El viernes 19 de abril de 2024, los dirigentes, acciones y trabajadores de las empresas azucareras Cayalti, Pomalca, Tumán y Cartavio del departamento de Lambayeque, norte peruano, agremiados en el Frente de…
Actualidad
Polémico proyecto de ley de “Terrorismo Urbano” desata rechazo y críticas en Perú

El proyecto de ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, que busca tipificar el delito de «terrorismo urbano», ha generado una oleada de críticas y oposición por parte de amplios sectores de la sociedad peruana.
La propuesta, que incluye sanciones severas, como penas de hasta 30 años de prisión y cadena perpetua en casos agravados, ha sido señalada como un intento de criminalizar la protesta social y distraer la atención de la ineficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia.
La noche del jueves 03 de octubre, sorprendentemente el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista de Perú Libre, Isaac Mita, sustentó un texto sustitutorio ante el pleno del Congreso de la República recaído en los Proyectos de Ley 5525, 5838, 5969, 5972, 6014, 6051, 6206, 6842, 6912, 6972, 7179, 7761, 7774, 8029, 8043, 8051 y 8061; mediante el cual propuso modificar el Código Penal del Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de «terrorismo urbano», manifestando que previamente había recibido aportes de reconocidos juristas. Mientras su propia bancada Perú Libre a través de su vocero Flavio Cruz rechazaba el proyecto de Ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, con quien su líder Vladimir Cerrón, mantiene una alianza incomprensible para sus militantes y simpatizantes.
El proyecto busca modificar los artículos 108-C, 108-D y 200 del Código Penal, e introduce el artículo 315-C, con el objetivo declarado de endurecer las penas para delitos como el sicariato, la extorsión y el secuestro. La iniciativa del Ejecutivo justifica estas modificaciones por el incremento alarmante de estos delitos, que han contribuido a un clima de miedo e inseguridad en el país. Sin embargo, diversos líderes sociales, gremios y expertos en derecho penal han criticado duramente la medida.

Reacciones divididas y temores de represión social
Gustavo Minaya, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), cuestionó el verdadero propósito de la ley, señalando que el gobierno estaría utilizando la crisis de seguridad para «criminalizar las protestas sociales». “Una ley contra el terrorismo urbano no soluciona el problema de la violencia y la criminalidad”, sentenció Minaya, poniendo en duda la capacidad del derecho penal para resolver problemas de inseguridad mediante el endurecimiento de penas.
El Comité de Gremios, que agrupa a más de 30 organizaciones de transportistas, también se pronunció en contra del proyecto. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, advirtió que la propuesta legislativa atenta contra el derecho a la protesta, anunciando un posible paro nacional el próximo 10 de octubre si no se anulan normas previas que favorecen a las organizaciones criminales.

Críticas desde el ámbito académico y judicial
Desde la academia, el profesor de derecho penal José Urquizo señaló que es discutible trasladar el concepto de terrorismo al ámbito urbano, dado que este delito implica un ataque directo al funcionamiento del Estado. “El derecho penal no resuelve problemas sociales ni de seguridad pública con simples aumentos de penas”, afirmó, subrayando que la solución pasa por fortalecer el sistema de inteligencia policial y la colaboración entre las autoridades judiciales y policiales.
El magistrado Walther Huayllani Choquepuma, de la Corte de Lima, coincidió con Urquizo y aseguró que el marco legal actual es suficiente para enfrentar estos delitos. Según Huayllani, lo prioritario es mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, que actualmente carece de los recursos necesarios para responder de manera efectiva a la delincuencia.
Una ley con tinte político y consecuencias peligrosas
A pesar de las “buenas intenciones” que el gobierno alega tener con este proyecto, muchos ven en la ley un trasfondo político para socavar el derecho a la protesta y desmovilizar a sectores críticos del gobierno. Bajo este pretexto, el proyecto califica como “extorsión” acciones típicas de las manifestaciones públicas, como la ocupación de vías o la interrupción de servicios. Esta ampliación del concepto de terrorismo urbano podría afectar directamente a trabajadores, transportistas y ciudadanos que ejerzan su legítimo derecho a la manifestación pacífica.
El proyecto presentado por el gobierno de Boluarte también ha sido duramente criticado por la congresista Margot Palacios, quien calificó la iniciativa de un ataque directo contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. La ambigüedad de términos como «perturbar el normal funcionamiento» deja la puerta abierta a interpretaciones arbitrarias que, según Palacios, buscan reprimir protestas legítimas bajo el manto de “terrorismo”. «El nuevo Proyecto de Ley 9085 presentada por Dina Boluarte, busca introducir el delito de terrorismo urbano, sancionando a aquellas personas que ejerzan su libre derecho a la protesta con penas de 10 a 15 años de cárcel» enfatizó Palacios.

La presentación de este proyecto ha abierto un profundo debate sobre los límites entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien la lucha contra la delincuencia es una prioridad innegable, el enfoque propuesto por el Ejecutivo parece más orientado a la represión de la protesta social que a una solución integral al problema de la inseguridad. Amplios sectores piden que el Congreso reflexione sobre las consecuencias de aprobar una norma que podría erosionar las libertades civiles en lugar de fortalecer la seguridad y justicia en el país.
Fuentes: Webs y redes de noticias
Actualidad
Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
Actualidad
Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
Actualidad
José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.
















