El viernes 19 de abril de 2024, los dirigentes, acciones y trabajadores de las empresas azucareras Cayalti, Pomalca, Tumán y Cartavio del departamento de Lambayeque, norte peruano, agremiados en el Frente de…
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Polémico proyecto de ley de “Terrorismo Urbano” desata rechazo y críticas en Perú

El proyecto de ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, que busca tipificar el delito de «terrorismo urbano», ha generado una oleada de críticas y oposición por parte de amplios sectores de la sociedad peruana.
La propuesta, que incluye sanciones severas, como penas de hasta 30 años de prisión y cadena perpetua en casos agravados, ha sido señalada como un intento de criminalizar la protesta social y distraer la atención de la ineficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia.
La noche del jueves 03 de octubre, sorprendentemente el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista de Perú Libre, Isaac Mita, sustentó un texto sustitutorio ante el pleno del Congreso de la República recaído en los Proyectos de Ley 5525, 5838, 5969, 5972, 6014, 6051, 6206, 6842, 6912, 6972, 7179, 7761, 7774, 8029, 8043, 8051 y 8061; mediante el cual propuso modificar el Código Penal del Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de «terrorismo urbano», manifestando que previamente había recibido aportes de reconocidos juristas. Mientras su propia bancada Perú Libre a través de su vocero Flavio Cruz rechazaba el proyecto de Ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, con quien su líder Vladimir Cerrón, mantiene una alianza incomprensible para sus militantes y simpatizantes.
El proyecto busca modificar los artículos 108-C, 108-D y 200 del Código Penal, e introduce el artículo 315-C, con el objetivo declarado de endurecer las penas para delitos como el sicariato, la extorsión y el secuestro. La iniciativa del Ejecutivo justifica estas modificaciones por el incremento alarmante de estos delitos, que han contribuido a un clima de miedo e inseguridad en el país. Sin embargo, diversos líderes sociales, gremios y expertos en derecho penal han criticado duramente la medida.

Reacciones divididas y temores de represión social
Gustavo Minaya, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), cuestionó el verdadero propósito de la ley, señalando que el gobierno estaría utilizando la crisis de seguridad para «criminalizar las protestas sociales». “Una ley contra el terrorismo urbano no soluciona el problema de la violencia y la criminalidad”, sentenció Minaya, poniendo en duda la capacidad del derecho penal para resolver problemas de inseguridad mediante el endurecimiento de penas.
El Comité de Gremios, que agrupa a más de 30 organizaciones de transportistas, también se pronunció en contra del proyecto. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, advirtió que la propuesta legislativa atenta contra el derecho a la protesta, anunciando un posible paro nacional el próximo 10 de octubre si no se anulan normas previas que favorecen a las organizaciones criminales.

Críticas desde el ámbito académico y judicial
Desde la academia, el profesor de derecho penal José Urquizo señaló que es discutible trasladar el concepto de terrorismo al ámbito urbano, dado que este delito implica un ataque directo al funcionamiento del Estado. “El derecho penal no resuelve problemas sociales ni de seguridad pública con simples aumentos de penas”, afirmó, subrayando que la solución pasa por fortalecer el sistema de inteligencia policial y la colaboración entre las autoridades judiciales y policiales.
El magistrado Walther Huayllani Choquepuma, de la Corte de Lima, coincidió con Urquizo y aseguró que el marco legal actual es suficiente para enfrentar estos delitos. Según Huayllani, lo prioritario es mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, que actualmente carece de los recursos necesarios para responder de manera efectiva a la delincuencia.
Una ley con tinte político y consecuencias peligrosas
A pesar de las “buenas intenciones” que el gobierno alega tener con este proyecto, muchos ven en la ley un trasfondo político para socavar el derecho a la protesta y desmovilizar a sectores críticos del gobierno. Bajo este pretexto, el proyecto califica como “extorsión” acciones típicas de las manifestaciones públicas, como la ocupación de vías o la interrupción de servicios. Esta ampliación del concepto de terrorismo urbano podría afectar directamente a trabajadores, transportistas y ciudadanos que ejerzan su legítimo derecho a la manifestación pacífica.
El proyecto presentado por el gobierno de Boluarte también ha sido duramente criticado por la congresista Margot Palacios, quien calificó la iniciativa de un ataque directo contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. La ambigüedad de términos como «perturbar el normal funcionamiento» deja la puerta abierta a interpretaciones arbitrarias que, según Palacios, buscan reprimir protestas legítimas bajo el manto de “terrorismo”. «El nuevo Proyecto de Ley 9085 presentada por Dina Boluarte, busca introducir el delito de terrorismo urbano, sancionando a aquellas personas que ejerzan su libre derecho a la protesta con penas de 10 a 15 años de cárcel» enfatizó Palacios.

