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Piden 34 años de cárcel para Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

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La situación legal de Pedro Castillo Terrones, expresidente de Perú, se agrava conforme avanza el proceso judicial en su contra. El lunes 9 de septiembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley Soria rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa del exmandatario y sus coacusados, quienes habían solicitado el archivo de la acusación por considerar que los hechos no constituían delitos.

Esto significa que Castillo deberá enfrentar un juicio por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, vinculados al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El camino hacia el juicio

La decisión del juez Checkley Soria es categórica: Pedro Castillo será juzgado por los intentos de disolver el Congreso y reestructurar el sistema de justicia peruano mediante un autogolpe, un episodio que conmocionó al país y terminó con su destitución y arresto.

La acusación formal de la Fiscalía solicita una condena de 34 años de prisión para el expresidente, basándose en delitos como rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Esta decisión no admite apelación, lo que garantiza que el juicio avanzará en las próximas semanas.

Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022

Además de Castillo, el proceso involucra a otros altos funcionarios de su gobierno, incluyendo a la expremier Betssy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta, el exministro de Comercio Exterior Roberto Sánchez, y tres oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP): Jesús Venero, Eder Infanzón y Manuel Lozada. Todos ellos enfrentarán cargos por su presunta participación en el intento de golpe de Estado.

La defensa de Castillo argumentó que el delito de rebelión requiere el uso de armas y una alteración violenta del orden público, algo que, según ellos, no ocurrió el 7 de diciembre de 2022. Sin embargo, el juez Checkley determinó que estos argumentos deben ser evaluados durante el juicio público, no a través de un recurso de sobreseimiento.

Delitos y penas solicitadas

La Fiscalía ha solicitado las siguientes penas para los acusados:

  • Pedro Castillo Terrones: 34 años de prisión por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
  • Betssy Chávez: 25 años de prisión por su rol en la ejecución del fallido golpe.
  • Roberto Sánchez y Willy Huerta: Penas de hasta 25 años de prisión.
  • Aníbal Torres: 15 años de prisión por conspiración.
  • Los oficiales PNP Jesús Venero, Eder Infanzón y Manuel Lozada también enfrentan cargos por su participación en los hechos.

Próximos pasos en el proceso judicial

El 17 de septiembre está programada la participación de los testigos, y tras ello se fijará la fecha para el inicio formal del juicio contra Castillo y los demás implicados. Este es solo uno de los procesos que enfrenta el expresidente. Aparte de los cargos de rebelión y conspiración, Castillo también está siendo investigado por otros graves delitos, como organización criminal, tráfico de influencias y colusión.

El juez Checkley dejó claro que las pruebas presentadas por la Fiscalía, así como los cuestionamientos de la defensa, deben ser debatidos en el juicio. De esta manera, el sistema judicial peruano se encamina a uno de los juicios más importantes y simbólicos de su historia reciente, marcado por las consecuencias de un gobierno que terminó de forma abrupta y polémica.

La caída de Castillo

El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso de la República y anunció la reorganización del sistema judicial, acciones que fueron ampliamente rechazadas tanto por el poder legislativo como por la sociedad civil. Horas después, fue detenido y destituido de la presidencia por «incapacidad moral permanente», siendo reemplazado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Desde entonces, Castillo ha mantenido su inocencia y ha denunciado que su destitución fue parte de un complot en su contra. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyen declaraciones de testigos y grabaciones de las reuniones previas al intento de golpe, complican su situación legal.

Dina Boluarte lo sucedió luego de la detención y encarcelación de Pedro Castillo

El impacto político

El juicio contra Pedro Castillo no solo tiene implicaciones judiciales, sino también políticas. Los exministros y altos mandos policiales que lo acompañaron durante su gestión también están bajo la lupa, lo que ha generado una profunda división en la opinión pública peruana. Mientras que sus seguidores consideran que Castillo es víctima de una persecución política, sus detractores lo ven como un ejemplo de la fragilidad democrática que debe ser castigada.

Con el juicio a la vuelta de la esquina, el destino de Pedro Castillo y de los funcionarios que lo respaldaron en uno de los momentos más oscuros de la política peruana se definirá en los tribunales. El país sigue atento al desarrollo de un proceso que marcará un precedente en la lucha contra la corrupción y los intentos de subvertir el orden constitucional en Perú.

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Trump despliega portaaviones en el Caribe y hunde lanchas venezolanas: Latinoamérica clama por soberanía

Redactor

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Lima, 26 de octubre de 2025 | La ofensiva unilateral de EE.UU. contra embarcaciones cerca de Venezuela escala la tensión regional y revive fantasmas de intervención. Gobiernos y sociedad civil exigen respeto al derecho internacional.

