En el día mundial del Folclore, la Plaza Bolívar del congreso de la República de Perú, se vio colmada con la presencia de diversos grupos de Danzantes de Tijeras llegados de las diferentes provincias y departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Arequipa.

La presencia de los Danzantes de Tijeras en la Plaza del Congreso “virreinal” representa un acto simbólico de resistencia y reafirmación de la identidad cultural andina frente a un sistema “neocolonial” que heredó las estructuras de dominación impuestas durante la colonia.

En este espacio, históricamente vinculado al poder centralizado y a la imposición de valores occidentales, los danzantes reivindicaron su mundo espiritual y comunitario, desafiando la hegemonía cultural que intentó borrar sus tradiciones.

La Pachamama y los Apus, deidades protectoras de las montañas, elementos mágicos y religiosos invocados a través de cada movimiento y sonido de las tijeras en esta danza, simboliza la resistencia de un pueblo que, a pesar de siglos de opresión, ha mantenido viva su cosmovisión y conexión con los espíritus de la tierra y la naturaleza.

Este acto cultural, no fue solo un acto folklórico, sino una irrupción a la memoria histórica del país y un símbolo de dignidad y reconocimiento a una Danza ancestral. Cada tijera que cortaba el aire evocaba siglos de resistencia frente a la imposición colonial, al racismo estructural y a la política de invisibilidad que hoy aún pervive en un Congreso capturado por una casta inmoral que responde a los intereses reaccionarios de los grupos de poder.

Los cultores de esta danza ancestral, llegados de las regiones más representativas del país, levantaron su arte como un puño, como un grito colectivo contra el desprecio y la marginación. Su mensaje fue claro: la tijera corta el olvido y desgarra la arrogancia de quienes pretenden negar al Perú profundo.

En este marco, la congresista Margot Palacios, presentó un proyecto de ley histórico que busca otorgar una pensión vitalicia a los cultores de la danza de tijeras, reconociendo su condición de guardianes de la memoria cultural de la nación y dignificar la vida de quienes, a través de su arte, han preservado una tradición que desafió prohibiciones coloniales, persecuciones e intentos de exterminio simbólico.

El proyecto de ley también propone la creación de escuelas folklóricas especializadas en la Danza de Tijeras, asegurando que las nuevas generaciones tengan un espacio institucional para formarse y continuar el legado ancestral, hoy convertida verdadera fuerza política y espiritual, proveniente de los pueblos que danzan, resisten y construyen futuro desde sus raíces.

El compromiso de Margot Palacios es inquebrantable. Ella asume la resistencia de los pueblos no como consigna pasajera, sino como proyecto histórico de emancipación. Su voz en el Congreso es heredera de la fortaleza del taita Arguedas y la lucidez del amauta José Carlos Mariátegui, y se levanta como garantía de que las luchas de hoy serán también la herencia de dignidad para las generaciones del mañana.

En un país donde las élites buscan perpetuar la exclusión, Palacios demuestra que la política puede ser trinchera de rebeldía y siembra de futuro, recordándonos que la cultura popular es también una trinchera de lucha por la emancipación y la autodeterminación de los pueblos.

Margot Palacios, encarna el simbolismo de la danza de las tijeras, herencia de resistencia inquebrantable frente a los poderes del Estado y de las élites que buscan someter al pueblo,

Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP-Puno), familiares de las víctimas del 9 de enero de 2023 y el Frente de Organizaciones Populares (FOP) partirán el 25 de julio rumbo a Lima para participar en las movilizaciones nacionales del 26 al 28 de julio. A ellos se sumarán aproximadamente 80 docentes de la provincia de San Román y otras zonas de la región, según informó Víctor Andrés Apaza Larico, secretario provincial del SUTE San Román. Estas protestas, convocadas en rechazo al gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, exigen la renuncia de la presidenta, justicia por las víctimas de la represión en Juliaca, una nueva Constitución, respeto a los derechos laborales y soluciones frente a la inseguridad, violencia y extorsión que afectan al país.

