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Congresistas Margot Palacios y Fernando Rospigliosi enfrentados por investigación de red de prostitución en Congreso del Perú

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La congresista Margot Palacios generó controversia durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso al cuestionar la falta de pruebas sobre la presunta red de prostitución que habría operado en el Parlamento peruano. Reconocida por su compromiso con la justicia, los derechos humanos, la recuperación de recursos naturales y el desarrollo de las comunidades campesinas y nativas, Palacios criticó que, pese a las denuncias difundidas por programas periodísticos de medios nacionales, no se haya presentado evidencia concreta que respalde las acusaciones contra los posibles implicados. ¿Dónde están las pruebas?, preguntó, advirtiendo sobre las limitaciones y obstáculos que enfrenta la investigación.

La situación se agravó con la renuncia de tres integrantes del grupo de trabajo ad hoc encargado de investigar la presunta red de prostitución. El presidente de la comisión, Juan Burgos, informó que Flor de María Tello, profesional de la Oficialía Mayor; Patricia Durán, especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones; y Natalia Escudero, profesional de la Dirección General Parlamentaria, presentaron sus renuncias irrevocables.

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que citará a ex integrantes de comisión investigadora. (Foto: Congreso)

El debate escaló aún más cuando el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi publicó un polémico mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), en el que descalificó a Palacios. En su post, Rospigliosi acusó a la congresista de “escandalizarse sin evidencia” y la calificó como una herramienta de la “explotación mediática”. Asimismo, aseguró que no existen pruebas que respalden la existencia de la red de prostitución y criticó el desempeño de la Comisión de Fiscalización y de su presidente, a quien tildó de ineficaz.

Fernando Rospigliosi, conocido por sus posturas controversiales y su alineación con el fujimorismo, ha defendido iniciativas que han generado reacciones contrarias en la sociedad peruana. Entre sus propuestas más controvertidas destacan el uso de la fuerza letal por parte de la policía, la reelección inmediata de congresistas, la bicameralidad, la restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución de 1993 y la flexibilización del financiamiento privado a partidos políticos, medidas que han sido criticadas por el riesgo de incrementar la influencia del dinero en la política y la corrupción.

Rospigliosi ha sido una figura polémica en la política peruana, particularmente por su vínculo con el fujimorismo. Como exministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue destituido en marzo de 2003 tras la muerte del joven arequipeño César Sandoval, quien falleció por un disparo policial durante una protesta contra reformas privatizadoras. Posteriormente, retomó el cargo, pero fue nuevamente destituido en abril de 2004 tras la muerte del agricultor lambayecano Alberto Rivera, también abatido por disparos policiales en protestas contra la empresa Agro-Industrial Pucalá, en un contexto agravado por el mal manejo del linchamiento del alcalde de Ilave, en Puno.

A pesar de su aparente oposición inicial a la dictadura de Fujimori y Montesinos, Rospigliosi autorizó la protección policial ilegal de Keiko Fujimori mientras fue ministro, lo que fortaleció su relación con el fujimorismo. Posteriormente, brindó apoyo activo a la candidatura de Keiko Fujimori y, en 2020, se reveló que recibió 138,000 soles por sus actividades como columnista y comentarista, desde donde promovió la agenda de Fuerza Popular y atacó a sus opositores.

Post del congresista Fujimorista Fernando Rospigliosi contra su colega Margot Palacios

En 2021, Rospigliosi integró el equipo del Plan de Gobierno de Rescate 2021 de Keiko Fujimori y, aunque no logró un escaño inicial en el Congreso, accedió a uno tras la muerte del congresista Hernando Guerra-García. A lo largo de su trayectoria, ha transitado de ser un crítico del fujimorismo a un defensor ferviente de su legado autoritario, desestimando las demandas de cambio económico y social en el país.