La presentación de este proyecto ha abierto un profundo debate sobre los límites entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien la lucha contra la delincuencia es una prioridad innegable, el enfoque propuesto por el Ejecutivo parece más orientado a la represión de la protesta social que a una solución integral al problema de la inseguridad. Amplios sectores piden que el Congreso reflexione sobre las consecuencias de aprobar una norma que podría erosionar las libertades civiles en lugar de fortalecer la seguridad y justicia en el país.
Fuentes: Webs y redes de noticias
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Crisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno

Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.
El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado
El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.
El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.
Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.
La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.
Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?
El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.
Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.
Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada
La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.
Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.
Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.
Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.
Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.
En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.
Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.
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Puno fue escenario de una de las mayores presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026

Puno, 24 de enero de 2026.– La ciudad de Juliaca fue escenario de una de las más multitudinarias presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un acto político que congregó a la plancha presidencial, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido Juntos por el Perú provenientes de diversas regiones del país.
El evento marcó el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino, en un contexto de intensificación de la actividad proselitista a nivel nacional. La actividad se desarrolló en la región Puno, considerada estratégica dentro del escenario electoral del sur andino.
Entre los candidatos principales al Senado Nacional que participaron se encuentran José Mercedes Castillo Terrones, Margot Palacios Huamán, Elías Varas Seguin, Jaime Quito Sarmiento, Isaac Humala, Pasión Dávila, entre otros. Asimismo, asistieron postulantes a la Cámara de Diputados como Irma Castillo Terrones, Yenifer Paredes Paredes, Cledin Vásquez, César Tito Rojas y una lista larga de ellos que hicieron uso de la palabra. Durante la jornada se expusieron propuestas vinculadas a demandas sociales, descentralización y fortalecimiento de la representación regional en el Congreso.

En su discurso, Roberto Sánchez Palomino destacó el rol del sur del país en el proceso electoral y afirmó que su candidatura presidencial busca consolidar una propuesta política que recoja las principales demandas de los sectores populares y de los departamentos históricamente postergadas. También hizo un llamado a la unidad de las organizaciones políticas y sociales con miras a los comicios de 2026.
Los candidatos al Senado coincidieron en la necesidad de promover una agenda legislativa orientada a la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones, el impulso de una nueva Constitución y la implementación de cambios estructurales, además del fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos sociales. Los organizadores señalaron que el evento evidenció cohesión interna y despliegue territorial de la propuesta política de Juntos por el Perú.
Con esta presentación en Puno, la campaña electoral hacia las Elecciones Generales 2026 ingresa a una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de actividades proselitistas fuera de Lima y por los esfuerzos de los partidos políticos por posicionar a sus principales liderazgos a nivel nacional.
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El presidente interino José Jerí enfrenta una vacancia inminente por reuniones clandestinas con empresario chino

Lima, 21 de enero de 2026 – El presidente interino de la República, José Jerí Oré, se encuentra en el centro de una grave crisis política tras su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde trató explicar las reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang (conocido como «Johnny Yang»), dueño de varios locales comerciales. La sesión, que duró varias horas y fue presidida por el legislador Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), abordó dos encuentros clave: uno el 26 de diciembre de 2025 en un chifa en el distrito de San Borja, y otro el 6 de enero de 2026 en el local Market Capón del Centro de Lima.
En su intervención, Jerí negó cualquier irregularidad, tráfico de influencias o negociación ilícita, argumentando que las reuniones respondieron a invitaciones relacionadas con actividades de amistad Perú-China, sin solicitudes de favores ni beneficios indebidos. Admitió la presencia ocasional de Ji Wu Xiaodong (investigado por otros delitos), pero sostuvo desconocer detalles de su situación judicial. El mandatario descartó renunciar, enfatizando que hacerlo implicaría admitir culpas inexistentes, y aseguró plena colaboración con las investigaciones. El empresario Zhihua Yang emitió un comunicado negando haber pedido favores y cuestionando la filtración de videos de seguridad.
El Congreso registra al menos tres mociones de censura contra Jerí en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, lo que derivaría en su salida de la presidencia interina. Una de ellas, impulsada por la congresista Ruth Luque Ibarra, que cuenta con las 20 firmas requeridas para su admisión a trámite y argumenta falta de transparencia e incapacidad moral por las reuniones clandestinas. Bancadas como Renovación Popular y otros funcionales al régimen también han anunciado recolección de firmas para una censura adicional y pedido de un Pleno Extraordinario. Estas mociones requieren solamente de 66 votos en el Pleno para prosperar.
Paralelamente, avanza una moción de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente, promovida por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) y con firmas en aumento (alcanzando al menos 16 en reportes previos). Asimismo, Margot Palacios Huamán impulsa una segunda moción de vacancia presidencial, que ya contaría con 15 firmas. Este mecanismo exige 87 votos en el Pleno, un umbral más elevado, aunque sectores progresistas, de izquierda y algunos independientes lo impulsan con fuerza. Mientras, bancadas de ka derecga parlamentaria que son mayoría como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos han mantenido silencio o posiciones de respaldo implícito al mandatario hasta el momento, pero está claro que en el práctica no apoyarán dicha mociones.
Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, tras los reportajes que difundieron imágenes de los encuentros. El caso, denominado «Chifagate» en medios, se desarrolla en plena transición gubernamental a meses de las Elecciones Generales de 2026, generando amplio debate sobre transparencia y posibles convocatorias a Pleno extraordinario en el Congreso, actualmente en receso.
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