El norte del Perú enfrenta una de sus crisis hídricas más severas en años. En departamentos como Piura, Lambayeque y Tumbes, los ciudadanos se ven obligados a cavar huecos frente a sus…
Agricultura
Crisis hídrica en Piura: Contraloría investiga al Proyecto Especial Chira Piura por mala gestión del reservorio Poechos

La región de Piura enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, en la que el mal manejo del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) en el reservorio Poechos ha salido a la luz.
La Contraloría General de la República, junto con representantes de la Comisión Agraria del Congreso, inició una acción de control tras recibir denuncias de agricultores sobre irregularidades en el volumen reportado de agua en Poechos.

Aunque el PECHP informaba que el embalse contenía 95.7 millones de metros cúbicos de agua, inspecciones recientes evidenciaron que el volumen real era apenas de 14 millones, lo que ha profundizado la desconfianza y la incertidumbre en la población.
La problemática se agrava debido a las bajas lluvias y a lo que muchos consideran una deficiente gestión de los recursos hídricos. Este reservorio, clave para el abastecimiento de agua potable y el riego agrícola en Piura, Sullana y Talara, está en niveles críticos.

Esto ha obligado a implementar cortes de agua y reducciones programadas del 35% al 40% en el sistema de Chira-Piura, afectando a miles de familias y agricultores que dependen de este recurso para mantener sus cultivos y abastecimiento cotidiano. Ante la situación, la ANA y el PECHP han reforzado el monitoreo del comportamiento hidrológico y están diseñando planes de distribución más equitativos que prioricen el acceso al agua potable y el riego agrícola.
Las organizaciones de agricultores han exigido la declaración de emergencia para el sector agrícola en Piura, y algunos gremios han advertido que se movilizarán si no se toman medidas inmediatas para mitigar los efectos de la sequía y mejorar la administración del recurso.
Las autoridades nacionales, a través del ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), anunciaron que hoy en Consejo de Ministros aprobaron la declaratoria de estado de emergencia por estrés hídrico y que en los próximas horas se estaría publicando la norma correspondiente, pero continúa la duda, porque dicha declaratoria no asegura la intervención inmediata para resolver la problemática hídrica.

La tensión ha llevado a autoridades locales, como la Municipalidad de Sullana, a tomar acciones inmediatas, como la adquisición de motobombas para apoyar el riego en zonas críticas y asegurar la sostenibilidad agrícola en medio de la crisis.
El presidente de la Junta de Usuarios, Macario Silva, quien explicó que ante el cierre de Poechos para dotar agua al sector agrario, las comisiones de regantes con sus juntas de usuarios, continúan ejecutando el plan de contingencia con motobombas de 4, 6 y 8 pulgadas que bombean agua de drenes a los canales para poder abastecer a los cultivos que no han podido ser atendidos con el caudal de los canales. Sin embargo, los esfuerzos son insuficientes y necesitarán del apoyo estatal que hasta ahora no llega.

“No hay registro de una crisis severa por falta de lluvia en las últimas décadas y esta situación traerá muchas consecuencias como la pérdida de cultivos, desabastecimiento de alimentos producidos en el campo, desempleo y mayor empobrecimiento de los agricultores, y hasta crisis con manifestaciones de protesta de por medio, por lo que exigimos al Gobierno Central no demore más la declaratoria de emergencia por peligro inminente ante la falta del recurso hídrico”, dijo Silva.
Mientras tanto, las lluvias recientes en la cuenca alta han generado esperanza de recuperación, aunque la situación sigue siendo delicada y la población permanece a la espera de soluciones efectivas y sostenibles a largo plazo.
Actualidad
Congreso avanza con inhabilitación de Pedro Castillo por intento de golpe de Estado

