Lima, 20 de agosto de 2026.- La Unión Gremial de Lima y Callao anunció una paralización del transporte urbano para el próximo martes 25 de agosto, en protesta por la ola de extorsiones, sicariato y asesinatos que afecta a conductores, cobradores, empresarios y pasajeros. Los dirigentes cuestionan además la falta de respuesta del Gobierno de Keiko Fujimori frente a las propuestas que aseguran haber presentado.

El reclamo: seguridad para trabajar

Los transportistas sostienen que han solicitado una audiencia con la presidenta de la República para plantear medidas concretas contra el crimen organizado y conocer qué acciones ejecutará el Ejecutivo. Según los gremios, hasta ahora no se ha concretado la reunión solicitada, situación que terminó empujándolos a anunciar la medida de fuerza.

Entre sus principales pedidos figuran el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas, mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios, presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo y protección para quienes denuncien casos de extorsión. Los dirigentes sostienen que ya entregaron propuestas al Gobierno, pero no han recibido una respuesta que consideren suficiente.

Una violencia que ya deja víctimas

La preocupación del sector tiene sustento en cifras oficiales. El Ministerio Público reportó 214 atentados contra el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos. El 94,4 % de los ataques ocurrió directamente contra unidades de transporte público.

Los gremios también recuerdan ataques recientes contra trabajadores y directivos del sector. Entre ellos figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien fue baleado el 6 de agosto en Los Olivos. Para los transportistas, estos hechos demuestran que la violencia ya no afecta solamente a quienes conducen las unidades, sino también a quienes administran las empresas.

El paro todavía puede evitarse

La paralización podría quedar sin efecto si el Ejecutivo concede antes del 25 de agosto la audiencia solicitada y establece una mesa de trabajo con compromisos verificables. Los dirigentes han señalado que su protesta será pacífica y que no buscan privilegios, sino condiciones mínimas de seguridad para continuar trabajando.

El anuncio coloca al Gobierno ante una nueva prueba frente a la inseguridad. No se trata solamente de si los buses circularán el 25 de agosto: está en juego la capacidad del Estado para proteger a trabajadores y pasajeros frente a una criminalidad que ya ha dejado cientos de víctimas. Si no hay diálogo ni respuestas concretas, Lima y Callao podrían enfrentar una nueva jornada de paralización y una creciente presión social sobre el Ejecutivo.

Lima, 18 de agosto de 2026.- El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, genera rechazo por sus declaraciones sobre las lluvias que afectan a Lima y por confirmar que el Gobierno evalúa reducir el número de ministerios. El titular del MEF señaló que podrían fusionarse dos o tres carteras, mientras sectores políticos cuestionan sus expresiones frente a la emergencia que afecta a familias de Lima Sur.

Cuba sostuvo que las lluvias ocurren en distintas ciudades del mundo y pidió no exagerar por las inundaciones registradas en la capital. Sus declaraciones fueron cuestionadas debido a los aniegos que afectan sectores de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde vecinos han enfrentado acumulación de agua, dificultades para desplazarse y afectaciones en sus viviendas y calles.

La controversia aumentó luego de que la propia presidenta Keiko Fujimori cuestionara la posición de su ministro. La mandataria sostuvo que Cuba no estaría considerando la magnitud de los daños, las pérdidas materiales y el dolor que vienen soportando las familias afectadas por las lluvias.

En medio de esta polémica, Cuba confirmó que el Ejecutivo evalúa fusionar dos o tres ministerios pequeños con otras carteras. Según explicó, no se trataría de eliminar las funciones del Estado, sino de redistribuirlas dentro de una estructura gubernamental diferente para buscar una administración más eficiente.

La propuesta, sin embargo, abre un debate mayor: ¿reducir ministerios hará realmente más eficiente al Estado? La reorganización podría implicar modificaciones en competencias, presupuestos y estructuras administrativas, por lo que cualquier decisión requeriría una evaluación técnica y política antes de convertirse en una reforma concreta.

El titular del MEF precisó que la reducción de ministerios todavía se encuentra en una etapa preliminar y no constituye una decisión definitiva ni una prioridad inmediata del Ejecutivo. Actualmente, el Gobierno tiene entre sus principales preocupaciones la respuesta frente al fenómeno de El Niño, el abastecimiento y precio de los combustibles y la situación de Petroperú.

La discusión llega cuando el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta sus primeras pruebas de gestión. Mientras el Ejecutivo analiza cómo reorganizar el aparato estatal, las lluvias han puesto nuevamente sobre la mesa problemas estructurales de Lima, como el drenaje urbano, la prevención y la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.

