La plancha presidencial de Juntos por el Perú, liderada por el candidato Roberto Sánchez Palomino, se presentó el 12 de febrero de 2026 en un multitudinario mitin en la Plaza de Armas de Chota, Cajamarca, que reunió a miles de militantes y simpatizantes pese a la lluvia persistente. El evento, parte de la «Ruta Castillista», evidenció una masiva participación popular: ronderos, agricultores, familias y bases castillistas llenaron la plaza con consignas de «Castillo libertad» “Roberto presidente” y banderas partidarias, demostrando un fuerte respaldo orgánico desde las regiones del interior y convirtiendo el acto en un símbolo de movilización y unidad.

Roberto Sánchez, como orador principal, resaltó la libertad inmediata de Pedro Castillo como prioridad absoluta, presentándolo como preso político y «presidente del pueblo». Propuso un nuevo pacto democrático que conduzca a una Constitución plurinacional, paritaria y descentralizada, para superar el centralismo y garantizar soberanía nacional. En lo económico, abogó por un desarrollo productivo territorial con economía mixta, empresas públicas estratégicas, protección de recursos naturales y mayor tributación a la minería, priorizando la economía popular y el empleo digno.

En el ámbito social, Sánchez enfatizó la salud y educación como derechos universales innegociables, eliminando su mercantilización y destinando recursos sustanciales para cerrar brechas regionales. Criticó duramente al «poder corrupto» y prometió una lucha frontal contra la corrupción, fortaleciendo un Estado al servicio de las mayorías postergadas y recuperando el legado del gobierno interrumpido en 2022.

José Mercedes Castillo Terrones, hermano mayor de Pedro Castillo y cabeza de lista al Senado, reforzó el compromiso familiar y castillista, defendiendo la liberación de su hermano y la preservación del «gobierno del pueblo» mediante la unidad de ronderos, agricultores y movimientos sociales para reconquistar el poder popular desde las bases.

Margot Palacios, candidata al Senado Nacional y congresista que votó en contra de la vacancia de Pedro Castillo manteniéndose en la línea principista contra el régimen golpista de Dina Boluarte y su sucesor, intervino con fuerza en el mitin. En su discurso, manifestó textualmente: «Un saludo fraterno y combativo con cada uno de ustedes. Aquí estamos los hijos del pueblo que en el Congreso votamos en contra de la vacancia de Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022. Estamos aquí principalmente para luchar por la libertad del presidente Castillo. Asimismo, para escribir una nueva Constitución Política del Estado peruano, con aroma y sabor a nosotros, al pueblo, a las grandes mayorías. Estoy segura que este 12 de abril recuperaremos el gobierno para el pueblo«. Su intervención resaltó la construcción de un proyecto político radicalmente diferente desde el Perú profundo, resistiendo y promoviendo cambios profundos a favor de las grandes mayorías del país.

Jaime Quito, también congresista que se opuso a la vacancia y fiel a la línea principista, insistió en la necesidad de una nueva Constitución que devuelva los recursos naturales al pueblo y garantice la libertad de Castillo, convocando a un frente amplio contra el modelo neoliberal y enfatizando la esperanza en un Perú justo construido colectivamente.

Jennifer Paredes Navarro, hija de Pedro Castillo y candidata a diputada por Cajamarca, cerró filas con la plancha al expresar su compromiso personal: «Lucharé por ustedes como lo hizo mi padre». Su presencia simbolizó la continuidad familiar del proyecto castillista, enfocada en defender a los sectores rurales y populares de Cajamarca, cuna de las rondas campesinas, y en impulsar cambios directos para las familias del interior. El mitin, con su masiva concurrencia, consolidó a Juntos por el Perú como una fuerza en ascenso rumbo a las elecciones del 12 de abril de 2026.

Lima, 9 de febrero de 2026.- El comediante y candidato presidencial por el partido País para Todos, Carlos Álvarez, ratificó su permanencia en la contienda electoral rumbo a las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, tras resolver una crisis interna generada por denuncias de presunto mal uso de fondos públicos destinados a la franja electoral.

La controversia se originó a inicios de febrero, cuando se cuestionó la asignación de aproximadamente S/642.000 a S/700.000 del presupuesto de propaganda oficial exclusivamente al canal Nativa Televisión. Álvarez se deslindó de las decisiones administrativas, exigió transparencia, sanciones a los responsables y amenazó con renunciar si no se aclaraban los hechos. El partido respondió admitiendo «errores políticos» e «inexperiencia», separó a los funcionarios implicados (incluyendo al personero legal y representantes ante la ONPE) y desistió completamente del uso de la franja electoral, renunciando así al financiamiento público para evitar mayores cuestionamientos.

Tras evaluar el cumplimiento de sus exigencias y confirmar la ausencia de actos de corrupción directa, Álvarez anunció su decisión de continuar el 6 y 7 de febrero mediante pronunciamientos en redes sociales y entrevistas en medios como Latina Noticias y RPP. El candidato enfatizó su rechazo al uso de recursos estatales en campañas y su compromiso con una «política diferente», mientras el partido lo respaldó como figura principal, destacando que no participó en las gestiones controvertidas. La Fiscalía inició investigaciones preliminares sobre el manejo de la franja en varios partidos, incluido País para Todos.

