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Congreso Peruano Promulga Ley de Impunidad Para Librar a acusados de Crímenes de Lesa Humanidad

Lima, Perú – 21 de agosto de 2024 – En un giro controvertido y de amplio impacto, el Congreso de Perú ha promulgado la Ley 32107, conocida como la ley de impunidad. Esta legislación ha generado un intenso debate al buscar liberar a un grupo reducido de militares condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno en el país, que han sido calificados por los tribunales como crímenes de lesa humanidad. La medida ha suscitado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, planteando serias dudas sobre el respeto a los derechos humanos y la justicia en Perú.
La Ley 32107 y su Contenido
La Ley 32107, aprobada con una mayoría en el Congreso, se enfoca en liberar a ciertos militares condenados por violaciones graves a los derechos humanos. Desde la creación del subsistema penal de derechos humanos en septiembre de 2004, se han dictado 108 sentencias relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. De estas, aproximadamente un 60% han resultado en condenas, y 25 de estos casos han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con el derecho internacional.

Estos crímenes incluyen eventos atroces como la masacre de Accomarca, El Frontón, Cayara, Barrios Altos, el asesinato del periodista Hugo Bustíos, y violaciones sexuales en Manta y Vilca. Los tribunales han determinado que estos hechos no son delitos comunes, sino crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto.
Controversia y Críticas
La promulgación de la ley ha sido defendida por sus promotores bajo el argumento de que fiscales y jueces han violado el principio de legalidad al calificar hechos históricos como crímenes de lesa humanidad, alegando que estos delitos no estaban tipificados en el momento en que ocurrieron. Esta interpretación ha sido rechazada por diversos sectores, que consideran que los crímenes de lesa humanidad, reconocidos internacionalmente como una norma de ius cogens, están sujetos a persecución y sanción independientemente de las leyes locales vigentes en el momento de la comisión de los delitos.
La ley ha provocado una reacción inmediata de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH) han presentado denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra las autoridades peruanas por los eventos ocurridos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando 49 personas murieron durante las protestas sociales. Estas denuncias argumentan que existió un ataque sistemático contra la población civil, lo que califica estos hechos como crímenes de lesa humanidad.
Reacciones Nacionales e Internacionales
La denuncia ante la CPI ha sido respaldada por Harold Forsyth, exembajador peruano ante la OEA, quien aclara que el objetivo no es dividir más a los peruanos, sino buscar justicia. Forsyth subraya que el Perú, como Estado parte del Estatuto de Roma, tiene la obligación de perseguir y sancionar estos crímenes. La denuncia se suma a una creciente preocupación sobre la impunidad y la falta de avances en la justicia para las víctimas de las protestas.
Óscar Vidarte, internacionalista y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que la demora en las investigaciones a nivel nacional justifica la intervención de la CPI. Según Vidarte, la naturaleza de los crímenes perpetrados durante las protestas cumple con el criterio del artículo 7 del Estatuto de Roma, que define el asesinato como crimen de lesa humanidad cuando se comete como parte de un ataque sistemático contra una población civil.
Posición de la Corte Suprema y de los Oficiales Militares
El juez supremo César San Martín ha indicado que la Ley 32107 presenta un desafío legal significativo, dado que los crímenes de lesa humanidad están regulados por el derecho internacional penal. San Martín destaca que la Corte Suprema deberá decidir si aplicar o no las disposiciones de esta nueva ley, mientras que la Sala Penal Permanente aún no ha abordado un caso similar.
Por otro lado, los oficiales militares implicados en las violaciones han cuestionado las afirmaciones de los fiscales sobre la vulneración de la autonomía judicial, argumentando que dicha autonomía está sujeta a las normas legales que deben cumplirse.

Situación Política y Social en Perú
La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra una alta insatisfacción con la democracia en Perú, con más de la mitad de los encuestados expresando falta de apoyo al sistema democrático actual. Este descontento refleja una creciente demanda por una democracia más genuina y participativa.
En un contexto de crisis política y social, la promulgación de la Ley 32107 añade una capa de complejidad al ya fracturado panorama peruano. La ley no solo afecta a los militares condenados, sino que también plantea serias preguntas sobre el compromiso del país con los derechos humanos y la justicia internacional. A medida que la comunidad internacional observa de cerca, Perú se enfrenta al desafío de reconciliar su historia reciente con los estándares globales de derechos humanos.
Fuente: Webs y redes de noticias
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El retorno del gobierno popular frente al poder oligárquico

