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Polémico proyecto de ley de “Terrorismo Urbano” desata rechazo y críticas en Perú

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El proyecto de ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, que busca tipificar el delito de «terrorismo urbano», ha generado una oleada de críticas y oposición por parte de amplios sectores de la sociedad peruana.

La propuesta, que incluye sanciones severas, como penas de hasta 30 años de prisión y cadena perpetua en casos agravados, ha sido señalada como un intento de criminalizar la protesta social y distraer la atención de la ineficacia del Estado en la lucha contra la delincuencia.

La noche del jueves 03 de octubre, sorprendentemente el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista de Perú Libre, Isaac Mita, sustentó un texto sustitutorio ante el pleno del Congreso de la República recaído en los Proyectos de Ley 5525, 5838, 5969, 5972, 6014, 6051, 6206, 6842, 6912, 6972, 7179, 7761, 7774, 8029, 8043, 8051 y 8061; mediante el cual propuso modificar el Código Penal del Decreto Legislativo 635, para incorporar el delito de «terrorismo urbano», manifestando que previamente había recibido aportes de reconocidos juristas. Mientras su propia bancada Perú Libre a través de su vocero Flavio Cruz rechazaba el proyecto de Ley presentado por el gobierno de Dina Boluarte, con quien su líder Vladimir Cerrón, mantiene una alianza incomprensible para sus militantes y simpatizantes.

El proyecto busca modificar los artículos 108-C, 108-D y 200 del Código Penal, e introduce el artículo 315-C, con el objetivo declarado de endurecer las penas para delitos como el sicariato, la extorsión y el secuestro. La iniciativa del Ejecutivo justifica estas modificaciones por el incremento alarmante de estos delitos, que han contribuido a un clima de miedo e inseguridad en el país. Sin embargo, diversos líderes sociales, gremios y expertos en derecho penal han criticado duramente la medida.

El Congreso de la República debatió la polémica propuesta de ley presentada por el Gobierno de Dina Boluarte

Reacciones divididas y temores de represión social

Gustavo Minaya, dirigente de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), cuestionó el verdadero propósito de la ley, señalando que el gobierno estaría utilizando la crisis de seguridad para «criminalizar las protestas sociales». “Una ley contra el terrorismo urbano no soluciona el problema de la violencia y la criminalidad”, sentenció Minaya, poniendo en duda la capacidad del derecho penal para resolver problemas de inseguridad mediante el endurecimiento de penas.

El Comité de Gremios, que agrupa a más de 30 organizaciones de transportistas, también se pronunció en contra del proyecto. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, advirtió que la propuesta legislativa atenta contra el derecho a la protesta, anunciando un posible paro nacional el próximo 10 de octubre si no se anulan normas previas que favorecen a las organizaciones criminales.

Críticas desde el ámbito académico y judicial

Desde la academia, el profesor de derecho penal José Urquizo señaló que es discutible trasladar el concepto de terrorismo al ámbito urbano, dado que este delito implica un ataque directo al funcionamiento del Estado. “El derecho penal no resuelve problemas sociales ni de seguridad pública con simples aumentos de penas”, afirmó, subrayando que la solución pasa por fortalecer el sistema de inteligencia policial y la colaboración entre las autoridades judiciales y policiales.

El magistrado Walther Huayllani Choquepuma, de la Corte de Lima, coincidió con Urquizo y aseguró que el marco legal actual es suficiente para enfrentar estos delitos. Según Huayllani, lo prioritario es mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú, que actualmente carece de los recursos necesarios para responder de manera efectiva a la delincuencia.

Una ley con tinte político y consecuencias peligrosas

A pesar de las “buenas intenciones” que el gobierno alega tener con este proyecto, muchos ven en la ley un trasfondo político para socavar el derecho a la protesta y desmovilizar a sectores críticos del gobierno. Bajo este pretexto, el proyecto califica como “extorsión” acciones típicas de las manifestaciones públicas, como la ocupación de vías o la interrupción de servicios. Esta ampliación del concepto de terrorismo urbano podría afectar directamente a trabajadores, transportistas y ciudadanos que ejerzan su legítimo derecho a la manifestación pacífica.