Paralelamente, persisten señalamientos sobre su trayectoria durante el régimen fujimorista. Entre 1999 y 2000, Álvarez laboró en Canal 7 (controlado por el gobierno de Alberto Fujimori) y enfrentó un proceso por presunto peculado vinculado a pagos irregulares del entorno de Vladimiro Montesinos. Aunque fue condenado en primera instancia, la Corte Suprema lo absolvió de todos los cargos el 5 de diciembre de 2007, ordenando la anulación de antecedentes. En enero de 2026, un informe del Jurado Electoral Especial alertó posible omisión de esa sentencia en su hoja de vida ante el JNE, pero Álvarez argumentó que solo deben declararse condenas firmes y vigentes, por lo que su postulación sigue inscrita sin resolución de exclusión.

En el escenario electoral actual, Álvarez se posiciona como un contendiente outsider. Según la encuesta Datum Internacional para El Comercio (trabajo de campo del 30 de enero al 3 de febrero de 2026, margen de error ±2.8%), registra 5.8% de intención de voto, ocupando el tercer lugar detrás de Rafael López Aliaga (11.9%) y Keiko Fujimori (9.2%). El sondeo destaca la alta fragmentación: más del 42% de electores votaría en blanco, viciado, nulo o aún no decide, y 24 de los 36 candidatos no superan el 1%. La reciente visibilidad mediática por la polémica no ha impactado negativamente en sus preferencias hasta el momento, aunque analistas advierten que nuevos desarrollos podrían afectar su percepción de estabilidad en las próximas semanas.

En un contexto de tensiones geopolíticas exacerbadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de «máxima presión» contra Cuba mediante una orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026, que impone aranceles adicionales a cualquier nación que suministre petróleo a la isla. Esta medida, declarada como una «emergencia nacional» por supuestos lazos de Cuba con países hostiles y grupos terroristas, busca cortar el flujo energético vital para la economía cubana, agravando un embargo que data de 1962. Sin embargo, analistas y críticos internacionales coinciden en que estas acciones no solo fallan en promover cambios políticos, sino que castigan directamente a la población civil, revelando un enfoque inhumano que prioriza la confrontación ideológica sobre el bienestar humano.

La justificación oficial de la administración Trump se centra en presionar al régimen cubano para que cese su apoyo a aliados como Rusia, China e Irán, pero en la práctica, estas sanciones energéticas han desencadenado un colapso inminente. Cuba, que ya enfrentaba una escasez crónica tras el corte de suministros venezolanos, ahora solo cuenta con reservas de petróleo para 15 a 20 días, según datos de expertos. Esto ha llevado a apagones masivos de hasta 20 horas diarias, paralizando el transporte público, la agricultura y el turismo –sectores clave que representan el sustento de millones. Críticos argumentan que Trump ignora deliberadamente el impacto desproporcionado en civiles, evocando tácticas de asedio que violan principios humanitarios básicos, como el acceso a energía esencial para la supervivencia.

Las consecuencias económicas para los cubanos son devastadoras: familias pierden alimentos por falta de refrigeración, hospitales operan con generadores precarios, y el desempleo se dispara en industrias como el turismo, donde hoteles cierran y aerolíneas internacionales suspenden vuelos por ausencia de combustible de aviación. Residentes en La Habana y otras provincias comparan esta crisis con el «Período Especial» de los 90, pero afirman que ahora es peor debido a la globalización de las sanciones, que disuaden incluso a aliados como México o Rusia de enviar ayuda. Esta situación no solo acelera la pobreza extrema y la migración irregular, sino que expone la hipocresía de una política que, bajo el pretexto de defender la democracia, genera hambre y desesperación en una población vulnerable, afectando desproporcionadamente a niños, ancianos y enfermos.

Desde América Latina, incluyendo Perú, las críticas a Trump no se han hecho esperar: gobiernos progresistas y organizaciones como la ONU condenan estas medidas como «genocidas» y unilaterales, argumentando que violan el derecho internacional y agravan desigualdades regionales. En Perú, donde la solidaridad con Cuba ha sido histórica a través de lazos culturales y políticos, analistas locales ven en esto un retroceso a la Guerra Fría que ignora el contexto pospandémico y las crisis migratorias compartidas. Rusia, por su parte, califica la situación de «crítica» y culpa directamente a Washington por un bloqueo que impide el desarrollo sostenible, mientras que en redes sociales, como en X, se reportan incidentes como el rechazo de Jamaica a un buque cubano por temor a represalias, ilustrando el alcance extraterritorial inhumano de estas políticas.

En última instancia, las decisiones de Trump no solo fallan en debilitar al gobierno cubano, sino que fortalecen narrativas de victimización y radicalizan posturas en la región. Para una web de noticias peruana, es imperativo cuestionar si esta estrategia de asfixia económica vale el costo humano, urgiendo a la comunidad internacional a priorizar el diálogo sobre el castigo colectivo. Mientras Cuba se acerca a un posible colapso humanitario, queda claro que políticas como estas no promueven la libertad, sino que perpetúan ciclos de sufrimiento innecesario, demandando una revisión urgente desde una perspectiva ética y global.