Lima, 7 de noviembre de 2025 – La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República aprobó hoy, con 10 votos a favor y 3 en contra, el informe final que recomienda inhabilitar políticamente por 10 años al expresidente Pedro Castillo. La decisión se basa en su participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver ilegalmente el Congreso e instaurar un «gobierno de excepción». El informe, sustentado por la congresista Lady Camones, será ahora evaluado por la Comisión Permanente antes de llegar al Pleno para su ratificación final.
El documento acusa a Castillo de infringir los artículos 38, 39 y 118 de la Constitución Política del Perú, al atentar contra el orden constitucional. Entre las pruebas presentadas se encuentra el mensaje televisado donde anunció la disolución del Parlamento, además de decretos supremos emitidos para legitimar su acción. La SAC, con una votación mayoritaria, determinó que el exmandatario actuó de manera deliberada para quebrar el Estado de derecho, un hecho que desencadenó su vacancia y posterior detención. Actualmente, Castillo cumple prisión preventiva mientras enfrenta procesos penales.
La decisión ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores políticos celebran el avance como un paso hacia la justicia, seguidores del expresidente cuestionan la celeridad del proceso. De concretarse la inhabilitación en el Pleno, Castillo no podrá ejercer cargos públicos ni postular a elecciones hasta 2035. El expediente también será remitido al Ministerio Público para reforzar las investigaciones penales en curso, marcando un hito en el cierre de la crisis política desatada en 2022.
Actualidad
Agricultores exigen renuncia del ministro de Agricultura por priorizar la minería sobre la agricultura

Lima, 26 de septiembre de 2025. – La Confederación Nacional Agraria (CNA), gremio histórico de representación de los agricultores, exigió la inmediata renuncia del ministro de Agricultura, Ángel Manero, tras sus polémicas declaraciones en el Foro Perumin, donde afirmó que en momentos de escasez de agua “hay que darle agua a la minería, que más flujo de caja le da al país”, relegando a la agricultura al último plano.
El gremio calificó las palabras del titular de Agricultura como un “agravio directo a millones de campesinos y campesinas”, al sostener que el agua debe priorizarse para garantizar la alimentación de los peruanos y no para favorecer a la actividad minera. “Decir que la agricultura puede esperar es un insulto a la soberanía alimentaria del país”, señala el pronunciamiento.
La CNA demandó a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros el cese inmediato de Manero, una rectificación pública del Gobierno que reafirme la prioridad de la seguridad hídrica para la agricultura y el consumo humano, así como la implementación de una política integral de gestión del agua que respete los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, invocaron a la ciudadanía a declarar al ministro como enemigo del pueblo peruano y a defender el derecho al agua y a la soberanía alimentaria.
Agricultura
Trabajadores agroindustriales de Virú protestan por abusos laborales y exigen derogatoria de la Ley Agraria

La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial (FETSA RLL), afiliada a la CGTP, realizó una jornada de protesta este viernes en el distrito de Chao, provincia de Virú. La concentración se realizó en horas de la tarde en la Plaza de Armas de la localidad, bajo el lema “¡Basta de abusos laborales!”.
El gremio denunció presuntos abusos cometidos por empresas agroexportadoras como Hortifrut Perú, Hass Perú, Camposol, Agua Lima, Damper Avo Perú, Agrícola Virú, Agro Berries y otras. Entre los reclamos figuran la derogatoria de la nueva Ley Agraria, sanciones arbitrarias, jornadas y horarios extenuantes, imposición de horas extras, maltrato a madres gestantes y deficiencias en la atención de ESSALUD.
Este conflicto laboral se suma a otros episodios recientes en el sector. SUNAFIL ha intervenido fundos en Ica y La Libertad tras denuncias de incumplimiento de derechos laborales, mientras sindicatos de empresas como Hortifrut y Camposol advierten de hostigamientos y contratos irregulares. Organizaciones sindicales también alertan que la reducción de aportes empresariales a ESSALUD afecta la cobertura médica de los trabajadores, pese a que las agroexportaciones peruanas continúan registrando cifras récord en los mercados internacionales.
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