El proyecto presentado por el gobierno de Boluarte también ha sido duramente criticado por la congresista Margot Palacios, quien calificó la iniciativa de un ataque directo contra los derechos fundamentales de la ciudadanía. La ambigüedad de términos como «perturbar el normal funcionamiento» deja la puerta abierta a interpretaciones arbitrarias que, según Palacios, buscan reprimir protestas legítimas bajo el manto de “terrorismo”. «El nuevo Proyecto de Ley 9085 presentada por Dina Boluarte, busca introducir el delito de terrorismo urbano, sancionando a aquellas personas que ejerzan su libre derecho a la protesta con penas de 10 a 15 años de cárcel» enfatizó Palacios.

Publicación de la congresista Margot Palacios en su cuenta de Facebook

La presentación de este proyecto ha abierto un profundo debate sobre los límites entre la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales. Si bien la lucha contra la delincuencia es una prioridad innegable, el enfoque propuesto por el Ejecutivo parece más orientado a la represión de la protesta social que a una solución integral al problema de la inseguridad. Amplios sectores piden que el Congreso reflexione sobre las consecuencias de aprobar una norma que podría erosionar las libertades civiles en lugar de fortalecer la seguridad y justicia en el país.

Fuentes: Webs y redes de noticias

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El retorno del gobierno popular frente al poder oligárquico

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El Perú se encamina a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en un momento decisivo de su historia política. No se trata simplemente de una contienda más, sino de la posibilidad concreta del retorno de un gobierno popular con raíces provincianas y orientación nacionalista. Frente a décadas de hegemonía de élites económicas y políticas, emerge nuevamente el Perú profundo como protagonista del cambio.

La experiencia de las Elecciones generales de Perú de 2021 dejó una lección clara: el país real no coincide con el país que muestran los grandes medios ni las encuestadoras. La victoria de Pedro Castillo fue expresión de una mayoría históricamente excluida que irrumpió en la escena política. Hoy, ese mismo sujeto social no ha desaparecido; por el contrario, se encuentra en proceso de reorganización.

En ese contexto, la propuesta de Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez, representa la continuidad y maduración de esa corriente popular. Acompañado por figuras como Margot Palacios, Jaime Quito, Mercedes Castillo, Elías Varas y otros, sectores vinculados al nacionalismo y expresiones políticas regionales, este espacio no solo está en condiciones de superar la valla electoral, sino de disputar con fuerza el pase a una segunda vuelta.

Esta izquierda popular provinciana, con influencias del nacionalismo velasquista, recoge demandas históricas: cambio constitucional, soberanía sobre los recursos, justicia social y un rol activo del Estado en la economía. Su base no está en los círculos de poder limeños, sino en las regiones, en los sectores rurales y en las mayorías que han sido sistemáticamente marginadas del desarrollo.

En contraste, el poder oligárquico encuentra su principal expresión en Keiko Fujimori de Fuerza Popular, una fuerza que, pese a haber sufrido reiteradas derrotas electorales, mantiene presencia institucional y mediática. Su trayectoria reciente ha estado marcada por el cuestionamiento de resultados electorales y por el uso del Congreso como espacio de confrontación política, en un contexto donde las mayorías parlamentarias han respondido históricamente a intereses neoliberales.

Sin embargo, como ya ha ocurrido en procesos anteriores, el desenlace no se definirá únicamente en el terreno visible. Existe un vasto electorado invisibilizado por las encuestas: ciudadanos del Perú profundo que no participan en los circuitos mediáticos y que deciden su voto en función de experiencias concretas. Este “voto oculto” podría ser nuevamente decisivo, inclinando la balanza hacia una opción de cambio estructural.