El enfrentamiento entre Margot Palacios y Fernando Rospigliosi refleja la profunda polarización política que caracteriza al actual Congreso peruano, donde temas graves como la corrupción y la presunta red de prostitución se entrelazan con los intereses políticos de las distintas facciones parlamentarias. Mientras algunos sectores exigen profundizar en la investigación, otros, como Rospigliosi, minimizan su relevancia., se entrelazan con los intereses políticos de los diferentes sectores del Parlamento. Mientras algunos exigen profundizar en la investigación, otros, como Rospigliosi, consideran que no pasa nada.

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Estudiantes toman campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en rechazo a medidas privatistas

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El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocuparon el campus universitario en protesta contra lo que califican como un proceso de “privatización” de la educación pública. La medida fue encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios, quienes expresaron su rechazo a los nuevos cobros establecidos en el reglamento de admisión 2026-I, al incremento de las tasas para el examen de ingreso y a las restricciones que impiden postular a estudiantes inactivos o repitentes. Además, acusaron a la rectora Jeri Ramón de no atender sus demandas y de implementar medidas restrictivas sin diálogo previo.

Los manifestantes ingresaron por la puerta 2 tras derribar una reja metálica y cerraron los accesos, lo que obligó a suspender el examen de admisión programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Durante la toma se reportaron enfrentamientos con personal de seguridad, a quienes los estudiantes denunciaron por agresiones con objetos contundentes. En los alrededores, la Policía Nacional se mantuvo desplegada, aunque no se registraron incidentes mayores.

Al respecto, la congresista de la República Margot Palacios se pronunció a través de su página Facebook manifestando que «la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser defendido por toda la sociedad» y mostrando su respaldo pleno y firme a la lucha de la Federación Universitaria de San Marcos, de los maestros y de todos los alumnos que hoy se movilizaron de manera pacífica en el campus universitario.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases presenciales hasta el 15 de septiembre por labores de “mantenimiento”. También informó medidas complementarias, como el incremento de raciones en el comedor universitario y la opción de pagar solo matrícula para quienes cursen una segunda carrera. No obstante, los estudiantes calificaron estas disposiciones como insuficientes y exigieron la instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades.

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Dirigentes agrarios denuncian presunto cobro de cupos en el PROVRAEM

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El dirigente social Nelson Palomino La Serna denunció que presuntamente se estarían cobrando cupos laborales para acceder a puestos en el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM). Según indicó en declaraciones a radio Studiovraem, una persona identificada como “María” estaría vinculada a estas prácticas y afirmó contar con audios que sustentarían sus señalamientos.

Por otro lado, el exsecretario de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), Julián Pérez Mallqui, cuestionó la designación de Rogelio Huamani Carbajal como director ejecutivo del PROVRAEM. Aseguró que su nombramiento habría sido “apadrinado” y que la dirigencia actual de la Fepavrae tendría conocimiento de esa situación.

Asimismo, Pérez criticó el rol del sindicato de la entidad, al que acusó de mantener acuerdos con directivos designados. Ante ello, solicitó que la dirigencia de la Fepavrae convoque a una reunión con representantes de la cuenca del VRAEM para evaluar medidas frente a estas presuntas irregularidades.

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Congreso peruano amplía plazo de afiliación partidaria para elecciones subnacionales de 2026

Redactor

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La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el 9 de septiembre de 2025 una modificación excepcional a la Ley Orgánica de Elecciones que amplía hasta el 30 de noviembre de 2025 el plazo para que nuevos militantes puedan afiliarse a partidos políticos y postular en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026. La propuesta, respaldada por bancadas como Podemos Perú y Renovación Popular, busca incrementar la participación ciudadana y renovar los liderazgos políticos a nivel local.

El dictamen, que requiere aún la aprobación del Pleno del Congreso, permitiría postular a personas que se afilien después del plazo original del 16 de junio de 2025, siempre que no mantengan múltiples afiliaciones. La medida aplica exclusivamente para los comicios subnacionales, pues el plazo para las Elecciones Generales de abril de 2026 venció en julio de 2024.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han manifestado preocupación por posibles afectaciones al calendario electoral y a la seguridad jurídica del proceso. Ambos organismos exhortaron al Legislativo a garantizar la estabilidad de las normas electorales mientras se debate la iniciativa parlamentaria.

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