La vacancia presidencial es un mecanismo constitucional de última instancia para preservar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho ante situaciones de extrema gravedad. No se trata de un instrumento menor, sino de una herramienta de emergencia que solo debe activarse cuando existen pruebas inobjetables de que el Jefe de Estado ha incurrido en causales expresamente establecidas en la Carta Magna.

En el caso de la presidenta Dina Boluarte, las denuncias en su contra no son meras especulaciones o diferencias políticas. Estamos hablando de acusaciones de la mayor gravedad, que incluyen crímenes de lesa humanidad por la represión brutal contra manifestantes, dejando un saldo trágico de decenas de vidas. A esto se suman cuestionamientos por su presunta implicación en actos de corrupción, obstrucción a la justicia y enriquecimiento inexplicable.

Sin embargo una vez más, la derecha vende patria ha demostrado su desprecio por la justicia y los derechos humanos al blindar a la presidenta Dina Boluarte de la vacancia, pese a las abrumadoras evidencias de su incapacidad moral para gobernar. En un acto repudiable, el Congreso desestimó las mociones de vacancia presentadas en su contra, impidiendo que rinda cuentas por los graves hechos que empañan su mandato.

Las acciones de Boluarte han sido ampliamente cuestionadas, tanto a nivel nacional como internacional. Su gobierno ha estado marcado por una represión brutal contra las protestas sociales, dejando un saldo trágico de 48 personas muertas a manos de las fuerzas del orden. Lejos de condenar estos crímenes de lesa humanidad, la mandataria ha avalado y defendido el uso excesivo de la fuerza letal, en flagrante violación de las normas internacionales de derechos humanos.

Pero los cuestionamientos no se detienen ahí. Boluarte enfrenta hasta cinco mociones de vacancia por delitos y actos de corrupción, incluyendo desbalance patrimonial inexplicable y presuntos intentos de obstruir la justicia en beneficio de su hermano investigado. Su conducta impropia e incompatible con la dignidad presidencial es innegable.

Sin embargo, la derecha vende patria, fiel a su historial de anteponer sus intereses mezquinos por encima del bien común, ha decidido blindar a Boluarte de la vacancia. Con una votación abrumadoramente en contra de las mociones, estos congresistas han demostrado su complicidad con la impunidad y su desprecio por la voluntad popular, que clama por justicia y el respeto al Estado de Derecho.

Es inaceptable que, ante la crisis de gobernabilidad y la violación sistemática de derechos humanos, la derecha vende patria siga respaldando a una mandataria cuestionada. Su actuar no solo traiciona los principios democráticos, sino que también desafía a la comunidad internacional, que ha condenado enérgicamente las acciones del gobierno de Boluarte.

La historia juzgará con severidad a estos congresistas que han antepuesto sus intereses partidistas por encima de la justicia y el bienestar de la nación. Su blindaje a la impunidad de Boluarte es un acto repudiable que solo alimenta la indignación popular y socava la credibilidad de nuestras instituciones.

Es momento de que la derecha vende patria rectifique su rumbo y actúe en concordancia con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. El pueblo peruano merece un gobierno transparente, responsable y comprometido con la justicia, no una mandataria cuestionada que se aferra al poder a costa de la sangre de sus compatriotas.

En esta hora crítica para nuestra nación, alzamos nuestra voz para denunciar el accionar de la derecha vende patria y exigir que se haga justicia. No descansaremos hasta que se rinda cuentas por los abusos cometidos y se restaure la gobernabilidad y el Estado de Derecho en nuestro país.

Corolario

Es inaudito que, pese a la contundencia de las pruebas presentadas, sectores de la derecha antepusieron sus intereses mezquinos y se negaron a admitir las mociones de vacancia contra Boluarte. Con ello, no solo blindaron la impunidad, sino que también dinamitaron la institucionalidad democrática al anteponer la lealtad partidista sobre la voluntad popular y el Estado de Derecho.

La historia juzgará con severidad este bochornoso episodio en el que la codicia de grupos de poder puso en vilo la estabilidad y la paz social de toda una nación. Ante la negativa del Congreso de actuar con responsabilidad, le corresponde ahora al pueblo peruano, a través de la movilización cívica y pacífica, seguir exigiendo justicia y rendición de cuentas.

Boluarte deberá responder por cada vida segada, por cada derecho conculcado y por cada acto de corrupción cometido. El Perú no merece tener una presidenta repudiada e ilegítima manchando el honor de la más alta magistratura. Es tiempo de recuperar la dignidad nacional y encauzar al país por la senda de la democracia y el buen gobierno.