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La derecha y sus aliados del Congreso de la República blindan a Dina Boluarte

La vacancia presidencial es un mecanismo constitucional de última instancia para preservar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho ante situaciones de extrema gravedad. No se trata de un instrumento menor, sino de una herramienta de emergencia que solo debe activarse cuando existen pruebas inobjetables de que el Jefe de Estado ha incurrido en causales expresamente establecidas en la Carta Magna.
En el caso de la presidenta Dina Boluarte, las denuncias en su contra no son meras especulaciones o diferencias políticas. Estamos hablando de acusaciones de la mayor gravedad, que incluyen crímenes de lesa humanidad por la represión brutal contra manifestantes, dejando un saldo trágico de decenas de vidas. A esto se suman cuestionamientos por su presunta implicación en actos de corrupción, obstrucción a la justicia y enriquecimiento inexplicable.

Sin embargo una vez más, la derecha vende patria ha demostrado su desprecio por la justicia y los derechos humanos al blindar a la presidenta Dina Boluarte de la vacancia, pese a las abrumadoras evidencias de su incapacidad moral para gobernar. En un acto repudiable, el Congreso desestimó las mociones de vacancia presentadas en su contra, impidiendo que rinda cuentas por los graves hechos que empañan su mandato.
Las acciones de Boluarte han sido ampliamente cuestionadas, tanto a nivel nacional como internacional. Su gobierno ha estado marcado por una represión brutal contra las protestas sociales, dejando un saldo trágico de 48 personas muertas a manos de las fuerzas del orden. Lejos de condenar estos crímenes de lesa humanidad, la mandataria ha avalado y defendido el uso excesivo de la fuerza letal, en flagrante violación de las normas internacionales de derechos humanos.
Pero los cuestionamientos no se detienen ahí. Boluarte enfrenta hasta cinco mociones de vacancia por delitos y actos de corrupción, incluyendo desbalance patrimonial inexplicable y presuntos intentos de obstruir la justicia en beneficio de su hermano investigado. Su conducta impropia e incompatible con la dignidad presidencial es innegable.
Sin embargo, la derecha vende patria, fiel a su historial de anteponer sus intereses mezquinos por encima del bien común, ha decidido blindar a Boluarte de la vacancia. Con una votación abrumadoramente en contra de las mociones, estos congresistas han demostrado su complicidad con la impunidad y su desprecio por la voluntad popular, que clama por justicia y el respeto al Estado de Derecho.
Es inaceptable que, ante la crisis de gobernabilidad y la violación sistemática de derechos humanos, la derecha vende patria siga respaldando a una mandataria cuestionada. Su actuar no solo traiciona los principios democráticos, sino que también desafía a la comunidad internacional, que ha condenado enérgicamente las acciones del gobierno de Boluarte.
La historia juzgará con severidad a estos congresistas que han antepuesto sus intereses partidistas por encima de la justicia y el bienestar de la nación. Su blindaje a la impunidad de Boluarte es un acto repudiable que solo alimenta la indignación popular y socava la credibilidad de nuestras instituciones.
Es momento de que la derecha vende patria rectifique su rumbo y actúe en concordancia con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos. El pueblo peruano merece un gobierno transparente, responsable y comprometido con la justicia, no una mandataria cuestionada que se aferra al poder a costa de la sangre de sus compatriotas.
En esta hora crítica para nuestra nación, alzamos nuestra voz para denunciar el accionar de la derecha vende patria y exigir que se haga justicia. No descansaremos hasta que se rinda cuentas por los abusos cometidos y se restaure la gobernabilidad y el Estado de Derecho en nuestro país.

Corolario
Es inaudito que, pese a la contundencia de las pruebas presentadas, sectores de la derecha antepusieron sus intereses mezquinos y se negaron a admitir las mociones de vacancia contra Boluarte. Con ello, no solo blindaron la impunidad, sino que también dinamitaron la institucionalidad democrática al anteponer la lealtad partidista sobre la voluntad popular y el Estado de Derecho.
La historia juzgará con severidad este bochornoso episodio en el que la codicia de grupos de poder puso en vilo la estabilidad y la paz social de toda una nación. Ante la negativa del Congreso de actuar con responsabilidad, le corresponde ahora al pueblo peruano, a través de la movilización cívica y pacífica, seguir exigiendo justicia y rendición de cuentas.
Boluarte deberá responder por cada vida segada, por cada derecho conculcado y por cada acto de corrupción cometido. El Perú no merece tener una presidenta repudiada e ilegítima manchando el honor de la más alta magistratura. Es tiempo de recuperar la dignidad nacional y encauzar al país por la senda de la democracia y el buen gobierno.
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Crisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno

Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.
El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado
El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.
El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.
Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.
La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.
Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?
El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.
Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.
Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada
La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.
Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.
Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.
Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.
Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.
En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.
Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.
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Puno fue escenario de una de las mayores presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026