Para sus críticos, las declaraciones de Cuba reflejan una preocupante distancia entre la mirada económica del Gobierno y la realidad cotidiana de las familias afectadas. Para el ministro, en cambio, el debate debería centrarse en qué estructura estatal permite prestar mejores servicios públicos y utilizar mejor los recursos del país.

La polémica deja dos preguntas sobre la mesa: ¿la reducción de ministerios será una verdadera reforma para hacer más eficiente al Estado o solo una reorganización administrativa? Y, frente a las lluvias que ya afectan a miles de ciudadanos, ¿está el Gobierno preparado para demostrar que puede responder con eficiencia cuando la emergencia golpea directamente a la población?

Pucallpa, 13 de agosto de 2026.- El paro regional indefinido en Ucayali llegó este jueves a su cuarto día sin una solución a la vista, con bloqueos en distintos tramos de la carretera Federico Basadre, largas colas en los grifos, dificultades para el transporte y creciente preocupación por el abastecimiento de alimentos y otros productos. La protesta, impulsada por el Frente de Defensa de Ucayali, transportistas y organizaciones sociales, comenzó como respuesta al fuerte incremento de los combustibles, pero ha incorporado también demandas vinculadas con infraestructura, salud, seguridad y servicios públicos.

La crisis golpea con especial dureza a Pucallpa porque el combustible es un insumo indispensable para movilizar personas y mercancías en una región amazónica con elevados costos logísticos. Transportistas reportan que el diésel llegó a S/22 por galón, mientras el combustible regular pasó de alrededor de S/16 a S/20 en algunos grifos; otros reportes registran precios todavía mayores en determinados establecimientos. La escasez provocada por los bloqueos ha multiplicado las colas y dejado establecimientos sin atención, agravando un problema que termina trasladándose directamente al bolsillo de las familias.

La situación dejó además una consecuencia especialmente grave: un paciente que era trasladado en ambulancia desde Aguaytía hacia Pucallpa murió durante el trayecto, en medio de los bloqueos. El caso, reportado por EFE y otros medios, expone el límite crítico al que puede llegar una paralización cuando la interrupción de las vías termina comprometiendo el acceso oportuno a servicios de emergencia. La protesta social es un derecho, pero la crisis también está afectando a ciudadanos que no participan de ella y que requieren transitar para recibir atención médica, trabajar o abastecerse.

Mientras tanto, el Gobierno intenta contener la emergencia mediante una mesa de trabajo con autoridades regionales, Petroperú, Osinergmin y otros actores. Entre las medidas evaluadas figura trasladar dos tanques de Aguaytía Energy a Petroperú para ampliar la capacidad de almacenamiento de combustible en la región. Sin embargo, el anuncio todavía no resuelve el problema inmediato de las carreteras bloqueadas ni responde plenamente a la exigencia de los dirigentes, quienes reclaman la presencia de una comisión de alto nivel del Ejecutivo en Ucayali.

La protesta tampoco permanece confinada a Ucayali. En Loreto se reportaron bloqueos en la carretera Iquitos-Nauta y movilizaciones en Nauta contra el incremento de los combustibles, mientras que en otras regiones del país también se registran medidas de fuerza o advertencias de nuevas paralizaciones. No obstante, la situación no es idéntica en toda la Amazonía: en Iquitos, el gremio de choferes negó una convocatoria general a paro y sostuvo que el transporte urbano continuaba funcionando.

El conflicto constituye, además, la primera crisis social de magnitud que enfrenta el gobierno de Keiko Fujimori, apenas 16 días después de asumir la Presidencia. El escenario tiene una particular carga política: Ucayali fue una de las regiones donde Fuerza Popular obtuvo mayor respaldo en la segunda vuelta presidencial. De acuerdo con los resultados reportados para la región, Fujimori alcanzó 52,56 % de los votos válidos, frente al 47,44 % de Roberto Sánchez. Ese respaldo electoral no puede confundirse con apoyo actual o participación de todos esos electores en la protesta, pero sí revela la velocidad con la que las expectativas sociales pueden transformarse en presión contra un gobierno recién instalado.

A esta hora, el principal riesgo es que una crisis inicialmente centrada en el precio del combustible termine convirtiéndose en un conflicto social de mayor alcance, con impactos sobre alimentos, transporte, actividades productivas, servicios esenciales y economía familiar. El Gobierno ha anunciado medidas, pero la población movilizada reclama resultados concretos. Para la administración Fujimori, el desafío no consiste únicamente en garantizar combustible: debe demostrar capacidad de diálogo, anticipación y respuesta frente a una Amazonía que vuelve a advertir que el costo de vivir y producir lejos de Lima no puede seguir siendo trasladado exclusivamente a sus ciudadanos.