En este escenario, la posibilidad de una segunda vuelta entre una izquierda popular y una derecha oligárquica no solo es viable, sino coherente con la dinámica histórica reciente del país. Lo que está en juego no es únicamente una elección, sino la disputa por el modelo de país: uno orientado a las mayorías nacionales o uno que continúe subordinado a intereses de élite. Y todo indica que, una vez más, el Perú profundo tendrá la última palabra.

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Barcelona acaricia el bicampeonato y llega lanzado a la Champions

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El FC Barcelona dio un paso firme hacia el bicampeonato en la LaLiga tras una contundente victoria 4-1 en el derbi catalán frente al RCD Espanyol. El equipo dirigido por Hansi Flick aprovechó el reciente tropiezo del Real Madrid para ampliar su ventaja a nueve puntos, una diferencia que lo deja a las puertas de un nuevo título.

En un encuentro dominado de principio a fin, el conjunto azulgrana mostró su mejor versión ofensiva y reafirmó su solidez colectiva. La mezcla de juventud y experiencia sigue siendo una de las claves del éxito, con figuras emergentes como Lamine Yamal liderando una generación que ilusiona a la afición.

Más allá del resultado, el triunfo tiene un valor estratégico importante: el Barcelona llega en su mejor momento de la temporada al compromiso decisivo de vuelta frente al Atlético de Madrid por la UEFA Champions League. Con la confianza en alto y una ventaja considerable en el torneo local, el equipo catalán podrá enfocarse plenamente en la competencia europea.

El desafío, sin embargo, no será sencillo. El Atlético, reconocido por su intensidad y orden táctico, representa un rival de cuidado en instancias de eliminación directa. Aun así, el presente del Barcelona invita al optimismo: liderato sólido en liga, rendimiento en alza y un plantel que combina talento joven con disciplina táctica.

De mantener este nivel, el conjunto blaugrana no solo está encaminado al bicampeonato doméstico, sino que también se perfila como un serio candidato a conquistar Europa.

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Personeros electorales: los vigilantes clave de la transparencia en los comicios generales 2026

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En los comicios generales de 2026, los personeros electorales cumplen un papel fundamental en la vigilancia del proceso democrático. Como representantes acreditados de los partidos políticos, su misión es fiscalizar cada etapa de la jornada electoral y asegurar que los votos emitidos sean respetados y correctamente contabilizados, siempre dentro del marco de la Ley Orgánica de Elecciones del Perú y bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Los personeros de mesa de sufragio desarrollan una labor técnica y minuciosa. Desde la instalación de la mesa, verifican que el ánfora esté vacía y que el material electoral esté completo. Durante la votación, observan el cumplimiento de las normas y, en el escrutinio, revisan voto por voto para evitar errores o interpretaciones indebidas. Tienen la facultad de formular observaciones, impugnar votos cuando corresponda y exigir que todo quede registrado en las actas, documentos clave para cualquier eventual reclamo.

Por otro lado, los personeros de centro de votación cumplen una función estratégica. Supervisan el desarrollo general en todo el local, coordinan con los personeros de mesa de su organización política y canalizan incidencias ante las autoridades electorales. Su rol permite identificar problemas recurrentes o situaciones que podrían afectar a varias mesas, contribuyendo a una respuesta más ordenada y efectiva.

No obstante, sus funciones tienen límites estrictos. Los personeros no pueden intervenir directamente en el proceso, manipular material electoral, influir en la decisión de los votantes ni realizar propaganda dentro del local. Su papel es observar, registrar y reportar, respetando la autoridad de los miembros de mesa y garantizando que sus acciones se mantengan dentro de la legalidad.

En ese sentido, una labor eficiente de los personeros no solo fortalece la transparencia electoral, sino también la confianza ciudadana en los resultados. La correcta observación, el registro oportuno de incidencias y la coordinación entre niveles permiten que estos actores se conviertan en piezas clave para asegurar que cada voto cuente en los comicios generales de 2026.

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