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Congreso Peruano Promulga Ley de Impunidad Para Librar a acusados de Crímenes de Lesa Humanidad

Lima, Perú – 21 de agosto de 2024 – En un giro controvertido y de amplio impacto, el Congreso de Perú ha promulgado la Ley 32107, conocida como la ley de impunidad. Esta legislación ha generado un intenso debate al buscar liberar a un grupo reducido de militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el país, que han sido calificados por los tribunales como crímenes de lesa humanidad. La medida ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, planteando serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la justicia en Perú.
La Ley 32107 y su Contenido
La Ley 32107, aprobada con una mayoría en el Congreso, se enfoca en liberar a ciertos militares condenados por violaciones graves a los derechos humanos. Desde la creación del subsistema penal de derechos humanos en septiembre de 2004, se han dictado 108 sentencias relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. De estas, aproximadamente un 60% han resultado en condenas, y 25 de estos casos han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional.

Estos crímenes incluyen eventos atroces como la masacre de Accomarca, El Frontón, Cayara, Barrios Altos, el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y violaciones sexuales en Manta y Vilca. Los tribunales han determinado que estos hechos no son delitos comunes, sino crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto.
Controversia y Críticas
La promulgación de la ley ha sido defendida por sus promotores bajo el argumento de que fiscales y jueces han violado el principio de legalidad al calificar hechos históricos como crímenes de lesa humanidad, alegando que estos delitos no estaban tipificados en el momento en que ocurrieron. Esta interpretación ha sido rechazada por diversos sectores, que consideran que los crímenes de lesa humanidad, reconocidos internacionalmente como una norma de ius cogens, están sujetos a persecución y sanción independientemente de las leyes locales vigentes en el momento de la comisión de los delitos.
La ley ha provocado una reacción inmediata de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra las autoridades peruanas por los eventos ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando 49 personas murieron durante las protestas sociales. Estas denuncias argumentan que existió un ataque sistemático contra la población civil, lo que califica estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
Reacciones Nacionales e Internacionales
La denuncia ante la CPI ha sido respaldada por Harold Forsyth, exembajador peruano ante la OEA, quien aclara que el objetivo no es dividir más a los peruanos, sino buscar justicia. Forsyth subraya que el Perú, como Estado parte del Estatuto de Roma, tiene la obligación de perseguir y sancionar estos crímenes. La denuncia se suma a una creciente preocupación sobre la impunidad y la falta de avances en la justicia para las víctimas de las protestas.
Óscar Vidarte, internacionalista y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que la demora en las investigaciones a nivel nacional justifica la intervención de la CPI. Según Vidarte, la naturaleza de los crímenes perpetrados durante las protestas cumple con el criterio del artículo 7 del Estatuto de Roma, que define el asesinato como crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque sistemático contra una población civil.
Posición de la Corte Suprema y de los Oficiales Militares
El juez supremo César San Martín ha indicado que la Ley 32107 presenta un desafío legal significativo, dado que los crímenes de lesa humanidad están regulados por el derecho internacional penal. San Martín destaca que la Corte Suprema deberá decidir si aplicar o no las disposiciones de esta nueva ley, mientras que la Sala Penal Permanente aún no ha abordado un caso similar.
Por otro lado, los oficiales militares implicados en las violaciones han cuestionado las afirmaciones de los fiscales sobre la vulneración de la autonomía judicial, argumentando que dicha autonomía está sujeta a las normas legales que deben cumplirse.

Situación Política y Social en Perú
La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra una alta insatisfacción con la democracia en Perú, con más de la mitad de los encuestados expresando falta de apoyo al sistema democrático actual. Este descontento refleja una creciente demanda por una democracia más genuina y participativa.
En un contexto de crisis política y social, la promulgación de la Ley 32107 añade una capa de complejidad al ya fracturado panorama peruano. La ley no solo afecta a los militares condenados, sino que también plantea serias preguntas sobre el compromiso del país con los derechos humanos y la justicia internacional. A medida que la comunidad internacional observa de cerca, Perú se enfrenta al desafío de reconciliar su historia reciente con los estándares globales de derechos humanos.
Fuente: Webs y redes de noticias
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.













