consumo de pollo y otras proteínas más económicas.

En ese contexto, surgieron reportes puntuales —principalmente en el sur del país— sobre la circulación de carne de burro. Aunque no existen estadísticas oficiales que confirmen su expansión, organizaciones rurales y medios locales señalaron casos en provincias como Chubut, donde la sequía y la crisis ganadera empujaron a buscar alternativas no tradicionales.

El tema es especialmente controvertido porque en Argentina la carne de burro no forma parte del consumo habitual ni del circuito formal de comercialización interna, y su producción suele destinarse a exportación. Especialistas advierten que, más que un fenómeno extendido, se trata de una práctica marginal amplificada por el contexto económico.

Analistas coinciden en que la polémica refleja un problema más profundo: el deterioro del acceso a una dieta adecuada. La combinación de inflación, caída del ingreso real y ajuste económico bajo la administración de Javier Milei está empujando a los hogares a sustituir alimentos tradicionales, instalando debates que, como el de la carne de burro, funcionan más como símbolo del malestar social que como tendencia masiva.