En medio de un clima de tensión, el paro de transportistas en La Libertad, Lambayeque y otras zonas del norte del Perú ha dejado a decenas de personas varadas y provocó la…
Economía
Paro indefinido de mineros informales paraliza el Perú con bloqueos y protestas

Lima, 3 de julio de 2025– Desde el 26 de junio, el Perú vive una escalada de tensiones debido a un paro indefinido convocado por mineros informales y artesanales, quienes exigen la derogación del Decreto Supremo N° 012-2025-EM y la aprobación de una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). Las protestas, lideradas por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), han generado bloqueos de carreteras en regiones clave como Arequipa, Ica, Cusco y La Libertad, así como movilizaciones frente al Congreso y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en Lima.
Bloqueos y caos en las carreteras.
Los mineros han interrumpido vías estratégicas como la Panamericana Sur en Arequipa (Puente Ocoña, Chala, Yauca) y Nasca (Ica), así como la carretera Shorey-Pampa La Julia en La Libertad. Estos bloqueos han causado demoras de hasta tres días para pasajeros y transportistas, incrementos de precios en alimentos y combustibles, y desabastecimiento en mercados locales. En Arequipa, el 80% de los grifos se quedó sin combustible en noviembre de 2024 debido a protestas similares, y la situación actual amenaza con agravar la crisis.

Empresas de transporte han suspendido servicios, y los costos de movilización han aumentado hasta un 100%, con transbordos que oscilan entre S/50 y S/70 por tramo. En Caravelí, un accidente durante los bloqueos de noviembre dejó tres mineros fallecidos, mientras que en Pataz se reportaron agresiones a conductores que intentaron cruzar los puntos de protesta.
Formalización sin trabas
Los mineros exigen la derogación del Decreto Supremo 012-2025, que fija el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para el 31 de diciembre de 2025. Argumentan que el plazo de 45 días para reactivar registros suspendidos es insuficiente y que el proceso de formalización está plagado de trabas burocráticas. Además, piden la aprobación de una Ley MAPE que contemple las necesidades reales del sector artesanal y un censo para identificar a los mineros genuinos, excluyendo a quienes operan ilegalmente. “El gobierno no nos da soluciones reales. Queremos trabajar dentro de la legalidad, pero nos cierran las puertas”, señaló Franco Bécquer, líder de Confemin, desde las protestas en Lima, donde cientos de mineros acampan frente al Congreso en la avenida Abancay y el Minem en San Borja.
Impacto económico y controversias
El paro amenaza con generar pérdidas de hasta S/400 millones para la economía nacional, según estimaciones, afectando tanto a la minería formal como a sectores como el transporte y el comercio. Empresas como Las Bambas y Hudbay enfrentan dificultades para movilizar minerales debido a los bloqueos. El conflicto también ha reavivado el debate sobre la minería ilegal. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y el Ministerio Público señalan que el Reinfo ha sido explotado por grupos vinculados a actividades ilícitas, como el lavado de activos y la trata de personas, con un movimiento económico estimado en US$12,000 millones anuales en regiones como Madre de Dios y Puno. Sin embargo, los mineros artesanales insisten en que son trabajadores que buscan formalizarse y no delincuentes.

Respuesta del gobierno
El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, ha instado a los mineros a levantar los bloqueos para iniciar un diálogo, enfatizando la necesidad de combatir la minería ilegal. El Congreso, por su parte, debate proyectos para extender el Reinfo hasta 2027, pero aún no hay consenso. Los manifestantes han advertido que radicalizarán las protestas si no se atienden sus demandas.
Un país en vilo
Con bloqueos persistentes y movilizaciones en curso, el paro de los mineros informales mantiene en vilo al Perú. La interrupción de carreteras, el encarecimiento de productos básicos y las tensiones sociales reflejan la urgencia de encontrar una solución que equilibre la formalización del sector con la seguridad y el orden público.
Actualidad
Crisis de personas sin hogar en el Reino Unido alcanza cifras récord en Navidad 2025

Más de 382.618 personas en Inglaterra pasarán la Navidad sin un hogar permanente, según un análisis publicado este diciembre por la organización benéfica Shelter. Esta cifra representa un aumento del 8% respecto al año anterior e incluye a 175.025 niños. La mayoría (alrededor de 350.000) se encuentran en alojamiento temporal proporcionado por los ayuntamientos, como hoteles o B&B, mientras que miles duermen directamente en las calles, especialmente en Londres.
Datos oficiales del Gobierno británico confirman que, al 30 de junio de 2025, 132.410 hogares estaban en alojamiento temporal —un récord histórico y un incremento del 7,6% interanual—, incluyendo 172.420 niños. En Londres, el problema es más agudo: el sistema CHAIN registró 13.231 personas durmiendo en las calles entre abril de 2024 y marzo de 2025, con miles afectadas mensualmente.
La crisis se atribuye a la escasez de vivienda asequible, altos alquileres y presiones económicas. El Gobierno laborista presentó en diciembre un plan para reducir a la mitad el rough sleeping para 2030, con inversión en prevención y nuevas viviendas sociales, aunque organizaciones como Shelter y Crisis piden medidas inmediatas como descongelar las ayudas a la vivienda.
Actualidad
El atentado contra Rafael Belaúnde Llosa destapa la cara oculta del “capitalismo popular” de los Belaúnde