Puno, 24 de enero de 2026.– La ciudad de Juliaca fue escenario de una de las más multitudinarias presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un acto político que congregó a la plancha presidencial, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido Juntos por el Perú provenientes de diversas regiones del país.
El evento marcó el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino, en un contexto de intensificación de la actividad proselitista a nivel nacional. La actividad se desarrolló en la región Puno, considerada estratégica dentro del escenario electoral del sur andino.
Entre los candidatos principales al Senado Nacional que participaron se encuentran José Mercedes Castillo Terrones, Margot Palacios Huamán, Elías Varas Seguin, Jaime Quito Sarmiento, Isaac Humala, Pasión Dávila, entre otros. Asimismo, asistieron postulantes a la Cámara de Diputados como Irma Castillo Terrones, Yenifer Paredes Paredes, Cledin Vásquez, César Tito Rojas y una lista larga de ellos que hicieron uso de la palabra. Durante la jornada se expusieron propuestas vinculadas a demandas sociales, descentralización y fortalecimiento de la representación regional en el Congreso.

En su discurso, Roberto Sánchez Palomino destacó el rol del sur del país en el proceso electoral y afirmó que su candidatura presidencial busca consolidar una propuesta política que recoja las principales demandas de los sectores populares y de los departamentos históricamente postergadas. También hizo un llamado a la unidad de las organizaciones políticas y sociales con miras a los comicios de 2026.
Los candidatos al Senado coincidieron en la necesidad de promover una agenda legislativa orientada a la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones, el impulso de una nueva Constitución y la implementación de cambios estructurales, además del fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos sociales. Los organizadores señalaron que el evento evidenció cohesión interna y despliegue territorial de la propuesta política de Juntos por el Perú.
Con esta presentación en Puno, la campaña electoral hacia las Elecciones Generales 2026 ingresa a una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de actividades proselitistas fuera de Lima y por los esfuerzos de los partidos políticos por posicionar a sus principales liderazgos a nivel nacional.
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El presidente interino José Jerí enfrenta una vacancia inminente por reuniones clandestinas con empresario chino

Lima, 21 de enero de 2026 – El presidente interino de la República, José Jerí Oré, se encuentra en el centro de una grave crisis política tras su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde trató explicar las reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang (conocido como «Johnny Yang»), dueño de varios locales comerciales. La sesión, que duró varias horas y fue presidida por el legislador Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), abordó dos encuentros clave: uno el 26 de diciembre de 2025 en un chifa en el distrito de San Borja, y otro el 6 de enero de 2026 en el local Market Capón del Centro de Lima.
En su intervención, Jerí negó cualquier irregularidad, tráfico de influencias o negociación ilícita, argumentando que las reuniones respondieron a invitaciones relacionadas con actividades de amistad Perú-China, sin solicitudes de favores ni beneficios indebidos. Admitió la presencia ocasional de Ji Wu Xiaodong (investigado por otros delitos), pero sostuvo desconocer detalles de su situación judicial. El mandatario descartó renunciar, enfatizando que hacerlo implicaría admitir culpas inexistentes, y aseguró plena colaboración con las investigaciones. El empresario Zhihua Yang emitió un comunicado negando haber pedido favores y cuestionando la filtración de videos de seguridad.
El Congreso registra al menos tres mociones de censura contra Jerí en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, lo que derivaría en su salida de la presidencia interina. Una de ellas, impulsada por la congresista Ruth Luque Ibarra, que cuenta con las 20 firmas requeridas para su admisión a trámite y argumenta falta de transparencia e incapacidad moral por las reuniones clandestinas. Bancadas como Renovación Popular y otros funcionales al régimen también han anunciado recolección de firmas para una censura adicional y pedido de un Pleno Extraordinario. Estas mociones requieren solamente de 66 votos en el Pleno para prosperar.
Paralelamente, avanza una moción de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente, promovida por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) y con firmas en aumento (alcanzando al menos 16 en reportes previos). Asimismo, Margot Palacios Huamán impulsa una segunda moción de vacancia presidencial, que ya contaría con 15 firmas. Este mecanismo exige 87 votos en el Pleno, un umbral más elevado, aunque sectores progresistas, de izquierda y algunos independientes lo impulsan con fuerza. Mientras, bancadas de ka derecga parlamentaria que son mayoría como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos han mantenido silencio o posiciones de respaldo implícito al mandatario hasta el momento, pero está claro que en el práctica no apoyarán dicha mociones.
Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, tras los reportajes que difundieron imágenes de los encuentros. El caso, denominado «Chifagate» en medios, se desarrolla en plena transición gubernamental a meses de las Elecciones Generales de 2026, generando amplio debate sobre transparencia y posibles convocatorias a Pleno extraordinario en el Congreso, actualmente en receso.
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