La paralización está convocada para el 16, 17 y 18 de noviembre. El gremio reclama por el alza del diésel, la insuficiencia del subsidio estatal y la falta de soluciones frente a la informalidad en el transporte de carga.

Lima, 3 de noviembre de 2026.- Los transportistas de carga pesada anunciaron un paro nacional de 72 horas para los días 16, 17 y 18 de noviembre, en protesta por el incremento del precio del diésel, la insuficiencia de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno y la falta de respuestas frente a la informalidad en el sector. La medida, convocada por la Coordinadora Gremial de Transportistas de Carga del Perú, podría afectar el traslado de mercancías en Lima y distintas regiones del país.

Alza del diésel y subsidio insuficiente

Martín Ojeda, vocero de la organización gremial, confirmó la convocatoria y cuestionó el incremento del precio de los combustibles. Aunque reconoció que el encarecimiento del petróleo responde también a factores internacionales, sostuvo que el subsidio anunciado por el Gobierno no alcanza para compensar los mayores costos que afrontan los transportistas. El dirigente también cuestionó la falta de una partida presupuestal adecuada para atender esta problemática.

Otro de los principales reclamos es la creciente informalidad en el transporte terrestre de mercancías. Los transportistas exigen que el Estado adopte medidas efectivas de fiscalización y promueva condiciones de competencia que eviten que los operadores formales tengan que competir en desventaja frente a quienes trabajan al margen de las disposiciones legales.

Exigen implementar el Observatorio de Transporte Terrestre

Entre sus demandas también figura la implementación efectiva del Observatorio de Transporte Terrestre, establecido mediante la Ley 31886, que busca transparentar información sobre tarifas, precios, fletes y condiciones del servicio de transporte de mercancías. Esta herramienta debe contribuir a identificar distorsiones del mercado y promover la competencia en el sector formal.

Al respecto, existe un antecedente normativo importante: el Gobierno aprobó el reglamento de esta ley mediante el Decreto Supremo 020-2025-MTC y, posteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó, en julio de 2026, una programación operativa para su implementación progresiva. El reclamo gremial pone en discusión la aplicación efectiva de estos instrumentos y sus resultados para los transportistas.

Bases regionales respaldarían la paralización

Según Martín Ojeda, la convocatoria cuenta con el respaldo de bases gremiales de Supe, Barranca, Chiclayo, Piura y Sullana, entre otras localidades. El dirigente estimó que alrededor de 20.000 transportistas de camiones y otras unidades de carga podrían participar en la medida de fuerza, aunque esta cifra corresponde a una proyección de la dirigencia.

Una paralización de esta magnitud podría repercutir en el traslado de alimentos, productos agrícolas, combustibles, materiales de construcción e insumos industriales. También podría generar retrasos en las cadenas de abastecimiento y mayores costos logísticos, con posibles consecuencias para comerciantes, productores, empresas y consumidores. La magnitud de estos efectos dependerá del nivel de acatamiento y de las rutas y actividades que resulten comprometidas.

Transportistas esperan respuesta del Ejecutivo

Pese al anuncio de la medida de fuerza, los dirigentes aseguran que mantienen su disposición al diálogo con el Gobierno y esperan que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones atienda sus demandas antes del 16 de noviembre. La apertura de una negociación permitiría evaluar soluciones sobre el precio de los combustibles, la formalización y la aplicación de los mecanismos previstos en la legislación del transporte terrestre.

Por ahora, la paralización permanece anunciada y su eventual suspensión dependerá de los resultados de las conversaciones y de las respuestas concretas del Ejecutivo. Mientras tanto, miles de transportistas esperan que sus reclamos sean atendidos y que el Gobierno presente medidas que permitan sostener sus actividades y garantizar condiciones más equitativas en el mercado nacional de transporte de carga.

El Poder Judicial rechazó revisar la medida que mantiene encarcelado al expresidente por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda. La prisión preventiva prolongada por 12 meses continúa vigente hasta marzo de 2027.

Lima, 23 de octubre de 2026.- El Poder Judicial declaró infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva impuesta al expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado, en el marco de las investigaciones acumuladas por los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

La decisión fue adoptada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante la Resolución N.° 8, emitida el 16 de octubre. El magistrado dispuso mantener vigente la medida coercitiva y la prolongación de 12 meses, que se extiende hasta el 8 de marzo de 2027.

¿Por qué se mantiene la prisión preventiva?

Según la resolución judicial, todavía subsisten los presupuestos que justificaron la prisión preventiva y su posterior prolongación. El juzgado consideró que la continuidad de la medida resulta necesaria y proporcional para garantizar el desarrollo de la investigación y la eficacia de una eventual decisión judicial.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sostuvo que los nuevos elementos incorporados a la investigación, entre ellos declaraciones, documentos y pericias, reforzarían la hipótesis fiscal sobre la presunta existencia de una organización criminal y la participación atribuida al exmandatario. Estas imputaciones deberán ser evaluadas en el proceso penal y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.

