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Economía

Exigimos la renuncia del directorio de Petroperú

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El Directorio de Petroperú presentó un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera la empresa, señalando que requería 2,200 millones de dólares adicionales para su reflotamiento y planteando la necesidad de una «gestión privada» de la empresa estatal. Esta propuesta generó preocupaciones sobre una posible privatización encubierta.

En el Portal institucional de Petroperú se publicaron cinco informes que fueron elaborados por el consorcio Arthur D. Little / Columbus MB Latam, el cual tenía como objetivo reforzar la gobernanza, sostenibilidad financiera y las operaciones a nivel nacional de la compañía, en cumplimiento del Decreto de Urgencia 023-2022.

Los informes, fueron aprobados por el Directorio y presentados a la Junta General de Accionistas en julio de 2023, así mismo en el mismo espacio virtual están publicadas las acciones de restructuración que aprobó el Directorio de la empresa y que supuestamente se ejecutarían durante el presente año, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 004-2024. (https://petroperu.com.pe/transparencia/plan-de-reestructuracion/)

Miembros del directorio de Petroperú, graficados por el Diario Uno

Entonces ¿Qué paso?

El Directorio de Petro Perú publicó un sorpresivo y alarmante comunicado bajo un informe de la consultora Arthur D. Little/Columbus; planteando la instalación de una administración privada como “la mejor opción para lograr el regreso a la autosostenibilidad financiera”
El directorio parece tener una visión sesgada y desfavorable hacia la empresa estatal, buscando potencialmente su «remate» a empresas privadas, regalando activos y subsidiando posibles pérdidas.

Por su parte el gobierno, a través del portavoz presidencial, desestimó categóricamente la propuesta de gestión privada y ha asegurado que Petroperú no será privatizada.
Frente a los hechos, por la transparencia de los hechos, el Directorio pleno de Petroperú debe renunciar renuncie debido a su concepto sesgado sobre la empresa estatal y su enfoque limitado, que no considera aspectos cruciales como la seguridad energética.

Ante estos hechos presentados, el directorio de Petroperú ha perdido la confianza del gobierno y su propuesta de gestión privada ha generado dudas sobre sus intenciones. Por lo tanto, se puede argumentar que, en aras de la transparencia y para restablecer la confianza en la empresa estatal, el directorio completo debería renunciar y permitir un nuevo liderazgo que aborde los desafíos de Petroperú desde una perspectiva más equilibrada y acorde con los intereses nacionales.

El Silencio del Gobierno ante una Propuesta Polémica

El directorio de Petroperú presentó el pasado 8 de mayo un diagnóstico alarmante sobre la situación financiera de la empresa estatal, proponiendo una «gestión privada» como la mejor opción para hacer frente a la crisis. Esta propuesta generó inmediatas sospechas de una posible privatización encubierta de uno de los activos estratégicos más importantes del país.
A pesar de la gravedad de la propuesta y las preocupaciones que suscitó, el gobierno guardó un preocupante silencio durante casi una semana. No fue hasta el 14 de mayo que el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, salió a desestimar categóricamente la propuesta de gestión privada, asegurando que Petroperú no sería privatizada.

Este prolongado silencio por parte del Ejecutivo es inaceptable y genera dudas sobre la transparencia y la defensa de los intereses nacionales en torno a este tema crucial. ¿Acaso el gobierno estaba considerando seriamente la propuesta del directorio? ¿Qué motivó esta demora en tomar una posición clara frente a una iniciativa que amenazaba con entregar un activo estratégico a manos privadas?

Es fundamental que el gobierno brinde una explicación detallada a la ciudadanía sobre los hechos que rodearon esta polémica propuesta. ¿Qué llevó al directorio a plantear esta opción tan controversial? ¿Se realizaron los análisis adecuados para proteger los intereses nacionales? ¿Existieron influencias externas o conflictos de intereses que pudieron haber sesgado la decisión?

Además, el gobierno debe aclarar su posición sobre el futuro de Petroperú y cómo abordará los desafíos financieros y operativos de la empresa sin comprometer su carácter estatal y su importancia estratégica para el país.

La ciudadanía merece respuestas claras y transparencia absoluta en un tema tan sensible como este. El silencio inicial del gobierno y la falta de una estrategia definida para Petroperú solo alimentan la desconfianza y las sospechas sobre posibles intereses ocultos.

Es momento de que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y renueve totalmente el Directorio de Petroperú afín de garantizar que los intereses nacionales y la seguridad energética del Perú serán salvaguardados en cualquier decisión sobre el futuro de Petroperú.

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Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

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En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.

Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.

Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Nota colgada en su página web principal el viernes 14 de febrero de 2025

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.

Medidas adoptadas por Telefónica del Perú

Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.

Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.

Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

La aparente reestructuración no solamente afectará a sus clientes sino al propio Estado peruano si deja de pagar las deudas no cobradas hasta el momento

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.

En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.

Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.

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Gobierno elimina el Proyecto Especial Legado y congresista Margot Palacios denuncia intento de ocultar corrupción

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El Consejo de Ministros confirmó este miércoles 12 de febrero la eliminación del Proyecto Especial Legado, creado tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 para mantener los estándares de calidad de las sedes deportivas. La decisión ha generado críticas, especialmente de la congresista Margot Palacios, quien acusó al gobierno de intentar borrar evidencias de corrupción. 

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, explicó que la medida busca evitar la duplicidad de funciones con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), entidad a la que se transferirán los recursos, bienes y responsabilidades del Proyecto Legado en un plazo de 30 días. «La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto sustenta la duplicidad de servicios entre el IPD y el Proyecto Especial Legado», afirmó. 