En una operación calificada por Caracas como “acto de guerra”, la Marina estadounidense hundió dos lanchas rápidas venezolanas en aguas del Caribe y posicionó al portaaviones USS Gerald Ford a menos de 200 millas de la costa. Washington justifica la acción bajo el paraguas antinarcóticos, pero analistas peruanos y regionales la señalan como maniobra política de Donald Trump para fortalecer su discurso interno de “mano dura”.

El gobierno de Nicolás Maduro, pese a sus graves señalamientos por autoritarismo y crisis humanitaria, invocó la Carta de la ONU y anunció ejercicios militares en Caracas. Desde México hasta Argentina, voces progresistas y conservadoras coinciden: ningún Estado latinoamericano —ni siquiera los más cuestionados— puede ser blanco de agresiones unilaterales que ignoren la CELAC y la OEA.

Expertos en seguridad regional advierten que la escalada no solo agrava la migración y el narcotráfico, sino que debilita la arquitectura multilateral del hemisferio.

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Lima se viste de morado en la procesión del Señor de los Milagros

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Lima, 26 de octubre de 2025. Miles de fieles inundaron las calles del Centro Histórico de Lima en la tradicional procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Perú. La imagen del Cristo de Pachacamilla, pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en una pared del conventillo de Pachacamilla, recorrió su ruta habitual desde el Monasterio de las Nazarenas hasta la iglesia de San Francisco, acompañada por el canto de coros, sahumadoras y el aroma característico del incienso que impregna el aire como un velo de tradición limeña. En este año de renovada fe, el anda pasó por avenidas emblemáticas donde el bullicio devoto se entreteje con el rumor de la ciudad eterna.

La devoción, que se remonta a los terremotos de 1655 y 1746 que no dañaron el mural original, une a limeños de todas las clases sociales en un acto de fe colectiva, donde el morado de las túnicas evoca no solo penitencia, sino el color del cielo al atardecer sobre el Rímac. Portadores vestidos de morado cargaron las andas de más de dos toneladas, mientras mujeres sahumadoras y cuadrillas de cargadores se turnaban en un ritual que simboliza esperanza en medio del ajetreo cotidiano, con vendedores de churros y anticuchos asándose en las esquinas como testigos mudos de esta costumbre que late en el corazón de la capital. Este año, la procesión incorporó medidas de seguridad reforzadas y transmisiones en vivo para los devotos que no pudieron asistir, permitiendo que el eco de las promesas se extienda más allá de las murallas coloniales.

Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019, la festividad trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad limeña, fusionando herencia colonial, afroperuana e indígena en una celebración que fortalece los lazos comunitarios y preserva tradiciones centenarias. Hacia 2026, se anticipa una mayor presencia de figuras públicas, como el presidente José Jeri y el cardenal Pedro Barreto, quienes, siguiendo la costumbre de rendir homenaje en la Plaza Mayor, se unirán a la procesión con mensajes de unidad, evocando cómo en Lima la política y la piedad caminan de la mano, entre rezos y el tintineo de las monedas en las colectas para los más humildes.

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Condenan a 15 años a Bermejo: ¿justicia o revancha selectiva?

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El congresista Guillermo Bermejo fue sentenciado este 24 de octubre a 15 años de prisión efectiva por afiliación al terrorismo, en un tercer juicio que revierte dos absoluciones previas anuladas por la Corte Suprema. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria validó testimonios de colaboradores eficaces y fotos de 2008-2009 en el VRAEM, donde Bermejo habría sido “camarada Che”. Sin embargo, la defensa denuncia que no hay pruebas nuevas y que el caso se reactivó tras su precandidatura presidencial con Venceremos, alimentando sospechas de lawfare para sacarlo del tablero electoral.

Progresismo clama persecución; derecha exige vacancia inmediata.

Guido Bellido habló de “juez a la medida”, Sigrid Bazán de “justicia con saña selectiva” y la Bancada Socialista de “terruqueo institucionalizado”. Mientras, Patricia Juárez (Fuerza Popular) celebró el fallo y pidió vacancia sin accesitario, alegando delito grave. La polarización estalla: un 68% de peruanos rechaza congresistas con antecedentes, pero el 62% duda de la imparcialidad judicial en casos políticos, según Datum. El Congreso debate si Zaira Arias asumirá la curul o si Bermejo apelará internacionalmente antes de ingresar al penal.

Un fallo que huele a vendetta y debilita la democracia.

Tres juicios, dos absoluciones anuladas y una condena repentina cuando Bermejo amenazaba al statu quo: el patrón es conocido. La sentencia llega en plena campaña electoral y con el Ejecutivo acorralado por protestas; silenciar a un crítico del progresismo parece prioridad. Si la justicia peruana quiere credibilidad, debe explicar por qué las mismas pruebas valieron absolución dos veces y ahora 15 años.

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