Estados Unidos ha ejecutado en septiembre una serie de ataques militares contra embarcaciones venezolanas en aguas del mar Caribe, bajo el argumento de combatir al narcotráfico ¿Con qué derecho?. El primer operativo, ocurrido el 2 de septiembre, dejó once muertos tras el hundimiento de una lancha rápida que, según Washington, estaba vinculada al grupo criminal Tren de Aragua. Desde entonces, se han registrado al menos otros tres ataques, con más fallecidos y la destrucción de nuevas embarcaciones, lo que ha despertado preocupación en América Latina, incluida la región andina.

Diversos gobiernos y organismos de derechos humanos han cuestionado la legalidad de estas acciones, señalando que Estados Unidos no cuenta con autorización internacional para hundir embarcaciones en aguas internacionales ni para aplicar castigos letales sin debido proceso. El presidente colombiano, Gustavo Petro, incluso ha pedido una investigación penal contra altos funcionarios estadounidenses, mientras organizaciones civiles advierten que estas operaciones violan principios básicos del derecho internacional y ponen en riesgo a pescadores y comunidades caribeñas.

El trasfondo político es evidente: la administración Trump utiliza la llamada “guerra contra las drogas” como excusa para intensificar la presión militar sobre Venezuela y proyectar fuerza en la región. Lejos de resolver el problema del narcotráfico, los ataques generan un clima de intimidación y abren la puerta a una escalada de tensiones que puede impactar también a países vecinos como Perú, que mantiene vínculos comerciales y migratorios con Venezuela. Con este accionar, Washington reaviva un escenario de injerencia que amenaza con desestabilizar aún más el continente.

Nueva York, 24 de septiembre de 2025 – La presidenta Dina Boluarte desató un escándalo diplomático al burlarse del presidente estadounidense Donald Trump durante un foro del Adam Smith Center for Economic Freedom y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) en Nueva York. «Sé que a muchos, y sobre todo al presidente Trump, no le ha gustado mucho que inauguremos el puerto de Chancay», afirmó, aludiendo al megapuerto de US$1.300 millones operado por Cosco Shipping, inaugurado en noviembre de 2024, que ha generado tensiones con EE.UU. por la creciente influencia China. El comentario, grabado por TV Perú y viral en X con miles de interacciones, fue calificado como «imprudente» por analistas, en un contexto donde Washington evalúa aranceles del 60% a mercancías que pasen por Chancay, según Bloomberg.

La mandataria, cuya aprobación cae al 5% según el IEP, agravó el papelón al invitar a 20 empresarios iberoamericanos a invertir en un Perú “estable”, ignorando las protestas masivas de la Generación Z que desde el 13 de septiembre exigen la derogación de la Ley N.º 32123 de AFP —que beneficia a bancos privados con comisiones del 1,5% en un país con 70% de informalidad laboral (INEI)— y su vacancia por corrupción. Boluarte minimizó las marchas, que dejaron 20 heridos por represión policial el 20-21 de septiembre, y las 60 muertes de 2022-2023, atribuyéndolas a “narrativas falsas” de narcotráfico y minería ilegal, mientras audios del premier Eduardo Arana evidencian vínculos con delincuencia.

Este incidente, sumado a su interrupción en la ONU por exceder el tiempo, expone la desconexión de un régimen que prioriza giras internacionales —20 días fuera en 2025— sobre una crisis interna con 205 homicidios en agosto (INEI) y protestas juveniles inspiradas en movimientos como el de Nepal. Con una nueva marcha convocada para el 27 y 28 de septiembre, expertos como Omar Coronel advierten que la burla a Trump y la negación de la realidad nacional hunden la credibilidad de Boluarte, proyectando un 2026 de mayor conflicto si no hay rectificación.

Lima, 25 de septiembre de 2025 – En un escalamiento del descontento juvenil, la Generación Z ha anunciado una nueva doble jornada de protestas para este sábado 27 y domingo 28 de septiembre, bajo el lema «Unidos por un Perú que merecemos», centrada en la Plaza San Martín y avenidas aledañas. Tras la represión en las marchas del 20 y 21 de septiembre —que dejó 20 heridos, incluyendo tres periodistas impactados por perdigones, según reportes de Infobae y La República—, los jóvenes rechazan la Ley N.º 32123, impulsada por la mayoría derechista del Congreso (Fuerza Popular y aliados) y el Ejecutivo de Dina Boluarte. Esta norma obliga a 7 millones de peruanos menores de 30 años —en un mercado con 70% de informalidad laboral, per INEI— a afiliarse forzosamente a las AFP, cobrando comisiones del 1,5% anual y limitando retiros al 95,5% para jubilados sub-40, un «robo generacional» que beneficia a bancos privados mientras proyecta pensiones por debajo de S/500 mensuales.

El régimen de Boluarte, con aprobación del 5% según encuestas del IEP, y el Congreso —cuya legitimidad se cuestiona por escándalos como los audios del premier Eduardo Arana y el ministro Juan José Santiváñez intercediendo por delincuentes— responden con silencio ante demandas que incluyen vacancia presidencial, disolución legislativa y justicia por las 60 muertes en protestas de 2022-2023. Mientras la inseguridad azota con 205 homicidios en agosto (INEI) y extorsiones en alza, el cogobierno fujimorista-archivado por la fiscal suspendida Delia Espinoza—prioriza ganancias de AFP sobre la juventud, ignorando el octavo retiro de fondos como «migajas».

Esta convocatoria, inspirada en protestas juveniles globales como las de Nepal, promete mayor escala si persiste la represión policial —desplegada con 5.000 efectivos la semana pasada—. Analistas como Omar Coronel advierten que, sin derogación de la ley ni avances anticorrupción, el movimiento podría redefinir el panorama preelectoral de 2026, exponiendo un sistema que traiciona a 8,6 millones de afiliados AFP en favor de élites. La Gen Z no pide caridad: exige dignidad en un Perú asfixiado por la corrupción.