Sin embargo, la congresista Margot Palacios rechazó la decisión en un contundente comunicado titulado «¡Un legado de corrupción!», donde denunció que la extinción del proyecto busca ocultar irregularidades en la construcción de infraestructuras deportivas. Según un informe de la Contraloría General del 26 de noviembre de 2024, existen serios indicios de corrupción en obras como la Villa Bolivariana (87% de avance) y el Skate Park (77% de avance), ambas bajo responsabilidad del Proyecto Legado en el departamento de Ayacucho, ejecutados por empresas ligadas a Wilfredo Oscorima actual gobernador de esa región.

«El gobierno pretende extinguir el Proyecto Especial Legado para ocultar las fechorías de funcionarios que manejaron esta entidad», declaró Palacios, quien también destacó que el proyecto fue clave para la organización de eventos como los Juegos Bolivarianos 2024 y 2025. 

Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, defendió la decisión al señalar que el Proyecto Legado cumplió su propósito temporal tras los Juegos Panamericanos 2019. «Era un proyecto especial con una finalidad específica, que ya se cumplió», sostuvo. 

No es para menos, la congresista Margot Palacios comprobó en Ayacucho lo ineficiente que fue el Proyecto Especial Legado

La medida ha dividido al Congreso, donde varios legisladores, incluida Diana González de Avanza País, han expresado preocupación por la eliminación de la entidad. La Comisión de Transferencia, que se conformará en los próximos cinco días, tendrá la tarea de gestionar la transición, mientras la polémica por las acusaciones de corrupción sigue en aumento.

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Proyecto Majes Siguas II: Seis meses después de su transferencia, avances estancados y crece la incertidumbre

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Seis meses después de que el Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS) fuera transferido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), el informe presentado por la cartera revela que los avances son escasos y las tareas pendientes siguen acumulándose. El proyecto, considerado clave para el desarrollo agrícola y económico de la región Arequipa, enfrenta retrasos en su ejecución, lo que ha generado preocupación entre las autoridades regionales y la población afectada.

El informe enviado por el Midagri al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) detalla que, de las 12 obligaciones asumidas durante la transferencia del proyecto, solo cuatro han sido cumplidas, tres están en desarrollo, tres en evaluación y dos permanecen inconclusas. Este panorama ha llevado al Consejo Regional de Arequipa (CRA) a citar al ministro de Agricultura, Ángel Manero Campos, para que explique los plazos y acciones concretas para completar las tareas pendientes.

La gobernadora regional de Arequipa (e), Ana María Gutiérrez Valdivia, junto al presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Osías Ortiz Ibáñez, y el presidente de la Comisión de Agricultura del CRA

Uno de los compromisos incumplidos es la firma del contrato para la elaboración del perfil técnico de la primera etapa del proyecto, inicialmente prevista para marzo de 2024. Sin embargo, el Midagri ha anunciado que esta decisión se postergará hasta el 30 de abril, retrasando aún más el inicio de las obras. Además, la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), esencial para la viabilidad del proyecto, sigue sin avanzar bajo la gestión del Proyecto Especial Integral de Majes Siguas (PEIMS), antes Autodema.

Otro tema pendiente es el resarcimiento a los agricultores de Quilca, Lluta, Siguas y Querque, quienes exigen compensaciones desde hace más de 30 años por los daños causados en sus tierras debido a deslizamientos, arenamiento e inundaciones provocados por la primera etapa del proyecto. A pesar de las reuniones entre autoridades regionales y los afectados, aún no se ha logrado una solución concreta.

El 26 de julio de 2024, el GRA oficializó la transferencia de la titularidad del Proyecto Especial Majes Siguas (PEMS) mediante un convenio suscrito con el ministro de Agricultura y Riego, Ángel Manero Campos

En cuanto a los procesos arbitrales, el Midagri demoró en designar a su representante ante el tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), lo que ha retrasado la evaluación de las demandas contra la concesionaria Angostura-Siguas S.A. Este retraso aumenta el riesgo de un arbitraje internacional, que podría complicar aún más la ejecución del proyecto.

En medio de estos retrasos, la Corte Superior de Justicia de Arequipa otorgó una medida cautelar que impide la comercialización o transferencia de los terrenos del Fundo Rústico Huacán, ubicados dentro del proyecto Majes Siguas. Esta decisión beneficia al GRA, que enfrenta una disputa legal con la familia Vásquez Díaz por la propiedad de 170 mil hectáreas. Mientras la familia afirma ser dueña de todo el terreno, el PEIMS Autodema sostiene que solo comprende 38 hectáreas.

Los países interesados tienen plazo hasta fines de febrero para presentar sus propuestas. Foto: GEC.

El ministro Manero se comprometió a generar espacios de diálogo con la población de Caylloma para lograr su aprobación al proyecto. Sin embargo, desde julio de 2023 no se han realizado nuevas reuniones con las comunidades ni con las autoridades locales, lo que ha llevado a los representantes de Caylloma a considerar que este espacio ha quedado en el abandono.

El proyecto Majes Siguas, que promete irrigar miles de hectáreas y dinamizar la economía regional, enfrenta un futuro incierto debido a la falta de avances concretos y la acumulación de tareas pendientes. Las autoridades regionales exigen respuestas claras y acciones inmediatas para evitar que el proyecto siga estancándose, mientras la población afectada espera soluciones que parecen cada vez más lejanas.

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