Las manifestaciones contarán con el respaldo de la Alianza Nacional de Transportistas, que ha convocado un paro nacional para los días 27 y 28 de julio, con una asamblea preparatoria el 26 de julio en Lima. Gremios de transportistas, taxistas, comerciantes, estudiantes y docentes se unirán en un plantón frente al Palacio de Justicia el 27 de julio y una marcha hacia el Congreso el 28 de julio. “Vamos a marchar por el hartazgo del pueblo, por una verdadera democracia.

No tememos a la represión, vamos a Lima con dignidad y firmeza”, declaró Apaza Larico, destacando que los docentes de Puno se sumarán a delegaciones de Arequipa, Cusco y Ayacucho para visibilizar el descontento nacional y presionar por un gobierno de transición.
El 9 de enero de 2023 sigue siendo un doloroso recordatorio para los puneños, cuando 18 personas perdieron la vida en Juliaca por la represión policial durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.

Los familiares de las víctimas, junto a la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, exigen justicia y reparación, además de rechazar lo que consideran un gobierno autoritario. Los docentes, por su parte, demandan el fortalecimiento de la educación pública y el respeto a los derechos laborales, sumándose al clamor por justicia social. “No olvidamos, no perdonamos”, afirmó un representante de SUTEP-Puno, subrayando la unidad de los sectores sociales en esta lucha.

Las jornadas del 26 al 28 de julio prometen ser un punto de inflexión en la crisis política peruana. Con la Plaza Dos de Mayo como epicentro de las concentraciones, los manifestantes de Puno y otras regiones esperan que estas protestas impulsen un cambio estructural en el país. Mientras tanto, el gobierno de Boluarte enfrenta el desafío de responder a estas demandas sin repetir los episodios de represión que marcaron el 2023, bajo la mirada atenta de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la CIDH, que han instado al respeto de los derechos humanos.

La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), base de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ha convocado a una jornada regional de lucha este lunes 22 de julio desde las 9 a.m., en defensa del Gasoducto Sur Andino y por una política energética que impulse el desarrollo industrial y el empleo en el Macro Sur.

La convocatoria llama a la participación masiva de organizaciones sociales, sindicales, gremios profesionales, autoridades locales, partidos políticos y estudiantes del Cusco y el sur del país. Según el pronunciamiento emitido por la FDTC, la jornada tiene como objetivos centrales exigir al gobierno de Dina Boluarte la conclusión del Gasoducto Sur Andino, la construcción de plantas de fraccionamiento y generación térmica, y la implementación de un modelo energético soberano, al servicio de las regiones del sur.

Los dirigentes advierten sobre el anuncio gubernamental de priorizar el denominado «gasoducto costero», al que acusan de ser un proyecto diseñado para beneficiar a grupos empresariales y postergar nuevamente al Cusco y al sur andino. Denuncian que esta medida busca legalizar de forma encubierta decisiones que contradicen compromisos contractuales y que enterrarían de forma definitiva el proyecto original del gasoducto sur.

“Bajo ninguna circunstancia aceptaremos el anuncio del ‘gasoducto costero’ que pretende sepultar el gasoducto sur andino. Esta decisión es inaceptable y constituye una traición a nuestras aspiraciones de desarrollo industrial regional”, señalaron los voceros de la FDTC.

La movilización se realizará en simultáneo con concentraciones en la Plaza San Francisco y la Plaza Limacpampa de Cusco. La FDTC también ha advertido que, de confirmarse en el Mensaje Presidencial del 28 de julio el abandono definitivo del Gasoducto Sur Andino, convocarán a un paro regional del Macro Sur en coordinación con frentes regionales, sindicatos, universidades y organizaciones de base.

Esta jornada se da en un contexto de creciente malestar en el sur del país, donde amplios sectores sociales exigen una política energética que priorice el desarrollo de sus regiones, con empleo digno, servicios públicos y soberanía sobre sus recursos naturales.