Lima, 19 de septiembre de 2025 – La Generación Z en Perú ha organizado nuevas movilizaciones para este 20 y 21 de septiembre en Lima y diversas provincias, en rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y al Congreso de la República. El principal detonante es la Ley N.º 32123, promulgada recientemente, que establece la afiliación obligatoria a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para mayores de 18 años, incluso sin empleo estable, lo que ha sido calificado por los manifestantes como una medida que precariza a la juventud en un contexto de desempleo juvenil que alcanza el 15% según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Las protestas, convocadas a partir de las 5:00 p.m. en la Plaza San Martín de Lima y con réplicas en regiones como Arequipa, Huancayo y otras, también denuncian corrupción, inseguridad ciudadana y represión policial, recordando las más de 50 muertes ocurridas durante las manifestaciones de 2022-2023. Organizados a través de redes sociales como TikTok y Discord, los jóvenes se inspiran en las recientes protestas en Nepal, donde movilizaciones similares llevaron a la caída del gobierno tras una represión que dejó al menos 21 fallecidos.

La respuesta del gobierno ha incluido declaraciones de la presidenta Boluarte, quien el 10 de septiembre describió las protestas como un «caos» innecesario, y la declaración de estado de emergencia en varias regiones. En marchas previas del 13 y 14 de septiembre, se reportaron incidentes con uso de gases lacrimógenos y perdigones por parte de la Policía Nacional, lo que generó heridos y detenciones.

Aunque el Ejecutivo y el Congreso han anunciado ajustes parciales a la reforma previsional, los manifestantes insisten en su derogación total, así como en el fin de escándalos como los «mochasueldos» en el Parlamento y los audios del exministro de Justicia Juan José Santiváñez. El Congreso, con bancadas como Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Perú Libre, ha sido criticado por proteger a Boluarte de investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos. Sindicatos como el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) y gremios de transportistas se han sumado a las convocatorias, ampliando el apoyo a las demandas juveniles.

Estas manifestaciones podrían representar un momento clave en la crisis política peruana, con una organización descentralizada que aprovecha las redes sociales para coordinar acciones a nivel nacional. Sin embargo, analistas advierten sobre los riesgos de escalada, dada la polarización y la historia de represión en protestas anteriores. Los organizadores, como colectivos ciudadanos y voces independientes, enfatizan la necesidad de un diálogo genuino para abordar temas como la corrupción y la inseguridad, en lugar de medidas represivas.

Con miles de participantes esperados, las autoridades han recomendado precauciones, mientras la sociedad civil llama a manifestaciones pacíficas para evitar un escenario similar al de Nepal, donde las protestas derivaron en violencia y cambios drásticos en el poder. Las calles de Perú este fin de semana serán el escenario para medir la fuerza de este movimiento juvenil.

El acceso a Machu Picchu permanece suspendido debido a bloqueos en la vía férrea entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo, iniciados el 14 de septiembre. Las empresas PeruRail y Ferrocarril Transandino detuvieron sus operaciones por seguridad ante obstrucciones con piedras, árboles y excavaciones no autorizadas en el sector de Qoriwayrachina, afectando a cientos de turistas nacionales y extranjeros.

El conflicto surge tras el cambio en la concesión del servicio de buses entre Aguas Calientes y la ciudadela, pasando de Consettur Machupicchu S.A.C. a la empresa San Antonio de Torontoy, lo que generó protestas de pobladores y gremios.

Algunos turistas han sido evacuados mediante operaciones coordinadas, mientras otros han usado plataformas artesanales para trasladarse. La Defensoría del Pueblo informó que los bloqueos se suspendieron temporalmente hasta las 08:00 horas del 17 de septiembre para facilitar el traslado de los afectados.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y autoridades locales acordaron un plan de contingencia para resolver la logística del transporte en un plazo de cinco días a partir del 19 de septiembre. Los visitantes pueden reprogramar entradas o solicitar reembolsos, según la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. El impacto económico se estima en más de S/ 2 millones diarios, afectando a miles de negocios turísticos en la región.

La comunidad campesina de Huaripampa, en el distrito de San Marcos, Huaraz, Áncash, mantiene un paro indefinido contra la empresa minera Antamina, denunciando la usurpación de 184 hectáreas de sus tierras ancestrales. Reconocida bajo la Ley de Comunidades Campesinas de 1973, la comunidad acusa a la compañía de dañar ríos, arroyos y pastizales esenciales para su subsistencia, exigiendo una compensación justa y el cumplimiento de acuerdos previos. Desde el 15 de agosto de 2025, los comuneros ocuparon la zona de Huacacocha, cerca del relave de Antamina, intensificando el conflicto y rechazando propuestas económicas que consideran insuficientes.

El 23 de agosto, la protesta escaló con violentos enfrentamientos tras la intervención de la Policía, respaldada por Antamina, para desalojar el área. Los comuneros denuncian represión policial, uso de gases lacrimógenos y la quema de sus refugios y pertenencias, acusando a las autoridades de intentar criminalizar su lucha. El saldo incluye varios heridos, cinco detenidos y la destrucción de maquinaria pesada valorada en más de 20 millones de soles, además de incendios forestales en la zona que han generado alarma ambiental. La comunidad, liderada por figuras como Duberli Pintado, insiste en la defensa de sus derechos territoriales y acusa a Antamina de emplear táticas de división.

Antamina, por su parte, asegura tener la propiedad legal de las tierras desde 1998, respaldada por acuerdos documentados con Huaripampa, y califica la ocupación como ilegal, argumentando riesgos de seguridad cerca del relave. La empresa propone un diálogo para el 28 de agosto en Huaraz, destacando una relación de 25 años de inversión social en la comunidad. Sin embargo, los comuneros exigen el reconocimiento de sus derechos y una compensación adecuada, prometiendo continuar la protesta hasta lograr justicia. La Defensoría del Pueblo y autoridades locales buscan mediar en el conflicto, mientras la tensión persiste en la región.