Los casos bajo investigación

La investigación comprende presuntos hechos vinculados a Petroperú, Provías Descentralizado y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La hipótesis fiscal atribuye a Castillo una presunta participación en una estructura que habría buscado influir en decisiones y contrataciones públicas mediante el control de puestos estratégicos en entidades estatales. La responsabilidad penal del expresidente deberá determinarse conforme a las pruebas y las garantías del proceso.

Por su parte, la defensa cuestionó la continuidad de la privación de libertad y solicitó sustituirla por una medida menos gravosa, invocando los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El juzgado desestimó la revisión de oficio, por lo que la situación jurídica de Castillo no cambió en este expediente.

¿Qué viene ahora?

La resolución mantiene la prisión preventiva, pero no resuelve de manera definitiva la responsabilidad penal de Pedro Castillo por los hechos investigados. El proceso continúa bajo control judicial y fiscal, mientras la defensa conserva las vías procesales que correspondan para cuestionar las decisiones que afecten al investigado.

El caso vuelve a poner en el centro del debate público el control judicial de las medidas que restringen la libertad y la investigación de presuntos actos de corrupción en el Estado. La exigencia es doble: esclarecer los hechos que comprometen recursos públicos y garantizar que toda decisión judicial respete el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos fundamentales.

País, 19 de octubre de 2026.— Francia enfrenta una grave crisis social tras las masivas movilizaciones del fin de semana del 17 y 18 de octubre, que comenzaron con reclamos estudiantiles por las condiciones de los centros educativos y se extendieron contra el alto coste de la vida, el deterioro de los servicios públicos y las políticas del Gobierno de Emmanuel Macron. Las protestas derivaron en enfrentamientos con la policía, saqueos e incendios en distintas ciudades del país.

Las manifestaciones reunieron, según el Ministerio del Interior francés, a unas 550.000 personas el sábado, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) calculó la participación en 800.000. Entre las principales demandas figuran más profesores, aulas menos saturadas, mejores infraestructuras educativas, mejores salarios y medidas para aliviar la presión económica sobre las familias.

La violencia registrada al término de varias marchas dejó comercios saqueados, vehículos incendiados y edificios públicos atacados. En Limoges, el histórico ayuntamiento sufrió un incendio de grandes proporciones que destruyó buena parte de la edificación. También se reportaron incidentes en París, Marsella, Lyon, Burdeos y otras ciudades, en un escenario que expone la profundidad del descontento social y las dificultades de las autoridades para contener los disturbios.

Ante la persistencia de la tensión, la policía de París impuso un toque de queda entre las 23:00 y las 06:00 en la Place de la République y el sector comercial de Les Halles. Asimismo, se establecieron restricciones a las concentraciones públicas desde las 20:00 en determinadas zonas. Las medidas buscan evitar nuevos episodios de violencia, mientras se refuerza la presencia policial y avanzan las labores de limpieza y recuperación de los espacios afectados.

El balance difundido el 19 de octubre por Reuters sitúa en aproximadamente 2.400 el número de detenidos en todo el país. También se informó de cerca de un millar de agentes heridos, un manifestante fallecido por paro cardíaco y miles de establecimientos afectados, aunque las cifras sobre los daños materiales varían entre los reportes. El Museo del Louvre, en París, permaneció cerrado el lunes debido a bloqueos protagonizados por grupos de estudiantes en sus accesos.

La crisis también golpea al Ejecutivo. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ofreció su dimisión tras los fallos en la respuesta policial, pero Macron rechazó su salida y le exigió reforzar la actuación de las fuerzas de seguridad. Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu respaldó la aplicación de restricciones localizadas, en lugar de imponer un toque de queda general en todo el territorio francés.

El Gobierno atribuye parte de los actos violentos a grupos radicales y delincuentes que habrían aprovechado las movilizaciones para saquear y destruir bienes. Sin embargo, la respuesta estatal no elimina las causas de fondo que alimentan las protestas: el encarecimiento de la vida, las dificultades de los servicios públicos y las demandas de una juventud que reclama mejores condiciones educativas. La responsabilidad por los actos violentos debe distinguirse de los reclamos legítimos de quienes se movilizan pacíficamente.

Con nuevas protestas convocadas para el próximo sábado, Francia entra en una semana de incertidumbre política y social, a seis meses de las elecciones presidenciales previstas para 2027. La evolución del conflicto dependerá tanto de la capacidad de las autoridades para garantizar la seguridad como de su disposición a responder a las demandas económicas y sociales que han llevado a miles de personas a las calles.