Lima, 8 de diciembre de 2025 – El ataque armado que sufrió el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa el pasado 2 de diciembre en Cerro Azul (Cañete) ha puesto bajo la lupa no solo la inseguridad que azota a los empresarios peruanos, sino también el origen y la naturaleza del patrimonio inmobiliario que sostiene a una de las familias más tradicionales de la política peruana. Fuentes policiales aún no entregan las pericias balísticas y manejan como hipótesis principal la extorsión ligada a sus proyectos de urbanización, mientras el propio Belaúnde Llosa descarta motivación política y admite haber recibido llamadas de “vacuna” en el pasado. El incidente, sin embargo, ha terminado revelando lo que medios como Cuarto Poder han calificado como “el secreto mejor guardado” del próspero negocio familiar: la Corporación Belaúnde, dedicada al saneamiento y venta de terrenos en zonas de expansión limeña, opera en un contexto de alta vulnerabilidad a mafias de invasores y extorsionadores.
Una herencia de élite con sombras históricas
Rafael Belaúnde Llosa, nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985), dirige hoy una cartera inmobiliaria que se alimenta de una tradición de propiedades iniciada en el siglo XIX por generales y ministros de la República, consolidada durante el siglo XX y modernizada en democracia. Aunque no existen procesos judiciales que vinculen directamente al exmandatario con enriquecimiento ilícito —su imagen de probidad personal sigue siendo defendida por Acción Popular y sectores liberales—, su segundo gobierno fue escenario de escándalos como Renatto Bautista, Guvartes y Villa Coca, además de la responsabilidad estatal en miles de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones documentadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese pasado, nunca juzgado por su fallecimiento en 2002, reaparece ahora como telón de fondo de la fortuna que permite a su nieto financiar la precandidatura presidencial por Libertad Popular.
Libertad Popular: ¿renovación liberal o continuidad oligárquica?
Mientras Belaúnde Llosa se presenta como abanderado de un “capitalismo popular” que promete igualar oportunidades mediante infraestructura estatal y mercado libre, críticos de izquierda y derecha lo señalan como símbolo de una élite desconectada: en febrero de 2025 desconoció el salario mínimo real y el costo del transporte público. Su partido, fundado junto al expremier Pedro Cateriano y con figuras como Diana Álvarez-Calderón, busca diferenciarse del fujimorismo y del “terruqueo” tradicional, pero arrastra el peso de alianzas pasadas con Fuerza Popular y el estigma familiar de un apellido que, para muchos peruanos, aún evoca tanto carreteras emblemáticas como masacres impunes. A cuatro meses de las elecciones internas de 2026, el atentado de Cañete no solo expuso la fragilidad de los empresarios frente a la delincuencia, sino también la dificultad de vender un proyecto de “renovación liberal” cuando la riqueza que lo sustenta nació en los privilegios de la vieja oligarquía peruana.
Actualidad
Fuerza Popular y aliados promueven pensión vitalicia para Dina Boluarte

Lima, 2 de diciembre de 2025.– A menos de dos meses de ser vacada por incapacidad moral, la expresidenta Dina Boluarte podría recibir una pensión vitalicia de hasta 35 mil soles mensuales gracias al respaldo de Fuerza Popular y sectores de la derecha parlamentaria que, durante su gestión, fueron sus principales socios para reprimir las protestas que dejaron 49 civiles muertos y cientos de heridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El pedido, presentado apenas diez días después de su salida del poder, avanza en el Congreso con la venia del fujimorismo, que controla la Mesa Directiva a través de Fernando Rospigliosi.
El mismo partido que en 2022 celebró la caída de Pedro Castillo y avaló el estado de emergencia que facilitó la masacre de manifestantes en Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas, ahora defiende que Boluarte “fue elegida constitucionalmente” y merece el privilegio, ignorando que nunca ganó una elección como presidenta y que su gobierno fue sostenido con balas y decretos represivos. Voces como la del congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) insisten en que “a todo expresidente se le debe dar pensión”, mientras callan sobre las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la CIDH y Amnistía Internacional.
La indignación ciudadana crece en redes y calles ante lo que muchos califican como el colmo del cinismo: quienes ayer aplaudieron la represión hoy pretenden premiar a su autora con dinero público. Organizaciones de víctimas y familiares de los fallecidos en las protestas anunciaron movilizaciones para los próximos días, exigiendo que el Pleno rechace la pensión y que, en su lugar, se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mando de Boluarte y sus aliados naranja. El debate se verá esta semana y definirá, una vez más, si el Congreso está del lado de los peruanos o de quienes los asesinaron para aferrarse al poder.
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