El Perú se encamina a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 en un momento decisivo de su historia política. No se trata simplemente de una contienda más, sino de la posibilidad concreta del retorno de un gobierno popular con raíces provincianas y orientación nacionalista. Frente a décadas de hegemonía de élites económicas y políticas, emerge nuevamente el Perú profundo como protagonista del cambio.
La experiencia de las Elecciones generales de Perú de 2021 dejó una lección clara: el país real no coincide con el país que muestran los grandes medios ni las encuestadoras. La victoria de Pedro Castillo fue expresión de una mayoría históricamente excluida que irrumpió en la escena política. Hoy, ese mismo sujeto social no ha desaparecido; por el contrario, se encuentra en proceso de reorganización.
En ese contexto, la propuesta de Juntos por el Perú, liderada por Roberto Sánchez, representa la continuidad y maduración de esa corriente popular. Acompañado por figuras como Margot Palacios, Jaime Quito, Mercedes Castillo, Elías Varas y otros, sectores vinculados al nacionalismo y expresiones políticas regionales, este espacio no solo está en condiciones de superar la valla electoral, sino de disputar con fuerza el pase a una segunda vuelta.
Esta izquierda popular provinciana, con influencias del nacionalismo velasquista, recoge demandas históricas: cambio constitucional, soberanía sobre los recursos, justicia social y un rol activo del Estado en la economía. Su base no está en los círculos de poder limeños, sino en las regiones, en los sectores rurales y en las mayorías que han sido sistemáticamente marginadas del desarrollo.
En contraste, el poder oligárquico encuentra su principal expresión en Keiko Fujimori de Fuerza Popular, una fuerza que, pese a haber sufrido reiteradas derrotas electorales, mantiene presencia institucional y mediática. Su trayectoria reciente ha estado marcada por el cuestionamiento de resultados electorales y por el uso del Congreso como espacio de confrontación política, en un contexto donde las mayorías parlamentarias han respondido históricamente a intereses neoliberales.
Sin embargo, como ya ha ocurrido en procesos anteriores, el desenlace no se definirá únicamente en el terreno visible. Existe un vasto electorado invisibilizado por las encuestas: ciudadanos del Perú profundo que no participan en los circuitos mediáticos y que deciden su voto en función de experiencias concretas. Este “voto oculto” podría ser nuevamente decisivo, inclinando la balanza hacia una opción de cambio estructural.
En este escenario, la posibilidad de una segunda vuelta entre una izquierda popular y una derecha oligárquica no solo es viable, sino coherente con la dinámica histórica reciente del país. Lo que está en juego no es únicamente una elección, sino la disputa por el modelo de país: uno orientado a las mayorías nacionales o uno que continúe subordinado a intereses de élite. Y todo indica que, una vez más, el Perú profundo tendrá la última palabra.
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Barcelona acaricia el bicampeonato y llega lanzado a la Champions

El FC Barcelona dio un paso firme hacia el bicampeonato en la LaLiga tras una contundente victoria 4-1 en el derbi catalán frente al RCD Espanyol. El equipo dirigido por Hansi Flick aprovechó el reciente tropiezo del Real Madrid para ampliar su ventaja a nueve puntos, una diferencia que lo deja a las puertas de un nuevo título.
En un encuentro dominado de principio a fin, el conjunto azulgrana mostró su mejor versión ofensiva y reafirmó su solidez colectiva. La mezcla de juventud y experiencia sigue siendo una de las claves del éxito, con figuras emergentes como Lamine Yamal liderando una generación que ilusiona a la afición.
Más allá del resultado, el triunfo tiene un valor estratégico importante: el Barcelona llega en su mejor momento de la temporada al compromiso decisivo de vuelta frente al Atlético de Madrid por la UEFA Champions League. Con la confianza en alto y una ventaja considerable en el torneo local, el equipo catalán podrá enfocarse plenamente en la competencia europea.
El desafío, sin embargo, no será sencillo. El Atlético, reconocido por su intensidad y orden táctico, representa un rival de cuidado en instancias de eliminación directa. Aun así, el presente del Barcelona invita al optimismo: liderato sólido en liga, rendimiento en alza y un plantel que combina talento joven con disciplina táctica.
De mantener este nivel, el conjunto blaugrana no solo está encaminado al bicampeonato doméstico, sino que también se perfila como un serio candidato a conquistar Europa.
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Personeros electorales: los vigilantes clave de la transparencia en los comicios generales 2026

En los comicios generales de 2026, los personeros electorales cumplen un papel fundamental en la vigilancia del proceso democrático. Como representantes acreditados de los partidos políticos, su misión es fiscalizar cada etapa de la jornada electoral y asegurar que los votos emitidos sean respetados y correctamente contabilizados, siempre dentro del marco de la Ley Orgánica de Elecciones del Perú y bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Los personeros de mesa de sufragio desarrollan una labor técnica y minuciosa. Desde la instalación de la mesa, verifican que el ánfora esté vacía y que el material electoral esté completo. Durante la votación, observan el cumplimiento de las normas y, en el escrutinio, revisan voto por voto para evitar errores o interpretaciones indebidas. Tienen la facultad de formular observaciones, impugnar votos cuando corresponda y exigir que todo quede registrado en las actas, documentos clave para cualquier eventual reclamo.
Por otro lado, los personeros de centro de votación cumplen una función estratégica. Supervisan el desarrollo general en todo el local, coordinan con los personeros de mesa de su organización política y canalizan incidencias ante las autoridades electorales. Su rol permite identificar problemas recurrentes o situaciones que podrían afectar a varias mesas, contribuyendo a una respuesta más ordenada y efectiva.
No obstante, sus funciones tienen límites estrictos. Los personeros no pueden intervenir directamente en el proceso, manipular material electoral, influir en la decisión de los votantes ni realizar propaganda dentro del local. Su papel es observar, registrar y reportar, respetando la autoridad de los miembros de mesa y garantizando que sus acciones se mantengan dentro de la legalidad.
En ese sentido, una labor eficiente de los personeros no solo fortalece la transparencia electoral, sino también la confianza ciudadana en los resultados. La correcta observación, el registro oportuno de incidencias y la coordinación entre niveles permiten que estos actores se conviertan en piezas clave para asegurar que cada voto cuente en los comicios generales de 2026.
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